LUIS WAINER*
La crisis política en Venezuela y el modelo bolivariano en cuestión. La injerencia de la OEA y la conjugación de una sincronía con la oposición local. Dilemas de la revolución frente al giro conservador.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido asediada de múltiples formas. Golpe de Estado, sabotaje petrolero, guarimbas violentas combinadas con asesinatos, intento de juicio político, desabastecimiento y acaparamiento organizado; mientras simultáneamente se ha venido produciendo una presión internacional por parte de las principales empresas de comunicación, junto con las declaraciones permanentes de tono injerencista de organismos supranacionales como la OEA y los principales dirigentes norteamericanos.
La Secretaría General de la OEA ha demostrado una pronunciada preocupación en promover una opinión pública internacional negativa sobre Venezuela que, junto a la creación de un clima mediático internacional desfavorable, permita construir sincronías con la oposición local y continental. Por su parte, el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, expresó el pasado 10 de abril que “el gobierno norteamericano apoya las gestiones diplomáticas que se adelantan en la OEA para abordar la crisis”, al tiempo que aseguró al Comité de Servicios Militares del Senado de Estados Unidos, que la creciente “crisis humanitaria” que se vive en Venezuela “podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”.
La Secretaría General de la OEA ha demostrado una pronunciada preocupación en promover una opinión pública internacional negativa sobre Venezuela que […] permita construir sincronías con la oposición local y continental.
Durante los últimos días, algunas muertes en presuntos enfrentamientos de calles, obtuvieron una especial cobertura en distintos medios de comunicación del mundo. La operación, a simple lectura, supone adjudicar las muertes a la represión del gobierno, en un clima de supuestas arbitrariedades y violencia, crisis humanitaria y falta de garantías democráticas. Más allá de que estas muertes, reclaman claridad de manera urgente, los mentores de estos hechos parecieran estar asociados a activistas vinculados a la oposición o a agentes policiales que actuaron fuera de espacios asignados para su servicio público. Como por ejemplo el policía que fue visualizado disparando desde una terraza y que luego fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Asimismo, otros jóvenes fueron asesinados por grupos de activistas que abrieron fuego al ingresar a distintos urbanismos. Al igual que pasó en las guarimbas en 2014 donde se cobraron la vida de casi medio centenar de personas, esta vez las muertes aparecen inescindibles a las protestas violentas, por parte de grupos que claman por el fin del chavismo.
Durante los últimos días, algunas muertes en presuntos enfrentamientos de calles, obtuvieron una especial cobertura en distintos medios de comunicación del mundo.
Cuando la nueva Asamblea Nacional (AN) entró en funciones en enero de 2016, se hizo evidente la estrategia: en su primer anuncio, el presidente de la AN -Henry Ramos Allup- prometió la salida de Nicolás Maduro en un plazo de seis meses. Luego de ello, se sucederían las acciones del tipo del veto a la Ley de Emergencia Económica, el intento de juicio político al presidente, seguido de la declaración de “abandono de cargo”; acciones enmarcadas en un sistemático intento por desconocer al poder Ejecutivo, sumado a la convocatoria explícita a “derrocar” al gobierno.
La prensa internacional y la Secretaría General de la OEA omitieron o avalaron cada una de estas acciones. Lo mismo sobre el carácter de “Desacato” (desobediencia al Tribunal Supremo de Justicia) que adquiere la AN, en el mismo momento que procede a la juramentación de tres diputados del Estado de Amazonas, suspendidos previamente, por irregularidades cometidas en la elección. Esta tensión llegó a su punto de mayor conflictividad cuando, hace unos días, tanto en medios locales como internacionales, se replicara la noticia de la “suspensión” de la AN. Lo que se omitía decir no era solo un detalle, sino la naturaleza institucional venezolana: un difícil equilibrio de cinco poderes, cuya virtud es el contrapeso político, en tanto garante de una democracia participativa y; su desafío, el pulso que una población movilizada debe otorgarle.
[…] la nueva Asamblea Nacional (AN) prometió la salida de Nicolás Maduro en un plazo de seis meses. Luego de ello, se sucederían las acciones del tipo del veto a la Ley de Emergencia Económica, el intento de juicio político al presidente, seguido de la declaración de “abandono de cargo”.
La salida de la Cuarta República (1958-1998) –y la ruptura del Pacto de Punto Fijo- significó un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico que, resultante de largos meses de Asamblea Nacional Constituyente, elaboraron una inédita institucionalidad, a partir de tres elementos: 1) en lo político económico inmediato, la Agenda Alternativa Bolivariana (programa transicional de salida del neoliberalismo) y el Proyecto Simón Bolívar (propuesta de otro orden jurídico y social); 2) en cuanto a la gobernabilidad (y la defensa) para la transición a una democracia de nuevo tipo, el “bolivarianismo” expresado en la Unión cívico-militar y; 3) en cuanto a la construcción de una la democracia protagónica y participativa como modelo de sociedad, una nueva geometría del poder –popular- y luego el Estado de las Comunas. Por ello, es significativo que, ante la crisis política, tanto chavismo como oposición llamen a defender la Constitución de 1999: ésta consagra la coexistencia -transitoria- de superestructuras tensas, resabios representativos liberales junto a la emergencia de nuevas instituciones del pueblo, bajo la condición de que ese pueblo sea motor y productor de una nueva institucionalidad, como por ejemplo los consejos comunales o las misiones.
La salida de la Cuarta República (1958-1998) –y la ruptura del Pacto de Punto Fijo- significó un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico que, resultante de largos meses de Asamblea Nacional Constituyente, elaboraron una inédita institucionalidad.
En 2006 cuando Chávez afirmó que debía reformarse la Constitución para pasar al “Estado de las Comunas”, lo hacía situado sobre ese equilibrio tenso que ya había llegado a su máximo nivel de desarrollo; sabiendo del riesgo de que la propia tensión barriera avances inconclusos.
Desde 1999, la población desbordó políticamente las instituciones por entonces conocidas y se dispuso en transición hacia un nuevo orden, primero, político y cultural y, luego –lo que debería iniciarse desde 2012- económico. Tal desborde supuso su defensa, en concreto: rodear las instituciones cuando estas corren peligro de, bajo el paraguas de tecnicismos, como vimos en Brasil, escindir al pueblo de sus instituciones.
[…] tanto chavismo como oposición llaman a defender la Constitución de 1999 [que] consagra la coexistencia -transitoria- de superestructuras tensas, resabios representativos liberales junto a la emergencia de nuevas instituciones del pueblo, bajo la condición de que ese pueblo sea motor y productor de una nueva institucionalidad.
Resulta paradójico que, aquello que fuera clausurado desde 1999, en aras de una transición hacia una democracia de nuevo tipo, aún hoy organiza la valoración con que muchos analistas de nuestra región proponen para caracterizar al modelo bolivariano, sus límites y sus alcances. Cuesta todavía –amén de las críticas y de los límites que encontremos- analizar Venezuela bajo la naturaleza política, jurídica y social de la vida venezolana. Cuando en 2002 se produjo el golpe de Estado que duró 47 horas, el pueblo se lanzó a las calles a defender la revolución con la Constitución en la mano, de la cual había sido su artífice.
Vale recordar que, en el pasaje que se diera en 1997 de la formación original chavista –MBR-200- al Movimiento Quinta República (MVR), para la participación en las elecciones de 1998, la desconfianza en la burguesía venezolana era un elemento a considerar en tanto que podía no reconocer el potencial triunfo de Chávez. Por ese motivo se estableció ir a las elecciones, sólo a condición de una activa defensa estratégica revolucionaria, es decir, debía ser el pueblo organizado quien resguardara el triunfo electoral primero y luego la revolución bolivariana.
Vaya centralidad de una consigna que ha marcado el pulso de un pueblo, en movilización permanente durante casi dos décadas. Sobre esta tensión aparece el horizonte de una revolución que deberá avanzar –tal como siempre fue concebida la dialéctica bolivariana- para no retroceder.
*Sociólogo. Coordinador Área de Estudios Nuestroamericanos – Centro Cultural de la Cooperación
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