CLAVES DE LECTURA
En los próximos meses la economía ingresará en una etapa clave, en la que se podrá delinear la ecuación crecimiento – inflación para el resto del 2017. Los primeros indicadores del año revelan que la reactivación sigue débil, que el empleo no recupera y que todavía no hay logros significativos en materia de baja de la inflación.
En este contexto, el gobierno ha escogido apuntar todos sus cañones al control de los aumentos de precios, bajo la premisa de que ese es el medio para apuntalar el crecimiento. Buscando coordinar expectativas a la baja, se implementó, entre otras medidas, al programa “Precios Transparentes”, acompañado por una política monetaria que, al menos desde la retórica, sigue siendo restrictiva.
A su vez, el gobierno ha decidido involucrarse de lleno en las negociaciones paritarias. Con el caso de bancarios como nave insignia, y de cara al conflicto todavía irresuelto con docentes, el gobierno apostó a marcar una pauta anual a partir de las metas de inflación del Banco Central, que de todos modos se descuentan de casi imposible cumplimiento.
Mientras transcurre el segundo año de fuerte endeudamiento, el ministro Dujovne manifiesta una creciente preocupación por mostrar moderación fiscal y necesidades decrecientes de financiamiento. No obstante, las nuevas metas fiscales solo podrían cumplirse bien con un extraordinario incremento en los ingresos (producto de una reforma tributaria), con una reforma previsional que recorte prestaciones, o con un nuevo maquillaje contable.
En este sentido, son los propios límites del espacio fiscal los que condicionan la estrategia antinflacionaria de Cambiemos. Los aumentos esperados a partir de febrero, entre los que se incluyen servicios públicos, contrapesan el resto de las medidas de anclaje inflacionario del gobierno. La apreciación de febrero ayuda al objetivo de contención de precios, aunque también arroja dudas respecto de su sostenibilidad en el tiempo.
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