reoneoliberal compuesto

Por Claudio Scaletta

La escena es cotidiana y seguramente reconocible por los lectores. Basta que se junten dos interesados por la economía que no adhieran al oficialismo para que la pregunta recurrente aparezca. Su síntesis es ¿son o se hacen? pero es más profunda: remite a si el escenario económico del presente responde a un plan sistemático, coordinado y eficiente, con objetivos claros, o si contiene un alto componente de inexperiencia y torpeza en el manejo de la cosa pública.

Quien tenga puesto el chip de la economía tradicional seguramente intentará responder mediante el análisis de la naturaleza de las medidas de política económica. Este camino es circular, porque vuelve a dejar al analista en el punto de partida. Puede expresarse con un par de silogismos muy repetidos por la prensa del régimen. El primero es que las medidas económicas, luego del “necesario” shock inicial, permitirían bajar la inflación, lo que una vez conseguido se traduciría en la recuperación del consumo y del crecimiento. El vaticinio se orientaba al famoso segundo semestre. Sólo era cuestión de esperar que pase el vendaval del sinceramiento. 

El segundo silogismo es que el crecimiento sería producto del cambio en las reglas de juego, las que permitirían cambiar la composición de la demanda agregada en favor de la inversión y en detrimento del consumo, lo que por el lado de la oferta aumentaría la producción. Dicho de otra manera, se pronosticaba una mejora y una caída del consumo. Los silogismos funcionan separadamente, pero no en conjunto. Es evidente que no puede producirse una mejora de los ingresos reales de los asalariados (el grueso del consumo), en teoría como consecuencia de una baja de la inflación, al mismo tiempo que se hace caer la participación del consumo en la demanda. Esto, que no funcionaba lógicamente se corroboró también con el resultado de los números: En 2016 la inflación superó los 40 puntos y la economía se contrajo el 2,3 por ciento según el Indec (contra el 2,5 que había crecido en 2015), la inversión se desplomó el 6,1 por ciento, según el ITE-FGA, y el consumo retrocedió el 3,3, también según el ITE.

La selección de los dos silogismos no es casual. A pesar de los resultados de 2016 el gobierno continúa repitiendo el primero, que la inflación bajará y mejorará el poder adquisitivo. Su objetivo es reeditar en 2017 el mismo procedimiento de 2016 de cerrar paritarias a la baja. El segundo silogismo, que incluía el rol dinamizador de la inversión, fue puesto en el freezer. Ahora se argumenta que sólo funcionará si se ganan las elecciones de medio término, el presunto certificado de garantía que exigirían los inversores internacionales. Todo muy científico.

Llegado este punto es posible afirmar que la pregunta inicial es el resultado de un gran malentendido: las consecuencias de la política económica son más fuertes que los argumentos que se utilizan para legitimarla. Desde hace poco más de 15 meses la economía experimenta las consecuencias de un verdadero cambio de régimen: El regreso, tras el relativamente corto paréntesis nacional y popular, del neoliberalismo iniciado en 1976 que explotó en la gran crisis de 2001. La singularidad es que, aunque los más informados lo advirtieron, no se trata ni del programa que se vendió en las elecciones ni el que se hace explícito en el ejercicio del gobierno. La consigna del duranbarbismo militante, que se manifiesta en la dialéctica cotidiana entre el discurso gubernamental y la prensa del régimen, parecería decir: “hagamos neoliberalismo sin decirlo”, a lo que sottovoce se agrega “que total la gente es boba y no se da cuenta”. Se confía en que el marketing político que tan evidentes resultados brindó para llegar al poder, seguirá funcionando en el ejercicio del gobierno.

“Neoliberalismo” no es el nombre de un medicamento, por ejemplo “reoneoliberal compuesto”. Es algo mucho más concreto. Es el gobierno de los ricos. Es el fenomenal proceso de transferencias económicas desde los ingresos de los trabajadores a un sector acotado del capital, nacional y extranjero. Es el disciplinamiento de los asalariados a través de la amenaza de la pérdida del empleo. Es el intento de destrucción de la educación pública por la vía del ahogo financiero, es la quita de medicamentos a jubilados que no pueden pagarlos. Es el endeudamiento externo acelerado, para financiar salida de capitales, que pesará sobre generaciones y que afectará los grados de libertad de los gobiernos populares de la tercera década del siglo. El oficialismo implementó este cambio de régimen con un plan claro y consistente y avanzó a toda la velocidad que le permitió la política. Siempre aplicó el freno cuando advirtió que debía hacerlo; pasó con el aumento de tarifas en distintas oportunidades o con el avance de familiares y amigos del poder sobre el patrimonio público, los llamados “conflictos de intereses” de la clase empresaria que hoy conduce el Estado para sí misma.

Pero en 2017 algo cambio. El discurso de legitimación que tan bien funcionó en 2016, estalló por los aires gracias a la fuerza de las multitudes. Marzo registró cantidades inéditas de descontentos en las calles: millones de trabajadores, pequeños empresarios, mujeres, docentes, militantes de derechos humanos. Con retardo comenzaron a hacerse presentes los anticuerpos de la memoria, la recuperación de la conciencia de los derechos y de la democracia en peligro. Mientras tanto, el gobierno que nunca tuvo la necesidad de llenar una plaza para llegar al poder, cree que todavía cuenta con el apoyo de las mayorías silenciosas y se agazapa detrás de su cerco mediático. Está convencido que podrá seguir con el ajuste interminable, sordo al grito de “basta” que empieza a colarse por todas las ventanas.-