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— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2 de diciembre de 2018

Cavaremos las tumbas’: Brasil se alista para la política de seguridad de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO — Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, atrajo a millones de votantes con la promesa de facilitar que la policía pueda matar a presuntos criminales y azotar a las violentas pandillas en el país; promesa que en ocasiones hacía mientras movía sus dedos como si fueran una pistola.

Un “buen criminal es un criminal muerto”, dijo durante la campaña.

Ese enfoque draconiano prometido por Bolsonaro ya lleva meses implementándose en Río de Janeiro, su estado natal, después de que el ejército asumió el control de la seguridad en febrero. Esta intervención ha provocado un aumento de muertes a mano de las autoridades y ha dado lugar a un debate renovado sobre si la táctica es la idónea.

Entre marzo y septiembre, la policía y el ejército mataron a por lo menos 922 personas en el estado de Río de Janeiro, un aumento del 45 por ciento en comparación al mismo periodo de 2017. Alrededor de una de cada cuatro personas asesinadas desde marzo en la zona ha muerto a manos del Estado.

Las encuestas indican que una amplia mayoría de los habitantes de Río respaldan la intervención militar. Aunque se han reducido los reportes de delitos como asaltos y robos a cargamentos en los primeros siete meses del mando militar, la cantidad total de muertes violentas en el estado ha aumentado.

“La reducción de la violencia es estratégica para Brasil”, dijo Samira Bueno, la directora ejecutiva del Foro Brasileño de Seguridad Pública, grupo que estudia las tendencias e índices violentos. Pero añadió que, hasta el momento, “se ha discutido por medio de mitos y fórmulas que no están basadas en hechos o evidencia”.

“La reducción de la violencia es estratégica para Brasil”, dijo Samira Bueno, la directora ejecutiva del Foro Brasileño de Seguridad Pública, grupo que estudia las tendencias e índices violentos. Pero añadió que, hasta el momento, “se ha discutido por medio de mitos y fórmulas que no están basadas en hechos o evidencia”.

Las pandillas armadas controlan muchas áreas en Río de Janeiro. CreditDado Galdieri para The New York Times

Los brasileños están de acuerdo con el uso de medidas drásticas para atajar una ola de crímenes violentos que se disparó el año pasado en el país; en total murieron 63.880 personas, un récord.

Tan solo en el estado de Río han sido asesinadas más de 5197 personas en lo que va del año: es una cifra más alta que el saldo de 3438 civiles fallecidos en el mismo periodo debido al conflicto en Afganistán, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.

Es un nivel apabullante de violencia que tuvo mucho peso en la decisión de los votantes durante la elección del 28 de octubre. Además de Bolsonaro, otros políticos que prometieron cazar a posibles delincuentes fueron premiados en las urnas, lo que allana el camino para un derramamiento de sangre mayor.

Bolsonaro, quien ganó con una ventaja decisiva, dijo en agosto que los oficiales de policía que disparan a matar a presuntos criminales con “diez o treinta balazos deben ser condecorados, no castigados”.

Wilson Witzel, un exjuez federal que fue elegido gobernador de Río de Janeiro de manera sorpresiva tras posicionarse como aliado de Bolsonaro, dio un discurso unos días antes de la votación en la que advirtió a los grupos de delincuencia organizada.

“No nos faltarán lugares adonde enviar a criminales”, dijo. “Cavaremos las tumbas y acerca de las cárceles, si es necesario, los pondremos en embarcaciones”.

Después de su triunfo, dijo que favorece extender por diez meses más la intervención militar en el estado —estaba previsto que esta terminara en enero—. También propuso utilizar francotiradores, algunos de ellos a bordo de helicópteros, para acribillar a quien sea que traiga un arma en las favelas.

João Doria, un exalcalde que fue votado como gobernador de São Paulo en una contienda cerrada, prometió recaudar fondos para que los “mejores abogados” defiendan a cualquier policía demandado por abatir a presuntos delincuentes.


Patrullajes en Río de Janeiro, en 2017. Las fuerzas armadas brasileñas asumieron el control de la seguridad en el estado en febrero de 2018. CreditDado Galdieri para The New York Times

Las pandillas del narcotráfico han controlado desde hace décadas decenas de vecindarios en las grandes ciudades brasileñas; fungen como la autoridad de hecho en áreas donde la policía casi no se aventura a entrar. Las confrontaciones para el control territorial entre pandillas rivales, así como los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, fueron las que más contribuyeron al saldo rojo del año pasado.

“No hay que hablar con los delincuentes; se habla después de disparar”

Gustavo Bebianno, integrante destacado de la campaña de Bolsonaro, dijo que el problema creciente de la violencia en Brasil se “volverá irreversible” a menos que se tomen acciones contundentes pronto.

“Si una escoria está en la calle y porta un arma de manera ostentosa, debe ser un blanco”, dijo Bebianno. “No hay que hablar con los delincuentes; se habla después de disparar. ¿Por qué una persona decente estaría portando un arma de guerra de manera ostentosa en una vía pública?”.

El comandante del ejército a cargo de la intervención militar en Río de Janeiro, el general Walter Souza Braga Netto, dijo que la mayoría de las personas abatidas por la policía son “matones irracionales”.

Ante la pregunta de por qué han aumentado los homicidios a manos de la policía desde que comenzó la intervención, Braga Netto explicó que él y sus hombres han dado capacitaciones de tiro a los oficiales y los han ayudado a conseguir y mantener su equipo, por lo que tienen mayor exactitud.

“Había muchos disparos y básicamente nadie le daba a nadie”, dijo, en referencia a los operativos de seguridad previos al trabajo militar. “Entrenamos a la policía y aprendieron a dar en el blanco”.


Un sitio donde ocurrió un homicidio en Río de Janeiro. Los delitos violentos en el país cobraron la vida de 63.880 personas el año pasado, un récord.

Los expertos advierten que promover que la policía se vuelva aún más letal no ayudará mucho para atender las causas más básicas de la violencia, sino que lo más probable es que las empeore.

“Es como implementar la pena capital en las actividades diarias de la policía”, dijo Bueno, del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “Además de que es ilegal, en contravención con la Constitución e inmoral, dejará más vulnerables a los oficiales de policía”.

Gran parte de la violencia en Río de Janeiro se debe a los grupos delincuenciales conocidos como milicias, formados por policías y militares retirados y en activo que actúan por cuenta propia. Se han vuelto cada vez más poderosos en comunidades desatendidas por el Estado pues extorsionan a los residentes a cambio de protección, operan negocios de transporte público sin licencia y se involucran en el narcomenudeo.

Se sospecha que las milicias han cometido algunos de los peores crímenes en la ciudad en los últimos meses, incluido el tiroteo desde un auto en movimiento que mató a Marielle Franco, concejala de izquierda asesinada en marzo, así como el homicidio de un juez en 2012.

Muchos residentes que viven en áreas convertidas en campos de batalla locales están aterrorizados por la posibilidad de que haya aún más violencia en los meses venideros. Cuestionan si la intervención militar realmente provocará una baja duradera en los delitos.

“Pone a todos en riesgo”, dijo Sueli Oliveira, de 73 años y habitante de la favela carioca de Santa Marta. Destacó que algunos de los soldados desplegados en las comunidades son oriundos de las mismas favelas. “Terminan enfrentados los pobres contra los pobres”, indicó.

Líderes militares de alto rango tampoco se notan muy entusiastas respecto a la militarización del trabajo policial.

“Las fuerzas armadas no pueden mantener la seguridad pública de los estados de manera indefinida”, dijo el general Braga Netto. “Vamos, damos apoyo, les enseñamos a gestionarlo y nos vamos”.


Soldados en una favela de Río, en septiembre de 2018. El gobernador electo del estado dijo que buscará extender la intervención por diez meses más; estaba previsto que se terminara en enero.

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general retirado a quien Bolsonaro quiere nombrar para el ministerio de Defensa, dijo que el presidente electo no le ha indicado si quiere continuar una política de dependencia en el ejército para temas de violencia urbana.

“No es la misión de ensueño para las fuerzas armadas, pero si es necesario, seguirá”, dijo.

Adriana Beltrán, experta en temas de seguridad de la Oficina de en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que los líderes de América Latina han recurrido cada vez más a las fuerzas armadas para lidiar con áreas donde las fuerzas policiales quedan rebasadas y el sistema penal es deficiente. Pero los líderes brasileños, añadió, deberían estudiar primero cómo se ha desenvuelto esa situación en países como México y Honduras.

“El uso de los militares no ha resultado en la interrupción de la actividad criminal o en el desmantelamiento de las redes delincuenciales”, dijo Beltrán. “En muchos casos, las pandillas y grupos criminales han aumentado sus niveles de organización y sofisticación. Los casos de México y de Honduras demuestran cómo depender en las fuerzas armadas para temas policiales incrementa los abusos a los derechos humanos, incluidos la tortura, las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales”.

Más allá de proponer la relajación de las leyes para que la policía pueda abrir fuego, Bolsonaro ha dicho que algunos adolescentes deben ser enjuiciados como adultos si son acusados de crímenes violentos, además de prometer que sea más fácil para los civiles portar armas para la defensa propia.

“El uso de los militares no ha resultado en la interrupción de la actividad criminal o en el desmantelamiento de las redes delincuenciales”.

El aumento de políticos de mano dura contra el crimen marca el fin de las estrategias policiales que ayudaron a reducir la violencia en Río cuando fueron implementadas hace una década.

En 2008, el gobierno estableció una red de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en favelas de toda la ciudad para intentar arrebatarle el control territorial a los grupos criminales. El gobierno logró retomar la autoridad en decenas de áreas antes anárquicas en muchas ocasiones sin disparar una sola arma, para posibilitar que se hicieran las inversiones prometidas en los sistemas de educación, de salud y sanitario.

Sin embargo, esas inversiones no se materializaron. El enfoque fue abandonado debido a problemas de presupuesto en el estado, agravados por un escándalo de corrupción.

Eliana Sousa, dirigente de la organización comunitaria Redes da Maré, en la favela Maré —de las más grandes de Río de Janeiro—, dijo que teme que empoderar a la policía a recurrir más a la fuerza solo empeorará la situación.

“Esta política de abatimiento ya existe”, dijo. “¿Cuál es el resultado? La violencia ha escalado”.

Joelma Viana, de 39 años, habitante de la favela Chatuba da Penha y madre soltera, señaló que su vida quedó destrozada después de un operativo en su vecindario en agosto pasado.

Viana, quien trabaja en un restaurante como cocinera, contó que la policía asedió su hogar, destruyó su televisor y se robó una caja de joyería con un reloj que había comprado para su hijo por su cumpleaños y su par de aretes favorito.

“La poca cantidad que había podido ahorrar fue por medio de muchos sacrificios, por lo que en ese momento me sentí destruida”, dijo Viana, quien reportó lo sucedido como robo y destrucción de propiedad. “Nunca me había tocado algo así en 38 años de vivir aquí. Me siento humillada. Quiero justicia”.