9/15/2017

soul sacrifice



Tras la reunión de los movimientos sociales con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca, el dirigente de la CTEP, Juan Grabois, confirmó que el Gobierno nacional “cambió de actitud”. 

Luego de que la semana pasada el Ejecutivo advirtiera que no cumpliría con las inversiones contempladas en la Ley de Emergencia Social, votada por el Congreso Nacional, y la respuesta de los movimientos populares que adelantaron un plan de lucha y movilización que iba a comenzar el jueves pasado con ollas populares en diferentes puntos del país, la alianza gobernante dio marcha atrás y se comprometió a cumplir el cronograma de pagos del monotributo y el aguinaldo social, y promover el debate para sancionar la emergencia alimentaria, ley que se sancionaría antes de las elecciones legislativas.

El proyecto de Emergencia Alimentaria, que las organizaciones populares presentaron con un millón de firmas el 7 de agosto pasado, y que será debatido en comisiones, contempla la compra de alimentos a la productores de la agricultura familiar, elevar la calidad de los alimentos que se entregan a los comedores y el diseño de un programa “con una visión menos clientelar y más de política pública”.

Mientras tanto, el acuerdo alcanzado permitirá continuar con la incorporación de trabajadores al régimen de la economía popular, ámbito en el cual ya se desempeñan 150.000 trabajadores, a diferencia del programa Empalme, anunciado por el presidente Mauricio Macri el 1º de mayo, que hasta el momento dio trabajo, bajo relación de dependencia, a sólo 78 personas.

Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la CCC también reclamaron en la mesa de negociación la prórroga de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas. “Hay 8 millones de hectáreas en disputa, que podrían destinarse a la agricultura familiar e indígena”, advirtió Grabois.

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Cambios estructurales en el mercado de trabajo


En la actualidad, la mayor parte del debate sobre los problemas económicos gira en torno a la inflación, el déficit fiscal y el tipo de cambio, pero se habla poco sobre el principal problema que tiene este modelo: el empleo.

Al analizar el desempeño del empleo registrado total, se observa que los casi 160.000 puestos de trabajo generados en lo que lleva recorrido el gobierno de Cambiemos se deben al aumento de los monotributistas, y en menor medida, al sector público y el empleo doméstico; mientras que el empleo privado, que es el componente más relevante, lleva destruidos más de 33.000 puestos de trabajo.

Esos 33.000 asalariados privados, surgen de una destrucción neta de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, frente a una creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo de la media. Es decir, no solo se observa una caída absoluta del empleo privado registrado sino además un cambio significativo en su composición, donde priman la generación de puestos con menores salarios.

 En gran medida eso se debe al comportamiento del empleo industrial, la rama más golpeada, que lleva destruidos -61.500 puestos de trabajo y su dinámica no parece encontrar un piso.


La explicación se encuentra en una combinación de factores: la apertura de las importaciones, sumado a la suba inicial de los costos provocada por la devaluación y el incremento de las tarifas

Si bien con este tipo de análisis no alcanza para concluir fehacientemente que exista un quiebre estructural en la evolución del empleo industrial, debería servir para desestimar que esto se deba solo a los efectos recesivos de la devaluación de fines de 2015.

También debería servir para mostrar algo que no es novedoso pero que vale la pena repetir, y que es que la política macroeconómica tiene impactos considerables a nivel microeconómico, los cuales a su vez se retroalimentan.


NOTAS DE ECONOMÍA N° 13
El cambio llegó al empleo



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