El vicepresidente del Enacom, Gustavó López, explicó hoy que la decisión del Gobierno nacional de declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, no significa que las tarifas serán fijadas por el Estado, sino que “esto habilita a que los aumentos de precios no sean unilaterales” por parte de las empresas.

Asimismo, indicó que tras esta medida “no tendría que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones” por parte de las empresas, y que el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre responde a una situación de “excepción”, en el “contexto de la pandemia” de coronavirus.

“Yo separaría la medida de ayer en dos partes: una cosa es el congelamiento y otra cosa es la declaración de servicio público. El congelamiento responde solamente al contexto de la pandemia y de crisis que no termina. Frente al anuncio de las empresas que en septiembre iban a aumentar, de manera unilateral, y ya habían aumentado en abril, lo que se decidió solamente por la situación de excepción, es congelar hasta el 31 de diciembre”, explicó López.

En declaraciones a CNN Radio, el funcionario consideró a la declaración de servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga como “una decisión más profunda», y que “tiene que ver con el lugar que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ocupan en la sociedad”.

Destacó que “esto habilita a que los aumentos de precios no sean unilaterales, sino que tenga que tener autorización del Gobierno. Esto no significa que fijamos tarifas. Cada empresa, a partir de ahora, en vez de aumentar sin que nadie le diga nada, tiene que justificar los aumentos de costos y el Gobierno le va a decir ‘bueno es el 10%, 5% u 8%’”.

Para López, esta medida “no tendría que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones. En todo caso lo que no se puede aumentar por la crisis económica, se recuperará después como va a ocurrir con todas las empresas. El nivel de recaudación no bajó, la gente siguió conectada y el esfuerzo fue colectivo”.

Más temprano en diálogo con Radio Con Vos, el funcionario destacó que “el Estado vuelve a recuperar la capacidad regulatoria que había sido eliminada por un decreto de Macri en diciembre de 2015”.

“No fija precios, lo que hace es autorizar aumentos para que sea razonable, justo y equilibrado. Va a ser como un precio máximo y a partir de ahí cada uno proponer el combo que quiera. Un elemento muy importante es la prestación social, universal y obligatoria. Tienen libre competencia en el precio máximo, pero tienen que tener una tarifa social, es decir ofrecer una alternativa. Como es un servicio esencial, interviene el Estado para autorizar aumentos”, concluyó.