sobre la potencialidad de una medida que brilla por su excepcionalidad en la historia política reciente

 

A propósito del impuesto a la riqueza en la Argentina

Federico Delgado

 

La República Argentina está en condiciones de aplicar el tributo conocido como “impuesto a la riqueza”. Es una decisión modesta. Sus potenciales efectos políticos aparecen, a priori, más significativos que los económicos. La ley fue sancionada por el parlamento el 18 de diciembre de 2020. El presidente la reglamentó el 29 de enero de 2021. La legitimidad de la norma está anclada en la crisis derivada de la Covid 19 y por ello se la denominó “aporte solidario”. Básicamente, alcanza por única vez a quienes tengan un patrimonio mayor a 200 millones de pesos en activos declarados. No se aplica a actividades productivas. Las alícuotas se mueven desde el 2 % del total para los que tienen hasta 300 millones de pesos y de 3,5 % para los que tienen más. Quienes tengan activos en el exterior pueden repatriarlos o pagar un recargo. De acuerdo con informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, alrededor de 12.000 personas deberán afrontar la carga y el estado espera recaudar entre $300 y $400.000 millones de pesos. El texto, además, tiene asignados los rubros en los que deberán aplicarse las sumas recaudadas.

El rasgo más atractivo de la ley se vincula con que constituye un quiebre en la arena política. Expresa un cambio de paradigma en una estructura tributaria muy regresiva, que focaliza la presión impositiva en los sectores medios y bajos de la economía. Un ejemplo. En la Argentina todos los consumidores, incluso los más vulnerables, pagan el “Impuesto al Valor Agregado” cada vez que compran alimentos. Mientras que la renta financiera prácticamente carece de gravámenes. En ese contexto, la intervención del Estado para imponer tributos en los sectores que más tienen es un paso adelante hacia una meta obvia, en términos de justicia sustantiva: quien más tiene más debe contribuir más.

Decía que los efectos políticos pueden ser más importantes que los económicos, porque la ley permite empezar a discutir impuestos, que es lo que hay que discutir en sociedades desiguales, inequitativas, atravesadas por la pobreza estructural y en la que gran parte de las instituciones están subordinadas a los fines de los poderosos grupos sociales que expropiaron el poder político de la mayoría. La ley, así, implica estimular las prácticas democráticas en una sociedad en la que la intensidad de la democracia es endeble.

Las profundas (y probablemente todavía no calibradas del todo) dislocaciones derivadas de la Covid 19, dejaron al desnudo la importancia de concebir a la infraestructura y a los servicios públicos en términos políticos y no como un gasto de dinero. Repentinamente se resignificó la importancia de los buenos hospitales, de los buenos médicos y enfermeros, de la infraestructura escolar y del financiamiento público de la investigación científica. La pandemia, en definitiva, reveló que el dispositivo institucional realmente existente está agotado.

Precisamente por ello es interesante en términos políticos el nuevo impuesto, ya que la vida pública argentina permanece estructurada desde hace mucho tiempo en un diálogo vertical entre los ciudadanos y sus ocasionales representantes. Por razones que tienen que ver con disciplinamiento derivados del terrorismo de estado y de profundas crisis económicas, los argentinos hemos abandonado las instancias horizontales de encuentro y con ello, la capacidad desarrollar la virtud política que, mediante las afecciones con el otro, suministran la chance de buscar el bienestar[1]. La naturaleza vertical de la vida pública requiere de ciudadanos que solo persiguen deseos egoístas. Renunciamos, así, a la virtud republicana y renovamos una organización política que asfixia la potencia de la república democrática.

Aquella verticalidad del diálogo se palpa en la malversación de la representación política. Los representantes se auto perciben titulares del poder político. En los hechos, de las jerarquías sociales surgió una representación de facto que obtura las afecciones entre pares, acentúa el individualismo y profundiza las desigualdades. En consecuencia, el estado no garantiza el derecho a la existencia y, por lo tanto, se hace más difícil el desarrollo de la virtud republicana. El nuevo tributo abre una pequeña ventana.

En el actual formato del poder, quien más recursos tiene menos contribuye a financiar la infraestructura común, porque escoge colocar su dinero fuera del país. Guido Di Tella, un intelectual que fue canciller del gobierno neoliberal del presidente Carlos Menem, afirmaba que “los argentinos ven a su tierra como un país dormitorio[2]” En ese sentido, debido a la particular situación histórica que nos mantiene envueltos la pandemia, el nuevo tributo, aunque modesto, es un campo fértil para potenciar las afecciones entre pares y así debatir nuevas reglas y mediaciones institucionales capaces de trazar los contornos de un nuevo juego político.

En otras palabras, el flamante impuesto es una muestra de la capacidad pública para intervenir de cara a horizontes normativos asequibles para las mayorías. Por ello mismo, revela que es posible también crear espacios de discusión relativamente horizontales para politizar cuestiones vitales de la vida en común, que permanecen privatizadas y sometidas a la experticia de los pequeños grupos que se apropiaron las instancias comunes. Si el estado puede, a través de la modificación de la estructura tributaria, dar un paso para intervenir en las condiciones materiales de vida, también debe hacerlo para estimular mediante la arquitectura institucional instancias de diálogo diferentes

En aquel camino, es vital el ejercicio de la libertad republicana para instituir nuevas instancias de encuentros que ayuden a los sujetos desplegar sus potencialidades junto a sus pares porque, mal que le pese al neoliberalismo, los sujetos no nacen equipados de deseos y no son egoístas “por naturaleza” La “perfectibilidad”, como la llamaba Rousseau, se juega en la interacción como sendero para universalizar la libertad republicana. Para ello, se debe garantizar el derecho a la existencia. Por lo tanto, hay que hablar de tributos.

Por todo lo anterior, la reglamentación del “aporte solidario” de las grandes fortunas radicadas en Argentina excede, desde el punto de vista político y simbólico, la pequeña escala de su impacto económico (si consideramos que fue sancionado para ejecutarse por única vez). La enconada resistencia ejercida desde el lobby mediático y político por los potenciales afectados por el tributo es solamente un indicador de la potencialidad de una medida que brilla por su excepcionalidad en la historia política reciente de Argentina. El primer paso, y no por ello menos complejo, fue dado por parlamento. A partir de ello, lo que queda ahora es discutir de forma horizontal la capacidad que la sociedad argentina tiene de darse un esquema institucional que apunte a la erradicación de las barreras políticas, económicos y culturales al libre ejercicio de la individualidad y la libertad republicana.

[1] Doménech, Antoni “…Y Fraternidad” Isegoría. Revista de Filosofía, Moral y Política n° 7 1993

[2] https://www.elcohetealaluna.com/argentina-pais-dormitorio/

Federico Delgado 

 

es abogado y politólogo. Se desempeña hace más de 20 años como Fiscal federal. Es autor de numerosos libros y artículos, muchos de ellos para Sociedad Futura. Su último libro, «República de la Impunidad», fue publicado en 2020 y editado por Ariel.