Habría una reducción en términos reales de 13 % del gasto público nacional entre 2017 y 2020, ajuste que alcanza al 30 % para el promedio de partidas por fuera de las erogaciones previsionales.
El recorte del gasto de capital sería de 1,3 puntos del PIB en el acumulado hasta el fin del mandato presidencial, y los ahorros por menos subsidios llegarían a 1,1 punto del PIB.
Respecto a la remuneración de los trabajadores del sector público nacional, es clave lo que ocurra con la planta de personal. Las únicas partidas que crecerían en términos reales hasta 2020 (un 7 %) son las vinculadas a Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones Familiares, AUH y programas sociales. Este subconjunto representa el 60 % del gasto primario.
Existe, además, una cláusula por la que podrían aumentar las transferencias a familias un 0,2 % del PIB, en caso que fuera necesario. Adicionalmente, se ha fijado un piso de 1,3 % del PIB para los ítems del presupuesto destinados a la niñez (AUH, Asignación por embarazo y Asignaciones Contributivas. Las transferencias discrecionales a provincias, con un 74 % de ajuste en términos reales hasta 2020, resultan el rubro más afectado por el replanteo de las metas fiscales.
El grupo de provincias con mayor dependencia de transferencias discrecionales que, a su vez, enfrenta mayores complicaciones financieras, incluye a La Rioja, Jujuy, Misiones, Chaco, Salta, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Sin embargo, esta última provincia tiene como compensación las reformas introducidas por el Pacto Fiscal de 2017.
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El ajuste obligará a cortar obras del Estado, seguir subiendo tarifas y atrasar salarios https://t.co/gLtdsekgxR— Ismael Bermudez (@IsmaelBermudez1) 8 de junio de 2018
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