las limitaciones del diagnóstico de guzmán fueron compatibles con una estrategia del poder ejecutivo de evitar la confrontación con los factores de poder, de no intervenir en temas estructurales de la economía –como la evasión y la economía “en negro”-, y de la insistencia en “tranquilizar a la economía”

Documento Julio de 2022 

Instituto del Desarrollo Humano Área Política - Universidad Nacional de General Sarmiento

Documento Replanteo de la conducción económica en el gobierno del Frente de Todos - Ricardo Aronskind 

Desafíos enormes y respuestas parciales 

La renuncia del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y su reemplazo por la Magister Silvina Batakis, debe ser entendida en el marco de las dificultades que afronta el gobierno del Frente de Todos para encausar la economía argentina y lograr satisfacer las expectativas que generó su llegada al gobierno. El cuadro de inicio de la gestión de Martín Guzmán mostraba complejidades que obligaban a una acción muy clara y decidida en un conjunto de dimensiones económicas, para poder encaminar al país en un sendero de crecimiento con mejora en la distribución del ingreso. 

El enorme endeudamiento legado por la gestión de Mauricio Macri, el cuadro económico recesivo generado por esa gestión, el deterioro de los ingresos de las mayorías, el abandono por parte del Estado de tareas básicas como la salud, la educación o la obra pública, sumado al debilitamiento o eliminación de diversos mecanismos de regulación estatal realizado en las experiencias neoliberales anteriores, planteaban a la nueva gestión un serio desafío. 

Algunos protagonistas dentro del espacio político oficial pensaban que su misión era básicamente lograr la reactivación económica, lo que mejoraría por añadidura el cuadro social, al reducir el desempleo, colocar en un plano ascendente a los salarios reales, y de esa forma ir reduciendo los niveles de pobreza e indigencia. 

La atención a las franjas más desprotegidas sería espontáneamente reemplazada por la expansión interna. No haría falta una acción especialmente activa del Estado en el terreno económico. El ministro Guzmán entendió que su misión principal era construir un cuadro macroeconómico ordenado y sostenible (tender al equilibrio fiscal, a una prudente expansión monetaria, y a la obtención de superávit comercial estructural, ya que deberá pagarse deuda externa por muchos años), que proveería al sector privado de mayores certidumbres y horizontes más lejanos en relación a la rentabilidad de sus actividades y por lo tanto favorecería los planes de inversión empresarios. Además, se restablecería el crédito externo hacia la economía nacional. 

Confiando en la racionalidad de los grandes intereses 

Para ese objetivo, se abocó a la tarea de negociar con los fondos de inversión externos, que habían ingresado a la economía argentina bajo el gobierno de Cambiemos, para efectuar carry trade –un mecanismo financiero por el cual se ingresa por un tiempo breve a una economía para aprovechar las buenas tasas de interés en moneda local, para luego volver a salir de ese mercado con las ganancias obtenidas-, y también a encontrar una forma de acuerdo con el FMI, organismo internacional que había otorgado un crédito record por 57.000 millones de dólares a la gestión macrista, violando la reglamentación interna que establecía que sólo se podía otorgar un tercio de esa cifra a la Argentina. 

No cabe duda que en este turbulento período jugó un papel económico significativo el estallido de la pandemia del COVID19. Argentina se atuvo a las mejores prácticas internacionales, que en ese momento consideraban adecuado el aislamiento poblacional para evitar muertes en masa, dada la inexistencia de una vacuna. Ello llevó a los gobiernos de todo el mundo a frenar parte de las actividades económicas, y a incurrir en grandes déficits fiscales, para sostener a las empresas y evitar cuadros sociales de excesivo sufrimiento. Las medidas precautorias tomadas por el gobierno argentino debieron ser acompañadas por subsidios a empresas y personas, lo que derivó en un déficit fiscal muy grande, aunque inferior al observado en varios países centrales. 

Lo notable de esa situación es que en el segundo semestre de 2020 se observó una fuerte presión sobre el dólar, realizada no por la población empobrecida, sino por sectores empresariales, que continuaban remarcando precios en plena pandemia, incrementando utilidades y tratando de dolarizar sus excedentes. El ministro Guzmán, asustado por la situación, optó por no renovar las ayudas a los 9 millones de ciudadanos asistidos hasta ese momento. El año 2021, gracias a la gradual eliminación de restricciones, mostró una fuerte recuperación de la actividad económica, acompañada por niveles crecientes de inflación, que eliminaban sistemáticamente toda posibilidad de recomposición del salario real, de las jubilaciones y de otras transferencias a sectores postergados. Durante el año el ministro se ocupó principalmente de lograr un acuerdo con el FMI, en un contexto de dificultades estatales para controlar los comportamientos más negativos del sector privado. 

La ola inflacionaria global que caracterizó la pos pandemia, potenciada recientemente por el conflicto en Ucrania, encontró al gobierno nacional sin instrumentos adecuados para proteger al mercado interno de la aceleración de precios de alimentos y combustibles. Como parte del esfuerzo para mostrar “buena voluntad” hacia los sectores privados más influyentes, el gobierno había establecido por ley, ya en diciembre de 2019, un tope legal a las retenciones a las exportaciones, que resultó completamente desactualizado por la fuerte suba de los precios de las commodities internacionales. Esa legislación, sumada a su debilidad parlamentaria y política, le impide al gobierno establecer mecanismos eficientes para separar los precios locales de los internacionales en productos críticos de la canasta alimenticia. Finalmente, Argentina llegó al acuerdo de reprogramación de la deuda con el FMI sumamente debilitado, sin haber reconstruido la capacidad estatal para conducir mínimamente la economía, y bajo la amenaza potencial de una nueva corrida cambiaria y un nuevo salto inflacionario, protagonizado por actores internos, si postergaba el acuerdo. 

A pesar de haber arribado a un buen arreglo con los acreedores privados, y a un acuerdo que contenía un cierto grado de flexibilidad inicial con el FMI, el comportamiento de los actores económicos internos continuó por andariveles distintos a los esperados por el Ministro Guzmán. Además, debe observarse que los financistas internacionales no levantaron su interdicción crediticia a la economía argentina, y continúan hasta hoy exigiendo tasas impagables para prestarle fondos a nuestro país. El gobierno del cual formó parte Guzmán hasta hace pocos días parece inhibido de dar cuenta públicamente de estos comportamientos de los actores privados internos y externos, que divergen de lo esperado por las autoridades nacionales. 

Inestabilidad macroeconómica y comportamiento de actores concentrados 

Uno de los puntos del acuerdo con el FMI establece la necesidad de acumular reservas por parte del Banco Central de la República Argentina, como mecanismo para dar solidez a la política de regulación y estabilización cambiaria, considerada clave para reducir el ritmo inflacionario. Sin embargo, el BCRA no logró, en los dos años y medio de la actual gestión, incrementar en forma significativa las reservas, a pesar del importante saldo positivo de la balanza comercial, debido a las maniobras de grandes empresas locales y extranjeras, que aprovecharon diversos mecanismos –tanto como la pasividad de las autoridades monetarias- para apropiarse de las divisas que deberían constituir las reservas que garanticen la estabilidad. Es en ese contexto de creciente inestabilidad cambiaria y de aceleración inflacionaria que presentó su renuncia el Ministro Guzmán. 

Debe señalarse que las dos variables, presión ascendente sobre el tipo de cambio, y remarcación creciente de precios, están interrelacionadas fuertemente en el caso argentino, ya que las grandes corporaciones parecen haber “dolarizado” sus ganancias, y por lo tanto proceden a remarcar precautoriamente frente a cualquier señal, aunque sea en los mercados marginales. Pero también pueden afectar la cotización de los dólares no oficiales para presionar o amedrentar al gobierno en relación a determinadas medidas. El cuadro que se observa al momento de la renuncia no es auspicioso: un fuerte embate de sectores concentrados para forzar una devaluación de la moneda nacional, que podría relanzar la inflación hacia nuevos niveles, con la consiguiente degradación del salario real y del poder adquisitivo de la población. Así, la intranquilidad interna, a pesar del acuerdo con el FMI, terminaría socavando el mayor logro macroeconómico de la actual gestión, que es haber retomado la senda del crecimiento en el mercado interno. 

El ministro saliente apostó a un comportamiento “racional” por parte de los principales actores económicos locales –como lo supondría un texto de macroeconomía convencional-: si el gobierno ofrece señales racionales, los empresarios responderán invirtiendo y aumentando la producción y el empleo. Esa visión desconoce la dimensión rentístico-financiera que ha permeado la actividad del alto empresariado argentino en las últimas décadas. Dimensión rentística que es expresa en el comportamiento depredador de los monopolios formadores de precios, en la evasión impositiva naturalizada, en el falseamiento de las operaciones cambiarias con el exterior para arrebatarle divisas al BCRA, en la realización de las tradicionales actividades de contrabando, en las maniobras de subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones. Pero ignorar los comportamientos irregulares del sector privado concentrado, lleva a entrar, como entró el gobierno durante 2022, en un sendero de ingobernabilidad económica, ya que la magnitud de dichos comportamientos fueron anulando todas las iniciativas positivas de la actual administración, tanto en materia de estabilización como en materia distributiva. 

Toda política distributiva seria tiene como precondición estabilizar los precios en un nivel que permita una rentabilidad razonable al sector privado –no super-ganancias-, y que al mismo tiempo garantice el acceso amplio de la población a dichos bienes y servicios. Pero además, el no haber trabajado sobre los diversos factores que confluyen sobre una presión constante sobre el dólar –donde no son las operaciones comerciales normales del país el factor desequilibrante, sino, sobre todo, las actividades especulativas acompañadas por los comportamientos precautorios de una parte de la sociedad- condujo a un cuadro de difícil gobernabilidad que aceleró las críticas internas hacia el ministro. 

Las limitaciones del diagnóstico de Guzmán fueron compatibles con una estrategia del Poder Ejecutivo de evitar la confrontación con los factores de poder, de no intervenir en temas estructurales de la economía –como la evasión y la economía “en negro”-, y de la insistencia en “tranquilizar a la economía”, expresión eufemística repetida por el ex ministro para aludir a los grandes capitales agrarios, industriales, comerciales y bancarios. 

El ingreso de la Ministra Silvina Batakis genera expectativas positivas en cuanto a un abordaje más amplio de los problemas nacionales, menos apegado a visiones macroeconómicas acuñadas para capitalismos diferentes al argentino, y que no descanse exclusivamente en grandes líneas generales, sino en políticas macro, meso y microeconómicas que puedan reconducir a la economía local hacia el desarrollo y la inclusión social, pensadas a partir de la Argentina real y de sus actores económicos y sociales.