Los senadores del bloque FPV-PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho.
Esta vez, el Gobierno de Macri denuncia penalmente a 11 diputados nacionales de la oposición, utilizando acusaciones absolutamente mentirosas acerca de lo sucedido el pasado 14 de diciembre en oportunidad del debate de la Ley de Ajuste a los Jubilados, en una sesión en la que el oficialismo no consiguió el quórum.
Este es un hecho inédito e inadmisible para la historia democrática de nuestro país y constituye, de por sí, uno de los atropellos institucionales más peligrosos que ha cometido el Gobierno de Mauricio Macri.
Los hechos cristalizan una realidad completamente distinta a la mentira con la que el Gobierno de Macri engaña para realizar su denuncia y para intentar tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las ordenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En aquélla jornada se vivió una represión de la cual no hay memoria desde el regreso de la democracia. Fueron mas de 10 horas de represión que dejaron un saldo de más de 45 detenidos y 7 diputados nacionales heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Existe un registro audiovisual que resulta abrumador. Tanto medios de comunicación como ciudadanos de a pie pudieron registrar los acontecimientos, dando muestra que los diputados ejercieron efectivamente su rol de representantes del pueblo, dentro y fuera del Congreso, exigiendo a las fuerzas de seguridad que tuvieran un comportamiento democrático hacia la ciudadanía.
Es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función.
Por ello, al día siguiente de la brutal represión, el Presidente del Bloque FPV-PJ, junto a los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, denunciaron penalmente a los responsables del operativo represivo.
Nuevamente estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento recurriendo a métodos, procedimientos y formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina, cuyo objetivo central es criminalizar a la protesta social y amedrentar a las voces que no se someten al diseño de oposición que pretende imponer el Gobierno.
Seguiremos cumpliendo el rol de oposición para el cual hemos sido elegidos a través del voto popular, rechazando toda acción represiva que pretenda cercenar voces, criminalizar la protesta social, judicializar la política y desacreditar a toda aquella oposición que no sea a la medida del Poder Ejecutivo, que no sea una oposición de a la medida de Olivos.
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