“nosotras movemos el mundo”

“La deuda es con nosotras y nosotres”. 

Sobre el Paro Internacional Feminista y la agenda de políticas públicas

Por Dra. Agustina Gradin

Las mujeres del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina adherimos hoy al Paro Internacional Feminista.

Decimos basta de violencia machista física, sexual, simbólica, económica y política en todos los ámbitos de nuestra vida privada y profesional.

Les convocamos a sumarse al paro y movilización al Congreso Nacional que se realizará en el día de la fecha.

La deuda es con nosotras y nosotres. Vivas y libres nos queremos

Este nuevo Paro Internacional de Mujeres, trans, travestis, bisexuales y no binaries en Argentina, y en diferentes países de la región y del mundo, nos encuentra frente a un escenario donde las agendas feministas han ido ganando espacios políticos en el Estado, en el poder legislativo, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la vida cotidiana de cada una de nosotras. Lo impensable hace algunos años ha sucedido. La marea feminista ya no es una “ola”, si no una actriz política que vino para quedarse y que ha transformado las agendas de todo el espectro político de nuestro país. Y este movimiento, heterogéneo pero movilizado, ha encontrado en sus propias demandas (muchas veces caracterizadas como sectoriales por quienes aún creen que las mujeres somos una minoría, sin sospechar que somos la mitad y un poquito más también), puntos en común, articulaciones, consignas que lograron representar mucho más que un reclamo particular. Son expresión de una larga trayectoria de luchas que en nuestro país se manifiesta hace varias décadas en los Encuentros plurinacionales de mujeres, trans y travestis, en las movilizaciones contra la violencia machista, en la discusión sobre la participación de las mujeres en política con la histórica sesión en la que se consiguió la Ley de “cupo”, en la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, en las demandas que se convirtieron en Leyes como la Educación Sexual Integral, el Matrimonio Igualitario, la Identidad de género y en las infinidades de expresiones populares que los movimientos de mujeres e identidades LGTBQ+ han ido desplegando y construyendo en la escena pública desde el regreso democrático, y que en 2015 de la mano del #niunamenos, han ganado un lugar destacado en la resistencia al neoliberalismo en todas sus formas.

Hoy, la agenda feminista se pone a la ofensiva de un debate político estratégico sobre las formas de producción, reproducción y distribución de la riqueza social en nuestro país. Y este debate no se encuentra escindido de la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo de nuestro país en su conjunto. La visibilización del trabajo no remunerado, las tareas de cuidados, es hoy uno de los focos nodales de la discusión sobre como saldar las brechas de géneros, la desigualdad estructural en la cual, las mujeres, estamos condicionadas. Desde diferentes espacios feministas históricamente se discute en torno a cómo los estereotipos, roles y mandatos de géneros impactan en la distribución de las tareas de cuidado y las tareas productivas, y en cómo a partir del ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, estas tareas se han constituido en una segunda o tercera jornada laboral. La economía feminista ha construido claves analíticas con gran potencia para explicar esta desigualdad estructural a partir de las cuales las mujeres no partimos en igualdad de condiciones que los hombres en nuestro desarrollo personal. Los “techos y paredes de cristal”, los “pisos pegajosos”, las “brechas de géneros”, y muchos otros, se han colado en nuestro análisis y en nuestro día a día, cuestionando y explicando un montón de situaciones que hasta no hace mucho se encontraban totalmente naturalizadas. Tanto se han colado en nuestra agenda cotidiana que tenemos un Ministerio de las mujeres, los géneros y las diversidades, tenemos un gobierno que asume la agenda de las mujeres y disidencias dentro de la propia, y que incorporó dentro de su gabinete a una parte importante de las referentes de esta marea verde. Esta acción afirmativa, junto con la sanción de la Ley de Paridad en 2017, y el debate legislativo de 2018 y el próximo envío nuevamente del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (esta vez con el apoyo, el compromiso e impulso del Poder Ejecutivo), han sido quizás los avances más significativos en la institucionalidad de género en nuestro país.

Ahora bien, para alcanzar la equidad de género, además de avanzar con acciones afirmativas, es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales entre géneros en nuestro país, los cuales están atravesados por tendencias y factores de contexto que se cristalizan en nuevos desafíos.

Estos factores contextuales son el estancamiento y retroceso del crecimiento macroeconómico a nivel global y nacional, el aumento de la pobreza estructural y de la indigencia, los cambios en la composición y la estructura de las familias, y el agotamiento del actual estilo de desarrollo dominante, entre muchos otros. La pobreza y la indigencia, y la infinidad de problemáticas asociadas como la desnutrición infantil entre otros, son los problemas más urgentes y expresan la punta del iceberg de una sociedad profundamente desigual. El debate es sobre el modelo de desarrollo, sus formas de producción y acumulación de riqueza, sus formas de distribución y de protección social, y el rol de las mujeres y disidencias en el mismo no es ajeno a las disputas por el endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento de la fuga de capitales durante el Macrismo, ni por la financiarización de la economía y la destrucción de la capacidad productiva de una buena parte de nuestro entramado económico, ni por la disputa sobre quién recae las cargas solidarias de impuestos o de los precios vía inflación. Todas estas cuestiones, prioritarias de la agenda productiva e inclusiva de nuestro país, se encuentran atravesadas por las desigualdades de género, y por lo tanto, condicionadas por ciertos nudos estructurales.

Entre los nudos estructurales a enfrentar y que caracterizan la situación de las mujeres y disidencias en la Argentina se encuentran la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, donde la brecha salarial es del 27% según datos del INDEC y la feminización de la pobreza se expresa en mayores niveles de desocupación y de informalidad para las mujeres. A continuación, señalamos algunos datos:

Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones: 44,13% para las mujeres y 63% para los varones, según datos de la EPH 2019

El 11,2 de las mujeres de la Población Económicamente Activa (PEA) se encontraba a diciembre de 2019 DESOCUPADA, frente al 10,2 de Varones desocupados.

Entre las mujeres desocupadas, las más desfavorecidas son las jóvenes de 14 a 29 años, representando el 23,4% de las mujeres desocupadas.

Respecto a la informalidad laboral, el 37,1% de las mujeres en relación de dependencia trabaja sin registración laboral

El caso de la población trans es emblemático y tiene sus especificidades, el 90% vive en situación de pobreza, mientras que sólo el 18% de las personas trans han conseguido un trabajo formal a lo largo de su vida.

El fenómeno de feminización de la pobreza se acrecienta en los hogares con menores y monoparentales con jefatura femenina. Los 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales y de estos el 60% tiene jefatura femenina hogares monoparentales representan el 66% de los hogares pobres y los que tienen jefatura femenina son el 60%.

En estos hogares la AUH es central ya que el 47% la percibe como ingreso principal.

Otro nudo estructural que enfrentar es la cultura patriarcal, discriminatoria y violenta que generó 1 femicidio cada 27 horas en 2019. El Observatorio de las violencias Ahora que sí nos ven, registró un total de 1262 Femicidios entre el 3 de junio de 2015 al 30 de diciembre de 2019. En lo que va de 2020 se registraron 69 femicidios, es decir 1 cada 23 horas. Los femicidios son la expresión más cruel de situaciones de violencias que las mujeres y disidencia vivimos día a día. Según el último relevamiento realizado por el INDEC identificó 576.360 casos de violencia de género entre 2013 y diciembre de 2018. Obviamente estos casos son una muestra, sesgada, de aquellos que por diferentes vías llegan al Estado, dejando afuera una parte importante de casos que no. La magnitud del fenómeno es estremecedora, así como la naturalización de la violencia por una parte muy importante de la sociedad. Despatriarcalizar los vínculos afectivos y las relaciones sociales es urgente.

Un gran nudo estructural, y que se encuentra en íntima relación con la feminización de la pobreza y es una manifestación de violencia de género soslayada son los índices de embarazos no deseados, embarazos adolescentes y muertes por aborto clandestino que suceden en nuestro país. Según datos del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas: “en la Argentina hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias equivale al 25%) y más de 3000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo (SIP 2010)”.

Desde el 2005 la Argentina cuenta con un instrumento extraordinario como la Ley de Educación Sexual Integral para prevenir y erradicar los embarazos no deseados en la Adolescencia y los noviazgos violentos, así como prevenir los abusos en la infancia. Sin embargo, su implementación dista mucho de ser homogénea en todo el país. La resistencia de los sectores conservadores (léase “provida”) hacia avanzar en la construcción de autonomías sobre el propio cuerpo de mujeres, niñas y adolescentes, es la misma que combate la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, negando la posibilidad de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propia maternidad.

La división sexual del trabajo y la desigual distribución social de las tareas de cuidados donde las mujeres destinan 6,4 horas por día a estas tareas, mientras los hombres solo 3,4 horas es otro gran nudo estructural. La mayor participación en el trabajo doméstico no remunerado lo tienen las mujeres (88,9% vs 57,9% de los hombres) lo que está en línea con la hipótesis de la división sexual del trabajo donde la mujer queda relegada a la esfera doméstica y el hombre a la esfera mercantil. Dentro del trabajo doméstico no remunerado, la mayor tasa de participación de las mujeres es en quehaceres domésticos (86,7%), seguido de cuidado de personas (31,3%) y por último apoyo escolar (19,3%). Se observa que, para las mujeres ocupadas, la carga de trabajo de cuidado es prácticamente similar a las mujeres desocupadas o inactivas: tanto las desocupadas como las inactivas dedican 6,5 horas a las actividades de cuidado. En tanto que las mujeres ocupadas dedican tan sólo una hora menos. Por supuesto, las tareas de cuidado recaen principalmente en las mujeres e identidades feminizadas. La pobreza de tiempo afecta en mayor medida la calidad de vida de las mujeres, sobre todo de aquellas que participan activamente del mercado laboral, ya que son las que dedican más horas al cuidado y mantenimiento del hogar, es decir, son las que más horas trabajan. Es urgente avanzar en una distribución más equitativa de las cargas de cuidado en el marco de políticas públicas adecuadas. Los debates actuales sobre cuidado han superado el binomio cuidador autónomo-receptor de cuidado, para centrarse en la interrelación entre los miembros y las responsabilidades de cada uno de los mismos en función a los roles y características socialmente determinadas. De esta forma se visibiliza el cuidado que reciben los miembros que no entran dentro de la categoría miembros vulnerables: Las mujeres nos ocupamos de las criaturas y personas ancianas o enfermas, pero “también cuidamos a los hombres adultos, y todo en conjunto representa costes para las mujeres, costes monetarios directos, en tiempo, básicamente de ocio, en desgaste de energías, en malestar, en renuncias” (Carrasco, 2003). Una de las causas de las diferencias salariales entre géneros tiene que ver con la desigualdad horizontal. Las mujeres tienen más participación entre las actividades de menor nivel de ingreso y son muy pocas en los rubros pujantes, como tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas, lo que dificulta solucionar estas desigualdades en el futuro. Los estereotipos de género en el ámbito laboral operan en la participación sesgada en ciertos rubros considerados “feminizados”, asociando a las mujeres únicamente a tareas reproductivas.

Por último, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público es un impedimento claro para alcanzar la equidad de géneros, donde la participación en las instancias de decisión política seguimos estando subrepresentadas aún con los avances normativos de la Ley de Cupos y la Ley de Paridad legislativa. Para 2019, y después de haber aplicado por primera vez la Ley de Paridad, en Argentina sólo el 38,9% de las bancas legislativas nacionales eran ocupadas por mujeres, y según la CEPAL las mujeres representaban sólo el 13,1% del gabinete nacional, y el 20% en el poder Judicial. En los gobiernos locales solo representamos el 10% de las gobernaciones y municipios. En el sector privado podemos decir que, según algunos estudios realizados, en lo que a la jerarquía respecta, -sin distinción etaria-, se observa que las mujeres representan el 30% de los cargos directivos, y el 40% de los cargos gerenciales. Ahora bien, cuando se recorta por edad, se observa que a medida que aumenta el rango etario, disminuye el porcentaje de mujeres en posiciones gerenciales y directivas.

Todo esto muestra que tanto las mujeres como las identidades diversas y disidentes sufren desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social y económica, así como con el reconocimiento político y simbólico, todo lo cual atenta contra su autonomía, ya sea económica, física o en la toma de decisiones. La autonomía significa, siguiendo a la CEPAL, contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de nuestros derechos reproductivos; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Por esto, para avanzar en la equidad de géneros en necesario promover la autonomía física, económica y en la toma de decisiones de mujeres e identidades diversas y disidentes. En la Argentina actual el escenario político institucional parece avizorar posibilidades de transformación, lenta y gradual, de estos nudos estructurales de desigualdad. Los avances normativos e institucionales, así como el protagonismo de los movimientos feministas en la escena pública, generan por lo menos, expectativas hacia una agenda de demandas que interpela a toda la sociedad en su conjunto.

Este nuevo Paro Internacional Feminista se inscribe en una disputa estructural de fondo por el modelo de desarrollo. Por un lado, las discusiones por la re estructuración de la deuda externa con los acreedores externos y con el FMI que condiciona las posibilidades de desarrollo e inclusión del actual gobierno. Y también sucede en el marco del “Locke out” patronal de una parte del campo argentino, que representa no solo el poder económico concentrado sino también a un sector de la sociedad más tradicional de nuestro país. A lo que se suma la reacción de la Iglesia y de los sectores “próvida” frente a la discusión sobre el aborto, lo cual inscribe al Paro internacional feminista en un escenario de profundas disputas por el modelo de desarrollo, del cual no somos una demanda sectorial más, sino en el cual nos inscribimos y re significamos. Porque “nosotras movemos el mundo.”

9 de Marzo 2020