un bienio gris ...

Guzmán al Congreso y Cafiero a Washington

Dos tenidas clave en tiempo de descuento


Escribe Gabriel Bencivengo 

Martín Guzmán se reunirá el martes con los referentes de Juntos por el Cambio en busca de apoyo para negociar con el FMI y, ese mismo día, Santiago Cafiero lo hará con su par Anthony Blinken. Las advertencias del Tesoro estadounidense y el Financial Times; una mirada al costo de los subsidios energéticos y algunas conjeturas sobre el mentado “sendero de reducción gradual del déficit fiscal”.

Que un análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds sobre el stand by de 2018 concluya que el acuerdo debería “ser considerado nulo” por “violatorio de los fines (estatutarios) fundamentales del FMI” confirma lo que se sabe. Lo mismo que algunas de sus conclusiones, como que “Argentina no tiene recursos para repagar el programa” y que “debería haber un período (quizás mayor a 10 años) que le permita al país recuperarse”. Suma tan poco como que el paper circule por los despachos oficiales y en los centros financieros internacionales. Torcerle el brazo en la justicia a una institución nacida de los acuerdos de Bretton Woods suena utópico.

El análisis, sin embargo, es interesante. Firmado por Karina Ferreira Lima, especialista en derecho económico y financiero, y Chris Marsh, macroeconomista y ex funcionario del FMI, apunta a lo que se conoce como “ultra vires act”. En otras palabras: que se deben considerar nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. El objetivo del principio es sencillo: prevenir que una autoridad administrativa, o una entidad de derecho privado o público, actúe más allá de su competencia o autoridad.

Los autores consideran que del análisis macroeconómico y de las bases estatutarias del organismo se desprende que el Directorio del FMI violó sus normativas “de una manera demasiado manifiesta para estar abierta a duda razonable”. Nada nuevo.

El partido, sin embargo, no se juega ni jugará en la justicia. Por lo pronto, Martín Guzmán se reunirá el martes por la tarde con los referentes de Juntos por el Cambio para explicar el estado de situación de las negociaciones y pedir el apoyo al principal espacio opositor. Una tenida que negociaron los radicales Gustavo Valdés y Gerardo Morales.

Será en el Congreso. Terreno neutral. Una forma de acceder al pedido de la oposición: que la discusión se dé en el ámbito legislativo. Participarán los gobernadores de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño y los titulares de los bloques en Diputados y el Senado. Por el lado oficial, Guzmán estará acompañado por Sergio Massa. No así, al menos hasta el momento, por Máximo Kirchner. Tampoco, va de suyo, por Cristina Kirchner, cuyo silencio de cara a las negociaciones confirma la distancia que la separa de Alberto Fernández.

La reunión, que se estima clave de cara al encuentro que mantendrá Santiago Cafiero con su par estadounidense Anthony Blinken, se dará, además, en el contexto del reclamo público que le hizo Axel Kicillof a Guzmán para que el Gobierno le imprima un nuevo formato a la negociación con el FMI. También en medio de las ya conocidas críticas de un sector importante del kirchnerismo ante la posibilidad de que el acuerdo imponga un ajuste que ahogue la recuperación, profundice los dramas sociales y facilite el camino electoral de la oposición hacia 2023.

Hoy por hoy, todos lo escenarios que contemplan Guzmán y Alberto Fernández implican un acuerdo. Se ha dicho de una mil y maneras: el sendero es estrecho. Ahí están para confirmarlo, las previsibles amenazas del establishment global, de las que se hizo cargo esta semana el Financial Times. Advirtió que sin acuerdo, el país irá a un default que lo convertirá en un paria financiero. Señal parecida envió el Tesoro estadounidense. Fue hace unos días. Transmitió que sin acuerdo se cortará el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El primero bajo la conducción del lobbista anticubano Maurcio Claver-Carone. El segundo presidido por otro conservador, David Malpass.

Críticas por derecha e izquierda

Las críticas de un sector del Frente de Todos a Guzmán son sabidas. Tanto como que Alberto Fernández lo respalda. Los menos críticos, donde alinean los gobernadores, lo responsabilizan de un rumbo económico indefinido. Sostienen que puso al gobierno en una encerrona. Con el diario del lunes argumentan que debería haber acordado primero con el FMI y luego con los privados. Que debería haberlo hecho durante el peor momento de la pandemia. Teorizan que los bonistas habrían presionado al FMI para asegurarse mejores condiciones de repago. Olvidan, claro está, que el FMI presionó a la bonistas para que concedieren una extensión de los plazos y una quita en la tasa de interés.

Lo que está claro es que no habrá acuerdo a veinte años, ni reducción o eliminación de las sobretasas. La principal duda reside en cuál será el punto de arranque del mentado sendero gradual de reducción del déficit. ¿Será desde el 3,3 por ciento que imaginó Guzmán? La cuestión es urticante. El 21 de este mes, Hacienda informará el déficit primario de todo 2021. Las estimaciones señalan que cerrará muy por debajo del 4,5 por ciento pautado inicialmente. Si es así, el resultado conseguido a fuerza de subejecutar partidas jugaría en contra. El staff del FMI, en vista del resultado final, estaría reclamando para este año un déficit del 2,2 por ciento, y del 1,5 por ciento en 2023.

Un panorama complicadísimo. No solo en lo económico, también en lo político. En 2023, la coalición oficial se jugará buena parte de sus chances electorales. Sin margen fiscal se achican. En el horizonte quedan dos ejercicios presupuestarios en los que no habrá impuesto extraordinario a la riqueza ni asignación de Derechos Especiales de Giro. En lo inmediato, tampoco abundantes ingresos por retenciones. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que este año caerán las cosechas de maíz y soja. La maldita sequía. Una baja del 10 por ciento respecto a lo proyectado en diciembre. ¿La pérdida en términos de recaudación? Unos 1.440 millones de dólares. Un impacto total de 4 mil 800 millones sobre la economía. El 1 por ciento del PBI potencial, y una pérdida de ingresos netos en el sector agropecuario de casi 3 mil millones.

¿Incluirá el posible acuerdo un recorte del gasto público mayor al previsto por Guzmán? Se verá. Si lo hay, implicará un ajuste importante con relación al segundo semestre de 2021. Si se suma la exigencia del FMI de que la tasa de interés real sea positiva, seguramente habrá un efecto contractivo sobre la actividad económica, que difícilmente pueda ser compensado por una reducción en la incertidumbre por la firma del acuerdo.

El tema de los subsidios

En ese contexto, los recortes en los subsidios energéticos deberían ser muy importantes para alcanzar las metas que reclama el FMI. Solo para tener una idea del peso que significan. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública, los últimos datos disponibles señalan un aumento de casi el 134 por ciento en 2021 con relación a 2020. La variación, según la Oficina de Presupuesto Público del Congreso, obedece principalmente a la brecha entre la evolución de los costos de generación y las tarifas abonadas. En los once primeros meses del año pasado treparon a 9 mil 840 millones de dólares. Del total, 6 mil 400 millones fueron para Cammesa y 2 mil 210 millones a las petroleras para incentivar la producción de gas.

¿Qué dicen en el sector privado? Que los subsidios a la energía cubrieron en 2021 el 56 por ciento del costo de la electricidad y que las tarifas de luz y gas, en un contexto inflacionario del 50 por ciento, aumentaron apenas el 10 por ciento en un año. Para ponerlo en el contexto global: la Agencia Internacional de Energía informó que el precio mayorista de la energía en 2021 duplicó al de 2020, y que creció un 64 por ciento respecto al promedio de 2016-2020. Solo en Europa, el promedio mayorista del cuarto trimestre de 2021 más que cuadriplicó al promedio 2015-2020.

En las empresas del sector agregan que si se cumple con el anuncio de finales de diciembre de incrementos para gran parte de los usuarios muy por debajo de la inflación proyectada no habrá un ahorro fiscal importante. Ergo: habrá más presión sobre la emisión monetaria. Si el gobierno opta por aumentos mayores, lo obvio: habrá más inflación. Desde el gobierno, en tanto, aseguran que se mantendrá el objetivo de un déficit del 3,3 por ciento para este año y que se alcanzará, casi en su totalidad, por el recorte a los subsidios. Pasarían del 1,7 al 1 por ciento del PBI con la segmentación tarifaria que no termina de llegar.

¿Un bienio gris?

Si el acuerdo con el FMI parece el mal económico menor, sus consecuencias prometen azuzar un malhumor social del que difícilmente escapen el gobierno y la oposición. Con ajuste de por medio y sin acceso al crédito internacional, el bienio que comenzó será gris. Difícil que entusiasme a un electorado que cada vez más volátil. Tampoco a los empresarios y inversores. De hecho, hay quienes en las propias filas del Frente de Todos estiman que en 2026, con acuerdo de por medio, la acumulación de vencimientos con los bonistas y el FMI obligarán a una nueva reestructuración. Rara coincidencia. La apreciación es compartida por analistas locales y del exterior.

Aunque las criticas al gobierno llueven por derecha e izquierda, vale aclarar que mayor sería la incertidumbre en el caso que Guzmán hubiera dado luz verde en 2021 a un mayor déficit fiscal financiado con emisión. El “ajuste fiscal equivocado” del que habló Cristina Kirchner. La decisión, seguramente, habría derivado en una mayor presión cambiaria, más pérdida de reservas y más inflación.

En pocas palabras: todos los escenarios que contempla Guzmán incluyen el acuerdo. La hipótesis es que, incluso cuando el ajuste propuesto por el gobierno no convenza al FMI, el organismo no dejará al país en default. Al igual que Alberto Fernández está convencido que sin acuerdo, el escenario sería poco menos que catastrófico: habría menos divisas, se cortaría el crédito para financiar el comercio exterior, la brecha cambiaria se dispararía alimentando los precios y se reduciría la posibilidad de hallar financiamiento en el mercado local.

La que semana que comienza será, muy probablemente, una semana de definiciones. Lo dicho: corre tiempo de descuento.