Un lugar común del imaginario medio de los argentinos es que uno de los problemas de la economía es consecuencia de los altos impuestos en comparación a otros países de la región y que, como contraparte, los servicios recibidos por los argentinos no se pueden comparar con los europeos. Mitos y verdades de la situación tributaria en Argentina
A fines del mes de mayo, el Gobierno Nacional presentó dos informes en el Congreso de la Nación que servirían para un balance de la situación tributaria en la Argentina. Sus conclusiones son:
La presión impositiva en la Argentina es elevada
Propone lineamientos generales para una reforma tributaria
Concentrémonos por ahora en la presión tributaria. La misma suele medirse como qué porción del ingreso de los ciudadanos es transferido al fisco. Durante los 90` los argentinos pagamos entre un 15% y 20% de nuestros ingresos al Estado en concepto de impuestos.
Para el 2015 este valor ascendió al 32% en nuestro país. O sea, cada $100 que ganamos $32 van a las cuentas del Estado. En América Latina nuestros vecinos pagan aproximadamente 23% mientras en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el ratio es 34%.
Así la presión tributaria es aproximadamente 40% más alta en la Argentina que en América Latina; lo cual lleva a la afirmación que esa presión en Argentina se parece a la europea.
Debido a lo anterior, ha resurgido la afirmación de que: los argentinos pagamos impuestos europeos y recibimos servicios públicos africanos. Pero, ¿es esto cierto?
Hay varios puntos a revisar. El primero de ellos es que si bien la proporción sobre el ingreso que se paga de impuestos es similar al de los países de la OCDE, el monto absoluto de ingresos es totalmente diferente.
Veámoslo con un ejemplo numérico. El ingreso promedio de un ciudadano de la OCDE es aproximadamente de USD 30.000 por año y el ingreso promedio de un ciudadano argentino es de USD 10.000, o sea, un tercio.
Esto significa que cada ciudadano de la OCDE aporta a su Estado unos USD 10.200 por año (equivalentes a USD 30.000 x 34%) y cada ciudadano argentino aporta USD 3200 (equivalentes a USD 10.000 por 32%).
En otras palabras, un Estado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dispone de más de tres veces de recursos por habitante que el Estado argentino.
Primera conclusión: los argentinos pagamos en impuestos una proporción de nuestros ingresos similar a la observada en los países de la OCDE, pero ello no resulta en la misma calidad y cantidad de servicios públicos en tanto nuestros ingresos son sensiblemente inferiores.
Pero el asunto no termina aquí. En nuestro país aproximadamente un tercio de nuestros compatriotas se encuentra en situación de pobreza. En el promedio de la OCDE, la pobreza afecta a aproximadamente al 10% pero hay que considerar las posibles diferencias en el método de medición. Si la pobreza se midiese en Europa como qué porcentaje de la población no alcanza a comprar la Canasta Básica de nuestro país, el ratio sería sensiblemente inferior.
Esto significa que no sólo el Estado argentino tiene un tercio de recursos que sus pares de la OCDE sino que además tiene más del triple de demandas.
En nuestro país una porción elevada de los recursos fiscales se asigna a la asistencia de ciudadanos en situación de pobreza, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo (AUH). En los países de la OCDE este porcentaje es mucho menor debido a lo cual los Estados tienen más margen para prestar más y mejores servicios públicos.
Segunda conclusión: Con la misma presión tributaria, la Argentina tiene por habitante un tercio de los recursos que tienen los Estados de la OCDE, para atender a una población que tiene el triple de demandas.
Ahora sí, de ello desprendemos el último punto. En la Argentina aproximadamente el 35% de la economía está en la informalidad, con lo cual la presión tributaria recae sobre el 65% restante y no sobre el total de la población.
Esto genera otra disparidad respecto de la OCDE, la cual está reflejada correctamente en los informes que el Gobierno presentó en el Congreso. La alícuota que grava el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es en Argentina del 21% y del 15% en Nueva Zelanda. Pero este impuesto recauda un 7,2% de los ingresos en nuestro país y un 10% en Nueva Zelanda.
Con lo cual, el mismo monto de recaudación tributaria es alcanzado por el aporte de 2/3 de la población argentina mientras que ese peso es soportado por casi toda la población activa en los países desarrollados.
Tercera conclusión: El mismo nivel de presión tributaria es alcanzado con esfuerzos distintos. Mientras en Europa se distribuye entre toda la población, en Argentina se distribuye entre el 65% , la economía formal.
¿Qué podemos entonces sacar en limpio? Los argentinos que aportamos en la economía formal, recibimos una presión tributaria asimilable a la de los países de la OCDE, percibida comúnmente como una presión tributaria elevada. Sin embargo, no es razonable esperar la misma calidad y cantidad de bienes y servicios públicos, ya que nuestro ingreso base es comparativamente un tercio y nuestra población tiene el triple de demandas.
Ahora está claro: los argentinos pagamos un nivel de impuestos similar a los europeos mientras el Estado nos brinda bienes y servicios públicos en línea con otros países del tercer mundo. Entremos entonces a revisar los lineamientos de una posible reforma tributaria. Desde el comienzo vale preguntarse, ¿cuál es el problema de una presión tributaria alta?
Los informes que presentó el Gobierno al Congreso destacan un punto importante. Tomando ingresos fiscales y gasto público en conjunto, la intervención del Estado en la economía mejora la distribución del ingreso en casi un 40%. O sea que nuestro país es más justo, menos desigual, gracias a los impuestos y al gasto asignado a atender demandas sociales. Con lo cual, hay que tener cuidado al momento de evaluar una reducción de la presión tributaria en la Argentina.
Esto invita a encender una señal de alerta en varios sentidos. En primer lugar, los impuestos cuya carga se ha ido reduciendo son aquellos que recaen sobre la población de mayores ingresos, dificultando el proceso de distribución del ingreso. En segundo lugar, una presión tributaria menor dará lugar a un menor margen del Estado para atender demandas sociales, que no están puntualmente en descenso.
Por último, vale también una reflexión sobre cómo impacta esta discusión en la dinámica macroeconómica del país. El equipo económico del actual gobierno ha identificado al déficit fiscal del período 2011-2015 como el responsable de los desajustes económicos observados, como la inflación, el “cepo” cambiario, el estancamiento, etc.
Sin embargo, desde el inicio de su gestión a la fecha no se observa una reducción del déficit fiscal. Y esto tiene que ver con que, si bien se han reducido o eliminado una buena cantidad de subsidios, también se han reducido impuestos.
Y como el déficit fiscal sigue vigente y sólo se ha cambiado la fuente de financiamiento del mismo, optando por colocaciones en el exterior, el tipo de cambio ha iniciado un proceso de encarecimiento del peso que quita competitividad al país. En otras palabras, los dólares que ingresan al país para financiar el déficit público descienden el tipo cambio, favoreciendo el ingreso de bienes del exterior y dificultando la producción doméstica.
Así, insinuar la necesidad de una disminución de la presión tributaria en un marco en el cual el déficit fiscal es identificado como el responsable primario del desorden macroeconómico, genera dudas respecto de las medidas a adoptar por el gobierno hacia el futuro.
O sea, para reducir el déficit fiscal y la presión tributaria simultáneamente, el recorte del gasto debe ser muy veloz, aún cuando no se observa que las demandas sociales hacia el Estado estén en descenso.
Con lo cual, si bien la presión tributaria se encuentra en niveles altos, esto no habilita a formar la expectativa de recibir servicios públicos de la calidad y la cantidad que se observa en Europa. Si se considera que es necesario reducir el peso de los impuestos sobre los argentinos, debería considerarse no sólo la dinámica macroeconómica actual sino también el impacto en la distribución del ingreso que significa la disminución de la carga de cada tributo.
Acerca del autor/a / Darío Federman
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magister en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. Docente de Administración Financiera (UNAJ). Consultor en temas vinculados a la economía y las finanzas; análisis macro, sectorial, valuación de activos y de daños, tanto para el sector público como privado y organismos internacionales. Fue asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (2011-2014) y en la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación (2012-2014).
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