LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
La investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se encuentra entre fuegos cruzados, por características propias del caso y por otras más generales que ponen en cuestión quiénes y cómo se investigan los crímenes políticos, los crímenes de Estado.
Myriam Bregman
Legisladora electa CABA - FIT | CeProDH | @myriambregman
Caso Maldonado: los manuales del Gobierno de Macri para encubrir y negar
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages
La investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se encuentra entre fuegos cruzados, por características propias del caso y por otras más generales que ponen en cuestión quiénes y cómo se investigan los crímenes políticos, los crímenes de Estado.
Señalamos en una publicación anterior que la desaparición y la muerte de Santiago constituyen un crimen de Estado. Esta figura busca expresar que entre este tipo de crímenes y el Estado mismo hay una relación intrínseca y profunda. No son parte de errores ni excesos, son crímenes que se cometen desde el aparato estatal para defender los intereses de los grandes capitalistas y por eso se los encubre y justifica. En la sociedad capitalista, las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado para mantener un férreo control social. Sus fuerzas represivas están al servicio, esencialmente, de defender la propiedad de los terratenientes, de los grandes empresarios. Esa intervención represiva es superior cuando se trata de manifestaciones y reclamos que cuestionan ese dominio.
Quién investiga un crimen de Estado
En los últimos días la fiscal Silvina Ávila y el juez Gustavo Lleral rechazaron los pedidos de la familia con relación a que se sumen expertos independientes de las fuerzas de seguridad y la propia justicia. Desde el inicio de esta causa venimos insistiendo en que es crítico que la mayoría de las pericias las realicen fuerzas como la Policía Federal o la Prefectura, que dependen de la misma ministra Patricia Bullrich, muy interesada en justificar el operativo represivo de aquel 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, momento en que desaparece por 78 días Santiago Maldonado. No cuentan con una mínima o elemental distancia con el expediente y sus implicancias.
No es casual que toda la expectativa intente ponerse en el resultado de las pericias relacionadas con la autopsia, aislándola del operativo represivo que colocó a Santiago a ese lugar. Es innegable cómo todo esto se rodea de una profunda manipulación mediática de determinados datos que supuestamente se filtran y que son utilizados para que, a coro, algunos de los grandes medios y el Gobierno sentencien un vengativo “¿vieron? se ahogó”. Sin embargo, el resultado final de la autopsia, sea cual sea, no nos dirá en qué circunstancias murió Santiago, no dirá ni por qué ni cómo llegó al río, no dirá nada del operativo represivo que con saña y odio se desplegó contra la comunidad mapuche ni en función de defender qué intereses económicos en la región actuaba la Gendarmería.
Una de las voceras del Gobierno, Elisa Carrió, se refirió a la autopsia diciendo “el cuerpo hablará”. Lo hace no porque busque la verdad, sino porque busca distraer la atención sobre la responsabilidad gubernamental, sobre por qué desde el Ministerio de Seguridad se mandó a lavar las camionetas que intervinieron en el operativo antes de que fueran peritadas por el juez, por qué el funcionario de primera línea Pablo Noceti se negó a que periten su celular (amenazó con romperlo ante la mínima posibilidad de que ocurriera) ni por qué quemaron todos los bienes de los miembros de la comunidad en el violento operativo de agosto, entre otras cosas.
Todas esas circunstancias requieren urgente esclarecimiento. Que no nos distraigan, porque la autopsia es una parte, no el todo.
En la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado están implicados no solo los autores materiales, sino todos aquellos que han encubierto y planificado. Pablo Noceti ordenó literalmente una cacería a los mapuches (“vamos a detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM”) y el operativo realizado el 1° de agosto fue calificado como una acción “antiterrorista”. Fue Gonzalo Cané, secretario coordinador con los poderes judiciales, legislativos y ministerios públicos, quien redactó para el Gobierno un informe de 36 fojas cuya carátula reza: “R.A.M. Resistencia Ancestral Mapuche. Gendarmería 2017”, y lo introdujo dentro del expediente 8233/17 (hábeas corpus), tal como lo señala Sebastián Premici.
En consonancia, hasta hoy Patricia Bullrich no tomó ni la elemental medida de separar de la fuerza al personal de Gendarmería que actuó ese día, ni siquiera a los que llegaron al río, a los que, como consta en la causa, gritaron “tenemos a uno”, “les dimos corchazos para que tengan”.
La corporación judicial actúa en el mismo sentido, centrando la expectativa en los resultados de la autopsia y cerrando filas para que no haya otras miradas sobre la investigación. Santiago murió indiscutiblemente en un operativo de Gendarmería. No hay un solo gendarme indagado por los dos jueces que ya tuvo la causa.
Técnicas de neutralización
No hay un gramo de improvisación en el plan de impunidad, encubrimiento y negación que se desplegó por parte del aparato estatal y mediático. Esa actividad puede ser encuadrada en lo que desde la criminología se ha señalado como “técnicas de neutralización”. Estas técnicas se disparan, justamente, para justificar la negación o el encubrimiento de un crimen político, y con ellas la criminología se refiere a los mecanismos para anular determinados preceptos o valores que llevarían a condenar determinado delito.
El concepto fue desarrollado inicialmente por David Matza y Gresham Sykes (1) en relación a la delincuencia juvenil. La idea de técnicas de negación y neutralización fue luego adoptada y desarrollada por el prestigioso criminólogo Stanley Cohen (2) para analizar cómo en todo crimen de Estado los implicados apelan a mecanismos para minimizar, ocultar y justificar sus crímenes.
Para ello, cuentan con todo el aparato estatal (funcionarios, fiscales, jefes y “científicos” de las fuerzas de seguridad), pero también con otros actores que son claves a tal fin. Entre ellos, algunos medios de comunicación, que montan y difunden junto a ese aparato estatal las más diversas operaciones, incluyendo la aparición de “personalidades expertas” que aparecen dando su opinión, que intentan hacer pasar como desinteresada, construyendo así un relato que busca a través de esos mecanismos instalarse en la opinión pública como “la verdad”. Además, claro, de justificar todo el accionar estatal.
El uso de las técnicas de neutralización impulsa una espiral de negación que hace girar el discurso oficial para justificar la violación de los derechos humanos. Los criminólogos señalan que en el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, o sea, directamente se afirma que los hechos no ocurrieron o no fueron como se los describe. Como el crimen es negado, se necesita del armado de un discurso de la negación oficial. Aquí lo vimos: “Santiago no estaba en el lugar, puede estar en Chile”, dijeron por casi tres meses.
Cohen describe y tipifica esas técnicas, de tal modo que lo que estamos vivenciando en el caso de Santiago Maldonado parece ser calcado de un manual de negación.
Veamos: a) La negación de la responsabilidad, quizás la más poderosa de las técnicas de neutralización, la primera que se ensaya en un crimen de Estado. Aquí se pudo ver desde el primer momento en la actitud de la ministra Patricia Bullrich de defensa cerrada a la Gendarmería, exculpándola de todo el accionar (“no voy a tirar un gendarme por la ventana”) y de negación de la desaparición y muerte de Santiago, instalando en "cadena nacional" la falsa pista del puestero que había herido de muerte al joven. Cuando decimos “el Estado es responsable” es precisamente para enfrentar el hecho de que esa responsabilidad es negada; b) la negación del daño causado y la negación de la víctima: el Gobierno, primero a través de Patricia Bullrich, y después con los funcionarios Daniel Barberis y Gonzaló Cané, negó la existencia de Santiago y su presencia en la lof.
Hasta dijeron que se había “escapado” a Chile. Se busca insistentemente sostener que Santiago no murió a manos de la Gendarmería, sino que se metió al río y se ahogó, omitiendo, claro, los motivos por los que se vio obligado a llegar al río; o bien, se descalifica a la víctima de tal modo que el crimen está justificado (“era terrorista de la RAM”, “estaba cometiendo un delito como cortar la ruta”, etc.). Es más, el daño social causado a la comunidad mapuche, la persecución sistemática a sus integrantes, la quema de sus pertenencias y viviendas no solo es negado, sino también justificado. Por último, c) la condena a quienes condenan, técnica que en todo crimen de Estado busca descalificar al entorno y la familia de la víctima, a quienes luchan por justicia, a los organismos de derechos humanos. En este caso, ni siquiera vale repetir todas las formas en que buscaron mancillar el reclamo de Sergio y la familia Maldonado, así como a las organizaciones que lo acompañamos.
Estas son las actividades que conscientemente han desplegado el Gobierno y algunos grandes medios, es decir, la puesta en práctica rigurosa de todos estos mecanismos. Eso explica también el espionaje que denunciamos judicialmente, realizado contra la familia y organismos de derechos humanos por parte de la misma Gendarmería: es la persecución y control a “quienes condenan” la muerte de Santiago. Este espionaje fue realizado ante los ojos de la Justicia, que lo amparó abiertamente.
Podemos completar que todo esto se desarrolló con el aditamento de rodeos discursivos y justificación. al decir de Cohen, la negación literal: “La víctima –o sus familiares, agregamos- está mintiendo porque tiene interés político en desacreditar al Gobierno; los testigos son de poca confianza o parte de la oposición política, los organismos de derechos humanos trabajan con una agenda política oculta” (Estados de Negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento).
El daño ocasionado por Gendarmería y la negación de que Santiago es una víctima de ese accionar fueron desde el inicio la política estatal: no solo pusieron en tela de juicio la presencia del joven la Pu Lof, siendo que Gendarmería tenía fotos suyas desde ese mismo 1° de agosto, sino que luego sembraron todo tipo de pistas y relatos falsos: lo mató un puestero, pasea por Entre Ríos, estaría en Chile, lo vieron haciendo dedo, se cortó el pelo en San Luis. Ninguna de esas versiones fueron chismes de vecinos, sino versiones arrojadas a los medios por funcionarios del Gobierno, lo que demuestra la planificación del encubrimiento. Que haga falta semejante operación demuestra que algo enorme se pretende negar: que Santiago murió por el accionar de Gendarmería. Todavía resuena la risita de Elisa Carrió cuando lo comparó con Walt Disney. Macabro.
Días atrás, el asesor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, dio una entrevista en Perfil que no hace más que reforzar lo que hemos venido sosteniendo. Logra, en pocas palabras, condensar todos los mecanismos de neutralización y negación. Luego de desacreditar a los testigos de la comunidad mapuche (técnica que ya describimos y que el gurú ecuatoriano toma al pie de la letra), se despacha contra la familia de Santiago de una manera feroz:
-Noticias: ¿El Gobierno no debería haber tenido otro trato con la familia?
Durán Barba: Es una familia militante. Están contra el Gobierno, contra el sistema, y están dolidos por la muerte de un integrante. (…) No hay cómo hacerse amigo de ellos. Si Mauricio le manda un saludo, ellos lo van a rechazar igual.
Noticias: ¿No deberían haberse comunicado antes?
Durán Barba: Hubiera pasado lo mismo. No es por el tiempo, es por su ideología. Ellos creen que la Gendarmería lo mató. Yo entiendo totalmente ese mundo: es absurdo tratar de que alguien que milita en una opción que niega la legalidad del Estado diga la verdad. Dicen lo que conviene a su proyecto, como lo hacían todos los enfrentados en la época de la guerra fría.
Y sigue con su defensa a lo actuado por Patricia Bullrich:
-Noticias: ¿Bullrich no se equivocó a nivel comunicacional?
Durán Barba: Patricia es la jefa de la Gendarmería. Tú no puedes separar de sus cargos a gendarmes sin que haya pruebas en su contra. Ella tenía que ser solidaria con sus subordinados, que son la principal fuerza de la lucha contra el narcotráfico y están haciendo un trabajo fantástico. Se jugó por lo que creía verdad. Si Maldonado hubiera muerto en un cuartel, ella tendría que haber volado por los aires. Pero confió en que eso no era así, y le salió bien.
“Le salió bien”, remata Durán Barba.
A modo de conclusión, volvemos a preguntarnos: si Santiago sencillamente se ahogó, ¿por qué semejante montaje, calcado de manuales de criminología, en los que se analiza el crimen de Estado y sus implicancias?
Más siniestro, más grave resulta este crimen cuando se lo ve con este prisma, el de la planificación de la negación y el encubrimiento y sus técnicas de neutralización.
Nada fue azaroso y eso refuerza nuestra convicción de que la desaparición y muerte de Santiago es responsabilidad del Estado. Y refuerza aún más nuestra convicción de que solamente si seguimos luchando en las calles y denunciando cada maniobra de impunidad habrá justicia por Santiago.
Notas:
(1)Técnicas de neutralización, una teoría de la delincuencia, traducido por María Florencia Vaquero, publicado originalmente en American Sociological Review, Vol 22, N.º 4, agosto 1957.
(2) Estados de negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Dpto de Publicaciones, Facultad de Derecho UBA, noviembre 2005. Conceptos que retoma Eugenio Zaffaroni en su trabajo “El crimen de Estado como objeto de la criminología” (2006).
Entrevista a Daniel Rey Piuma
Arqueología de los crímenes de estado por ahogamiento
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