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Mito: Se gastaban la plata de los jubilados.

Sergio Chouza

A lo largo de los últimos años siempre tuvo gravitación en la opinión pública el intento de los políticos representantes del poder concentrado de golpear a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en una de las líneas de flotación de todo gobierno de corte popular: el manejo del sistema previsional. Así, sistemáticamente se impulsaron operaciones para sembrar zozobra sobre un supuesto manejo oscuro de “la plata de los jubilados” –léase, la administración del sistema de seguridad social y, más en particular, los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad. Así, los adláteres de los factores de poder cargaban las tintas con falacias, como las que en 2013 vociferaba Stolbizer: “La caja de Anses, que representa el ahorro de trabajadores y jubilados durante muchos años, viene siendo dilapidada (…). Bajan programas, dinero y bienes de manera directa en los locales del partido de Gobierno, como La Cámpora”. 

Montadas sobre estas mentiras maliciosas, se sumaban las promesas ilusorias de pagar a los jubilados un haber del 82% móvil. No sólo la citada Stolbizer, sino también Massa y Macri se subieron a esa consigna marketinera, que el empresario desestimó una vez que accedió al sillón de Rivadavia. Por fuera de las promesas vacías, el mayor estandarte de los últimos 50 años en materia de seguridad social, lo constituye la inmensa inclusión y recomposición de haberes que se posibilitó gracias a la decisión política de recuperar la administración y los fondos del sistema previsional, que aún estaban en manos de las grandes corporaciones privadas, a la salida de la larga noche neoliberal.

En los años ‘90 y hasta fines de 2002 nuestro país contaba con un sistema previsional que carecía de equidad. Los abuelos que cobraban la mínima, soportaban mes a mes ingresos de hambre que derivaron en el apogeo de movimientos de jubilados y un gran descontento que se manifestaba en la creciente conflictividad social. Una vez caída la convertibilidad, la recomposición progresiva del haber jubilatorio se comenzó a propiciar a partir de una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007, que se basó en el sustancial incremento en las jubilaciones mínimas. Dado el amplio desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la década de los ’90, era apremiante resolver la situación de quienes menos percibían y quedaban relegados por debajo de la línea de la pobreza. Así, en los 5 años transcurridos, la jubilación mínima de $200 se incrementó en un 198,2%, lo cual fue sustancialmente superior al 56% de alza de precios verificado en el período.

En segundo lugar, se debe mencionar la decisión política de la ampliación de la cobertura previsional. Esto se alcanzó por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los años 2005 y 2014. En base a estas medidas, el porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creció enormemente, alcanzando una virtual universalización del beneficio superior al 97% hacia fines del año pasado. Así, en la moratoria del año 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llevó la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. A su vez, en la que rigió desde mediados del 2014 hasta la actualidad se sumaron más de medio millón de adultos mayores. Cabe destacar que aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composición de género de la masa total de jubilados, que históricamente había mantenido una asimetría marcada.

Construidos los cimientos, en base a un marco de estabilidad social adecuado, fue turno de avanzar en la ampliación de derechos fortaleciendo el plano institucional. En este contexto se encuadra la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417, que data de octubre del año 2008. Por medio de la misma, se fijó un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) con el objetivo de recomponer periódicamente los ingresos de todas las jubilaciones, solucionando así las disparidades que se producían con aquellos que no ganaban la jubilación mínima. El resultado de esta Ley fortaleció la verdadera y única “reparación histórica” ocurrida en los últimos años, ya que a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logró incrementar los haberes en un 523%, esto es, sustancialmente por encima de cualquier índice de inflación privada (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual período).

Cabe destacar una última cuestión en relación a este punto, a saber, que la decisión política de la fórmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. La misma, que incorpora tanto la variación de los salarios, como los ingresos tributarios totales y la recaudación del sistema previsional, ha evolucionado muy por encima de otras formas alternativas de cálculo de la movilidad que se proponían en el momento en el que se sancionó la Ley. Por ejemplo, si para el período que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el índice RIPTE en vez de la movilidad previsional, las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%. Por otro lado, si se hubiera computado en relación al índice de salarios (como se exigió en el caso Badaro), la mejora lograda hubiera sido tan sólo del orden del 443%.

Un párrafo aparte requiere el fondo de estabilización anticíclico que fue ideado para poder hacer frente a eventuales contextos económicos adversos (de baja recaudación), como pueden ser crisis económicas internas o shocks exógenos que afecten la recaudación general. Nos referimos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que se constituyó como una herramienta muy poderosa a los términos de garantizar la solvencia del sistema y fomentar el desarrollo económico. 

Lejos de haber sido administrado de manera irresponsable, como imputa este mito, desde su creación se aplicaron las mejores prácticas de gestión de activos financieros, y esto se puede refrendar fácilmente a partir de la observancia del resultado financiero altamente positivo que se realizó. Así, en los 7 años de tutela de los recursos del fondo, los mismos crecieron en un 577%, al pasar de alrededor de $100 mil millones, en su constitución inicial de diciembre de 2008, a superar los $664 mil millones de finales del año 2015. Huelga mencionar que este porcentaje de avance es sensiblemente superior a la inflación registrada en igual período, que trepó al 446,5% (incluso computando un índice que sobrevalora el avance de precios en el período, como el de la consultora de Bein). El gráfico a continuación, ilustra la evolución anual del FGS, en cantidades y variaciones, junto con la comparación con la inflación.

Como se puede ver, el stock total de los activos del FGS creció exponencialmente desde su creación. Además, en cinco de los siete años la inversión de estos fondos superó el nivel de inflación registrada, incluyendo el último año, donde presentó un avance del orden del 40%. Con todo, la evidencia expuesta muestra a las claras la imprecisión y liviandad del argumento de que el gobierno administró de manera dispendiosa los recursos del sistema previsional. Muy en contrario, el fortalecimiento del poder adquisitivo en la década ganada se debió a una férrea gestión financiera de los recursos del sistema, además de una voluntad política de mejorar el poder adquisitivo de uno de los colectivos más sensibles de nuestro país, como es el de nuestros jubilados y jubiladas. 

Resumen

1. Macri dice que “se gastaban la plata de los jubilados”, pero entre 2008 y 2015 el stock del FGS creció 130 puntos por sobre la inflación

2. Desde la implementación de la Ley de Movilidad hasta 2015 los haberes de jubilados aumentaron 523%, mientras que la inflación fue de 370%