Cuando en 2021 se inicia la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, una iniciativa que partió de la Organización Mundial de la Salud y recibió el apoyo consensuado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional reconoce que las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo a un ritmo y hasta edades mayores que en el pasado y que esta transición demográfica tendrá un impacto en casi todos los aspectos de la sociedad.
La comunidad internacional reconoce cuatro megatendencias demográficas para este siglo: crecimiento, urbanización, migraciones y, con ellas, el envejecimiento de la población mundial (Naciones Unidas, 2019b). En 2019, la cantidad de personas mayores de 65 años superó los 700 millones. Ese mismo año, también primera vez en la historia, los adultos mayores superaron en cantidad a los niños menores de cinco años (Foro Económico Mundial, 2019).
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la gravedad de las deficiencias existentes en las políticas, los sistemas y los servicios en relación con las personas mayores. Se necesita urgentemente de la acción mundial concertada para garantizar que las personas mayores puedan desarrollar su potencial con dignidad e igualdad y en un entorno saludable.
Ser capaces de problematizar la vejez es un éxito en sí mismo. El aumento notable en la expectativa de vida (más de 1.000 millones de los 7.800 millones de humanos son mayores de 60 años y la mayoría habita en países de ingresos medios y bajos) refleja los avances económicos, sociales, científicos y médicos de la humanidad. Sin embargo, aún falta un régimen un marco normativo global acompañe estos progresos (Argüello, 2021). El camino a una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores es todavía incierto debido a las resistencias de algunas potencias de asumir el costo fiscal que supondría dar ese salto (Argüello, 2021).
Al mismo tiempo, la COVID-19 sirvió como una advertencia de que los adultos mayores están entre los primeros en sufrir las consecuencias de los grandes desequilibrios mundiales y configuran el sector de la sociedad más vulnerable ante las grandes crisis, no solo las de índole natural, sino también las económicas y sociales. Una reciente declaración firmada por 146 países, entre ellos Argentina, concluyó que los niveles actuales de protección de los derechos de las personas mayores resultaron insuficientes frente a la pandemia, como se comprobó en 2020, cuando enfermaban y morían masivamente, y no había vacunas. Según estadísticas preliminares de Naciones Unidas, en 2020 la tasa de mortalidad por COVID-19 en adultos mayores de 80 años fue cinco veces mayor que el promedio (Naciones Unidas, 2020). Corpuz sostiene al respecto que “[e]sos países advirtieron, con razón, que cuando más se necesita solidaridad internacional e intergeneracional, lo que se advierte es una escalada de ‘viejismo’, de discriminación por edad y estigmatización de las personas mayores, que agrava sus vulnerabilidades económicas y sociales en una época tan difícil, en la que sufren por el insuficiente acceso políticas públicas, sistemas y servicios.
Así, la tercera edad corre el riesgo de pasar de ser un grupo vulnerable a uno marginado” (Corpuz, 2021). En virtud de esta problemática, el presente trabajo se propone presentar elementos descriptivos del envejecimiento global. En segundo término, a partir de ello se problematizan las diferentes concepciones acerca de la vejez en la actualidad, así como sus implicancias políticas. Finalmente, a partir de estas consideraciones teóricas se abordarán de manera comparada los derechos humanos de las personas de edad, atendiendo a los principales ámbitos multilaterales y las especificidades del caso argentino.
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