un cuarto de siglo de pactos entre el poder político y judicial

Amia: 25 años de impunidad

El 18 de julio de 1994 ochenta y cinco personas murieron en la AMIA. Más de trescientas fueron heridas. Un pacto entre el poder político, el poder judicial, sectores de inteligencia y medios de comunicación consolidó la impunidad durante dos décadas y media.

Por Cosecha Roja

Yanina Muriel Averbuch tenía 20 años, estudiaba abogacía y traductorado de inglés. Marta Treibman, diez años mayor, había perdido a sus padres en la adolescencia, y había quedado al cuidado de sus hermanas menores. Le gustaba mucho viajar. Las dos trabajaban en el Servicio Social de la AMIA. El 18 de julio de 1994 a las 9:53, cuando el edificio voló en pedazos, las dos chicas murieron junto a otras 83 personas. Las encontraron seis días después: estaban abrazadas bajo los escombros.

Jorge Antúnez tenía 18. Era sanjuanino. Vivía con sus tíos, estaba terminando la primaria en una escuela nocturna y trabajaba como mozo en un bar en Pasteur al 600. A él le tocaba llevar los pedidos a la mutual israelita. Moisés Gabriel Arazi cursaba el CBC en la UBA para la carrera de analista en sistemas. El día del atentado había ido a dejar sus datos a la bolsa de trabajo de AMIA. Sebastián Barreiro es la víctima más joven: tenía 5 años. Aquella mañana de julio iba caminando por Pasteur de la mano de Rosa, su mamá. Solo ella sobrevivió.

A 25 años del atentado más grande de la historia argentina las muertes de Yanina, Marta, Jorge, Moisés, Sebastián y otras 80 personas siguen impunes. La lista de responsables de esa impunidad es larga y alcanza a ex funcionarios políticos y judiciales, espías y policías, entre otros. En febrero la justicia confirmó que existió una maniobra para borrar pistas y encubrir el atentado.

1. El primer juicio: la supuesta “pista local” del atentado

En estas dos décadas y media hubo dos juicios vinculados al atentado. En el primero se juzgó la supuesta “pista local”: un grupo de policías bonaerenses que pasaron más de siete años detenidos acusados de prestar apoyo a los terroristas internacionales. 

En septiembre de 2004, después de un año de juicio, el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los imputados y declaró nula la causa por tratarse de una “maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. La investigación, que había sido instruida por el ex juez Juan José Galeano y los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y contó con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Policía Federal, estuvo plagada de irregularidades. 

2. La trama de encubrimiento

Durante el primer debate oral quedó en evidencia que los policías bonaerenses habían sido acusados por el doblador de autos Carlos Telleldín a cambio de 400 mil dólares que fueron pagados con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. 

El Tribunal ordenó investigar el encubrimiento y los investigadores se convirtieron en acusados. 

El ex juez Juan José Galeano fue uno de los actores centrales de las maniobras de encubrimiento. A favor de los intereses del entonces presidente Carlos Saúl Menem había direccionado la causa para garantizar que los integrantes de la familia Kanoore Edul no fueran investigados. Suspendió allanamientos, intervenciones telefónicas y desvió toda la investigación. En una cámara oculta grabada en su despacho se ve cómo negoció con Telleldín el pago de los 400 mil dólares para que cambiara su declaración y dijera que él le entregó la Traffic blanca a un grupo de policías.

Hugo Alfredo Anzorregui, el poderoso titular de la SIDE durante una década, prestó un apoyo esencial. Bajo sus órdenes se fraguaron actas y se perdieron las transcripciones de las intervenciones telefónicas a los Kanoore Edul. También ordenó extraer los 400 mil pesos de los fondos reservados para pagarle al testigo falso.

—Por decisión del entonces presidente —contestó durante el juicio cuando le preguntaron por qué lo hizo. 

El entramado de corrupción y encubrimiento también incluyó a otros dos agentes de inteligencia; al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; a los ex comisarios de la Federal Jorge Fino Palacios y Carlos Castañeda; a Telleldín, su pareja y su abogado, Víctor Stinfale. 

3. El encubrimiento probado

El juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA duró tres años y seis meses y declararon más de 140 testigos. Para la Justicia, los ex funcionarios judiciales y de inteligencia fueron responsables de desviar la investigación. 

4. Las condenas

El ex juez Galeano recibió una pena de seis años; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, dos años; el ex titular de la SIDE Anzorreguy, cuatro años; el exsubsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchézar, tres años; y el ex comisario Carlos Castañeda, dos años.

El reducidor de autos Carlos Telleldín fue condenado a 3 años y 5 meses de cárcel. Su ex esposa, Ana María Boragni, a dos. Su abogado, Víctor Stinfale, fue absuelto. También fueron absueltos el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex agente de la SIDE Patricio Finnen.

Para la justicia no hubo responsables políticos: el ex presidente Carlos Saúl Menem, acusado de ordenar el pago para no investigar la pista siria, fue absuelto.

5. El uso político de la causa AMIA

A un día de cumplirse el 25 aniversario del atentado, el gobierno declaró como terrorista a Hezbollah, en un claro posicionamiento estratégico con Estados Unidos e Israel respecto a Medio Oriente. Para el CELS y la Asociación Memoria Activa “el gobierno nacional sobreactúa alineamientos internacionales para no ser cuestionado por la falta de resultados concretos” en la investigación. 

“Se trata de una decisión que sumerge a la Argentina en un escenario que no controla, al que ingresa como el partícipe más débil. Esta posición en el plano internacional no tiene correlato con las acciones que se requieren en materia de justicia e inteligencia para terminar con la impunidad y desentrañar el encubrimiento”, dijeron desde el CELS y Memoria Activa.

Como parte de esta política internacional el gobierno promovió el juicio en ausencia y negó que haya habido un encubrimiento con fines políticos del atentado. El ministro de Justicia Germán Garavano respaldó política y judicialmente -a través de la querella en nombre del Secretaría de Derechos Humanos- a varios de los condenados por el encubrimiento. 

El 18 de julio de 1994 ochenta y cinco personas murieron en la AMIA. Más de trescientas fueron heridas. Un pacto entre el poder político, el poder judicial, sectores de inteligencia y medios de comunicación consolidó la impunidad durante dos décadas y media.