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LOS ACUERDOS ENTRE LA ARGENTINA Y EL FMI, 1956-2021

El trabajo da cuenta de la aplicación de distintos programas del FMI en la Argentina desde el primero en 1957, hasta el decimonoveno en 2018 y cómo estos pueden contribuir a mejorar transitoriamente el balance de pagos pero a costa de empeorar la producción, el ingreso y el empleo, aumentando la deuda externa y la fuga de capitales.

| Por Noemí Brenta* |

La Argentina es uno de los países que celebró la mayor cantidad de acuerdos con el FMI desde su ingreso, en 1956. Gobiernos de variados signos políticos recurrieron al organismo para afrontar las periódicas crisis de pagos internacionales del país o simplemente para sostener programas económicos amigables con las grandes potencias occidentales y el capital transnacional. Pero los resultados pregonados de “sentar las bases para un crecimiento sostenido”, expresión que figura en todos los acuerdos, nunca llegaron de su mano.

Los programas del FMI pueden contribuir a mejorar transitoriamente el balance de pagos, ese es su principal objetivo, pero a costa de empeorar la producción, el ingreso y el empleo, y de aumentar la deuda externa y la fuga de capitales. Cuando estos programas se aplican reiterada o permanentemente, como en la Argentina entre 1982 y 2001, dejan heridas profundas en el tejido económico, social e institucional. Las políticas giran en torno a las medidas necesarias para aprobar un stand by, un desembolso, una revisión u otra instancia de control, y esto se naturaliza, a tal punto que los funcionarios no saben pensar o hacer otra cosa que ajustes. La obligación de consultar con el FMI toda medida fuera de su libreto cercena la soberanía y limita el horizonte de desarrollo. Mucho más porque el organismo no es meramente técnico ni neutral, sino que responde principalmente a los intereses estratégicos y económicos de Washington, donde tiene su sede central, y del gran capital financiero, que logra influir en las decisiones del organismo a través de canales institucionales y de mecanismos informales.

La Argentina es un país de relativa importancia en el FMI. Ocupa el puesto 32 entre los 190 países miembros, por su participación en el capital del organismo (0,67%, unos 4.670 millones de dólares), y tiene el 0,66% de los votos. Ello le confiere una inserción destacada entre los países emergentes en esta institución multilateral, porque, además, es el miembro con mayor peso en la jurisdicción que integra, junto con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por ello el representante de Argentina suele ocupar una de las 24 sillas del directorio del FMI, titular o suplente, en forma alternada con los otros países del grupo.

A su vez, la Argentina es el país de ingresos medios que ha transcurrido más tiempo bajo programas del FMI: 41 años de los 65 pasados desde su ingreso en 1956 hasta 2021. La Argentina tuvo con el FMI veintiún acuerdos de condicionalidad fuerte: diecinueve stand by y dos de facilidades extendidas. También tomó otros tipos de financiamiento, como el tramo reservas (antes tramo oro), el primer tramo de crédito, y las líneas vigentes en las décadas de 1970 y 1980 para financiar los déficits comerciales por el aumento de la factura petrolera y la caída de las exportaciones.

Hasta enero de 2006, cuando la Argentina canceló anticipadamente su deuda con el FMI, sólo durante nueve años desde 1956 el país no estuvo bajo acuerdos con el organismo. Cuatro de esos años transcurrieron bajo gobiernos que aplicaron políticas heterodoxas: 1964-1965, en la presidencia de Arturo U. Illia, de la Unión Cívica Radical, y luego 1973-1974, en las presidencias del Frente Justicialista de Liberación, de Héctor J. Cámpora y Juan Domingo Perón, quien canceló el escaso monto adeudado al FMI antes de su vencimiento. Otros cinco años libres de acuerdos correspondieron a gobiernos de facto que previamente solicitaron acuerdos stand by al organismo para catalizar el acceso a otros préstamos internacionales: 1970-71 y 1979-81, período este último de sobreendeudamiento externo.

Desde 1982 hasta 2004 la Argentina estuvo permanentemente bajo programas del FMI o buscando su aprobación. El año 2005 fue el primero completo sin acuerdos con el FMI y sin procurarlos, luego de que en septiembre de 2004 el gobierno suspendiera el stand by vigente a fin de renegociar la deuda pública externa con las manos libres. Luego pagó totalmente lo adeudado al FMI, conservando la membresía de la Argentina en la institución.

En 2018, al cabo de doce años sin ningún programa condicionante del FMI, y tras desmantelar todos los mecanismos de precaución del balance de pagos y de provocar profundos déficits del comercio de bienes y servicios, el gobierno de la alianza Cambiemos (2015-2019) obtuvo un stand by de monto extraordinario desembolsado aceleradamente, con plazos y montos de devolución imposibles de cumplir para la capacidad de pagos de la Argentina. Además, la pandemia del coronavirus agravó la situación, porque desplomó la producción y el empleo, y aumentó la necesidad de fondos estatales para enfrentar las demandas sanitarias y auxiliar a los más afectados por la crisis. Por todo ello, en julio de 2020 el gobierno argentino suspendió este stand by, cuyos términos se encuentran en forzada renegociación al momento de elaborar estas notas.

Los acuerdos de la Argentina y el FMI en la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones, 1957-1975

La Argentina realizó su primer giro sobre el FMI en abril de 1957. Los objetivos generales del acuerdo, con un período de repago de cinco años, eran “volver a una mayor libertad económica”, y en particular, resolver el déficit en la balanza de pagos en el área del dólar. Las memorias del Banco Central no explican la aplicación de los U$S75 millones –la mitad de la cuota– girados sobre el tramo reservas y el primer tramo de crédito, pero el Banco Central continuó perdiendo reservas internacionales. Este acuerdo comprometió y efectivizó medidas relativas al sector financiero y al comercio internacional, algunas ya iniciadas. El gobierno provisional derogó el régimen de nacionalización de los depósitos, modificó la ley de bancos y las cartas orgánicas de la banca oficial (Banco Central, Hipotecario Nacional, Industrial y Caja Nacional de Ahorro Postal); y liquidó el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo con injerencia en el comercio exterior argentino.

En 1958 la Argentina firmó su primer stand by con el FMI, durante el gobierno de Arturo Frondizi, este fue el primero de seis acuerdos stand by consecutivos. Un mes antes de lanzar el Programa de Estabilización para la Economía Argentina, anunciado el 29 de diciembre, el gobierno solicitó un giro de U$S75 millones, por el plazo de un año. Argumentó que el país estaba al borde de la cesación de pagos, debía hacer frente a compromisos externos por préstamos e importaciones muy superiores a las reservas internacionales, y que requería el apoyo del FMI –y del Club de París– para facilitar una transición ordenada a un nuevo sistema cambiario y para apoyar el plan de estabilización. El FMI otorgó el stand by, pero la Argentina solo utilizó U$S42,5 millones. No obstante, a fines de 1959 solicitó al FMI un segundo stand by por U$S100 millones, para apoyar el balance de pagos y mantener el orden en el mercado cambiario. La Argentina recibió el primer desembolso de U$S30 millones en 1959, y U$S7 millones mensuales en los restantes diez meses.

El gobierno de Frondizi solicitó en noviembre de 1960 el tercer stand by del FMI, también por U$S100 millones, con argumentos similares al anterior, para sostener el Plan de Estabilización, que había llevado la inflación en 1959 por encima del cien por ciento anual. La finalidad del préstamo era disponer de una masa de reservas suficiente para enfrentar contingencias futuras del balance de pagos y para sostener el tipo de cambio. Este stand by estableció también un plan de pago de las obligaciones contraídas con el FMI en los años anteriores, acordando cuotas mensuales desde enero de 1962 hasta noviembre de 1965. En 1961 la Argentina recibió U$S60 millones, imputables al acuerdo de 1960. A fines de 1961, aún bajo la presidencia de Frondizi, la Argentina solicitó un cuarto stand by por U$S100 millones, que no se utilizaron, para disponer de reservas secundarias en caso de una reducción importante de las reservas internacionales. La carta intención refería una caída de las exportaciones, la incorporación argentina al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), además de las clásicas apelaciones al financiamiento del déficit fiscal y al mantenimiento del tipo de cambio.

El quinto stand by, también por U$S100 millones, fue pedido en junio de 1962 por el gobierno surgido de un golpe militar que destituyó a Arturo Frondizi. En esta oportunidad la solicitud se fundó en la gran caída de las reservas en oro y divisas convertibles, el desequilibrio fiscal y la necesidad de mantener ordenado el mercado cambiario, comprometiéndose una vez más a mejorar los resultados fiscales, a través de aumentar las tarifas públicas, racionar las empresas del Estado y restringir el crédito doméstico. Bajo este acuerdo la Argentina giró U$S100 millones, la mitad en 1962 y otro tanto en 1963. Para utilizar este último tramo, negoció una extensión del stand by, debido a la caída de las reservas internacionales, al déficit fiscal y al peso de la deuda externa pública contraída en esos años de acuerdos continuos con el FMI.

En 1965, durante la presidencia de Arturo Illia, su ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, envió una carta de intención al FMI, pidiendo autorización para girar U$S30 millones, debido a que la demora de la refinanciación de la deuda con el Club de París había llevado las reservas internacionales a niveles que ponían en cuestión la capacidad de la Argentina de hacer frente a sus compromisos externos, circunstancia que, además, desestabilizaba al mercado cambiario. Este monto fue utilizado en 1966.

El gobierno militar que depuso al Dr. Illia también recurrió al FMI en 1967, a fin de contener la inflación y acumular reservas, según la carta intención. Obtuvo entonces el sexto stand by, por U$S125 millones, bajo el que no realizó ningún giro, debido al superávit comercial que fortaleció las reservas. En 1968 solicitó un nuevo acuerdo, el séptimo, que tampoco utilizó; ambos fueron pedidos sin una necesidad real de balance de pagos. En esos años el gobierno emitió una cuantiosa deuda en los mercados internacionales y el sello del FMI facilitaba su obtención.

Desde la creación de los derechos especiales de giro, que son un activo de reserva del FMI, todos los acuerdos pasaron a denominarse en DEGs. Sin embargo, en este artículo se expresan en dólares, tomados al tipo de cambio dólar/DEG de la fecha correspondiente, para apreciar mejor los montos.

En 1972 el FMI aprobó tres tipos de giro bajo el gobierno de facto, que sumaron 284 millones de DEGs (algo más de 312 millones de dólares) y fueron utilizados totalmente: un acuerdo de facilidades compensatorias por caída de las exportaciones, que no requería presentar una carta intención sino solo demostrar la reducción de las ventas externas; el tramo oro, que es incondicional, y el primer tramo de crédito, que exigió un programa de ajuste.

El gobierno peronista, que cuestionaba la permanencia argentina en el FMI, en 1974 repagó el primer tramo de crédito anticipadamente, con divisas originadas en saldos positivos de la balanza comercial. Pero en 1975 la caída de las exportaciones originada en la recesión mundial y la acumulación de vencimientos de deuda de períodos anteriores causaron una baja de las reservas, y dificultades para atender los pagos externos. En estas circunstancias, el flamante ministro de Economía Celestino Rodrigo utilizó el tramo oro en el FMI y lanzó un plan de ajuste con una profunda devaluación y aumentos tarifarios que iniciaron el período de inflación de tres dígitos. Pocos meses después sus sucesores tomaron financiamiento del FMI por el aumento del valor de las importaciones petroleras y por la caída de las exportaciones, pero los desembolsos fueron dificultosos. Por un lado, los funcionarios del FMI creían que el gobierno no podía imponer el ajuste necesario, a su juicio. Por el otro, sabían que los militares actuarían pronto, como surge de memorándums confidenciales obrantes en los archivos del FMI, y preferían esperar para negociar con ellos.

Los acuerdos de la Argentina y el FMI en la etapa neoliberal, 1976-2001

Apenas los militares tomaron el poder, el FMI liberó un giro por algo más de U$S100 millones en el marco de las facilidades compensatorias por caída de exportaciones, que permitió incrementar las reservas de U$S23 millones a U$S150 millones. En 1976 la dictadura cívico-militar solicitó el octavo stand by para sostener el programa de estabilización, que básicamente consistía en liberar los precios y congelar los salarios.

El acuerdo de agosto de 1976, por 300 millones de dólares, fue el mayor acordado hasta ese momento a un país latinoamericano, permitió el giro casi inmediato de U$S180 millones, y posibilitó, además, tramitar un préstamo con un grupo de bancos norteamericanos, europeos y japoneses, que remesaron U$S1.000 millones en octubre de 1976, iniciando el vertiginoso crecimiento de la deuda externa pública que agobió a los argentinos por tres décadas.

En septiembre de 1977, el gobierno de la junta militar solicitó al FMI el noveno stand by por U$S194 millones, que fue aprobado, a pesar de la oposición de los directores representantes de los países europeos, que pretendían mayor énfasis en medidas antiinflacionarias. La Argentina no utilizó ni un dólar de este acuerdo, que fue innecesario porque el balance de pagos estaba equilibrado.

Hasta 1980, los préstamos de los bancos comerciales alimentaron las reservas y facultaron un tipo de cambio crecientemente atrasado, a través del mecanismo de la “tablita cambiaria”, implementado con el Programa de Estabilización del 20 de diciembre de 1978. Pero si la Argentina hubiera solicitado financiamiento del FMI, el director estadounidense debía votar negativamente, debido a las sanciones económicas que el Congreso y la administración Carter impusieron al gobierno militar por sus graves violaciones a los derechos humanos.

En 1981 la deuda externa superaba cinco años de exportaciones y la fuga de capitales había minado las reservas. Gran parte de esta deuda fue contraída con el asesoramiento de un experto del FMI contratado por el gobierno argentino y de licencia en el organismo, según se acreditó en el proceso judicial “Olmos, Alejandro s/denuncia” que ventiló la formación de esta pesada carga intergeneracional. El país entró en una virtual cesación de pagos, y luego de la guerra por las Islas Malvinas, en 1982, nuevamente recurrió al FMI, utilizó el tramo reserva y luego el primer tramo de crédito. A partir de enero de 1983 y hasta 1993, todos los acuerdos con el FMI estuvieron ligados a la deuda externa.

El FMI comenzó a mediar entre los países deudores y los bancos acreedores, quienes exigieron que la Argentina acordara un programa de ajuste con el organismo que asegurara el cumplimiento de sus compromisos. A fin de 1982 y comienzos de 1983 el gobierno utilizó el tramo de reserva, y en enero de 1983 el FMI concedió dos préstamos por un total de 2.200 millones de dólares –el décimo stand by y otro por caída de las exportaciones– a cambio de la promesa de reducir el déficit fiscal, desacelerar la inflación y mejorar el sector externo. El FMI suspendió los desembolsos por incumplimiento de las metas.

Ya en democracia, el ministro Grinspun trató de limitar los pagos de la deuda a los recursos disponibles, pero los bancos exigieron un acuerdo con el FMI, y en diciembre de 1984 este aprobó el undécimo stand by por U$S1.450 millones, que incluyó las clásicas condicionalidades de ajuste recesivo de la economía, matizadas por la heterodoxia oficial, que muy pronto el FMI declaró incumplidas y suspendió el acuerdo.

El Plan Austral se discutió con el FMI previo a su lanzamiento en junio de 1985 y a la reanudación del stand by suspendido, pero a pesar de su éxito inicial, en 1986 el gobierno pidió una dispensa por incumplimiento de las metas inflacionaria, fiscales y externas. En julio de 1987, en el marco del Plan Baker –que recomendaba acompañar el ajuste con reformas estructurales orientadas a reducir el rol del Estado en la economía, favorecer a las empresas y facilitar las importaciones y los movimientos de capitales–, la Argentina solicitó su duodécimo stand by con el FMI, por 1.400 millones de dólares, con los objetivos de controlar la inflación y mejorar el balance de pagos, ante la caída de las exportaciones y las reservas. Pero, como en los programas anteriores, sus metas no se alcanzaron, y en 1988 la deuda externa comenzó a acumular atrasos, a pesar del ajuste permanente y la declarada voluntad del gobierno de Alfonsín de atenderla.

Los cuatro stand by de la década de 1980 fueron acompañados por el servicio compensatorio por caída de las exportaciones. El directorio del FMI estipuló que el acceso a estos préstamos debía acompañarse de un acuerdo stand by, para abultar sus exiguos montos de financiamiento a los países sobreendeudados.

A pesar de obtener financiamiento del Banco Mundial para profundizar la apertura y sostener el Plan Primavera hasta las elecciones de 1989, en febrero el flujo financiero desde Washington quedó suspendido. Con las reservas del Banco Central exangües, se desencadenó la cadena de devaluaciones y aumentos de precios que llevaron a la primera hiperinflación. La ruptura con los organismos financieros internacionales se considera entre sus causas más importantes. En noviembre de 1989 el nuevo gobierno conformado por una extraña alianza del justicialismo y los sectores más conservadores obtuvo el trigésimo stand by por U$S1.400 millones, de los que utilizó casi la mitad, y fue suspendido por el FMI por incumplimiento de las metas, en medio de la segunda hiperinflación.

En la década de 1990 la Argentina intensificó sus relaciones con el FMI y los demás organismos financieros multilaterales, que desempeñaron un rol clave en mantener la paridad cambiaria fija, facultando el ingreso de capitales que disimularon el déficit externo constante originado en el aumento de las importaciones superior al de las exportaciones, en los mayores intereses pagados por la deuda externa creciente, y en las rentas del capital extranjero. En abril de 1991 el gobierno implementó el plan de convertibilidad, y unos meses después el FMI aprobó el stand by número catorce de la Argentina, por U$S1.000 millones.

En 1992, el gobierno obtuvo su primer acuerdo de facilidades extendidas, ampliado en 1995 a un total de 5.400 millones de dólares, desembolsados totalmente. Este acuerdo proveyó fondos para comprar las garantías del Plan Brady, por el que la Argentina sustituyó deuda con bancos extranjeros, en mora o incobrabilidad, por títulos garantizados por un bono del tesoro estadounidense y otro alemán, parcialmente canjeables por activos a privatizar. También otorgó fondos para la reforma financiera de 1995, que concentró y extranjerizó la banca privada, privatizó buena parte de la banca pública provincial, y casi extinguió la banca cooperativa. En 1996 la Argentina solicitó su decimoquinto stand by por U$S1.000 millones, utilizados en un 85 por ciento.

En 1998 la Argentina obtuvo su segundo acuerdo de facilidades extendidas, esta vez por U$S2.800 millones, que no utilizó, pero sirvió para mantener al país bajo la supervisión reforzada del FMI, y comprometerse a profundizar la flexibilización laboral y la privatización del mayor banco estatal. Pero en marzo de 2000, cuando ya el sobreendeudamiento soberano apretaba, el directorio del FMI aprobó el stand by número dieciséis, por tres años, por U$S7.200 millones. Para cumplirlo, el ministro Machinea lanzó un “impuestazo”, sofocando un atisbo de reactivación luego de dieciocho meses continuos de caída del PIB.

Ya con evidencia de la incapacidad de pago de la Argentina y en plena recesión, en diciembre de 2000 el FMI participó del “blindaje financiero”, ampliando el acuerdo de marzo a U$S13,7 mil millones, por encima del límite previsto, de tres veces la cuota –que equivalía a 2,9 mil millones de dólares–. En agosto de 2001 el stand by se incrementó a U$S22 mil millones –algo más de siete veces la cuota de la Argentina– y el FMI realizó un desembolso excepcional de U$S6,3 mil millones, que se evaporaron rápidamente sin ningún control; los capitales salían del país antes de la inevitable devaluación. El FMI también dispuso que el siguiente desembolso se haría a fines de 2001. Sin embargo, la revisión técnica desaprobó las metas de política económica comprometidas y suspendió dicho desembolso, esta gota de rebalse desencadenó la crisis final del régimen de convertibilidad. Según el entonces ministro de Economía Domingo F. Cavallo, en agosto de 2001 el director gerente del FMI Horst Köhler le comunicó que el organismo condicionaría su ayuda a la Argentina a que sustituyera el peso por el dólar estadounidense, pero las autoridades argentinas se negaron a ello, afortunadamente.

La Argentina y el FMI, de 2002 a 2021

En 2002 no hubo acuerdos ni desembolsos del FMI, pero sí negociaciones continuas y pagos del Estado argentino por U$S1.422 millones, según datos de la Secretaría de Finanzas –también al BID y al Banco Mundial, y otros organismos que sumaron 4,1 mil millones–, a pesar de que el desempleo trepaba al 22%. En enero de 2003 la Argentina suscribió un acuerdo de transición por ocho meses –el decimoséptimo stand by– para financiar los vencimientos impostergables con “financiamiento cero”, es decir que por cada dólar pagado al FMI, el país recibiría un dólar en concepto de crédito, siempre que cumpliera las metas acordadas. En septiembre de 2003, la nueva administración obtuvo el stand by número dieciocho, por U$S12,5 mil millones, a un plazo de tres años, que tampoco implicó dinero fresco sino la reprogramación de los vencimientos, que la Argentina canceló anticipadamente en enero de 2006, poniendo fin a la deuda con el FMI. El pago al FMI, junto al canje de bonos soberanos en 2005 y 2010, desplazaron del centro de la escena a la deuda externa, que retornó a niveles sustentables, compatibles con el crecimiento y la inclusión social.

Luego del pago, la Argentina mantuvo su membresía en el FMI y cumplió con sus compromisos como miembro, pero el gobierno no autorizó a divulgar el informe del artículo IV elaborado en 2006 ni su realización en años posteriores, por considerarlo sesgado, de efecto reputacional negativo, de excesiva injerencia en los asuntos internos del país, y por formular recomendaciones opuestas al interés nacional. Para presionar a los países que rechazaron la consulta del art. IV, el organismo comenzó a publicar listas de los miembros en tales condiciones y a elaborar informes anuales sin la opinión del país evaluado. En 2016, el gobierno de la alianza Cambiemos autorizó a reanudar ese informe. Los técnicos del FMI criticaron duramente las políticas de la etapa kirchnerista y formularon su beneplácito por el pago a los fondos buitres del monto total reclamado, y las nuevas políticas de apertura financiera y comercial. Pero ya el informe de 2017 advertía de los peligros del déficit de la cuenta corriente, de 4,8% del PIB, y de la dudosa sustentabilidad de la deuda pública.

En plena crisis cambiaria y recesión, y ya sin acceso a los mercados voluntarios de deuda, el 8 de mayo de 2018 el entonces presidente de la Nación anunció en un brevísimo discurso el inicio de conversaciones con el FMI para obtener financiamiento. El 70% de los argentinos desaprobó esta decisión, según las encuestas de la época. El 20 de junio el directorio del FMI aprobó el decimonoveno stand by para la Argentina, por un monto equivalente a 50.000 millones de dólares, en la modalidad de acceso extraordinario, y al día siguiente llegó el desembolso de 15.000 millones de dólares, que entraron en las reservas pero se esfumaron rápidamente, sin control alguno. En este mismo número de Voces en el Fénix hay un artículo específico sobre el stand by de 2018, de Magdalena Rúa, de modo que aquí se trata brevemente.

A pesar de que el gobierno declaró que no utilizaría el monto restante, pronto cambió de parecer y solicitó un nuevo desembolso y la autorización del FMI para usar reservas para financiar la salida de las LEBACs, deuda de corto plazo del Banco Central, cuyo stock equivalía a la base monetaria. También solicitó adelantar los desembolsos previstos y ampliar el stand by, que el FMI llevó a 56,3 mil millones de dólares en octubre, el mayor en la historia del organismo. De esta manera, en solo trece meses desembolsó un monto equivalente a 44,5 mil millones de dólares, inusitadamente alto, bajo la influencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, interesado en terciar en favor de Macri en las elecciones de 2019, según declaró Claver Carone, un alto funcionario de Washington. Luego de que su candidato favorito perdiera las elecciones primarias en la Argentina, el FMI no habilitó nuevos desembolsos ni el nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019 los solicitó. Pero el país quedó entrampado en una deuda que, por su magnitud, anuncia largos años de permanencia bajo programas del organismo.

Dada la mala experiencia histórica de la Argentina bajo programas del FMI y que el organismo solo cambió superficialmente, continúa con sus prácticas e ideología habituales, y constituye un instrumento de la política hemisférica de Estados Unidos, como muestran los acuerdos con Ecuador o Pakistán, por mencionar algunos, sería deseable para escapar de un futuro miserable reducir fuertemente esta deuda y salir cuanto antes de la tutela del FMI, a fin de recuperar el control de la economía nacional y la capacidad de seguir un rumbo de desarrollo e inclusión.

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* Licenciada y Doctora en Economía, UBA. Docente de grado y posgrado e investigadora en la FCE, UBA. Profesional principal del CONICET. Subdirectora del CIHESRI-IDEHESI. Autora de numerosas publicaciones como “Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI” (Eudeba) e “Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri” (Capital Intelectual).