revancha clasista y gobierno para ricos

Política económica para un tercio del electorado -CESO- 

El año electoral avanza con una economía que no despega. La actividad industrial muestra a todos los sectores en caída libre ante un ajustado mercado interno con importaciones en aumento. La recaudación anticipa que el consumo interno sigue a la baja y la política oficial de techo en las paritarias hace difícil imaginar que se recomponga. Hasta la inflación pego un respingo en los últimos meses pese a la política de dólar planchado, desdibujando la meta oficial del 18%. Sólo el incremento de los despachos de cemento de marzo anticipa cierta recuperación de la construcción. 

Aun así, el gobierno no está dispuesto a modificar el rumbo de su política económica. “No hay plan B” declaró el presidente Mauricio Macri tal como anticipáramos en nuestro informe de octubre del año pasado. “No puedo volverme populista por una elección” indicó el ministro Dujovne para despejar dudas sobre la continuidad de la estrategia económica. De esa manera, se configura una política económica electoral para un tercio del electorado. Ese porcentaje, similar al obtenido en las últimas elecciones, es juzgado suficiente para garantizar la gobernabilidad. ¿Cuáles son las claves para lograrlo? Populismo financiero para los sectores medios y altos. Obra pública para consolidar los distritos bajo gestión PRO y algunos de sus aliados. Ensanchar la grieta para sumar al voleo el voto anti-K a lo ancho y largo del país y de la pirámide social. 

Plata dulce para consolidar la base social del oficialismo y avanzar sobre el “costo populista” 

La política de dólar barato y apertura importadora, financiados con endeudamiento externo, conforman la base del populismo financiero con que el oficialismo busca consolidar el apoyo de los sectores medios y altos que conforman la base social del oficialismo. 

El creciente gasto de turismo en el exterior y el avance de las importaciones en el mercado interno, es el resultado de ese programa electoral y no constituye un problema a resolver bajo la lógica que guía la actual política económica. Por ello, las recientes declaraciones de Sturzenegger respecto a la acumulación de reservas del BCRA, no deben interpretarse como un viraje en la política cambiaria, sino tan sólo como un requerimiento a cumplir para acceder a créditos Tipo de cambio real multilateral (TCRM), importaciones y turismo. 

Al respecto, el presidente del central señaló que era un requisito para avanzar hacia la calificación “investment grade” que permitiría un acceso fluido a capitales financieros privados. Una mirada menos optimista destacaría que es también un pre-requisito para acceder a las “líneas de crédito flexible” del FMI que requieren como precondición “un nivel de reservas que se mantenga relativamente holgado”. Bajo la mirada del oficialismo, las ganancias de competitividad vía devaluación son rápidamente absorbidas por aumentos de los costos internos. 

De ahí que el objetivo de mejorar la competitividad debe lograrse mediante reformas estructurales que reduzcan el “costo populista” conformado por los costos laborales, estatales y empresariales, mientras incrementan el “costos oligárquico” (materias primas y energía). Esa estrategia requiere quebrar la resistencia de los sindicatos (la “mafia sindical”, en el discurso oficial), para poder avanzar hacia paritarias y convenios a nivel empresa, reducir el período de contratación, indemnizaciones y cargas sociales que conforman el costo laboral. Reducir el tamaño del Estado (los “políticos corrutos” y los “ñoquis”, en la estrategia discursiva del PRO) y poder bajar las cargas impositivas sobre las empresas. Desmantelar sectores productivos que no pueden competir con la producción importada (el “empresariado ineficiente y que vive de la protección estatal”, bajo la óptica liberal), para descender el costo empresarial. Mientras se encara esa lucha con las instituciones intermedias del “populismo”, una apreciación cambiaria coyuntural puede ser beneficiosa para generar consensos en favor de esas reformas estructurales. 

La presión de las importaciones baratas en un mercado en contracción permite persuadir a los sindicatos para que acepten precarizar las condiciones de trabajo a cambio de sostener los puestos de trabajo (como el caso del acuerdo firmado por los petroleros); induce a los empresarios a exigir una reforma impositiva y una reducción de las cargas sociales (ambos proyectos en la agenda oficial); y acelera la desaparición de los sectores productivos menos competitivos. 

Obra pública para consolidar los distritos bajo gestión del oficialismo 

La otra pata del programa económico electoral es acelerar la política de obras públicas, especialmente aquellas ubicadas en distritos gestionados por el PRO y algunos de sus aliados. De esa manera se espera consolidar el espacio políticoterritorial del oficialismo, con su consiguiente caudal de parlamentarios. Adicionalmente, la reactivación de la obra pública permite empujar la actividad de la construcción, un sector clave para reanimar la actividad económica tanto por su impacto en el empleo como en la demanda de insumos de los demás sectores productivos. 

Considerando la obra pública financiada por el Estado Nacional, desde diciembre de 2016 la obra publica registra un fuerte crecimiento. Para febrero de 2017 (último dato disponible) los gastos para financiar obra pública gestionada por el Estado Nacional aumentó un 66% respecto al mismo mes de 2016, en tanto que la gestionada por las Provincias y Municipios un 16% para el mismo periodo. El correlato directo de esto es el repunte en los despachos de cemento. Para el mes de marzo de 2017 los despachos de cemento al mercado interno se incremento un 15,8% respecto a marzo del año pasado. Ambos indicadores parecen anticipar la recuperación del sector. 

Las víctimas del programa económico 

Claramente los sectores productivos que enfrentan la competencia de las importaciones y los trabajadores públicos y privados formales, son las primeras víctimas del actual programa económico. La apreciación cambiaria con apertura importadora empuja al cierre de líneas de producción y la reconversión en importadores de las empresas con circuitos propios de comercialización. La débil organización patronal de esos sectores productivos y su escaza capacidad o voluntad de defensa, parecen ofrecer un flanco fácil para el desarrollo de esa política gubernamental. El avance sobre el “costo laboral” parece ser una tarea más compleja, ya que requiere doblegar la más poderosa organización sindical de los trabajadores. La “guerra” declarada por el gobierno a los sindicalistas y la dura posición oficial en la paritaria docente, son muestras de que el oficialismo piensa ir a fondo en esa agenda. 

El avance sobre el Estado parece también complejo, no sólo por la resistencia sindical a los despidos y las necesidades de lograr consensos en el Congreso con la consiguiente apertura de la billetera oficial hacia los gobernadores. Sino principalmente porque la baja del empleo y la inversión privada impulsada por el mismo programa económico, obliga al gobierno a realizar inversión pública y aumentar la planta de empleados públicos y beneficiarios sociales para evitar escenarios de ingobernabilidad. 

Dependencia financiera para consolidar un proyecto de país 

El actual esquema macroeconómico se sostiene en base al endeudamiento internacional y el ingreso de capitales especulativos, que han sido las herramientas utilizadas por el oficialismo para diluir la falta de dólares que acosaba a la gestión K. En ese camino, la política de acumular reservas 4 internacionales fue anunciada como un paso para avanzar hacia el “investment grade”, indicando la intención del gobierno actual quiere dejar a nuestra economía plenamente integrada a los mercados financieros internacionales. Como señalamos, se trata también de un pre-requisito para acceder a las “líneas de crédito flexible” del FMI, mostrando que el gobierno está abriendo el paraguas por un eventual fracaso de programa de financiamiento externo. 

El objetivo del endeudamiento y la integración financiera internacional no es sólo económico sino también político, ya que dicho esquema dificulta a una futura gestión apartarse de los lineamientos de política que promueven las calificadoras y los organismos de créditos internacionales. Torcer ese rumbo de la política económica en un país altamente endeudado y con su cuenta de capitales plenamente abierta, puede llevar a dificultades para obtener refinanciamiento de las deudas y corridas cambiarias; es decir, pueden llevar a la desestabilización económica de quien se lo proponga en el futuro. De ahí que esa dependencia financiera es parte de la herencia que el oficialismo busca dejar a un futuro gobierno como reaseguro de que, en caso de retornar el “populismo”, su capacidad de torcer el actual rumbo económico sea limitado.