DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS AL ‘MAL MENOR’
Por Daniel García Delgado*
Director del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina
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1.INTRODUCCIÓN: una estrategia débil de negociación
Es claro que hay decisiones estratégicas que generan determinaciones para un país por largos años, para bien o para mal. En este caso, lo que se iba a hacer con el FMI era estratégico, por el volumen de la deuda, y por las características a-jurídicas con que se tomó el enorme endeudamiento.
La decisión de acordar ha sido una decisión que tiene puntos centrales negativos fruto de una estrategia débil de dos años en mostrar que todo iba a ir bien, que el FMI era diferente y que habría condiciones políticas mejores para que la Argentina pudiera ser considerada en otros términos a los usuales planes Stand By. Pero los actuales términos acordados muestran otra cosa:
i) Se corre el riesgo de legitimación de una deuda fraudulenta, de una deuda del Estado con inversores particulares -los fondos de inversión-, que se convirtió en una deuda institucional del Estado con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos. En este sentido C. Katz señala que: “Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que «Fernández resuelve el problema generado por Macri». El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones. El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso”. [1]
ii) La pérdida de soberanía que implica la revisión permanente de carácter trimestral sobre el cumplimiento o no de las metas comprometidas, lo cual no aleja tampoco la incertidumbre cambiaria y financiera, por lo menos por los próximos dos años. Esto es porque la posibilidad o no de un default no depende de la buena voluntad del Gobierno, y tampoco aleja esa posibilidad en el largo plazo, porque para hacer frente a los vencimientos de 2027 hay que volver a los mercados a acceder a una nueva reestructuración, porque los montos son inviables -en el 2027 los vencimientos son de u$s 15.000 millones anuales-.
iii) Es una estrategia de refinanciación y no de reestructuración de la deuda. Es el pasaje a la deuda permanente, donde te prestan plata para pagar solo intereses, no capital, y para seguir endeudándose. Esto implica asimismo el condicionamiento político estratégico y de relato que significa para el país en su política regional y global esta pérdida de soberanía del Estado y de sus capacidades.
iv) Y, finalmente, la ausencia de toda consideración de equidad en el acuerdo y la impunidad que asegura para los que lo contrajeron hace que todas las cargas sean para el pueblo, que tiene que pagarla por más de una generación y con resignación, casi como agradeciendo que se la haya aceptado: “el mal menor”.
¿Se podría haber hecho otra cosa? Según L. Moreau, el gobierno de Alberto Fernández debería haber dejado de pagarle al Fondo cuando asumió. “Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Si suspendíamos los pagos, no se hubiera llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación y eso es lo que nos ha impuesto el acuerdo, que está lleno de peligros. De esa manera, el saldo comercial se evaporó en el pago al FMI y a los privados. Asimismo, no es demasiado creíble el planteo de Guzmán y Alberto Fernández de que el acuerdo no contempla un ajuste económico: El FMI ya está mandando a decir que hace falta más quita de subsidios y tasas de interés muy altas. Además el Fondo dice que vayamos a una emisión monetaria cero en dos años. Es mentira que se reconocerá que la inflación es un fenómeno multicausal, por eso exige ir a cero emisión y bajar el déficit. Eso es un frenazo a la economía enorme”.[2]
La estrategia llevada por Guzmán y la Casa Rosada fue débil, entre otras causas por la falta de construcción política y discusión pública que tuvo la negociación. Finalmente, todo se decidió en la Casa Rosada en un atardecer de un día agitado, en el círculo de confianza del presidente, donde todos los que estaban allí habían decidido acordar con el Fondo desde hacía mucho tiempo, y los únicos ausentes eran los representantes del sector que tenía más objeciones y de la ex presidente, CFK. A partir de esta decisión y acuerdo cambia la coyuntura, se transforma en un antes y un después, en un escenario muy distinto al propuesto por el contrato social del Frente en 2019: ya éste no es el de ‘la reconstrucción del país’ a partir de una visión más productiva, inclusiva e igualitaria, sino que a partir de ahora es pasar a administrar ‘el mal menor’.
En lo que sigue vamos a destacar algunos de los problemas que vemos en el acuerdo realizado la última semana de enero de 2022 entre Guzmán-Chodos, el staff técnico del FMI. Como hipótesis afirmamos que el cambio de coyuntura tiende a implosionar el contrato social de reconstrucción del país contraído en el 2019 por otra alternativa, la de elegir el mal menor en una situación dilemática que es cogobernar con el FMI el pago de la deuda macrista. Finalmente, en la última parte del artículo plantearemos posibles salidas a los dilemas que propone este acuerdo que complica el futuro de los argentinos y argentinas.
2.UN ESTADO CON MENOS CAPACIDADES
Tanto se ocupó la academia en estos dos años acerca de cómo mejorar las capacidades estatales, pensando en un modelo de gestión superador tanto del weberiano, como del New Public Managment y del de modernización del Estado que implementó el macrismo, con Big Data, algoritmos y comunicación personalizada, que olvidó que capacidades estatales es también poder tener déficit fiscal si es necesario para reactivar la economía; el recibir préstamos del Banco Central y no pedir créditos a los mercados internacionales a tasas más altas. El tener capacidad de regular precios a los monopolios, de revertir el proceso privatizador de los ‘90, para que los servicios públicos no sean concesionados por empresas privadas rentistas que buscan sin invertir máxima rentabilidad y dolarización de sus acreencias. Es poder generar empresas públicas de empresas cerealeras fraudulentas como Vicentin, para tener empresas de referencia eficaces y que fortalezcan a los pequeños y medianos productores. Capacidad para regular el manejo de los recursos naturales, exigir tecnología y supervisión social para evitar el deterioro de los mismos. Eso es capacidades estatales, esas son las que se han dejado de lado, obliteradas en favor de la tranquilidad de los mercados, de las grandes ganancias, desde Black Rock y los inversionistas privados que fugaron la plata del endeudamiento. El compromiso con el Fondo impedirá avanzar en los planos de desarrollo productivo, empleo de calidad, más equidad distributiva, desarrollo científico y tecnológico y de fortalecimiento de las economías regionales.
“El mejor acuerdo posible”, como se señaló, es un acuerdo donde no hay un reconocimiento de la a-juricidad[3] con que fuera realizado por las partes, y donde no hay ningún tipo de años de gracia, ni DEG’s compensatorios (tal vez los que se consigan de Rusia), ni eliminación de las sobre tasas; solo la baja de un medio punto en la velocidad de reducción del déficit. El nuevo ajuste no lleva nombre de reformas estructurales, no hace falta. Dice Raúl Dellatorre, “si el gobierno quiere convertir el acuerdo con el Fondo en una virtud, deberá demostrar eso, que es el momento de la producción. Y convencerse a sí mismo, también de que es el momento de la política”[4]. Pero ¿cómo hace un gobierno para convencerse a sí mismo de ello, si en realidad ha querido convencerse de lo contrario, de pagar, de que lo que estaba endeudado era legítimo y que solo había que manejarlo estabilizadamente para cumplir con las metas? Al mismo tiempo, también es difícil evitar lo dilemático a último momento, si uno no hace nada hasta que ya está en el borde del precipicio, de un fuerte vencimiento y sin reservas. Los movimientos y la estrategia distinta para evitarlo debían haber sido hechos antes, tanto en lo jurídico, con actores internacionales y locales, como organizando al pueblo para una decisión, difícil, pero posible, para un país con futuro. En ese sentido, puede considerarse que el preacuerdo en esas condiciones evitó no el default, porque correspondía una moratoria, pero sí que se quedase a expensas de una corrida cambiaria y de presiones económicas y financieras de los sectores dominantes.
Pero ¿cuál es la autonomía de la política económica, las capacidades estatales que puedan rescatarse? En todo caso, esto no es el nuevo Contrato Social apoyado en el 2019. El Fondo no cedió en temas de plazos ni en sobretasas, ni tampoco en revisiones trimestrales. Si estás auditado, la soberanía económica se reduce. Con la revisión permanente, las capacidades estatales han sido transferidas a las revisiones permanentes. Como señala Itai Hagman “Si Argentina no cumple estas metas puede generar expectativas negativas y eso genera inestabilidad cambiaria. Además le das una herramienta al Fondo para exponer al país a una situación de crisis si no cumplen las metas, y eso es un poder muy grande que va a tener el FMI”[5].
Además, el objetivo 2022 de crecimiento de 5000 millones de dólares de reservas internacionales, es muy exigente. En ese sentido, “Hacer un programa con el FMI o ir a un default son dos malas alternativas porque son dentro de las reglas del Fondo. La única buena alternativa podría ser fuera de las reglas del Fondo que eso hoy significa la posibilidad de generar una correlación de fuerzas distinta a nivel internacional, y local, y cuestionar la legitimidad de la deuda y de esa manera lograr que el FMI acepte un acuerdo extraordinario con Argentina en términos de plazos o quita de capital. Pero fueron opciones que quedaron fuera del mapa”.[6] “Nada que festejar”, dicen en el oficialismo muchos de los funcionarios que apoyan el acuerdo; es cierto, pero también lo es que para los factores de poder sí es para festejar. Es claro que las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.
De esta forma, “Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva. Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia”.[7]
3.UNA SOCIEDAD SIN EQUIDAD NI SUSTENTABILIDAD
Si no redefinimos la justicia social, en este acuerdo y orientación político económica solo hay espacio para la contención social, y para planes que reproducen el statu quo a cambio de una porción de la mediación de los subsidios a determinadas organizaciones, planes que les permiten a los sectores populares subsistir, pero no progresar ni incluirse. La justicia social es otra cosa, y entre esas cosas también tiene que ver con los precios de los servicios públicos.[8] El recorte que propone el Fondo no se compadece con lo que piensan los funcionarios de Energía y Economía. En la versión del acuerdo del Fondo Monetario Internacional se aseguró que el programa incluye una reducción de los subsidios a la energía, algo que Martín Guzmán había descartado en su anuncio. Pero poco después, se sostuvo en el comunicado del Fondo liberado luego de que el presidente Alberto Fernández hubiera anunciado el entendimiento: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”,
Y como señala Claudio Lozano sobre el no ajuste y las no reformas previsionales y laborales prometidas por el ministro Guzmán: “El compromiso de las autoridades para reducir el déficit implica llevarlo de manera gradual del 3,4% del PBI que se proponía en el presupuesto 2022 a 2,5% para fin de año y a 0,9% dentro de dos años (…) el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado (…) sólo es factible reduciendo el gasto corriente, justamente el que ya se ajustó en 2021: salarios, jubilaciones y prestaciones sociales”.[9]
Así, todas estas medidas irán impactando en el tejido social, en los ingresos y en las demandas de las organizaciones sociales. Lo cierto es que el Covid-19, develó más claramente las desigualdades existentes, a lo que se suma la desestructuración del mercado laboral y la exclusión dejada por el neoliberalismo, que generó una sociedad con más pobreza y polarizada. Asimismo, en la cultura política, con su apología al mérito individual, donde los ganadores se lo merecían todo y los perdedores, nada, y económicamente con la teoría ‘del derrame’, que supuestamente haría llover la prosperidad para todos, pero solo lo hicieron sobre los ya ricos. De esa forma, profundizaron la cesura cultural e incorporaron una concepción de justicia individualista y de impunidad para las elites que se refugian en Comodoro Py y en la Corte Suprema.
Haciendo referencia a ese neoliberalismo hegemónico en el mundo durante más de tres décadas, Michel Sandel señala que es ‘La tiranía del mérito’, y dice respecto a la desigualdad que, para las elites, “El problema no está en la estructura de la economía. El problema está en tí. Si tienes problemas, no has conseguido el título y las credenciales que te permitían prosperar. Sos el culpable de tu propio fracaso”[10]. Por lo tanto, se trata de apuntar a la igualdad de condiciones, contrapuesto a la igualdad de oportunidades, como señala Dubet[11], que presupone analizar los contextos, integrar la redistribución, una justicia social pensada en nuevos términos. También puede salirse del esquema meritocrático y fortalecer la idea de dignidad del trabajo y mejorar la vida de todos los que contribuyen al bien común. De los que generan valor más que los que especulan o los rentistas que se apropian del valor generado por otros.[12] Porque los exitosos piensan que es todo logrado por ellos mismos y que, por lo tanto, merecen todo lo que el mercado les otorga. Cuanto más exclusivo, privado, trasnacional, costoso sea esto, mejor. Trabajando, a su vez, en una lucha cultural comunicacional que buscaba acentuar las emociones negativas, justificar sus privilegios, acentuar grietas y legitimar la desigualdad.
También podemos decir que siempre hay una combinación en las teorías de la justicia y el bien común, y la obligación política se basa en alguna combinación de razón, reflexión y emoción. En la carrera meritocrática podemos ver la desmoralización de los perdedores. En la polarización puede encontrarse la huella de la tiranía del mérito que la batalla cultural neoliberal llevó a penetrar en nuestra sociedad.[13] Al mismo tiempo, se corre el peligro de ir a una sociedad en que la impunidad quede consagrada en la justicia, de los que facilitaron la fuga del dinero de la deuda y que se la llevaron a las guaridas offshore. Eso contribuye no solo a la desigualdad por menos inversiones, desfinanciamiento del Estado y a la pérdida de la función social del capital y de responsabilidad social empresaria por la que deberían contribuir a pagar buenos salarios, mejorar capacidades y no eludir impuestos. Es la dimensión sacrificial de la deuda externa.[14]
Si en un primer momento la sociedad civil, sus organizaciones territoriales, lucharon y se organizaron para enfrentar la primera ola del Covid, para hacer frente a la violencia de género, para articular los planes sociales, y lo mismo sucedió durante la segunda ola de la pandemia, nos encontramos ahora en la tercera ola, pero en una situación que empieza a ser distinta, más despolitizada y desesperanzada, como lo demostraron los resultados de las PASO. Como si en lo colectivo no existiera proyecto ni expectativa alguna, en donde “cada uno se la arregla como puede”, todo ello en el marco de una cultura mediática y de redes que reafirma el valor de toda experiencia, el “todo está bien”, de lo pasional, del ahora y la ausencia de fronteras éticas. La sociedad anómica se parece a la de las pasiones tristes de Dubet, de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor.[15] La sociedad del cuidado se muestra débil frente al crecimiento de un nuevo tipo de anomia, de crímenes, violencias de todo tipo, femicidios, penetración del narcotráfico y donde el acuerdo con el Fondo solo podrá agravar esta situación. La política de gasto social de planes es una política de contención y administración de la pobreza, pero no de inclusión.
La sociedad anómica se vincula también a las expresiones recientes de CFK sobre que con la retirada del Estado ese lugar lo ocupa el narco, que es un nuevo organizador social perverso, pero un actor con posibilidades de dar cosas que el Estado deja de ofrecer.[16] Algunos ejemplos de ese tipo de sociedad en términos emblemáticos es la violencia narco en México, de los carteles, pero que ya se estaría dado en algunas partes y ciudades de nuestro país como las organizaciones de drogas en Rosario, y donde los conurbanos se vuelven inmanejables. Si la política no proporciona un relato entusiasta, movilizador, participativo, de distribución, y opta por “elegir el mal menor”, y todo supeditado a cálculos de los economistas a que las cuentan cierren, no va a contribuir en nada a resolver esa situación, y la cuestión social va reconfigurándose, encontrando nuevas expresiones cada vez más peligrosas y entrópicas.
Sobre el tema de la justicia o, mejor, de la falta de justicia, de auditorías y controles, paradojalmente lo sucedido con el macrismo fue una violación del contrato republicano del Estado. Esto no es nada nuevo, ya sucedió en los ’90, la rotura de una sociedad más equilibrada, con movilidad social ascendente, viene de lejos. Así, la justicia social lograda en los acuerdos sociales, paritarias, salario indirecto hasta mediados de los ‘70, comenzó a deteriorarse con el golpe neoliberal y el Consenso de Washington. Asimismo, ello estuvo vinculado a acuerdos con la banca multilateral internacional, el FMI, el BM, que fueron deletéreos para la ingobernabilidad, los sucesivos blindajes y el stress social, y la crisis del 2001 y del “que se vayan todos”.
La experiencia histórica es concluyente respecto de lo que pasa con los acuerdos con el FMI y los procesos de endeudamiento, y se agrega en este caso un dato más para complicar el panorama del eventual acuerdo, porque nunca en la historia -señala Artemio López- se formalizó un acuerdo con el FMI en medio de una situación social tan deteriorada como la actual: “Al 42 % de pobreza por ingresos y los 52 puntos de inflación anual, le corresponde un desempleo que roza los dos dígitos y un nivel de informalidad laboral del 32%, hay que agregar salario mínimo vital y móvil, jubilaciones y pensiones mínimas orillando los $33 mil, que es el valor de la línea de indigencia para un hogar tipo metropolitano. El promedio de los salarios del sector privado según SIPA de octubre del 2021 es de $104.566 y la remuneración mediana sectorial privada asciende hoy a $79.294, cuando una línea de pobreza para un hogar tipo metropolitano está fijada en $76 mil, según datos oficiales. Adicionalmente en 10 años más se duplicó la cantidad de trabajadores pobres, en 2011 un 12,7 de las personas con trabajo, eran pobres y en 2021, ese porcentaje llego al 28,2%. Otro fenómeno que comenzó en los años 90 y vuelve con fuerza el del “trabajador pobre”. [17]
Además, sobre la sustentabilidad social en el acuerdo realizado con el FMI no hay consideraciones sobre los ingresos de la población. El Ministro Guzmán generaliza a futuro y afirma que no habrá ningún ajuste en partidas relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología), pero no aclara qué tasa de crecimiento y recaudación se necesitaría para lograr la drástica reducción del déficit que ha comprometido para el próximo bienio. “Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los guarismos que permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará el salario, qué nivel de recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese cumplimiento.”[18]
A todo esto se suma la cuestión de la sustentabilidad ambiental tampoco tenida en cuenta, tanto en términos de deterioro, denuncias y conflictividad que implica el extractivismo, la utilización de recursos naturales sin regulación fuerte del Estado y mejores tecnologías. Pero pasar a una matriz energética más sustentable, ‘verde’, no es gratis, y el acuerdo con el Fondo no incluye ninguna consideración sobre los problemas de sustentabilidad ambiental y los costos de transición energética, sino solo sobre la velocidad del ajuste fiscal y de la reducción del déficit para aumentar la capacidad de pago de la deuda en el menor tiempo posible.
En este sentido, había necesidad de cambiar tres matrices para el pacto social propuesto por el Frente de Todos en 2019: i) la productiva, para hacer una con más valor agregado, diversa y más componentes científico tecnológicos, no depender de las divisas de los agroexportadores y cerrar la restricción externa; ii) la matriz distributiva, porque se puede crecer pero la situación de desigualdad permanecer igual, como lo demuestra le experiencia chilena, o favorecer solo a sectores que se adecuan favorable a la pandemia, las plataformas, unicornios, el tecno feudalismo como lo denomino Cedric Duran.[19]; iii) y la tercera, era la energética, salir de una basada en la energía fósil, a otra con más componentes eólicos, solares, hidroeléctricos, el litio, la electromovilidad, el hidrógeno verde, etc. Esto requiere programación, planificación del Estado, pero sobre todo requiere de inversión, y esto no va a estar bajo la remisión de los expertos del Fondo. Por eso con este acuerdo no hay posibilidades de sustentabilidad política, económica, ni social, ni ambiental.
4. LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD ESTRATÉGICA
La Argentina con esta presidencia de AF ha decidido su integración al bloque occidental en disputa con China y Rusia, y donde E.E.U.U. intenta recomponer su hegemonía perdida en la crisis del 2008 y en ascenso del lugar de mayor acumulación en el Pacífico, no reconociendo la multipolaridad, sino intentando recomponer su liderazgo. Si bien a pesar de esta apuesta del Gobierno no se ha conseguido un acuerdo distinto con el Fondo, este seguramente va a incidir en la agenda internacional del país.
La revisión de las metas podrá asociarse a cuestionar políticas regionales e internacionales con las que el Fondo esté en desacuerdo. Y eso sucede justo en un momento en que el país tenía -y aún tiene- una gran oportunidad, la de ser punto de representación de la CELAC y del conjunto de países latinoamericanos que han puesto su confianza en Argentina en su presidencia pro tempore por dos años. Según el espíritu de AMLO esto debía apuntar a la conformación de un bloque alternativo a la OEA, y con capacidad y autonomía para integrarse al mundo con más defensa de los intereses de sus pueblos. ¿Podrá hacerse ahora?
En el acuerdo no solo está en juego la visión de la economía política del país, el cumplir o no el pacto electoral del 2019, sino también la posibilidad de ser un país referente para configurar un bloque de integración más consistente. De esta forma, si no se modifica el acuerdo, las revisiones trimestrales podrán ser eco de las necesidades de la OEA, de la embajada, de los medios, para criticar a los países no confiables (Nicaragua, Cuba, Venezuela). En esa tensión también la CELAC podrá ser un eco apenas diferenciado de la agenda de la OEA, en el emblocamiento en que se quiere incorporarnos a la guerra fría que han desatado contra China y Rusia siendo estos países a la vez principales socios comerciales y demandantes de productos de la región.
Sin incorporar una dimensión jurídica y geopolítica, este acuerdo solo invocará a la resignación y a que los militantes pongan ‘el piloto automático’ en sus vidas y organizaciones. El Frente perderá identidad y relato. A partir de ese momento la política significará administración de las cosas y no transformación de la realidad. Y la clase política tenderá a tomar distancia de ella y del pueblo. Eso ya ha pasado antes con las social-democracias de la UE. Y ello sucede en un momento en que parte de América Latina se está rebelando al dominio de las elites y a la lógica financiera y neoliberal sobre la productiva. En ese sentido, la CELAC representada por la Argentina era y sigue siendo una oportunidad para configurar un bloque con autonomía regional.
Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales. A su vez, El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. La resignación que impera en el gobierno le impide registrar así, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2002 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó. Y, por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Y Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social.
El presidente A. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva. También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.
Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guion del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Podrá utilizarlos para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores.
Ahora bien, la CELAC puede ser un instrumento, pero tener todas las expectativas en que el posible triunfo de Lula termine por configurar un escenario que nos salve de nuestras propias tribulaciones y conflictos estratégicos, es un poco esperar ‘que llueva café’. Que triunfe Lula en Brasil, Petro en Colombia, como ya lo hizo Boric en Chile, es muy importante y positivo, pero no resuelve lo que debemos hacer por nosotros mismos. Y en esto el acuerdo con el FMI resta capacidades estatales porque se está siempre bajo una revisión y supervisión sobre las metas, de modo de si se hacen los deberes de acuerdo a una mentalidad ortodoxa, siempre se estará al borde de un cuestionamiento de default que ante una posibilidad estratégica más sustentable. En realidad, el nuevo escenario que se abre con este acuerdo no lo hace más fácil, lo hace todo más difícil e incierto.
Si bien el viaje del Presidente a Rusia y a China son alentadores para buscar ampliar aliados, franquicia internacional, para aumentar inversiones diversas e ingresar en la Ruta de la Seda, si queda supeditada la economía del país a revisiones trimestrales y con condicionamientos posibles para evitar defaults, cuanto margen tendrá para ampliar prerrogativas y tener un rumbo estratégico propio. Porque, en realidad, ya estará co-gobernando con una institución multilateral dominada por E.E.U.U.
5. EL ROL DE LA JUSTICIA EN EL ENDEUDAMIENTO
En algún sentido se piensa que los acuerdos de endeudamiento soberano son un problema del economicismo, de técnicos que con sus cuadros, curvas, equilibrios y cálculos lo pueden resolver todo y “no avanzar a lo desconocido”, como señala el Ministro Guzmán, como si lo conocido del Fondo fuera una garantía de algo. Pero la dimensión de la deuda asimismo es un hecho político, jurídico, ético, y tanto de derecho internacional como nacional. Y no están ausentes estas dimensiones, salvo que se quiere reducir a una dimensión unidimensional, tecnocrática y de racionalidad instrumental la resolución y proyección de la vida de un pueblo que puede ser quitado de justicia y de futuro.
En esta operación se termina, además, validando la impunidad de los responsables de contraer la deuda en forma y contenido. Validando y legitimando la deuda fraudulenta tomada por el macrismo, lo cual está por demás probado por la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General la Nación, la Procuración General del Tesoro, todos organismos del Poder Ejecutivo, más todas las presentaciones hechas por instituciones de abogados, que han mostrado los delitos cometidos y presentados al Poder Judicial sin mayor respuesta hasta ahora de parte de la Corte Suprema. La inconstitucionalidad de una deuda externa que no pasó por el parlamento, y que tampoco contempla los delitos cometidos en el plano internacional. En ese sentido correspondía, antes de firmar el acuerdo último, presentar el caso con anticipación a las Naciones Unidas, realizar una opinión consultiva a la Corte Internacional de La Haya, cuestionado la legitimidad de este acuerdo que no se validó ni política ni jurídicamente, para que esto no tuviera efectos concretos. Ahora el Gobierno del Frente de todos va a asumir los 44.000 millones de dólares de una ilegalidad absoluta tanto en el plano nacional como también en el internacional por la violación de los estatutos fundacionales del Fondo.
Existía una nueva oportunidad para mejorar la perspectiva de futuro, con los procesos de endeudamiento, cuestionar tanto procedimientos y poderes que afligen a nuestro pueblo y a muchos otros. Pero para ser francos ya desde octubre del 2021 se fue configurando una política económica en dirección a lo que venía en este acuerdo. En medio de presiones cambiarias la política de Guzmán fue una política de ajuste fiscal y monetaria y fue hecha en las conversaciones con el Fondo; empezaron el acuerdo antes del acuerdo, y tuvo un impacto concreto en las situaciones electorales de las PASO, en la pérdida de la mitad del electorado del Frente de Todos. Ahora se piensa en una suerte de cogobierno con una institución multilateral.
La ilegalidad de origen del crédito con el FMI contraído en 2018 está demostrada hace más de dos años. El expediente duerme en la Corte Suprema, y está probado que, para endeudarse, el macrismo violó todas las normas aplicables a la materia, que de los expedientes administrativos no resulta un acuerdo y que el crédito se contrajo a sola firma, sin respaldo de ningún tipo (expedientes CAF núm.. 7651 y CAF núm.. 64.538/19). Son estos jueces, puestos a dedo por quienes además aprobaron la peor estafa al pueblo argentino, quienes hace veintisiete meses tienen suspendida la resolución judicial que ordena al Gobierno hacer público el acuerdo con el FMI, y cubierta entonces la responsabilidad penal y patrimonial de Macri y sus secuaces en este endeudamiento criminal.
Tampoco cierra por la violación estatuaria del propio organismo en que incurrió el FMI. El no incorporar la dimensión jurídica que implica la negociación de un programa de facilidades extendidas dada la forma en que fue conformado el endeudamiento, ha sido un minus para la estrategia seguida por el Gobierno nacional. Al respecto, la periodista Karina Patricio Ferreira Lima y el ex funcionario del FMI, Chris Marsh, llevaron a cabo un investigación en la cual aseguran que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina firmado por el ex presidente Mauricio Macri debería considerarse nulo.
Lo cierto es que el análisis jurídico internacional sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’. Cabe señalar que “ultra vires” es un principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley, y cuyo objetivo es prevenir que una autoridad administrativa o entidad de derecho privado o público actúe más allá de su competencia o autoridad”. En ese sentido, los autores del documento sentenciaron que “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un “agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares”, indicaron en la investigación publicada en el sitio especializado SSRN. Allí afirman que “Era previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar. Efectivamente, al momento de la aprobación del ASB, el Fondo no evaluó razonablemente el riesgo de que sus recursos generales se utilizaran para financiar salidas de capital importantes o sostenidas, como efectivamente ocurrió” y que “el programa debería considerarse nulo. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse. Esto significaba en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”.
6. EL CONGRESO TIENE LA ULTIMA PALABRA
Es interesante y positivo que tanto por disposición del Fondo como por leyes nacionales se haya asignado un rol central al Congreso para aprobar, no aprobar, y también corregir un acuerdo de deuda soberana con un organismo multilateral. Lo de corregir es importante, porque aceptar como viene el acuerdo ‘a paquete cerrado’, significaría un contrato de adhesión que considera al Congreso pasivo frente al acuerdo realizado por los tecnócratas de ambos lados. Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso y cuando el entendimiento alcanzado con el organismo se trate en el Congreso se debe llamar la atención sobre los peligros y riesgos del acuerdo. Se podrá buscar que algunas cuestiones se remuevan de ese entendimiento, para evitar una situación compleja en el futuro.
Si el Congreso tiene la última palabra, y el acuerdo, una vez comenzado por el Ejecutivo, debe ser perfeccionado por el mismo, se trata de fomentar el debate y evitar la ruptura del Frente al mismo tiempo, pero no aceptar lo inaceptable, y ello bajo tres principios rectores: defensa de la soberanía, de la equidad y la sustentabilidad.
a) El de la soberanía. Es fácil señalar que las revisiones trimestrales constituyen la verdadera espada de Damocles que AF creyó sacarse de encima, pero solo las postergó y secuencialmente para los años que vienen. Cada tres meses la Argentina estaría bajo revisión de unos tecnócratas que podrán objetar lo que quieran, bajo criterios técnicos que esconden motivos políticos. La eliminación de las causas de supervisión tiene además la justificación de que la tecnocracia del Fondo para hacer el acuerdo violó todos los estatus de la misma institución y sumar nuevas condicionalidades. ¿Qué garantías hay de que no vuelva a hacerlo si ni siquiera lo ha reconocido en este acuerdo? [20]
Como se señala, “Un fortísimo ajuste fiscal, que sólo en 2022 significará unos U$S 4.000 millones, y un renunciamiento a la emisión monetaria como principal mecanismo para cubrir el déficit fueron las principales concesiones que realizó el gobierno para sellar, al menos de palabra, el acuerdo de refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. A cambio, la entidad prestará su aval para que otros organismos multilaterales aporten financiamiento para obras de infraestructura y sostenimiento de otros planes que hasta ahora estaban a cargo del Estado”.[21] No debería legitimarse un no renunciamiento a la emisión monetaria para cubrir el déficit, que finalmente es un instrumento, una capacidad estatal, precisamente para no endeudarse con otros organismos internacionales a tasas más altas.
b) El de la equidad. Aquí no hay justicia y todo lo paga el pueblo, es decir, los que no se beneficiaron en nada con el endeudamiento. También hay impunidad para los que contrajeron el fraude y los que consintieron violar estatuariamente las reglas del Fondo. Aquí hay que incorporar equidad, por un lado, y cláusulas de recuperación de parte de lo fugado a guaridas fiscales, evasión de ganancias, no declaración, lavado, etc. De esa forma, parte de ese dinero podría ser volcado a actividades productivas y contribuir al empuje de la producción que necesita la Argentina para encarar una etapa de alta producción con distribución. También es cuestión de justicia, insistir con sanciones penales y jurídicas para la tecnocracia y los responsables políticos de semejante endeudamiento. Porque el hecho de ser un gobierno elegido democráticamente no da patente de curso para hacer lo que se quiera, de tener impunidad e independizarse de las correspondientes auditorías que fueron rechazadas en su momento, así como las denuncias e imputaciones de deuda ilegítima. Y poner el mundo al revés, cuando Dujovne se permite hacer recomendaciones al gobierno de como perfeccionar el acuerdo alcanzado.
c) El de la sustentabilidad, tanto económica, como social y ambiental. Es claro que en los primeros dos años está facilitado el cumplimiento, pero luego se vuelve la deuda impagable a la que está acostumbrada a someter el Fondo a los países. ¿Vamos a salir de la opresión, o vamos a convalidarla democráticamente también en el Congreso? Es necesario evitar restricciones a capacidades estatales, como emisión, capacidad de préstamo del BCRA al Tesoro, y solo tomar deuda externa para actividades productivas y no para pagos ni gastos corrientes. Esto tiene que ver con uno de los principios fundamentales del Frente de Todos, del “nunca más al endeudamiento”.
CIERRE
En síntesis, el acuerdo puede realizarse, pero el Congreso tiene la última palabra, puede revisarlo como ha hecho con diversas leyes provenientes del Ejecutivo y modificar cláusulas o terminar rechazándolo (como sucedió en Costa Rica). Es posible que haya que trabajar los tiempos, ver la letra chica del acuerdo, lo que dice el board del Fondo, para tomar una decisión definitiva. Pero el Congreso debe decidir y hay posibilidad de volver a incluir elementos jurídicos, de soberanía y equidad en una estrategia de negociación que no implica romper el Frente de Todos, pero sí incorporar los verdaderos elementos que configuraron la desastrosa decisión del Fondo y de la burguesía macrista y esta decisión de la tecnocracia del gobierno de AF de justificar el acuerdo como ‘el mal menor’. Ya hay posiciones de un lado y del otro dentro del Frente de Todos en el Congreso en este punto y son claras. Mientras hay diputados que piden que se introduzcan cambios en los documentos que tiene que escribir Martín Guzmán para acordar con el FMI, el nuevo Jefe de bloque enfatiza que trabajará para juntar consenso en favor del proyecto de acuerdo que anunció el presidente.
Si se toma una actitud pasiva en el Congreso sobre el acuerdo de facilidades extendidas configurado por el Ejecutivo y el FMI, será un contrato de adhesión de una deuda impagable en el mediano y largo plazo, que implosiona el contrato electoral del 2019, con toda la secuela de despolitización, anomia e injusticia que eso va a traer. Pero todavía se está a tiempo de evitarlo. El Congreso tiene la última palabra y, si la utiliza, que esa palabra sea de bien común y justicia.
[1] Claudio Katz, “El nefasto regreso del FMI”, Jacobin, Revista, Febrero 2022.
[2] La Política Online, 01-02-22
[3] Ver García Delgado, “La negociación con el Fondo como amenaza para el futuro del país”, disponible en http://politicaspublicas.
[4] Raul Dellatorre, “Debería ser declarado nulo”, Página 12, 13-01-22.
[5] Ver entrevista “FMI: Sin reformas regresivas, pero con controles estrictos”, Página 12, 29-01-2022
[6] Cf
[7] Katz, op. cit.
[8] Francois Dubet, Repensar la justicia Social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades, Siglo XXI, Buenos Aires, 2021
[9] Ibidem
[10] Ver entrevista “Michael Sandel: En la base del populismo está que muchos trabajadores piensan que las elites los desprecian”, Perfil, 28-01-2022 Michal Sandel Lo que debemos hacer”,
[11] Francois Dubet, ‘La época de las pasiones tristes. De cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor’, Siglo XXI, Bs. As. 2021
[12] Mazzucato, M. (2019). El valor de las cosas: Quién produce y quién gana en la economía global. Madrid: Taurus
[13] Cf, M. Sandel y otros
[14] En “Deuda, sacrificio y neoliberalismo”, Maurizio Lazzarato muestra otra fase de los procesos de endeudamiento, que asumen la deuda una lógica sacrificial, nunca expiable: “a partir de esta consideración en torno a la lógica sacrificial del capitalismo, es que también habría que intentar leer al neoliberalismo, pues éste no es sólo un proyecto de clase, como plantea David Harvey, o una forma histórica de gubernamentalidad, como planteó Michel Foucault, por mencionar algunas de las perspectivas teóricas desde las que se ha emprendido el análisis. Es, de igual manera, una gran máquina sacrificial que ha estado llevando a cabo el sacrificio de los trabajadores y de amplias capas de la población para mantener a flote el proyecto ajeno del capital, en plena crisis sistémica de acumulación. El sacrificio aquí se lleva a cabo a través de un amplio registro que va desde los despidos y la repentina pérdida de trabajos, recortes en salarios, así como en prestaciones y pensiones (las jubilaciones cercenadas) hasta las consecuencias de la reducción de las erogaciones sociales por parte del Estado en materia de salud, educación, infraestructura, transporte, servicios y espacios públicos” (Cuauhtémoc Nattahí Hernández Martínez, “La deuda como forma de gobierno y subjetivación en el neoliberalismo. Reflexiones sobre la culpa, el sacrificio y la desesperación en la religión capitalista”, Revista Valenciana, núm. 21, pp. 379-415, 2017).
[15] Francois Dubet, La época de las pasiones tristes”, Siglo XXI, Bs. As. 2021
[16] Discurso, “Los pueblos siempre vuelven”, en Honduras, proclamación de la candidatura de Ximara
[17] Ver “¿El acuerdo con el FMI es una opción?”, Perfil, 28-01-2022
[18] Katz, op. cit.
[19] Cédric Durand, TecnoFeudalismo. “Critica de la economía digital!, La Cabra, Bs.As. 2021
[20] Ya el FMI dijo esta semana que sumará más condiciones al acuerdo final logrado, que servirá para refinanciar la deuda con el organismo deberá incluir modificaciones tanto en el tema de la recaudación impositiva como también en el gasto público para bajar la inflación. Y que los detalles -señalo Kristalina Georgieva-, del programa crediticio de Argentina “aún están desarrollándose y queda trabajo duro por delante. Los cambios en los impuestos y el gasto, son “dos áreas de condicionalidad estructural que vendrían en el acuerdo ”, Ámbito Financiero, 4-02-22, pág. 2.
[21] Marcelo di Bari, “Un complejo equilibrio: cumplir con el FMI sin ahogar el crecimiento”. Tiempo Argentino, 31-01-22.
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