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¿Qué sentido tiene para el gobierno endurecerse con los sindicatos?

Por Hernán P. Herrera. 

El Ejecutivo nacional usa el poder del Estado para contener a los trabajadores organizados

En estos días asistimos al endurecimiento del gobierno con los sectores trabajadores organizados. Una Argentina que creíamos que no iba a volver, un país violento, donde el poder del Estado es puesto en alejar a los sectores vulnerables de la ampliación de derechos en vez de pensar en un futuro mejor. Que la crisis generada la paguen los trabajadores, como tantas otras veces.

Duele que se repitan escenas de violencia de Estado: con las mujeres del Ni Una Menos, con los comedores sociales, con el movimiento obrero organizado (o con la fracción con mayor pertenencia política y social de éste), con los docentes que exigen una recomposición salarial acorde a la inflación presente y la pérdida de poder de compra de 2016.

En efecto, hoy el salario medio registrado privado de los trabajadores ha perdido un 4,3% en marzo de 2017 respecto de diciembre de 2015. Pero esa foto debe entenderse a la luz de varias otras cuestiones: en junio de 2016, este salario promedio estaba 10,2% abajo, y el acumulado de todo 2016 en promedio, respecto de diciembre de 2015 suma una caída de 6% en el poder de compra.

Además, debe recordarse que los salarios que están por abajo del promedio han perdido mucho más (porque la inflación y las tarifas pegan más fuerte cuanto menos se gana), como referencia aproximada el salario promedio registrado bruto privado se encuentra en marzo de 2017 en el orden de los $22.600 por mes. (Estos datos surgen de fuentes oficiales actuales: SIPA e Indec, lecturas propias más profundas arrojan datos más penosos.) 

Así las cosas, si un trabajador promedio quisiera recuperar lo perdido en 2016 y no perder en 2017, debe apuntar a sumarle 6 puntos de aumento en los ingresos a la inflación esperada que no baja de 22%. Reclamar un 28% es algo que el gobierno no está dispuesto a validar, porque pondría en duda el modelo de restauración de ganancias empresarias. Como siempre la disputa distributiva es prima de la desigualdad y adopta formas muy cruentas de concretarse.

Por tanto, el gobierno usa el poder del Estado para contener a los trabajadores organizados. Históricamente en la Argentina, cuanto mejor fue el nivel de crecimiento industrial absoluto, más allá de que otros sectores crecieran más, mayor fue el poder de conflicto de los trabajadores organizados y mejor fue el salario promedio real en promedio.

No es casual en este orden de ideas, que la industria sea la más perjudicada del modelo, que registra una fuerte caída entre los distintos sectores de la economía y sin ningún brote verde. En febrero cayó otro 6% interanual (Indec). Se trata de la violencia de Estado de decirle a la sociedad que la silla nacional se rompe, y que es mejor la importada. Cuando cualquier mirada de futuro debería ponerse en hacer mejores sillas, aunque al principio la producción no sea la más eficiente.

De esta forma, por ejemplo importando tractores, se destruye el efecto derrame que puede generar uno de los pocos sectores que se mostraron ganadores como el campo (no en el total, sino fracciones dentro del sector). Se verifica una mayor compra de tractores pero no se aprovecha a apalancar la producción nacional. Así las cosas. Otros sectores con fracciones ganadoras tienen incluso menor derrame potencial: intermediación financiera y servicios de luz, agua y gas.

Los sectores que destruyeron más empleo son en general más intensivos en mano de obra y con mayor derrame en otros sectores, en cambio los que crearon alguito de empleo formal, no tienen mayormente difusión productiva en otras producciones. 

Esta situación, sumada a una industria que opera en un 60% de su capacidad instalada, genera y multiplica fuertes conflictos en la sociedad y la economía. Conflictos que a su vez, el gobierno está dispuesto a eliminar con represión en muchos casos, antes que a canalizar con beneficios para las familias trabajadores.

Entonces, se caen varios mitos: no hay una nueva felicidad para este pueblo maltratado, no habrá así unión de los argentinos, ni bajará la pobreza estructural, ni se creará empleo de calidad, ni tendremos un mejor país en el futuro. Esto último potenciado por récords en la velocidad con la que se toma deuda externa y se permite la fuga, mientras sigue subiendo la tasa de referencia que plancha la actividad.

La Argentina ya pasó por situaciones similares, no hay soluciones unívocas y mágicas, eso está bien claro, sin embargo, nunca una solución entendible puede ser reprimir a los maestros. Habiendo ministerios de educación y trabajo, el gobierno se empecina en resolver los conflictos a través del Ministerio de Seguridad.

Están dadas las condiciones para frenar tanta agresión. Nada impide que el modelo que criticamos aquí continúe con el conflicto irresuelto en la calle, entonces reprimir a los maestros o no reprimirlos no cambia el problema de fondo, ergo podríamos empezar por tener cuidado de la integridad de las personas. Es verdad que podríamos pensar que una mayor paz social puede traer algo de luz para discutir los problemas estructurales. 

Y queda la sensación por tanto, en base a las acciones del gobierno, que el propósito es no abrir ningún debate sobre el modelo y la mejor forma para ello, es que la agenda sea permitir o no la protesta social. Lamentable. Mientras tanto no hay ninguna señal de un sistema productivo que se recupere de tantas medidas en su contra.