difícilmente se consiga por esta vía frenar el constante aumento de los precios

Los precios y el dólar

Administrar o intervenir, esa es la cuestión

Escribe Horacio Rovelli 

Los últimos datos del Indec hablan de una inflación anualizada del 42,6 por ciento. Mientras tanto, la suba de los precios internacionales, el sendero devaluatorio y la reticencia del gobierno a elevar las retenciones disparan el costo de la canasta alimentaria a niveles exorbitantes. La hoja de ruta oficial: firmar nuevos acuerdos sectoriales, una estrategia que difícilmente frene el persistente aumento de los precios.

“Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno (y todo ministro de Economía) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”. Enrique Silberstein.

“Las variaciones del grado de monopolio no sólo tienen importancia decisiva en la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas, sino en ciertos casos también en la distribución del ingreso entre la propia clase capitalista. El aumento del grado de monopolio ocasionado por la expansión de las grandes empresas da lugar a que las industrias en que éstas predominan absorban una proporción mayor de los ingresos totales y las demás industrias una parte menor; es decir, el ingreso se redistribuye de las empresas pequeñas a las grandes” Michael Kalecki.

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios, y es también el deterioro del poder adquisitivo del dinero, el medio de pago creado por el Estado nacional a través de la autoridad monetaria, en la Argentina su Banco Central. Por esa razón, la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos y genera una puja entre los que pueden fijar precios y los que no. Una dinámica que afecta a la población y, paralelamente, a la capacidad del estado para contar con un medio de cambio idóneo que sea medio de ahorro a la vez, combinación esencial para generar lo que se llama “señoreaje”, el financiamiento del gasto público con emisión monetaria.

El deterioro de nuestra moneda hace que solo sea usada como bien de cambio. El dólar la reemplazó como moneda de ahorro. Cuando menos vale nuestro dinero, más valen los bienes y servicios, y también el dólar. Mayor es el precio debemos pagar por ellos. En nuestro país, la puja distributiva entre asalariados y patrones, y entre los patrones entre sí, exacerba el proceso inflacionario. Sin embargo, la causa principal, la mayor correlación de porqué suben los precios, hay que buscarla en la suba del dólar, nuestra moneda de referencia.

No siempre fue así. Fue la última dictadura cívico-militar la que generó un modelo dependiente del sistema financiero y cambiario mundial. Durante su transcurso, el Índice de Precios al Consumidor del Indec marcó un 444 por ciento en 1976; un 176 por ciento en 1977 y 1978; un 160 por ciento en 1979; un 101 por ciento en 1980; un 105 por ciento en 1981; y un 165 por ciento en 1982. La interrelación del dólar con los aumentos de precios se intensificó a medida que el país se reprimarizaba, abandonaba su mercado interno y apuntalaba un modelo extractivista y agropecuario-exportador que implicó alinear los precios internos con los internacionales mientras se devaluaba sistemáticamente nuestra moneda.

La situación se revirtió con el kirchnerismo. La economía creció en forma sustentable sobre la base del mercado interno y el gasto público, al tiempo que aumentaban las exportaciones con mayor valor agregado. En 2011, por ejemplo, Argentina exportó manufacturas industriales por 28 mil 916 millones de dólares, cifra ni antes ni después lograda. Sin embargo, Cambiemos implicó un retroceso. Desarrolló una política premeditada de endeudamiento mediante la disminución de la presión impositiva sobre los sectores de mayores recursos. Lo hizo al eliminar los derechos de exportación, con excepción del aplicado a la soja. El déficit fiscal se cubrió con crédito, déficit en pesos que financió con deuda en divisas.

La interrelación entre los precios internos y el dólar es evidente. Entre abril de 2015 y marzo pasado, el tipo de cambio comercial pasó de 8,86 a 97,5. Se incrementó en un 1.100 por ciento. La inflación medida por el Indec lo hizo un 1.082,85 por ciento. No hay muchas vueltas. Fue así y lo seguirá siendo mientras se permita a los grandes fijadores de los precios de los alimentos, la energía y los insumos básicos igualar el precio interno con el internacional.

Un ejemplo. La botellita de 900 centímetros cúbicos de aceite comestible mezcla se vende en el mercado de Ámsterdam, la puerta de entrada a Europa, a 1,8 euros, unos 2 dólares. En las góndolas locales – sin costo de embalaje, flete marino ni aranceles – la misma botellita se vende a 200 pesos. Hasta allí la coincidencia. La diferencia: el salario promedio en nuestro país según el Ripte – la remuneración promedio sujeta a aportes – se ubicó en enero pasado en poco más de 68 mil pesos. Menos de 700 dólares. En Europa central, el salario promedio trepa a 3 mil 200 euros, unos 4 mil dólares, y en Holanda es de 4 mil 433 euros mensuales.

Una de manual

La situación se vislumbra todavía más compleja de cara al futuro. El Gobierno nacional acordó con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-Cec) que no aumentará los derechos de exportación ni cerrará los registros de exportación para las ventas de soja, girasol, harinas y aceites si las empresas garantizan 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio, justamente, de 200 pesos los 900 centímetros cúbicos. Sí, el precio que se paga en Ámsterdam.

Gustavo Idógoras, presidente de Ciara-Cec y conspicuo representante del Consejo Agroindustrial Argentino, pretende renovar el acuerdo y va por más. Reclama una reducción de las alícuotas de las retenciones, hoy del 12 por ciento en general y solo del 30 por ciento para la soja.

Es de manual. La principal medida para desacoplar los precios de lo que se produce en el país de los internacionales es subir los derechos de exportación. Los establecimientos agroindustriales, va de suyo, se oponen. Argumentan que deben importar soja y otros granos de países limítrofes – léase Paraguay, un país que exporta más soja que la que produce -, agregan que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y sostienen que producirían más si el gobierno bajara las retenciones.

La realidad es otra. El argumento de que deben importar soja y otros granos no se sostiene. En 2020, Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz. El único trabajo fue recolectar los choclos y desgranarlos. No se agregó valor. Se vendieron montañas de granos de maíz y, como consecuencia, aumentó el precio de la carne aviar y porcina que lo emplea como forraje.

Lo mismo ocurrió con la carne vacuna. Según el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y las compañías consignatarias, su precio aumentó un 75 por ciento en los últimos doce meses y las exportaciones fueron récord. Se vendió al mundo 1 millón de toneladas, mientras que el consumo anual per cápita tocó el punto más bajo de los últimos cien años: 50 kilos. El asado, a un precio de 600 pesos el kilo que algunos argentinos todavía pueden pagar, es cada vez más demandado por los países del este asiático, que modificaron sus gustos tras las gripes aviar y porcina. Nos compran la res entera.

Detrás de los efectos, no de las causas

Los datos que surgen del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre son claros, irrebatibles. Los precios al consumidor se dispararon un 4,8 por ciento en marzo, el nivel más alto de los últimos años. La inflación acumulada trepó al 13 por ciento. Un 42,6 por ciento anualizada. Muy lejos de la objetivo anual del 29 por ciento contemplado en el Presupuesto 2021 y de referencia, al menos hasta el momento, para las paritarias.

El gobierno viene ajustando el tipo de cambio. El dólar comercial pasó entre diciembre de 2019 y marzo pasado de 59,60 a 97,50. Un ajuste del 63,5 por ciento. En lugar de poner cupos a la exportación de alimentos para priorizar el abastecimiento interno y fijar retenciones del 35 por ciento para desacoplar los precios internos de los externos, el gabinete económico intenta acordar con las grandes empresas y las cadenas de formación de valor, mientras anuncia un conjunto de medidas. ¿Cuál es al hoja de ruta oficial?

Garantizar el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento del sector. ¿Cómo? Con mayores requisitos para las ventas al exterior y la creación un nuevo registro de exportaciones de carnes que genere mayor transparencia, mejorar la trazabilidad y evite prácticas ilegales y especulativas.

Avanzar con nuevos acuerdos sectoriales para conseguir una mayor previsibilidad de precios durante los próximos meses. Entre otros, un acuerdo con la cadena de producción avícola, incorporando compras de maíz con cobertura para dar certidumbre a la provisión y al precio del insumo.

Lanzar el programa Mercado Federal Móvil, que permitiría acceder a productos frescos a precios mayoristas. La idea: comenzar en el Gran Buenos Aires y luego extenderlo a otras áreas del país.

Poner en marcha el Observatorio de Precios, coordinado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo e integrado por representantes de diferentes ministerios y asociaciones de consumidores.

Firmar hasta fin de año acuerdos con cláusulas de ajuste trimestral con los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y materiales para la construcción.

Firmar un acuerdo de precios con los principales fabricantes y cadenas de comercialización de productos de electrónica y electrodomésticos.

Se trata todas de medidas muy generales. Difícilmente se consiga por esta vía frenar el constante aumento de los precios. El gobierno va detrás de los efectos, no de las causas. Lo dicho: el origen del problema está en permitir que se igualen los precios internos con los internacionales. Vale repetirlo: el gobierno debería aumentar sideralmente todas las tasas de las retenciones, más aún tras la depreciación cambiaria del macrismo, que devaluó un ciento por ciento entre abril y fines de julio de 2018. Un sendero devaluatorio que continuó el actual gobierno. En segundo lugar, el gobierno debería poner cupos de exportación, además de frenar la apreciación del dólar.

Hoy, la lucha contra la inflación debe darse en el marco de crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. No es cuestión de administrar. Es cuestión de intervenir. De priorizar la vida y la salud de la población. Los que están en mayor riesgo son los que menos recursos tienen. De allí que sea indispensable y urgente adoptar medidas redistributivas en favor de los más desprotegidos, cobrar más impuestos a los que más tienen y abastecer el mercado interno con alimentos de calidad y a precios accesibles. Todo ello mientras llegan más vacunas y el estado provee toda la asistencia social que sea necesaria. Al menos, mientras dure lo más agudo de la pandemia.