MODELO DE PRODUCCIÓN Y DEPENDENCIA
Reprimarización y beneficios para el sector financiero en contra de la producción
POR HORACIO ROVELLI 
Los acreedores externos, fundamentalmente los grandes fondos de inversión o de cobertura: BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc. que pactaron un acuerdo con el gobierno argentino el 31 de agosto de 2020, de percibir solo los intereses y recién amortizar el capital desde el segundo semestre de 2024, han perdido plata porque esos títulos en promedio valían 53 dólares la lámina de 100 dólares en esa fecha y hoy (febrero 2022) valen menos de 40 dólares.
La esperanza de los bonistas externos es que las cláusulas del Facilidades Extendidas que se acuerden con el FMI y que todavía no fueron explicitadas, como bien dijo su directora gerente, Kristalina Georgieva, a los periodistas en Washington el jueves 3 de febrero pasado, sean lo suficientemente duras como para obligar al Gobierno argentino a atravesar un estrecho sendero de “estabilidad” monetaria, cambiaria y fiscal, hasta llegar al momento de comenzar a liquidar los pagos. ¿Por qué la importancia de los primeros cuatro años del acuerdo? Se entiende entre los bonistas que si la Argentina cumpliera esas metas, la cotización de la deuda reestructurada debería comenzar a recuperarse hasta llegar a niveles normales para el sistema financiero mundial y los mercados de títulos públicos soberanos internacionales. Y, llegado ese momento, analizar si conviene o no desprenderse de los papeles argentinos.
También la directora gerente del FMI dijo que el objetivo era sacar a la Argentina de «este camino muy peligroso de alta inflación», y agregó que el acuerdo que se trabaja ahora también incluiría condiciones estructurales destinadas a garantizar que la Argentina incremente sus ingresos fiscales y aumente la transparencia de los servicios públicos y del gasto. Pero:
Tras 23 acuerdos firmados por nuestro país con el FMI y conociendo los planes de ese organismo en otras naciones, sabemos que tiene como principal objetivo que seamos meros proveedores de alimentos y materias primas para las sociedades desarrolladas, para ello propician la devaluación de nuestra moneda para comprar por la mitad lo que vale el doble.
Es de un cinismo mayúsculo decir que lo que se busca es detener la inflación, cuando la misma se propicia con la devaluación de nuestra moneda y, se retroalimenta con la suba de la tasa de interés interna. De esa manera se benefician los dos grandes sectores que más crecieron en el año 2021 y que no habían perdido en el año 2020, pese a que el PIB cayó ese año en un 9,9%, que son los grandes bancos privados y los exportadores.
La combinación de tasas positivas de interés (por encima de la inflación) y devaluación persistente del peso, genera una transferencia de ingresos del mercado interno a favor del externo y, de la producción a favor del sector financiero. En ese marco los salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios tarifarios, planes sociales y demás pagos fijos o semi fijos, se licúan con el aumento generalizado de precios, generando una menor participación en el ingreso nacional, de los asalariados, y de todos los que están relacionados con el mercado interno.
Paralelamente las administraciones estatales se benefician porque tienen sus ingresos atados a la inflación. En el caso de la Nación el IVA (que el año pasado su ingreso al erario público significó el 10,5% del PIB), Impuestos Internos, a los Combustibles, al Débito y Crédito Bancario, etc. Y en el caso de las provincias el Impuesto a los Ingresos Brutos que representa más del 73% de la recaudación propia provincial. Y en lo que respecta al gasto público, los aumentos salariales y a los jubilados y pensionados en promedio, son menores que el crecimiento del nivel general de precios.
Se debe mencionar en la Administración Nacional que, durante el año 2021 los subsidios al sector energético que son en pesos, convertidos al tipo de cambio oficial, ascendieron a 10.910 millones de dólares, un 2,6% del PIB, incrementándose en un 75% respecto a 2020 y un 130% respecto a 2019 y, los cortes generalizados de luz de fines del año pasado y principio de éste demuestran que no ha servido para reducir el pago a la población, sino que ha beneficiado y beneficia a las grandes empresas distribuidoras de dicho servicios.
Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por CAMMESA (que es 99% estatal). La mayor transportadora eléctrica del país es Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, con 11.355 km en líneas de 500 Kv y 220 Kv), controlada por Pampa Energía. Le siguen Transnoa S.A. (4.181 km en un rango entre 132 kV y 400 kV), Transnea S.A. (1.465 km en líneas de 33 Kv, 132 Kv y 220 kV), Transpa S.A. (2.211 km en líneas de 330 Kv y 132 Kv) y Distrocuyo S.A. (1.245 km en líneas de 132 kV y 220 kV).
En el sector de la distribución, Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte que fue comprada por el grupo Vila-Manzano-Filiberti a Pampa Energía), Edesur (Electricidad Distribuidora Sur cuyo principal socio es la empresa italiana Enel) y Edelap (Empresa de Electricidad de la Plata controlada por Rogelio Pagano ex socio de Marcelo Mindlin) dominan el 75% del mercado.
En el caso del gas, en la etapa de extracción las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (de Techint), Apache y Chevron.
El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y de las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.
Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea, que se encargan de distribuir el gas a lo largo del país y se nuclean en ADIGAS, Asociación de Distribuidores de Gas, creada en 1992 tras la privatización de Gas del Estado.
Como observación general, y en base a los datos de los primeros tres trimestres del año 2022, el PIB creció 10,8% respecto al año previo, pero aun manteniendo esa tasa de crecimiento para todo el año, seguirá estando un 2,7% debajo del nivel alcanzado en 2011 y con mucho peor distribución del ingreso. En 2011 el salario promedio rondaba el equivalente a los 1.700 dólares por mes y en 2021 fue, al tipo de cambio oficial, de 830 dólares.
La estructura comercial y financiera
Siempre, según la declaración jurada de los exportadores, sus ventas alcanzaron 77.934 millones de dólares en el año 2021, de los cuales CIARA-CEC [1] vendieron al exterior por 32.807,9 millones de dólares, que fue un incremento del ingreso de divisas del 61,8 % con respecto al año 2020 y récord absoluto de lo que va de este siglo.
Se observa que las exportaciones de productos primarios crecen su participación de 21,91% en el período 2003-2015 a 25,41% en 2016-2019 y a 28,64% en 2021.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario o MOA que incluyen pellets, harinas, aceite, biocombustible, etc pasaron de 35,29% a 38,01% y 39,71% respectivamente.
Los productos primarios y las MOA representan el 68,35% de las exportaciones en 2020-2021, cuando representaban el 57,2% de las ventas externas en 2003-2015.
Las Manufacturas de Origen Industrial o MOI en cambio descienden del 32,6% en el período 2003-2015, a solo el 25,04% en los años 2020-2021, pese a que tras la devaluación del peso desde 2018, el salario en dólares del trabajador industrial es menor que el de Brasil, razón por la cual todo el sector automotor produce más piezas en la Argentina que en el hermano país.
Se debe a que el BCRA no solo abonó intereses de deuda e intereses y capital al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, sino que pagó 9.300 millones de dólares a empresas privadas para que paguen sus supuestas o verdaderas deudas con el exterior, cuando la gran mayoría de esas empresas están en la lista de las grandes fugadoras de capital, de las cuales las 100 primeras compraron 24.679 millones de dólares.
También se le permitió a las empresas importadoras, con el pretexto que nadie le financia sus compras (y estamos hablando de Cargill y de Toyota, por ejemplo), adelantar el pago de las mismas (antes que ingresen al país) por 6.600 millones de dólares en esos dos años transcurridos.
En cambio, Néstor Kirchner, pese a que fueron Presidentes del BCRA Alfonso Prat Gay (2002-2004) y Martín Redrado (septiembre 2004-enero 2010), controlaba férreamente la venta de divisas, supo acumular millones de dólares generados por los superávit comercial de esos años y, mediante la colocación de un Bono del Tesoro en dólares, intransferible, a diez años de plazo en el BCRA, empleó 9.350 millones de dólares con los cuales el 3 de enero de 2006, canceló toda la deuda con el FMI y nos sacó su tutela y condicionamiento tras 50 años de dominación.
Paralelamente el BCRA del gobierno de Alberto Fernández ha generado una bola de nieve que no puede controlar con las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) y con los pases pasivos (los bancos le prestan al BCRA), que son “encajes” remunerados por 4,8 billones de pesos (es en pesos, pero al tipo de cambio oficial representan 43.000 millones de dólares), que devengan, en el caso de las LELIQs una tasa del 40% anual para 7 días (que al acumularse es una tasa mucho mayor) y eso significa que en el año, el BCRA le va a pagar a los grandes bancos, intereses por más de 2 billones de pesos (equivalente a unos 18.000 millones de dólares).
Siempre y cuando no suban más las tasas que el valor del dólar (que es lo que pretende el FMI) porque el pago sería mayor, por lo que se le exige a la Administración Nacional reducir su déficit en 0,7% del PIB, financiarse solo en un 1% del PIB por el BCRA, pero el déficit cuasi-fiscal o déficit del BCRA por pago de intereses por las inmovilizaciones a los bancos será no menor al 4,3% del PIB para ganancia exclusiva de los bancos.
Y encima se pretende reducir el déficit fiscal promoviendo con estabilidad fiscal y desgravación impositiva a sectores que no lo necesitan, como el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino, el de las hidrocarburíferas y, el de las automotrices.
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