los trabajadores y trabajadoras enfrentarán un horizonte mucho más difícil

 

Recortes republicanos, pasividad demócrata

Andrew Elrod

Si la administración Biden buscase alentar la construcción de poder entre la clase trabajadora, haría retroceder a los gobernadores republicanos que están poniendo fin a los programas de desempleo desarrollados durante la pandemia.

En estas últimas semanas, la administración Biden ha anunciado reducciones tanto en el gasto en infraestructura propuesto como en el aumento del impuesto a la la renta de las sociedades. Pero quizás lo más doloroso para la clase trabajadora de la coalición demócrata hayan sido los mensajes sobre el desempleo dados a conocer por la Casa Blanca el 4 de junio. Cuando se le preguntó si el presidente Joe Biden creía que el seguro de desempleo lanzado debido a la pandemia estaba frenando el regreso de la gente al trabajo, la secretaria de prensa, Jennifer Psaki, dijo que los gobernadores «tienen todo el derecho de dar marcha atrás con los beneficios por desempleo o no aceptarlos».

La preocupación de los liberales de izquierda por las precoces cancelaciones de los programas de asignaciones se ha centrado en las reducciones en el gasto de los consumidores. Se dice que poner fin al seguro de desempleo «será perjudicial para la recuperación». Lo cierto es que habrá menos clientes para los negocios en los estados donde se den de baja esas asignaciones. Se anulará un flujo de dinero proveniente del consumo. Pero igualmente preocupante es el reducido poder de los trabajadores en estos estados.

En todo el país, los trabajadores y las trabajadoras han utilizado los problemas de salud y seguridad planteados por la pandemia y el seguro de desempleo mejorado que brinda la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio para renegociar el contrato social básico que regula el empleo en Estados Unidos. A medida que terminan las restricciones de distanciamiento social y los empleadores buscan satisfacer la demanda de los clientes, los beneficios por desempleo otorgados en el marco de la pandemia –que engrosan los ingresos semanales y alargan el tiempo que los trabajadores pueden solicitarlos– han empoderado a los trabajadores en toda la economía.

A escala nacional, los salarios en el sector más bajo del mercado laboral experimentaron un gran salto en abril de 2020 y siguieron en aumento. Las ganancias promedio por hora en el comercio minorista se han incrementado en un dólar desde mayo de 2020 y en más de 1,50 dólares desde antes de la pandemia. En la educación, las ganancias por hora han aumentado 90 centavos desde mayo de 2020. Como señal de confianza en la negociación individual, el porcentaje de renuncias de trabajadores llega a niveles históricos. Cuatro millones de trabajadores, casi 3% de la población activa, abandonaron voluntariamente sus empleos en abril. Quienes renuncian quedan imposibilitados de solicitar el seguro de desempleo: están cambiando de trabajo en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo.

El gobierno de Biden ha manifestado su compromiso de crear un ambiente de negociación más favorable para los trabajadores y trabajadoras. «Es política de mi administración alentar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva», escribió el presidente en su Decreto sobre Organización y Empoderamiento de los Trabajadores de abril, que creó un grupo de trabajo a nivel de gabinete para promover esos objetivos. El propósito del decreto es determinar cómo el gobierno puede comenzar a revertir la menguante afiliación a los sindicatos, a lo que la Casa Blanca atribuye «serios problemas sociales y económicos en nuestro país», entre ellos «desigualdad económica generalizada y profunda, salarios reales estancados y la contracción de la clase media estadounidense».

Estos objetivos están encallando ante un tema de conversación hoy omnipresente: según la prensa empresarial y los canales de noticias por cable de la nación, una «escasez de mano de obra» creada por el mayor poder de negociación de los trabajadores está frenando el crecimiento de la economía pospandémica.

En mayo, los gobernadores de 25 estados tomaron medidas para facilitar el empleo en esta capa inferior del mercado laboral al anunciar el final anticipado de los pagos del seguro de desempleo federal establecidos por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que incluyen la extensión de semanas de vigencia para los beneficiarios, beneficios para los contratistas independientes y 300 dólares adicionales en pagos complementarios semanales. El sábado pasado, Missouri, Iowa, Alaska y Mississippi terminaron su participación en estos programas federales, lo que significa que 300.000 trabajadores perderán ingresos. El 19 de junio, ocho estados más –Alabama, Idaho, Indiana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Virginia Occidental y Wyoming– los imitarán. La semana siguiente, diez estados más se unirán a las filas de la finalización anticipada y otros tres estados lo harán en julio. Según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, está previsto que estos beneficios federales queden sin efecto en la primera semana de septiembre.

Los líderes sindicales de los estados afectados han criticado los recortes acusándolos de ser una forma de guerra de clases. Cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció que pondría fin a los programas financiados con fondos federales, el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) en ese estado, Charles Brave, dijo que el gobernador estaba bailando al son de la «comunidad empresarial». Los beneficios no deberían eliminarse sin aumentar el salario mínimo legal de ese estado, argumentó la federación laboral local. «Si un plus de 300 dólares semanales por desempleo es más fructífero para usted que regresar al trabajo, ¿qué está diciendo eso sobre los salarios que estamos pagando a los trabajadores en general en todo este estado?». El presidente de AFL-CIO en Indiana, Brett Voorhies, afirmó que el gobernador de su estado estaba «tratando de obligar a los habitantes de Indiana a aceptar empleos mal pagos». La AFL-CIO de Florida dijo que «poner fin a la asistencia federal para tiempos de pandemia es una política miope y malintencionada que no contribuye en nada a abordar los problemas de largo plazo que enfrentan nuestro estado y nuestros trabajadores». El presidente de AFL-CIO en Iowa, Charlie Wishman, describió el anuncio paralelo de su gobernador como una medida «vergonzosa» y «punitiva» que «muestra una falta de entendimiento de lo que realmente está sucediendo en la economía de Iowa a corto y largo plazo».

Según los miembros demócratas del Comité Económico Conjunto de Washington, que utilizaron los datos administrativos del Departamento de Trabajo para estimar las pérdidas para las personas y las economías locales por la interrupción temprana de los beneficios, poner fin a las asignaciones semanales de 300 dólares proporcionadas por el Fondo de Compensación de Desempleo Pandémico (PUC, por sus siglas en inglés) –uno de los tres programas federales– costaría más de 8.000 millones de dólares a las personas. Andrew Stettner, de la Century Foundation, estima que la finalización anticipada de los tres programas en los 25 estados afectará a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras, con un costo total de más de 22.000 millones de dólares para las personas.

Si bien los gobernadores pueden dar de baja arbitrariamente los cheques semanales de 300 dólares, solo el Departamento de Trabajo puede dar por finalizado el programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), que proporciona hasta 39 semanas de beneficios financiados por fondos federales por un monto equivalente, como mínimo, a la mitad de los pagos semanales regulares del seguro de desempleo de los estados. A menos que el Congreso modifique la ley, el Departamento de Trabajo es responsable de garantizar que las personas obtengan estos beneficios. En mayo, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo (NELP, por sus siglas en inglés) escribió al secretario de Trabajo Marty Walsh instando al Departamento a preservar ese programa. El NELP también sugiere una opción más audaz: que el Departamento de Trabajo coopere con el gobierno de cada estado donde el gobernador no esté dando de baja los programas PUA para ofrecer beneficios a los trabajadores en aquellos estados donde los gobernadores están recortando las asignaciones. Esto eludiría las oficinas de los gobernadores que se han vuelto contra los beneficiarios. «Con el fin de tentar a otros estados para que administren estas demandas de PUA para demandantes no pertenecientes a esos estados, el Departamento de Trabajo podría usar una parte de los 2.000 millones de dólares en fondos asignados para el Plan de Rescate Americano, y así proporcionar subvenciones por única vez y/o financiamiento administrativo a estos estados», escribió el NELP a Walsh. Hasta la fecha, el Departamento de Trabajo no ha manifestado su intención de poner en práctica esta idea.

En este momento, más de 11 millones de personas dependen directamente de la Casa Blanca para obtener ingresos semanales gracias a la PUA y a la Compensación de Desempleo por Emergencia Pandémica, que brinda beneficios a los contratistas independientes. Si la administración Biden se tomara en serio su Decreto para Fortalecer la Organización y el Empoderamiento de los Trabajadores, un lugar para comenzar a centrar la atención de los trabajadores serían los representantes políticos de los empleadores locales en cada uno de los gobiernos estatales donde los beneficios son dados de baja prematura e ilegalmente. Por el contrario, el mensaje que ha enviado a los trabajadores en 25 estados es que la ayuda no vendrá de Washington.

En un horizonte más largo, la recuperación tendrá ascensos y descensos con el programa gubernamental para fortalecer la posición de los trabajadores en el mercado laboral. Desde la década de 1930, el diagnóstico keynesiano de la economía estadounidense ha sido que el gasto privado por sí solo no puede producir el pleno empleo, debido a la distribución altamente desigual del ingreso que produce la economía corporativa. Quienes se llevan la mayor parte de los ingresos gastan, proporcionalmente, la mínima parte de esos ingresos. Las ganancias de las grandes empresas superan con creces la inversión física y el empleo; acaparan dinero en lugar de distribuirlo a través de compras y nóminas salariales. Construir poder para los trabajadores a fin de hacer que este dinero vaya a salarios es una parte indispensable de cualquier programa económico que valga la pena, especialmente un programa diseñado para sacar al país de una recesión. Muchos de esos trabajadores excluidos de los beneficios federales enfrentan ahora un desempleo casi seguro. Desde diciembre, los puestos de trabajo ajustados mensualmente se han incrementado en un rango que va de los 200.000 a los 600.000. Para absorber a los cuatro millones de personas que los gobernadores eliminarán del seguro de desempleo este mes, los empleadores tendrían que contratar diez veces más personas que las que indican las tasas mencionadas anteriormente.

El deseo palpable de poder de la clase trabajadora en Estados Unidos marca un cambio innegable en el estado de ánimo nacional desde los años de Barack Obama. Sin embargo, la Casa Blanca todavía parece estar persiguiendo un esquivo consenso de los dos grandes partidos. Permitir que los estados eliminen 22.000 millones de dólares en erogaciones de apoyo directo a los ingresos de los trabajadores marca la debilidad actual de ese programa, al igual que su decisión, a principios de la primavera boreal, de no aprovechar la mayoría demócrata para impulsar una compensación presupuestaria que aumentaría los impuestos a las empresas y a los ricos y promovería el gasto en infraestructura. Durante un breve periodo, la mejora del seguro de desempleo ha alterado el equilibrio de poder en el ámbito laboral estadounidense. Ahora, los trabajadores y trabajadoras que esperan construir poder enfrentarán un horizonte mucho más difícil, al igual que el Partido Demócrata en su intento de encontrar un camino hacia la victoria en las elecciones de mitad de término del próximo año.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: Dissent