"los medios de comunicación masivos instalan ante la sociedad una imagen racista y estigmatizante desde los propios funcionarios ..."

A 23 AÑOS DE UN RECONOCIMIENTO

Esta demás decir que el Art. 75 Inc. 17 incorporado en el año 94 en la Constitución Nacional, fue el resultado del andar de décadas, buscando  nuestro reconocimiento en el marco de las leyes establecidas por un estado fundado en la negación de nuestra existencia. Este texto como los incorporados en distintas Constituciones provinciales, como el de la provincia de Tucumán en 2006,  han sido largamente debatidos y finalmente aprobados por los representantes del  pueblo, partiendo del reconocimiento sobre la realidad multicultural de nuestro país, y asumiendo la histórica deuda que el estado argentino tiene con nuestros pueblos preexistentes.

Las obligaciones asumidas por el estado argentino como garante de esos mandatos,  están lejos de llegar a los objetivos que sus textos establecen claramente. Este incumplimiento de sus obligaciones ha acentuado gravemente el estado de  desprotección en la que se encuentran nuestras  comunidades a lo largo y ancho del país en cuanto a sus derechos como ciudadanos.

Resulta que hoy nuestros esfuerzos  por lograr la efectiva aplicación de esas normativas,  no son tenidas en cuenta  por el propio estado, quien las incorporo como propias, y lejos de hacerse cargo de las obligaciones asumidas  emplea sus instituciones y su poder para  criminalizarnos.

Al permanente accionar de la justicia en su esfuerzo por ignorar los derechos de nuestros pueblos, se suma la deslegitimación a través de los medios de comunicación masivos  instalando ante  la sociedad una imagen racista y estigmatizante desde los propios funcionarios.

Los casi 8 años sin justica por Javier Chocobar, el encarcelamiento de Agustín Santillán y Jones Huala, la desaparición de Santiago Maldonado, los múltiples desalojos de comunidades y la apropiación de sus bienes naturales, son los resultados de la  ausencia de políticas públicas estatales que apunten a resolver los problemas de fondo.

Rechazamos enérgicamente todo uso de la fuerza y la violencia por parte del estado como medio de resolver los problemas.

Cumplimiento de los mandatos constitucionales logrados por nuestros Pueblos  hace ya 23 años.

Exigimos la prórroga de la ley 26.160, y la sanción de la Ley de Propiedad Comunitaria, que regularice definitivamente una situación de desigualdades históricas que se agudizan cada vez más por la falta de garantías sobre nuestros derechos como ciudadanos y como pueblos.

EN RESISTENCIA DESDE NUESTRA PREEXISTENCIA

Delfín Jerónimo

Secretario General UPNDT

Autoridades de Comunidades Miembros