LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y SANITARIA
Horacio Rovellí
En primer lugar, el gobierno de Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, nos endeudó por 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI y, nos hace subordinar a ese organismo internacional.
Según informó el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a los Diputados de la Nación cuando se presentó el proyecto de ley que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche; que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que, de los siete millones de jubilados y pensionados actuales, cuatro millones perciben el haber mínimo.
Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social.
El Ministro de Salud, Ginés González García, al explicar la necesidad de declarar la emergencia sanitaria, sostuvo que fue tal el desmantelamiento de los hospitales y el desabastecimiento de los distintos programas del área que se necesita conformar y convocar a un Consejo Nacional Consultivo de Salud para evaluar la situación y, a la vez, en forma urgente importar vacunas para el sarampión y otras enfermedades por riesgo de pandemia, incluso eximiéndoles de pagos de aranceles e impuestos
Tratar de modificar esa situación significa hacer una política totalmente distinta a la realizada por el gobierno de Cambiemos, por lo que primero se debe partir de fortalecer el mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional.
— Diego Wainstein (@diegowainstein) December 19, 2019
El Ministro de Economía Martín Guzmán en conferencia de prensa que brindó el día anterior, lo planteó a su modo, que no está libre de riesgos. Primero lo dividió en dos etapas, la primera consiste en “salir del pozo” y para ello debe fortalecer al Estado Nacional y, después, como segunda parte del mismo plan, presentar un programa económico de mediano y largo plazo que se base en una concertación o acuerdo social.
Para disponer de más recursos el nuevo gobierno apunta esencialmente a la reestructuración de la deuda con vista a suspender el pago de intereses y capital por un lapso, en principio de dos años. Recordemos que el presupuesto 2020 armado por el gobierno de Cambiemos, estimaba el gasto de la Administración Nacional en unos 6,2 billones de pesos y se destinaba del mismo el 19,3% (unos 1,2 billones de pesos, aproximadamente 17.000 millones de dólares) que en lugar de pagar deuda, se debe emplear para mejorar las jubilaciones y pensiones, realizar obras públicas, mejorar los servicios de salud, educación, apuntalamiento de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, etc.
Y del lado de los ingresos se fija una tasa del 30% para la compra – venta de divisas, se restablecen los aportes patronales previsionales, se incrementa la alícuota del impuesto a los bienes personales que incluso se pueden aumentar en hasta un100% si se trata de activos situados en el exterior, se aumenta al 3% la tasa de estadística por importaciones y, se restablecen los impuestos internos a los automóviles de alta gama, las embarcaciones, las aeronaves, aviones, hidroaviones y helicópteros.
Con la suma que no se gasta en deuda y los mayores ingresos del Estado se busca fortalecer el rol regulador y de distribución del ingreso y, a la vez, poner en valor a toda la economía.
Recordemos que en los mercados internacionales no solo derraparon los títulos públicos, sino también las acciones y otros títulos privados, de manera tal que en promedio el valor bursátil de las empresas argentinas que cotizan en mercados internacionales, medida en dólares, es la mitad que lo que valían en el año 2015. Por lo tanto, los dueños de esas sociedades son los primeros interesados que la economía argentina retome la senda de crecimiento.
La emergencia, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que habrá pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, relegando a los demás. El proyecto de ley denominado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo afirma de manera explícita, para que no se repita lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias. Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados.
El gobierno encabezado por Alberto Fernández otorgará un bono de $ 5.000 en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima ($ 14.068). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $ 5.000 superior a la mínima (hasta $ 19.068). El bono será menor a $ 5.000 por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de $ 19.068.-
“Soy jubilada, gano $2 más que la mínima y me van a congelar la jubilación”.— Sergio Chouza (@SergioChouza) December 19, 2019
No solo no es así, sino que la señora encuadra en el bono EXTRA al aumento de diciembre.
Nos debemos mejorar urgente la comunicación. La desinformación que emana de los formadores de opinión es enorme. pic.twitter.com/iUaIvJoMIx
Pero paralelamente en el Proyecto de Ley remitido al Congreso de la Nación, proponen suspender por el plazo de ciento ochenta días la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 (Movilidad previsional del 30% por RIPTE y del 70% por IPC). Durante ese plazo, el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, con lo cual frenan el ajuste de los haberes y lo subordinan a la disponibilidad de recursos del Estado nacional
También en el mismo proyecto proponen la colocación de una Letra del Tesoro intransferible en el BCRA, a 10 (diez) años de plazo por 4.571 millones de dólares que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, con intereses que se cancelarán semestralmente.
Entonces, podemos inferir que se está “negociando” la suspensión del pago de los servicios de la deuda, pero eso no significa que se logre rápidamente de allí que, plantean no ajustar por el índice de movilidad las jubilaciones y pensiones y hacerlo luego en forma trimestral y con un indicador que elija el gobierno y, a la vez, detrae de las reservas de libre disponibilidad del BCRA una suma de 4.571 millones de dólares para afrontar pagos de la deuda externa.
Por lo que mientras no se tenga definida la suspensión de los pagos de los servicios de la deuda, todo queda en un ajuste del gasto público, incluso auto limitándose en el cobro de las retenciones (Derechos de Exportación) en que la alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para la SOJA, el quince por ciento (15 %) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 (maíz, trigo, sorgo, etc.) o que tenían una alícuota de cero por ciento (0 %) a esa fecha y, se prohíbe superar el cinco por ciento (5 %) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y bienes industriales y para servicios.
EL MARCO DE LA EMERGENCIA Y LA NECESIDAD DE UN PLAN DE CRECIMIENTO
El nuevo gobierno propone una reestructuración de la deuda que permita crecer y que, a la vez, se financie el mayor gasto estatal que se incurre al aumentar jubilaciones, pensiones, subsidios, obras y salarios públicos, cobrando más impuestos y, paralelamente, manteniendo el control cambiario y el valor en términos reales del tipo de cambio, conseguir un superávit comercial lo suficientemente importante y sostenido para pagar las obligaciones de la deuda.
Son como demasiados objetivos en forma simultánea y con instrumentos en igual número que los objetivos y con los mismos grados de complejidad e incertidumbre, máxime que en toda la historia argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población.
Entonces advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existe del lado argentino o la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en Default y tengan que cobrar como puedan.
Por otra parte, se debe extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que sub facturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobre facturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales), a lo que se suma, la posibilidad cierta que parte de ese incremento del dólar por el gravamen del 30%, se pase a precios.
En síntesis, las decisiones tomadas no están exentas de riesgo, de salir mal se realiza un ajuste en el gasto público y el valor del dólar puede dispararse haciendo caer el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y con ello se reduce el mercado interno, que es lo que se intenta estimular.
Se espera el plan final del Ministro Guzmán, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial, el mismo Ministro lo había estimado en dos años, para después realizar una quita del capital adeudado y el estiramiento de los plazos, como se hiciera en los años 2005 y 2010.
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