Amparadas en la teoría económica
neoclásica, que supone que toda intervención en el libre juego de la oferta y
la demanda conlleva efectos distorsivos y, por ende, perjudiciales para la
economía, las reformas laborales que fueron promovidas en distintos países
persiguen como objetivo el debilitamiento de los marcos normativos de
regulación del trabajo.
De acuerdo con la perspectiva que
sustenta estas iniciativas, los estándares de protección de los trabajadores
que caracterizan a los costos, configuran esquemas excesivamente rígidos y, por
ello, se erigen como un obstáculo para la generación de empleo.
Esta lógica se exacerba en la
medida que las innovaciones tecnológicas afectan crecientemente la dinámica
productiva.
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Ahora bien, como reseñamos en el documento, no existe un consenso extendido en
la literatura especializada en cuanto a los efectos que estas iniciativas parte
de las investigaciones encuentra base empírica para cimentar la hipótesis según
la cual las transformaciones de las relaciones laborales incentivan el
dinamismo de la economía y la creación de puestos de trabajo, otros estudios
concluyen que su implementación no genera empleo, sino que además precariza las
condiciones laborales.
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Pero las investigaciones sí convergen en un aspecto. Tanto desde una
perspectiva como desde la otra no parece haber duda respecto de que este tipo
de reformas laborales promueve aumento de los niveles de desigualdad. Tal
constatación da sustento empírico a la aseveración conceptual que concibe que
la protección del trabajo instituida mediante el derecho del trabajo contribuye
efectivamente a moderar las desigualdades propias del sistema capitalista, por
el contrario, su revocación las amplifica.
En este mismo sentido, el propio Fondo Monetario Internacional ha identificado recientemente a la flexibilización laboral como uno de los principales impulsores de la desigualdad. flexibilidad [de las instituciones laborales] a aquellos con bajas calificaciones, y por lo tanto juega un rol importante en la explicación de las desigualdades” (Dabla-Norris et. al., 2015 de sindicalización y una caída del salario mínimo se asocian con un mayor nivel de desigualdad. Luego concluyen que “la evidencia de una amplia muestra de países sugiere que las regulaciones de facto del mercado de trabajo (como los salarios mínimo seguridad social) tienden en promedio a mejorar la distribución del ingreso”.
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En consecuencia, las iniciativas de
reforma dirigidas a debilitar el derecho del trabajo deberían ser rechazadas
por la simple razón que el único resultado que ha sido demostrado de manera
unívoca, es la restauración de las asimetrías existentes entre el trabajador y
el empleador.
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Otro aspecto relevante, es que la velocidad de los cambios que atraviesan las
sociedades y, en particular, los sistemas productivos a partir de la innova del
mundo del trabajo frente a un conjunto de desafíos absolutamente novedosos, que
precisan de un abordaje sofisticado y cuidadoso.
Los impulsores de las reformas
laborales aquí analizadas han presentado esta realidad como un proceso de
modernización que por su propia naturaleza demanda, para poder subsistir en él,
la caducidad de los estándares de protección que históricamente mejoraron las
condiciones de vida de los trabajadores.
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