Regalo millonario a exportadoras
El complejo agrario, mineras e industrias exportadoras dejaron de pagar unos 5000 millones de dólares el año pasado por la quita de retenciones. Esa transferencia no significó aumento de inversiones, de empleo ni de ventas al exterior.
La pérdida de recursos fiscales por la eliminación de retenciones representó un punto del PIB en 2016.
Por Federico Kucher
La quita de retenciones del 2016 implicó una pérdida de recursos fiscales de 70.000 millones de pesos (equivalente a 5000 millones de dólares). Ese dinero fue transferido a diferentes actores del complejo agrario, minero e industrial. La cifra, que representa 1 punto del PIB, dejó de computarse como recaudación del sector público y potenció el desequilibrio del déficit fiscal el año pasado. El incremento de las exportaciones, pese a los argumentos del Gobierno acerca de que la devolución de ese arancel a las exportaciones iba a estimular las ventas al exterior de productos de la industria, la minería y el campo, fue 15.000 millones de pesos en 2016 (1000 millones de dólares). El complejo exportador aportó menos de un dólar por cada cinco que recibió del Estado.
El Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un estudio en el que se estimó la pérdida de recursos que generó para el sector público la decisión de quitar retenciones, una de las promesas de campaña que el macrismo cumplió sin titubear, a diferencia de lo que ocurrió con el Impuesto a las Ganancias y el millón de créditos hipotecarios. En el informe se detalla que el sector agropecuario pagó el año pasado 67.180 millones de pesos en retenciones, un monto concentrado en el rubro de la soja. Si no se hubieran anunciado cambios, el complejo debería haber pagado 115.195 millones de pesos, por lo que hubo una caída de ingresos de 48.015 millones.
La rama manufacturera, en particular, los fabricantes de aceite de soja, abonaron por retenciones unos 4305 millones de pesos el año pasado, cuando con el esquema anterior hubieran pagado cerca de 16.083 millones, es decir una pérdida de recursos de 11.777 millones de pesos para el Estado.
Las empresas mineras, en tanto, pagaron sólo 24 millones de pesos en derechos de exportación en 2016, cifra que podría haber ascendido a 9841 millones sin cambios. La decisión de quitar el ciento por ciento de las retenciones a las mineras provocó una pérdida de recaudación de 9817 millones de pesos. La cifra es desproporcionada porque la exportación de minerales el año pasado aumentó sólo por el equivalente a 360 millones de pesos. El Estado premió así a las empresas mineras con 27 dólares por cada dólar que generaron de exportación.
Al sumar los resultados del sector agropecuario, industria y minería, el CEPA estimó que las firmas dedicadas al negocio de la exportación deberían haber pagado 141.118 millones de pesos en retenciones el año pasado, pero gracias al anuncio del macrismo de modificar las retenciones el monto descendió a 71.509 millones, lo cual implicó un retroceso de la recaudación de 69.609 millones de pesos. El 69 por ciento de los recursos que dejó de percibir el sector público se lo quedó el campo, mientras que el 17 por ciento fue para la industria y el 14 por ciento para la minería.
La rentabilidad extraordinaria que obtuvieron los grupos exportadores no sólo no se tradujo en mayor producción y exportaciones sino que tampoco implicó un avance del empleo. Los datos del Ministerio de Trabajo registraron que los puestos en el sector industrial pasaron de 1.252.108 a 1.204.285 individuos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, lo cual implica una reducción de 47.823 trabajadores formales. En la minería se pasó de 85.735 a 80.325 empleos, una baja de 5410 y en el campo se pasó de 316.546 a 322.081 personas, con suba de 5535 trabajadores, lo que no llega a compensar la caída de las otras dos actividades.
La eliminación de las retenciones tampoco tuvo un impacto significativo en materia de inversiones y los recursos embolsados por el complejo exportador fueron a alimentar en parte la fuga de capitales del mercado interno el año pasado, la cual alcanzó niveles record de la última década. La modificación de los derechos de exportación implicó una mayor regresividad de la recaudación, al incrementarse el peso del IVA.
El cálculo consta en un trabajo de la Universidad de Belgrano, que estimó que esa cifra representa un incremento de ingresos equivalente a un cuarto de su contribución a la economía nacional. La soja, responsable de la mitad de esos beneficios.
La devaluación y la quita de retenciones beneficiaron al campo en u$s 8.000 millones, según calculó el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. “Las medidas adoptadas por el Gobierno se tradujeron, de este modo, en un significativo beneficio para el sector de producción agropecuaria, pero también en un aumento de precios para los consumidores”, sostiene el informe.
En pesos, el beneficio bruto total asciende a 117.662,80 millones de pesos, es decir 8.115 millones de dólares. “Representa un 26% del valor agregado por el sector. En otras palabras: el sector recibió un incremento de ingresos equivalente a un cuarto de su contribución a la economía nacional”, calculó el CENE.
De ese total, el 50% corresponde al efecto de la devaluación y la quita del 5% de las retenciones sobre la soja, agrega.
Para realizar la estimación, el CENE calculó el aumento de precios registrado por los principales productos agropecuarios entre fines de noviembre de 2015 y fines de abril de 2016. Ese beneficio bruto unitario lo multiplicó por la producción esperada de cada uno de ellos, para obtener el beneficio bruto total, como se observa en los siguientes cuadros.
El autor del trabajo, Víctor Beker, ex titular del Indec, explicó las contradicciones que están detrás de estos números. Beker advierte que la Argentina es uno de los países que participa de lo que se denomina “la maldición de los recursos naturales”, es decir la de aquellas naciones que expresarían una especie de ley de que a mayor abundancia y facilidad de acceso a los recursos de la naturaleza con fines de producción social, peor el estado general y social del país. Tal el caso de los países árabes, por ejemplo, repletos de petróleo y conflictos de guerra y pobreza.
La expresión local de esa maldición sería la de contar con tierras fértiles para la producción agropecuaria de clima templado, lo que se traduce un potencial exportador importante, pero cuyos precios condicionan los precios internos para mal de los consumidores. “Por lo tanto, un aumento de los precios del trigo, el maíz, el girasol o la carne vacuna es una buena noticia para los productores, pero una mala para los consumidores”, advierte el titular del CENE, quien recuerda que “la administración anterior creyó resolver el problema restringiendo severamente las exportaciones de estos productos y dejando libre sólo la de soja. De este modo, desvinculó los precios internos de los internacionales para los bienes cuya exportación fue cuotificada. Ello llevó a fuertes caídas en la producción de aquellos productos en beneficio de la soja”.
En cambio “las medidas adoptadas por la actual administración apuntaron a revertir esta situación. Ello se tradujo en un significativo beneficio para el sector productor, pero también en un aumento de precios para los consumidores”.
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