Rocco Carbone sostiene en este artículo que la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia del Estado de derecho real en Paraguay, hecho que merece una profunda reflexión de parte de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales paraguayas; del propio EPP y del Estado colorado (que es responsable de su accionar) que derive en una resolución política. En este contexto y en el marco de un operativo militar llevado a cabo en la zona de Amambay hace aproximadamente un mes, se desapareció a Carmen Elizabeth, una niña de 14 años, hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, militantes del EPP y presos políticos.
Por Rocco Carbone*
(para La Tecl@ Eñe)
En la saga de los golpes de Estado recientes en América Latina, Paraguay cuenta con el oscuro privilegio de haber sido el primer país del Cono Sur en descerrajar un golpe en 2012 en contra de un gobierno popular-reformista. Federico Franco, el Jeanine Áñez paraguayo, asumió la presidencia interina del país con un acto nítido, directamente proporcional al hecho golpista: la represión a la concentración popular que se estaba desarrollando en junio de 2012 en la Plaza de Armas de Asunción. Luego de su interregno, al contrario de lo que pasó hace poco en Bolivia, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado -con Cartes, el amigo de Macrì primero, y Abdo Benítez después-, que antes de 2008 había gobernado autoritariamente -escamoteando toda inclinación a sostener un sistema pluripartidario- a lo largo de seis décadas, con una dictadura de 35 años metida adentro: el stronato. De esto desciende que en Paraguay la democracia se reconstituyó sobre la base de la violencia que significa un golpe a un gobierno popular y reformista.
Paraguay acaso sea el país más desigual del Cono Sur. El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 grandes propietarios. Apenas un ejemplo: Tranquilo Favero, un terrateniente brasiguayo de matriz stronista, es el dueño de un millón de hectáreas de soja y factura unos 1500 millones de dólares al año. Y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Además, en la medida en que la frontera de la soja avanza, amasa grandes capitales y arroja a la indigencia a las grandes mayorías: se trata de la expulsión de la población campesina. Estos breves ejemplos ponen el dedo sobre una evidencia: una exacerbada presión sobre la tierra. El Estado colorado se organiza sobre un modelo económico concentrador de la riqueza con consecuencias mortíferas en términos de desigualdad económica y social. A lxs desigualadxs el coloradismo les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: ejército, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración forzada (por eso mismo en Buenos Aires resuenan por la calle las vibraciones del guaraní). El movimiento campesino se resiste a la violencia del Estado colorado y al despojo de tierra por parte de los agroexportadores. Este sistema de cosas en la lengua nacional ha producido una frase socialmente estridente: “campesinado sin tierra”. Tan estridente porque el campesinado vive de la tierra, con la tierra y entonces esas pocas palabras en realidad significan otra cosa: “campesinado sin vida”. Denuncian el poder mortífero sobre un enorme conglomerado social: el movimiento campesino, sujeto para el cual la tierra es un espacio cultural: un espacio de conocimiento del ser humano, un espacio de vida que es espacio ecológico, un espacio social que es político y económico también. El movimiento campesino con la tierra desarrolla técnicas productivas de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. Esa tierra entonces para el movimiento campesino en verdad es un espacio filosófico del cual, en los últimos años, fueron arrancados como yuyos (esto es: desaparecidos), más de 200 militantes sociales campesinos.
El dolor paraguayo es resistido por un ejército revolucionario en pleno siglo XXI: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este aparente anacronismo debería ser motivo de una profunda reflexión cultural por parte de las fuerzas populares paraguayas, de parte de las organizaciones de derechos humanos, del sistema de partidos, de parte de una lengua reflexiva nacional y del presidente Abdo Benítez, quien debería escrutar con su gobierno las razones por las cuales en Paraguay existe en la actualidad un ejército revolucionario. La existencia del EPP habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia –cuando no inexistencia– del Estado de derecho real en Paraguay. Un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de los derechos humanos, a través de la violencia y la negación de la vida de los sectores populares. O incluso lo digo mal: emerge cuando el Estado entrena agentes de lucha por la Propiedad contra lxs que no tienen ninguna, ni siquiera la de su propio cuerpo en harapos; cuando a esos sectores se les niega el derecho a un pedazo de tierra, a un hilo de vida digna, cuando se les niega un hilito de educación y de salud, una pizca de ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capitales y negocios. Por eso la emergencia del EPP, que opera en el territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ataque a la comisaría de Huguá Ñandú. Y mal seguirían haciendo las fuerzas populares paraguayas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, sus emergentes más emancipadores, y el propio Estado colorado en seguir considerando al EPP más un problema securitario que un emergente de una cuestión social acuciante. Sindicar al EPP como una organización criminal-terrorista y perseguirlo con las Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay -un órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir específicamente a lxs integrantes de esa emergencia revolucionaria- implica activar el signo securitario, que además en siete años no logró articular resultado significativo alguno, excepto el de ajusticiar y desaparecer a menores. Entender al EPP como organización revolucionaria en lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo -las grandes mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas- implicaría reconocer una cuestión social de larga data en Paraguay. Es de incumbencia de la más alta reflexión de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales paraguayas, del propio EPP y del Estado colorado (que es responsable de su accionar) considerarla, con vistas a resolverla políticamente.
La consideración del EPP en tanto organización criminal-terrorista a combatir manu militari por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) produjo el 2 de septiembre el muy deshonroso resultado de dos niñas asesinadas. Dos niñas de once años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Los militares tomaron por asalto el campamento de la organización revolucionaria ubicado en Yby Yaú (Concepción) y ajusticiaron a las dos menores, quienes habían viajado a Paraguay para visitar a sus familias junto con Laura Villalba (madre de María Carmen y tía de Lilian) y su prima de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años. Posteriormente, las autoridades paraguayas presentaron a Lilian y María Carmen como integrantes del EPP y el propio presidente Abdo Benítez -fiel a su linaje: hijo del secretario privado de Stroessner- encomió al operativo asesino con el calificativo de “exitoso en contra del EPP”. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, apuntó desde su cuenta oficial de Twitter.
Las dos niñas eran sobrinas de la presa política Carmen Villalba, una de las mayores dirigentes del EPP, a quien en 2010 le asesinaron un hijo de doce años: Néstor Oviedo Villalba. Además de asesinar a las dos menores, hijas de militantes revolucionarios presos, el Estado infanticida paraguayo, hirió a la otra menor, Carmen Elizabeth (conocida cariñosamente como Licha), con una bala en la cadera. Licha quedó aislada junto a su tía Laura en medio de una zona parecida a una montaña maestra, ubicada entre Concepción y Amambay. El 23 de diciembre último, antes de la medianoche, en la zona de Cerro Guasu fue detenida su tía Laura Villalba. El operativo corrió por cuentas de Comando de operaciones de defensa interna (CODI) y la fiscalía la imputó en tanto supuesta integrante del EPP, por terrorismo, asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa y violación de la Ley de armas en contra, sin que el Estado paraguayo haya dado prueba a la opinión pública de la supuesta peligrosidad de Laura, quien ahora está encarcelada en un cuartel militar. Según se consignó en una conferencia de prensa convocada en Buenos Aires por Nora Cortiñas hoy a la mañana, Laura está siendo interrogada y hostigada psicológicamente. Pero la pura verdad de este operativo la expresó el capitán de navío Oscar Chamorro, jefe de las FTC en una entrevista de Radio Monumental del 24 de diciembre (https://monumental.com.py/la-lupa/24/12/2020/hermana-de-carmen-villaba-estuvo-en-el-ultimo-enfrentamiento-con-las-ftc/). Ahí el militar sostuvo sin pudor que Laura Villalba es “responsable” de ocuparse de los cuidados de los hijos de la familia Villalba, del “lazo familiar entre el número uno y el número dos de este grupo terrorista” y de “estar saliendo de una zona donde hubo un enfrentamiento”. En Paraguay, como se ve, el Estado puede perseguir a alguien por ser hermana de y a partir del supuesto de pertenecer a una organización revolucionaria, contrabandeada por una lengua desaparecedora como “criminal”.
Con la detención de Laura nos enteramos también de que hace poco menos de un mes unxs campesinxs de Amambay vieron cómo un grupo de la FTC capturó a Licha. Desde entonces se desconoce su paradero. Las palabras de la lengua que usamos tienen el signo de un Estado que además de situarse dentro de la (ir)racionalidad infanticida, nos recuerda las más oscuras prácticas dictatoriales latinoamericanas. Se trata aquí menos del paradigma securitario llevado adelante por el Estado colorado que de una desaparición forzada. Estamos también frente a la lucha de una organización revolucionaria que repone el sentido vitalista de lxs condenadxs de la tierra paraguaya y latinoamericana. El Estado colorado debe ser desteñido a la mayor brevedad por las organizaciones sociales-populares, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos que defienden el valor indeclinable de la vida, para hacer de Paraguay y de nuestra América un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unxs pocxs sino la viga maestra de los asuntos comunes de todo un continente. Y mientras tanto una consigna inamovible, propia de una lengua libertaria: aparición con vida de Carmen Elizabeth.
*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET
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