Guatemala: implosión neoliberal. Dossier
Ana Cofiño
Ricardo Sáenz de Tejada
La ira en las entrañas del odio. Entrevista
Ana Cofiño
Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista, Ana Cofiño evoca en esta entrevista de Daniel Gatti para Brecha las protestas recientes en Guatemala, poniéndolas en el contexto de un país que alguna vez Eduardo Galeano definiera como «el rostro, torpemente enmascarado», de gran parte de América Latina.
Durante dos fines de semana seguidos, los dos últimos de noviembre, miles de guatemaltecos salieron a las calles. Primero para protestar por la aprobación por el Congreso, el 17 de noviembre, de un presupuesto para 2021 que, en vez de reforzar las prestaciones sociales en un país cada vez más hundido en la pobreza, recortaba el dinero para salud y educación (y en plena pandemia de covid-19), reforzaba al sector privado y aumentaba el gasto de los propios parlamentarios. Era el presupuesto más alto en la historia reciente del país (unos 13.000 millones de dólares, 25 por ciento mayor al anterior) y se manejaba con esas bases. Los manifestantes pedían también la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, no sólo por haber aprobado ese presupuesto, sino por su gestión de la pandemia (Guatemala es el país con más infectados y muertos de América Central) y la corrupción creciente de su gobierno. Y pedían la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La represión de las manifestaciones fue tan brutal y desproporcionada, «justificada» por la quema por parte de un grupo de manifestantes de instalaciones del Parlamento, que, a la semana siguiente, a las reivindicaciones anteriores se les sumó el pedido de destitución del ministro de Gobernación (Interior), el militar retirado Gendri Reyes. Las marchas fueron otra vez violentamente reprimidas y el escándalo llevó a que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera una investigación de todo lo sucedido. Previamente Giammattei había reclamado que quien interviniera fuera el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, invocando la carta democrática del organismo y acusando a los manifestantes de buscar derrocarlo y propiciar un golpe de Estado. Dios los cría.
Las manifestaciones terminaron logrando que el presupuesto para 2021 fuera anulado.
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«¿Cómo no va a haber ira en este país?», dice Ana Cofiño. Y destaca que lo del presupuesto del Congreso era una vergüenza horrorosa: con casi el 60 por ciento de la población en la pobreza y un desempleo enorme, se congelaba el gasto social. Se pretendía, por ejemplo, suprimir un programa que combatía la desnutrición infantil. Al mismo tiempo, se aumentaban los gastos de los propios congresistas en dietas para alimentación y se destinaban enormes fondos a apoyar a empresas pertenecientes a los dueños del país.
Pero no es sólo eso: dice que, en los diez meses que lleva en el gobierno, Giammattei ni ha rozado, a pesar de que dijo que algo haría, las estructuras que conducen a la reproducción de la corrupción y la miseria. Desde que se inició la pandemia, el Congreso pidió préstamos por 3.800 millones de dólares y no se sabe en qué se utilizaron. A los guatemaltecos les llegó menos del 15 por ciento. Los parlamentarios y el Ejecutivo manejaron la pandemia con la misma opacidad con que definieron el presupuesto para el año próximo, sin dar cuenta a la oposición, por ejemplo. «En ese comportamiento errático y opaco del gobierno y el oficialismo, se vio que había una robadera, que la corrupción lo permeaba todo», agrega.
El huracán Iota, el mes pasado, fue otro ejemplo de «lo poco que le importa la gente a este Estado». Si alguien prestó asistencia a las decenas de miles de personas que todo lo perdieron por las inundaciones, por los deslaves, fueron las propias comunidades. El Ejecutivo tardó un mes en nombrar una comisión especial para ver qué hacía. Y es que, además de haber sido creado por y para las elites y estar asentado en un racismo estructural –Cofiño lo remarca: un racismo estructural–, el Estado guatemalteco tiene casi todas sus estructuras cooptadas por las mafias: las aduanas, el organismo de contralor fiscal, la Corte de Constitucionalidad, el organismo electoral, las fuerzas de seguridad… Este año debían ser cambiados los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ahí siguen.
La única institución pública que funciona adecuadamente e intenta proteger a los ciudadanos es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a cargo del abogado Jordan Rodas, que ha protestado por la represión y se ha sumado a los pedidos de destitución del ministro de Gobernación. En el próximo presupuesto, no por azar, a la PDH se le iban a bajar los rubros. Después de que el año pasado, bajo el anterior gobierno de Jimmy Morales, fuera desmantelada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 bajo el auspicio de la ONU y que consiguió llevar a la cárcel a decenas de corruptos, la Procuraduría ha quedado sola, atacada desde todas partes. Es un islote que intenta no ser arrasado.
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Hay que ver de dónde viene Giammattei. El actual presidente saltó a la fama por una matanza, en 2006, cuando era director del sistema penitenciario. En la madrugada del 25 de setiembre de ese año, unos 3 mil policías entraron a la Granja Penal de Pavón, una cárcel de las afueras de la capital. El objetivo, se aseguraba, era restituir el orden en una prisión que estaba en manos de narcos. Ocho presos murieron en la operación y Giammattei, su coordinador, se ganó galones como hombre de mano dura que sabe poner en su lugar a los delincuentes. Desde ahí, como tantos otros, catapultó su carrera política. Luego la CICIG descubrió que el verdadero objetivo de la toma de la cárcel era liquidar a los ocho detenidos. No había habido enfrentamiento alguno, como dijo el hoy presidente, y salió a la luz que los asesinados habían sido previamente torturados y se les había disparado a quemarropa. Giammattei estuvo unos meses detenido. Se declaró «preso político». Y al tiempo volvió al ruedo.
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Cofiño es antropóloga y, como tal, además de como militante social, ha trabajado largo tiempo entre las comunidades indígenas en un país donde prácticamente la mitad de sus casi 15 millones de habitantes se autoidentifica como descendiente de mayas, garífunas y otros pueblos originarios. Trabajó, por ejemplo, en Comalapa, comunidad de algo menos de 50 mil habitantes, que Giammattei visitó en julio. La idea del presidente, según él mismo dijo, era «dialogar con los indígenas, saber sus inquietudes». Cofiño cuenta que el alcalde de Comalapa lo recibió «con esa gentileza, ese decoro formal y modesto que distingue a los indígenas», pero en un momento de su discurso tuvo la osadía de decir que el principal problema que tenían en el municipio, «además» de la pobreza, era la actividad de las empresas mineras, que estaban arrasando el territorio, y que a esas empresas su comunidad las rechazaba. Indignado, Giammattei «le respondió al alcalde como un patrón de finca», dice Cofiño.
Rigoberto Pérez, líder de un consejo que reúne a varias nacionalidades indígenas, relató a la revista digital Mongobay cómo, de a poco, los megaproyectos mineros e hidroeléctricos y los monocultivos se han ido comiendo las tierras donde viven esas comunidades y que el aparato del Estado no sólo promueve las actividades de las empresas que los llevan a cabo, sino que cubre a los matones que amenazan, golpean y, cada vez más a menudo, matan a quienes se les resisten. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señaló, a mediados de año, que en 2020, en las zonas donde funcionan los megaproyectos, esos ataques se han incrementado: 677 entre enero y junio, contra unos 500 en todo 2019. El año pasado, 111 de los ataques habían sido dirigidos directamente contra indígenas (es.mongabay.com, 16-IX-20).
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Hay una idea de Guatemala como país resignado. Es un país sometido y empobrecido, es cierto, pero no ha parado de luchar, insiste Cofiño. No por nada durante los 30 años de guerra el Ejército masacró a tanto «rebelde» (la Comisión de Esclarecimiento Histórico habló de 200 mil asesinados y 45 mil desaparecidos). En 2015 fue la gente, con sus protestas en las calles, la que logró la caída del presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Roxana Baldetti, por armar una trama de corrupción, apunta Cofiño. La acción de la CICIG los llevó a la cárcel. Y este movimiento de ahora «no fue espontáneo»: «Venía calentando, calentando, y lo del presupuesto encendió la mecha. El propio gobierno creó las condiciones de la indignación. Muchos jóvenes quieren quemarlo todo. Cómo no lo querrían». También es cierto, dice, que no hay una articulación de los movimientos sociales con suficiente fuerza como para que las cosas cambien en lo político. Hay ira, rabia. Falta un proyecto unificador. Algún grupo de izquierda por aquí, otro por allá, más o menos tibio, más o menos «radical»… Cuando cayó el general Pérez Molina, «las elites, las cámaras empresariales y varios partidos, todos apoyados por la embajada de Estados Unidos, negociaron y pusieron a un presidente provisorio de derechas; luego convocaron a elecciones, bajo una ley esencialmente antidemocrática». Las ganó el evangelista Morales. Y luego, en enero, vino Giammattei.
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Cofiño es feminista y la fundadora y animadora de un colectivo llamado La Cuerda, surgido en 1998, dos años después de la firma de los acuerdos de paz. Al salir de la guerra, la situación de las mujeres era particularmente terrible en el país. Pero lo era también antes. Y lo sigue siendo hoy. Guatemala tiene uno de los índices de violencia contra las mujeres más altos del mundo. Para empezar, de femicidios, la punta más bestial del iceberg, de la espiral. Desde 2008 los femicidios no han bajado de los 650 por año, con picos de hasta casi 900, según las estadísticas publicadas por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Entre 2000 y abril de este año el GGM relevó 12.188 muertes violentas de mujeres, un promedio de 610 por año. Y están las formas de violencia que no llegan al asesinato. En lo que va de 2020, rememora Cofiño, hubo 55 mil violaciones y embarazos de niñas menores de 13 años.
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Desde el pique La Cuerda se quiso transversal, abierta no sólo a las distintas corrientes del feminismo (su creadora se dice ecofeminista; otras se definen como feministas decoloniales), sino también a la confluencia con otros movimientos sociales. «No queremos ser vanguardia de nada: eso ya se demostró que va al fracaso. Queremos articular con otras, con otros. Y proponer», dice la antropóloga. Tampoco cree que haya que limitarse a exponer la violencia padecida: «Las mujeres aquí han vivido siglos de opresión, una opresión que ha ido cambiando de forma, pero nunca de fondo. Y, al mismo tiempo, han resistido, creando redes de resistencia, que hay que mostrar tanto como se muestran las estadísticas y las imágenes de la violencia». Piensa que en Guatemala La Cuerda ayudó a sacar al feminismo del clóset y sirvió para que confluyeran colectivos de mujeres que habían participado en los movimientos de los sesenta, los setenta, los ochenta (como ella, que tiene 65 años) y la posguerra.
El grupo se abrió a que en el medio que editan (lacuerda.com) escribieran hombres, pero tal vez uno de los mayores signos de la «voluntad de articular» que las impulsa desde el principio fue que en 2007 comenzaron a tener una coordinación estable con representantes del movimiento indígena campesino. «Ese que en la teoría marxista es el movimiento social más conservador, pero que, además, está marcado por una ideología patriarcal. No fue fácil ir por un camino así, pero ha sido bastante fructífero. Y es que no sólo somos feministas: la nuestra es una propuesta emancipatoria para toda la sociedad, y en Guatemala cualquier propuesta emancipatoria pasa por combatir al mismo tiempo la esencia clasista de este Estado, el patriarcado y el racismo. Todo junto», apunta Cofiño. El racismo «ha herido a todos», aunque con las mujeres la saña haya sido tan particular, tan perfilada, tan dedicada.
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Cofiño es consciente de la inviabilidad inmediata de las reivindicaciones de las movilizaciones de noviembre: «En el contexto político de este país son casi imposibles de lograr en el corto plazo. Imaginate pretender que el Congreso se autodisuelva, se suicide para convocar a una asamblea constituyente… La derecha nos llama comunistas por, entre otras cosas, proponer eso, que es apenas un comienzo de algo distinto, que en sí mismo no tiene contenido, pero tenemos que plantearlo. Tenemos que ir poniéndolo en la agenda, aunque suene loco». Y si locas suenan esas propuestas instrumentales, cómo sonará la idea de una sociedad otra: «La invasión estadounidense del 54 y las masacres que siguieron después destruyeron el tejido social. Consolidaron el Estado elitista, patriarcal, racista. Y una herencia de todo eso es que hoy Guatemala es un país con mucha desconfianza, mucho recelo, mucho rencor. Nos odiamos. Y eso hace tan difícil todo». Hay un odio que se explica, dice. Y una ira abajo que ídem. Cuestión, tal vez, de darles sentido.
¿Después del fuego, qué?
Ricardo Sáenz de Tejada
Las protestas registradas en Guatemala en noviembre pasado contra el presupuesto presentado por el gobierno revelan un estado de disconformidad social que tuvo su pico en las movilizaciones de 2015. El desprestigio de la política está asociado a los niveles escandalosos de corrupción que atraviesan todas las instituciones del Estado. La demandada convocatoria de una Asamblea Constituyente aparece como una de las vías para recomponer un sistema político y social marcado por las enormes desigualdades.
El sábado 21 de noviembre, un grupo de manifestantes incendió varios salones del Congreso de la República en Guatemala. A pesar de que existía suficiente presencia policial tanto dentro como fuera del edificio, las fuerzas de seguridad no actuaron para detener a los manifestantes e incluso, según informaron fuentes de la misma Policía Nacional Civil (PNC), oficiales de esta entidad se negaron a permitir el ingreso a tiempo de los bomberos a la zona donde ocurrió el incendio. Posteriormente, las unidades del pelotón antimotines de la PNC lanzaron bombas lacrimógenas contra quienes protestaban frente al edificio del organismo legislativo y avanzaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a 100 metros de la Plaza de la Constitución, donde miles de personas protestaban contra el gobierno de Alejandro Giammattei.
A diferencia de las movilizaciones de 2015, que llevaron a la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina, esta vez los policías lanzaron gas lacrimógeno al centro de la plaza, hirieron a varias personas, incluyendo a dos jóvenes que perdieron un ojo, y realizaron decenas de capturas.
Aunque la protesta se originó en la aprobación del presupuesto del gobierno para 2021, la movilización ciudadana respondió a una crisis política no resuelta y que incluye a los tres poderes del Estado. Como antecedente de la situación política actual de Guatemala puede ser útil analizar los resultados de las elecciones generales de 2019, y no olvidar que Alejandro Giammattei asumió la presidencia el 14 de enero de 2020, es decir, tiene menos de un año al frente del gobierno.
En esos comicios se manifestó una vez más la fluidez y la fragmentación del sistema de partidos guatemalteco. Participaron 19 candidatos presidenciales, dos más fueron retirados de la papeleta a última hora (el primero por haber sido capturado bajo acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos y el segundo por no cumplir con los requisitos legales) y las dos candidatas que a principios de año tenían la mayor intención de voto –Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt y precandidata del partido Valor, y Thelma Aldana, ex-fiscal general y precandidata del Movimiento Semilla– tampoco fueron inscritas por razones legales.
En ese contexto, Giammattei obtuvo apenas 14% de los votos en la primera vuelta electoral. Se convirtió así en el candidato que pasó a una segunda vuelta con el menor porcentaje de votos y pese a ello ganó la Presidencia. 86% de los votantes tenía una primera preferencia distinta al actual presidente de Guatemala, quien logró ganar en el balotaje fundamentalmente por el rechazo de la mayoría de votantes frente a su rival Sandra Torres, ex-esposa del ex-presidente Alvaro Colom (2008-2012) y candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La debilidad de Vamos, el partido del presidente, se expresó también en la composición del Congreso: 21 partidos tienen representación parlamentaria, ningún bloque legislativo tiene mayoría y el partido oficial cuenta con solo 17 de 160 bancas. En esas circunstancias, Giammattei y sus operadores políticos tejieron una coalición parlamentaria que incluyó a Unión del Cambio Nacionalista (UCN), partido acusado de vínculos con el narcotráfico y cuyo candidato presidencial cumple condena en Estados Unidos; Todos, el partido insignia del llamado «pacto de corruptos» (la coalición política, empresarial y criminal que impulsó la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)); otros grupos parlamentarios minoritarios y un grupo de diputados de UNE que, de acuerdo con denuncias de sus correligionarios, fueron sobornados para aliarse con el partido oficial y elegir de esa forma una junta directiva del Congreso subordinada en los hechos al Poder Ejecutivo. En adelante, cada votación importante ha significado para el gobierno el intercambio de favores con los bloques y diputados aliados.
Tras lograr el control del Congreso, el siguiente paso de esta coalición ha sido bloquear sistemáticamente la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones. A principios de 2020 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó una trama en la que diputados negociaban con personas acusadas de corrupción candidaturas a las altas cortes. Previamente, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Legislativo elegir a los magistrados a viva voz, garantizar la idoneidad y justificar el voto. La junta directiva del Congreso ha manipulado la agenda legislativa para posponer durante 11 meses esta elección. La intención de estos grupos al retrasar la elección de las cortes es esperar la renovación de la Corte de Constitucionalidad, de manera que puedan elegir sin obstáculos magistrados que les garanticen impunidad.
En este contexto, el gobierno de Giammattei enfrentó la pandemia de covid-19. La tensión entre la salud y la economía que ha caracterizado el manejo de la enfermedad en la mayoría de los países se resolvió en Guatemala en favor de los grupos económicos. Las actividades productivas más importantes tuvieron continuidad y los trabajadores debieron cubrir los costos de transporte (los servicios públicos fueron suspendidos) y de medidas de prevención. A partir de septiembre pasado se abrió con ciertas restricciones la totalidad de las actividades comerciales.
En cuanto a las acciones para enfrentar las consecuencias de la crisis económica y social producida por la pandemia, las políticas públicas se caracterizaron por producir y reproducir las ya elevadas desigualdades sociales, la opacidad y la corrupción. Aunque el Congreso aprobó recursos desde marzo, los programas de apoyo empezaron a ejecutarse recién en mayo, y en el caso del programa de dotación de ayuda alimentaria destinado a la población rural en condiciones de extrema pobreza, en septiembre se habían ejecutado menos de 10% de los fondos aprobados. Denuncias presentadas por diputados opositores señalaron que personas fallecidas, radicadas en el extranjero y empleados públicos fueron beneficiados con los fondos destinados a atender a los afectados por la crisis.
Otra fuente de críticas al gobierno de Giammattei fue el establecimiento del llamado Centro de Gobierno, una oficina dirigida por uno de sus allegados que supuestamente da seguimiento a las actividades de los ministerios y al cumplimiento de las prioridades gubernamentales. Esta oficina no solo es onerosa, sino que además duplica las funciones del vicepresidente y de la Secretaría de Planificación. La existencia de esta entidad se sumó a otras tensiones existentes entre el presidente y el vicepresidente, diferencias que se expusieron públicamente a través de las redes sociales y que confirmaban el carácter autoritario e irascible de Giammattei.
El primer año de gobierno se caracterizó también por constantes cambios en el gabinete. El ministro de Salud Hugo Monroy fue destituido en junio por el mal manejo de la crisis sanitaria producida por el covid-19; el primer ministro de Gobernación (que tiene a su cargo la seguridad pública) renunció por problemas de salud y el segundo fue obligado a renunciar por haber aprobado la autorización para trabajar en Guatemala de Planned Parenthood, acusada por los sectores conservadores de promover el aborto; los ministros de Agricultura y Trabajo fueron destituidos por falta de resultados; y, el director general de Caminos fue destituido por acusaciones de corrupción.
En noviembre, Guatemala, al igual que el conjunto de Centroamérica, fue azotado por dos fenómenos climáticos: las tormentas Eta y Iota, que afectaron a centenares de miles de personas y provocaron inundaciones y pérdidas de cosechas. En Guatemala, las tormentas provocaron 60 muertes y más de dos millones de personas afectadas, así como la inminente agudización de los problemas de hambruna que asolan el país. La respuesta gubernamental nuevamente fue tardía e insuficiente y la ayuda a los damnificados fluyó inicialmente por donaciones comunitarias, ayuda privada y cooperación internacional. En estas circunstancias se desencadenaron las protestas ciudadanas.
La gota que derramó el vaso de la inconformidad de la población fue la aprobación del presupuesto del Estado 2021 por el Congreso de la República. El proceso de elaboración presupuestaria se inicia al principio del año, cuando las entidades públicas empiezan a preparar sus planes y programas de trabajo para el año siguiente. En abril estas entregaron sus propuestas presupuestarias a la Secretaría de Planificación, que a su vez entregó en julio una propuesta integrada al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Este presentó el 1 de septiembre el proyecto de presupuesto al Congreso de la República, que a su vez lo trasladó a la Comisión de Finanzas.
Durante todo el proceso se realizan consultas y discusiones entre las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para proponer un presupuesto que se adecue a las prioridades del país. A pesar de este proceso, la Comisión de Finanzas del Congreso emitió un dictamen favorable al presupuesto, que fue aprobado casi sin discusión en la misma comisión y presentado al pleno del Legislativo para ser aprobado en una sola lectura. El dictamen se emitió a las 5 de la tarde del 17 de noviembre y el Congreso se reunió esa misma noche y aprobó de «emergencia nacional» el presupuesto la madrugada del 18 de noviembre. Para ello se configuró una mayoría legislativa que se impuso sobre los grupos opositores.
La aprobación acelerada y poco transparente generó el rechazo de las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas. El propio vicepresidente Guillermo Castillo solicitó públicamente al presidente que vetara el decreto presupuestario. Entre los problemas que tenía el presupuesto estaban el aumento del endeudamiento, la existencia de «bolsones de corrupción» y la ausencia de financiamiento para políticas sociales. Sobre la primera cuestión, aunque el endeudamiento de Guatemala es comparativamente menor que el del resto de los países de la región, la baja carga tributaria (menos de 10% sobre el PIB) limita las capacidades de pago de la deuda. En las últimas semanas, las principales calificadoras internacionales señalaron que, si no resuelve el problema de la baja tributación, el país enfrentará problemas para mantener el financiamiento de la deuda.
En cuanto a la corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales alertó sobre varios rubros presupuestarios aprobados en los que se identificaban anomalías y dificultades para la fiscalización. Además, en el presupuesto no se atendían suficientemente las necesidades para hacer frente a la desnutrición crónica y la pobreza extrema.
El jueves 19 por la tarde, el presidente Giammattei con su gabinete de ministros anunció que no vetaría el presupuesto y que convocaría a think thanks para readecuarlo. Media hora después, el vicepresidente Castillo hizo pública en rueda de prensa su ruptura con el presidente, solicitando el veto del presupuesto, la disolución del Centro de Gobierno y la renovación del gabinete. Propuso también como una salida a la crisis la renuncia de ambos (presidente y vicepresidente) y la elección por parte del Congreso de nuevas autoridades.
El sábado 21 se realizaron movilizaciones de protesta en la capital y en las principales ciudades del país. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, miles de personas manifestaron en las calles su inconformidad con las decisiones gubernamentales. Se destacó la presencia de organizaciones de estudiantes, tanto de la universidad pública como de universidades privadas. Aunque la anulación del presupuesto constituyó la principal reivindicación, se empezaron a escuchar demandas de renuncia de las principales autoridades del país.
La represión policial, la forma en que se manejó el incendio del Congreso y las detenciones arbitrarias, lejos de amedrentar a los ciudadanos, aumentaron la indignación. El domingo 19 se reunió en una instalación militar la junta directiva del Congreso con algunos jefes de bloque y anunciaron que se suspendería el trámite de aprobación del presupuesto, cuestión que fue oficializada por el pleno del Legislativo: el decreto presupuestario sería archivado y, como lo establece la Constitución, entrará en vigencia el presupuesto del año anterior.
Como parte de una puesta en escena dirigida a criminalizar las protestas, el 22 de noviembre Giammattei invocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), insinuando que se gestaba un golpe de Estado, y solicitó apoyo para promover un espacio de diálogo. Pese a ello, las protestas no se detuvieron: el sábado 28 nuevamente miles de ciudadanos se concentraron en distintas plazas del país, y el lunes varias comunidades indígenas ocuparon tramos carreteros estratégicos, pidiendo la renuncia del presidente y diputados y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional.
El jueves 3 de diciembre, el presidente y el vicepresidente dieron una rueda de prensa conjunta –por primera vez en meses– y anunciaron un proceso de diálogo para ajustar el presupuesto, la reestructuración del gabinete de ministros y la disolución del Centro de Gobierno. Una vez más, la fuerza de las plazas hizo retroceder al gobierno.
Con las medidas anunciadas, y sobre todo por la cercanía de las fiestas de fin de año, es probable que las movilizaciones disminuyan. Sin embargo, la crisis política no resuelta y los efectos sociales y económicos de 2020 pueden desencadenar una nueva ola de protestas en 2021. Las soluciones a la crisis son complejas ya que, como señalamos, los grupos de poder vinculados a la corrupción y al crimen organizado buscan hacerse del pleno control del Organismo Judicial y preservar su influencia sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta contienda por el control del Estado tendrá su próximo capítulo en abril de 2021, cuando se renueve la Corte de Constitucionalidad, entidad que ha sido estratégica para contener el avance de la coalición mafiosa y que, de ser también capturada, facilitará la selección de magistrados de las altas cortes al servicio de la impunidad.
La dificultad para lograr el rescate del Estado ha llevado a que cada vez más sectores asuman una demanda planteada desde hace varios años por organizaciones indígenas y campesinas: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter plurinacional. El desafío es la construcción de una ruta democrática que posibilite las transformaciones de fondo del Estado, particularmente en lo referido a las relaciones entre Estado y pueblos indígenas, así como el régimen económico y social.
Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista,
antropólogo y politólogo. Es profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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