Colombia en alerta roja: violencia militar, policial y paramilitar, vulneración a los Derechos Humanos, en un contexto de crisis política, social, económica y sanitaria.
Por Jessica Enith Fajardo Carrillo
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19, reveló y encrudeció los problemas estructurales y de inequidad que viven los países en la región de América Latina y el Caribe. Las formas de gobierno “neoliberales” de finales del siglo XX y principios del XXI, provocaron desigualdad en la distribución de los ingresos, la privatización de servicios públicos, el debilitamiento de los sistemas de protección social y de cuidado sanitario, la precarización de las condiciones laborales, la desigualdad de género y la vulneración de los Derechos Humanos.
La falta de regulación estatal y la primacía de los intereses económicos de sectores minoritarios, no solo generó problemas en la distribución de la riqueza, sino también el fortalecimiento de estructuras criminales que se disputan el mercado del narcotráfico, logrando el control sobre los territorios y también la desestabilización de los gobiernos locales y nacionales.
Durante los últimos años, la gobernabilidad en Colombia se ha visto afectada por el crecimiento de estructuras criminales y paramilitares, que buscan imponer un sistema de poder, a través el miedo, la violencia y la instrumentalización de las instituciones del Estado. Para Carlos Medina Gallego (2012, pág. 140), enfrentar la estructura criminal del narcotráfico implica una amenaza al poder del Estado. Por esta razón, se establece una “relación más funcional”, sin confrontación, con el fin de garantizar el “anonimato y discreción” que implica una actividad ilegal, que no solo posee intereses económicos sino también de poder.
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