Odebrecht, paramilitares y el Acuerdo de Paz en Colombia
ALBA DELGADO*
Expansión paramilitar y ascenso del “proselitismo armado” en Colombia. Vínculos, presiones y complicidades entre las FARC-EP, el paramilitarismo, Odebrecht y los opositores a los acuerdos de paz.
El 14 de enero de 2017 el ex senador Otto Bula fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de la Fiscalía colombiana en un exclusivo restaurante al norte de Bogotá. En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia estadounidense informó a la Fiscalía General de la Nación sobre los pagos por U$11.1 millones efectuados por Odebrecht entre 2009 y 2014 para obtener contratos de obra pública. Este período contempla la segunda presidencia de Álvaro Uribe (2006-2010) y la primera de Juan Manuel Santos (2010-2014).
La Fiscalía estableció que entre 2013 y 2014 Odebrecht pagó fraccionariamente a Bula la suma de U$4.6 millones. Días antes también había sido capturado Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009. Según la Fiscalía, García Morales recibió un pago por U$ 6.5 millones para la adjudicación del Contrato de Concesión del proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2, realizada en diciembre de ese año por valor de U$1.103 millones.
El Departamento de Justicia estadounidense informó a la Fiscalía General de la Nación sobre los pagos por U$11.1 millones efectuados por Odebrecht entre 2009 y 2014 para obtener contratos de obra pública.
Ruta del Sol es un ambicioso proyecto que busca unir el centro de Colombia con el Caribe. El proyecto estuvo acompañado en todas sus etapas de licitación, aprobación y ejecución, tanto por la Procuraduría General de la Nación como por el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional (IFC) (Agudelo 2017). Este no es el único contrato que firmó Odebrecht con el Estado colombiano, y seguramente tampoco será la única denuncia para el INCO o para Odebrecht, aunque sí es su primera investigación. A la larga lista de adjudicaciones se suman los fallos del Tribunal de Arbitraje en beneficio de la constructora, como por ejemplo la sentencia que ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a pagarle un poco menos de U$ 4 millones.
Este no es el único contrato que firmó Odebrecht con el Estado colombiano, y seguramente tampoco será la única denuncia para el INCO o para Odebrecht.
Los sobornos de la constructora tenían dos perfiles para sus pagos; uno orientado a funcionarios como García Morales y otro a intermediarios como Bula. Las relaciones políticas y económicas de Bula con congresistas habrían servido para ejercer presión sobre altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Planeación Nacional y algunos Ministerios para beneficiar a Odebrecht. En cuanto a sus relaciones políticas, Bula reemplazó al ex Senador Mario Uribe Escobar en la legislatura de 1998-2002. Uribe Escobar fue uno de los tantos congresistas que debió renunciar a su curul en 2007, tras la apertura de la investigación que llevó a su condena por pactar voluntariamente con paramilitares, la promoción y expansión de los mismos en el ámbito electoral. Cabe señalar que esta expansión permitió elegir voceros nacionales para favorecer los propósitos paramilitares desde el año 2000 (Corte Suprema de Justicia 2011).
Bula fue una figura clave en la victoria electoral de Uribe Escobar en Antioquia, zona de dominio paramilitar. Respecto a sus relaciones económicas, los paramilitares en cortes estadounidenses lo han señalado como socio o “testaferro” de Mario Uribe. El nombre de Bula también ha circulado en denuncias de compras y acumulaciones irregulares de tierras en áreas donde comunidades campesinas, originarias y afrodescendientes se han visto forzados a vender o abandonar por la presión violenta de los paramilitares.
Bula fue una figura clave en la victoria electoral de Uribe Escobar en Antioquia, zona de dominio paramilitar. Respecto a sus relaciones económicas […] lo han señalado como socio o “testaferro” de Mario Uribe
Los vínculos del paramilitarismo no se limitan al espacio político-electoral: la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá estableció que por lo menos 57 empresas habrían financiado estructuras paramilitares, de las cuales 7 son empresas bananeras. La financiación voluntaria a grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, fue declarada crimen de lesa humanidad en febrero de 2017.
Las acciones armadas de los paramilitares han beneficiado –especialmente- el desarrollo de negocios palmeros, bananeros y ganaderos. Dentro de los financiamientos realizados por empresas bananeras se encuentran los realizados a las cooperativas de seguridad y vigilancia privada legales, Convivir, fachadas financieras de grupos paramilitares, o los realizados a uno de los comités de la campaña del No al plebiscito de octubre de 2016 -el cual buscaba refrendar o no el Acuerdo de Paz suscrito en la Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)-; o las dos campañas presidenciales de Uribe, la de Santos en 2010 y la de Zuluaga en 2014. Uno de estos financiadores, Banafrut, tuvo como presidente a Nicolás Echavarría, gerente de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014, y uno de los impulsores por el No en octubre. Los accionistas de Banafrut también han sido acusados de despojar a campesinos de sus tierras en la región de Montes de María y algunos de sus presidentes son investigados por financiamiento a paramilitares.
Los vínculos del paramilitarismo no se limitan al espacio político-electoral: […] por lo menos 57 empresas habrían financiado estructuras paramilitares, de las cuales 7 son empresas bananeras.
Parte de los cambios sustantivos que pretende introducir extemporáneamente el Fiscal General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -cuya aprobación en el Congreso es necesaria en la implementación del Acuerdo de Paz-, se suscribe a limitar su competencia sobre terceros civiles sino es que puede esquivar su sometimiento a la Jurisdicción. Esto sin mencionar las problemáticas que circulan frente al trato preferencial de militares en la JEP.
El Fiscal, quien ha tenido vínculos laborales y personales con socios de Odebrecht, ha sugerido junto con sectores uribistas, la posibilidad de implementar en el Acuerdo la Ley de Justicia y Paz, máxima expresión de la impunidad en las responsabilidades civiles y militares de crímenes realizados por los paramilitares y sus aliados. Estas propuestas no sólo dilatan el proceso de aprobación de la Jurisdicción en el Congreso sino que además buscan modificar tanto el sujeto político beneficiario de la Jurisdicción, las víctimas, como sus objetivos, verdad, justicia, reparación y no repetición.
El intento de modificación de un punto acordado y firmado como la JEP es uno de los desafíos que enfrenta la implementación del Acuerdo. Un segundo desafío se suscribe a la lenta o casi nula aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en diciembre de 2016 y a los problemas logísticos y de retraso por parte del gobierno colombiano en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), indispensables en el proceso de entrega de armas y tránsito a la vida civil de los insurgentes. Y un tercer gran desafío, se inscribe en la seguridad física de los insurgentes una vez que abandonen las armas. El sistemático y generalizado aumento de torturas, amenazas y asesinatos selectivos, individuales y/o colectivos de campesinos, profesores, líderes populares, sociales y políticos y defensores de derechos humanos por parte de escuadrones armados no identificados y estructuras paramilitares específicas, impacta en el proceso de implementación del Acuerdo. Tal impacto se profundiza con las declaraciones de altos representantes del gobierno firmante para los cuales no resulta ni sistemático ni preocupante los asesinatos de líderes a lo largo y ancho del país.
El Fiscal, quien ha tenido vínculos laborales y personales con socios de Odebrecht, ha sugerido junto con sectores uribistas de la política, la posibilidad de implementar en el Acuerdo la Ley de Justicia y Paz, máxima expresión de la impunidad en las responsabilidades civiles y militares de crímenes realizados por los paramilitares y sus aliados
La expansión paramilitar cubre a inicios de 2017, zonas de 27 departamentos de los 32 del país, forzando el desplazamiento de varias poblaciones por amenazas. Para las elecciones de 2006, los paramilitares presionaron –cuando no asesinaron- candidatos y votantes en por lo menos 18 departamentos, ejerciendo el llamado “proselitismo armado”. Tal parece que la contrainsurgencia no es el mayor objetivo del accionar paramilitar. La carrera para las elecciones 2018-2022 mostró su primera etapa en la campaña del plebiscito de octubre. El ataque, la distorsión, dilatación y los intentos de modificación a las diferentes etapas, puntos y resultados del proceso de paz, su refrendación y posterior implementación es uno de los objetivos que están a la orden del día y son el centro de la diana en la carrera electoral, aunque se lancen dardos para todos lados. Defensores y defensoras del Acuerdo -como la Ruta Pacífica de Mujeres- y sus familias han sido declarados objetivos militares por parte de grupos paramilitares. Sus panfletos citan juiciosamente la campaña del No al plebiscito de octubre y a uno de sus líderes, el ahora senador Álvaro Uribe: ni Castrochavismo, ni Narcoterrorismo.
#ConicetEnPiedeLucha.
#NoAlAjusteEnCyT.
*UBA – CONICET- GESHAL, albaeledelgado@gmail.com
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