CRISTINA JIMÉNEZ CALERO*
La nueva Ley de Seguridad Interior y la defensa de los intereses de los grupos económicos mexicanos y estadounidenses. Negociaciones bilaterales y nuevas alianzas frente al posible abandono de EEUU del NAFTA. ¿Reorientación estratégica hacia el sur o fortalecimiento de los vínculos históricos?
El pasado 21 de marzo en un evento organizado por The Mexico Institute en Washington D.C. en el que se abordaron las relaciones entre México y Estados Unidos, el embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez fue taxativo al respecto: “La relación no está en crisis, pero está en un punto crítico”.
El recién nombrado embajador no es el único con respuestas ambiguas y confusas; el ahora canciller mexicano, Luis Videgaray (anteriormente Secretario de Hacienda), fue cuestionado al momento de su nombramiento ya que carece de conocimientos en materia de diplomacia, a lo que señaló que, si bien no sabe nada de relaciones internacionales, “tiene muchas ganas de aprender”. Ante la llegada del presidente estadounidense más anti mexicano y agresivo, estos actores son los que representan a México, además del presidente Enrique Peña Nieto, quien invitó a su país a Donald Trump durante su campaña presidencial, pero que, una vez que el empresario accedió al cargo, desestimó reunirse con él. Cabe señalar que Peña Nieto quiso aprovechar este desaire del empresario presidente para liderar un frente nacional anti Trump, pero dado que su nivel de popularidad es menor al 10%, resultó un fracaso.
El empresario ahora presidente ha dedicado gran parte de los últimos 8 meses a atacar todo lo relacionado con México, sobre todo en referencia a la migración, amenazando constantemente con amurallar la frontera que divide a ambos países y con expulsar a los inmigrantes ilegales. Esto ha escandalizado y ofendido a la sociedad mexicana, que no reaccionó igual cuando Bill Clinton en 1994 tomó la misma decisión sobre la frontera y puso vallas metálicas a modo de muro a lo largo de la frontera en los estados de California, Arizona y Nuevo México, aunque la Operación Guardián (programa anti inmigración impulsado por Clinton) pretendía amurallar toda la frontera. Tampoco el gobierno mexicano tuvo una reacción ante el muro de Clinton, y en lo que refiere a la respuesta de la administración de Peña Nieto ante el muro de Trump, si bien manifiestan estar en contra de la política racista de Trump, en la práctica le están facilitando el camino.
El empresario ahora presidente ha dedicado gran parte de los últimos 8 meses a atacar todo lo relacionado con México, sobre todo en referencia a la migración, amenazando constantemente con amurallar la frontera que divide a ambos países y con expulsar a los inmigrantes ilegales
Históricamente, las relaciones México-Estados Unidos han consistido en que Estados Unidos manda y México obedece. El 28 de marzo y ante miles de militares, elementos de la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, Enrique Peña Nieto ofreció un discurso en el que, sin mencionar a Estados Unidos o a Donald Trump, dejó claro que está dispuesto a poner a México al servicio del país vecino. Según Peña Nieto, miles de mexicanos están volviendo a territorio nacional debido a que “ven oportunidades de empleo en México”. Esto y su discurso sobre la reducción del desempleo en México resulta una falacia. No están haciendo nada para que el gobierno estadounidense deje de expulsar mexicanos de manera violenta e injusta, acusándolos de criminales. El discurso de “apoyaremos a los migrantes y nos negaremos a las políticas migratorias de Trump” duró una semana, porque era falso.
Peña Nieto también felicitó a las Fuerzas Armadas, quienes, según él, han defendido al país, negando así la denuncia de violación a los derechos humanos y afirmando que es necesario que sigan en las calles protegiendo a la ciudadanía. Este discurso responde a dos sucesos. En primer lugar, a la acusación de Andrés Manuel López Obrador -hasta el momento el candidato mejor ubicado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales- sobre las violaciones de los derechos humanos de la población civil por parte de los militares. Y, en segundo lugar, a la urgencia del presidente por la aceptación en el Senado de la Ley de Seguridad Interior, documento casi copia delHomeland Security, con la que pretenden dar a las Fuerzas Armadas todo el poder para reprimir -del modo que consideren necesario- a quienes ponen en peligro la seguridad nacional.
Entiéndase por “seguridad nacional” los intereses económicos de empresarios nacionales y estadounidenses que explotan los recursos naturales de México. En este sentido, también ponen en peligro la “seguridad nacional” quienes se oponen a las políticas de Peña Nieto. Todos podríamos ser un peligro para la seguridad nacional y por ende, ser tratados como terroristas -es el caso de Atilio Borón en el aeropuerto de México, o de la dirigente comunista colombiana Gloria Inés Ramírez-. Esta Ley de Seguridad Interior, de ser aprobada, facilitaría la represión, la explotación del territorio mexicano y, por ende, la venta de minas, pozos petroleros y aguas a empresas estadounidenses.
Entiéndase por “seguridad nacional” los intereses económicos de empresarios nacionales y estadounidenses que explotan los recursos naturales de México. […] Esta Ley de Seguridad Interior, de ser aprobada, facilitaría la represión, la explotación del territorio mexicano y, por ende, la venta de minas, pozos petroleros y aguas a empresas estadounidenses.
Desde la llegada de Trump a la presidencia, las empresas Ford y General Motors cancelaron la instalación de plantas armadoras de autos en México. Esto, junto a las amenazas estadounidenses de terminar con el NAFTA, hicieron que el gobierno mexicano se planteara la posibilidad de renegociar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, renegociación que aparece factible ya que el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia el país vecino del norte, además de que México es el segundo mayor mercado mundial para bienes estadounidenses. Difícilmente México abandonará el NAFTA, pero en caso de hacerlo o de que la renegociación no sea conveniente para la economía mexicana, el gobierno de Peña Nieto tendrá que plantearse llegar a acuerdos comerciales con los países del sur y otras latitudes. En últimas fechas, el canciller Videgaray ha asistido a reuniones con cancilleres de MERCOSUR y la Alianza para el Pacífico, poniendo especial énfasis en esta última, aunque la información oficial respecto a estas reuniones sólo hace referencia a acercamientos a países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, sin ninguna concreción real.
Desde la llegada de Trump a la presidencia, las empresas Ford y General Motors cancelaron la instalación de plantas armadoras de autos en México. Esto, junto a las amenazas estadounidenses de terminar con el NAFTA, hicieron que el gobierno mexicano se planteara la posibilidad de renegociar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
En cuanto al soporte internacional a Trump, ya el gobierno mexicano apoyó en la OEA, junto con Panamá, la necesidad de velar por la democracia en Venezuela debido a la crisis en el país. Hasta el momento México se había mantenido alejado del tema, de la misma forma que se mantiene alejado de todos los países latinoamericanos, pero la presión del norte, dirigida en este caso por el señor Almagro, hizo que los cancilleres de México y Venezuela tuvieran un enfrentamiento.
*Centro Académico de la Memoria de Nuestra América CAMeNA de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM, cjcalero@gmail.com© Copyright 2017 GESHAL, All rights Reserved. Written For: Cuadernos de Coyuntura
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