1/22/2018

trabajo informal: la reducción de costos no modificará sensiblemente el modo de hacer las cosas


“Flexibilización por control”
Por Diego Schleser y Matías Maito*

El gobierno de Cambiemos está desmontando un esquema de políticas implementadas desde 2003 que, aun con problemas y limitaciones, logró una reducción sistemática de la incidencia del trabajo no registrado. Después de que la problemática presentara una tendencia creciente durante las décadas del ‘80 y del ‘90, entre 2004 y 2015 la tasa de empleo no registrado se redujo 13 puntos porcentuales. Ese modelo proponía un abordaje integral, que tenía en cuenta la multicausalidad del fenómeno.

Por un lado, se implementó un patrón de crecimiento de incentivo a la producción nacional y a la generación de empleo de calidad; junto a un programa de protección del trabajo para garantizar un piso de derechos laborales y reducir las desigualdades. También se fortaleció la inspección laboral y se extendió la protección social. Por otra parte, se pusieron en práctica instrumentos específicos tales como incentivos fiscales para distintas unidades productivas, campañas de sensibilización, simplificación de procedimientos administrativos y un amplio esquema de formación profesional. A su vez, para resolver la situación de cierto núcleo complejo que aún permanecía en la informalidad, en 2013 se implementaron nuevas políticas para cada uno de los sectores críticos (trabajo doméstico, sector agrario, jóvenes, micro y pequeñas empresas).

Este esquema está siendo reemplazado en la actualidad por otro que supone que la informalidad es, básicamente, el resultado de un mercado con costos laborales elevados. En ese marco, las políticas que planea implementar el gobierno para resolver la problemática apuntan a reducir esos costos, a través de los contenidos comprendidos en la reforma tributaria (ya aprobada) y en la laboral (por tratarse). Entre sus principales elementos se incluyen la flexibilización de las condiciones de trabajo, la rebaja generalizada de las contribuciones patronales, la amnistía a empleadores que contratan trabajadores no registrados (el denominado “blanqueo”) y la reducción del período de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales plasmada en el DNU publicado hace dos semanas.

La orientación de este programa de acción y su sesgo hacia un solo aspecto del fenómeno como son los costos laborales, lo enfrentarán a limitaciones que resultarán difíciles de sortear.

En primer lugar, la flexibilización de las condiciones de trabajo no parece el camino adecuado para reducir la informalidad, tal como lo demuestra la experiencia de nuestro país durante la década del ‘90. Más aún, como se señaló previamente, la caída sistemática de la incidencia del trabajo no registrado se alcanzó entre 2004 y 2015, cuando se reinstaló el principio protectorio como rector de las relaciones laborales.

Por otro lado, aun suponiendo que estas políticas flexibilizadoras puedan tener algún efecto positivo, es claro que las acciones concentradas únicamente en la reducción del costo laboral tienen una cobertura limitada en el universo de los asalariados no registrados. Ni los asalariados informales del trabajo doméstico ni los del sector público se beneficiarán directamente con la reducción de costos laborales. Y tampoco lo harán aquellos que se desempeñan en unidades productivas que están completamente al margen de las normas vigentes (no sólo de las laborales), dado que ellas se ven imposibilitadas de afrontar cualquier costo (por mínimo que sea). De este modo, se puede estimar que más del 60 por ciento de los asalariados no registrados se encontrarán excluidos del presunto impacto potencial que podrían tener estas políticas.

A su vez existe un segmento de empleadores particularmente reticente a registrar a sus trabajadores, para los cuales el incumplimiento de las normas laborales responde a una cultura de la evasión. Cerca de un 60 por ciento del total de las empresas con trabajo no registrado detectado por la inspección laboral, no regularizó a sus empleados en una segunda fiscalización. Y de ese conjunto, el 72 por ciento tampoco lo había hecho cuando tuvo lugar la tercera inspección. Evidentemente, para este grupo, la reducción de costos no modificará sensiblemente el modo de hacer las cosas.

En definitiva, el gobierno reemplazó un esquema de políticas que había demostrado su eficacia para reducir progresivamente la informalidad por otro que probablemente tendrá resultados contraproducentes.

El incipiente crecimiento de esta problemática hacia fines del año pasado podría ser la primera manifestación de estos cambios.

* CETyD/Unsam

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