la marcha del ajuste: más allá de las cúpulas burocráticas, se inicia la resistencia a la flexibilización

El sindicato petrolero liderado por Avila endurece su posición contra la flexibilización laboral y los despidos

Exclusivo / El Extremo Sur.

Mientras se tensa la cuerda por la pérdida de empleos petroleros y avanza la flexibilización laboral, el sindicato chubutense liderado por Jorge Ávila cuestionó a los empresarios y al gobierno nacional, declarándose en alerta.

Los trabajadores de base no descartan el lanzamiento de un paro en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“El gobierno nacional tiene oídos únicamente para los grupos económicos concentrados y de manera particular para el sector energético”, sentenció el gremio petrolero chubutense que conduce Jorge Avila, dando una muestra del endurecimiento de las posiciones y la posibilidad de que se desate un conflicto en la región.

A través de una solicitada publicada este miércoles, el sindicato conducido por Avila manifestó: “Con la excusa de la crisis internacional del petróleo y la necesidad de resucitar Vaca Muerta, el Gobierno nacional asociado a los grandes pulpos petroleros, impulsa la flexibilización laboral, la eliminación de paritarias, la reducción de salarios y la eliminación de puestos de trabajo, con el objetivo de lograr el abaratamiento del costo laboral petrolero”.

La solicitada vincula la puesta en marcha de la Resolución 365 que instrumentó la administración macrista con el parate de los equipos perforadores y la reducción de inversiones que ejecutaron las operadoras Pan American Energy, YPF y Tecpetrol, dejando personal sobrante en las bases petroleras.

Catalogándolo como un “agravante” para las Pymes del sector, el gremio denunció que las operadoras exigieron “a las contratistas el abaratamiento de costos en un 40%,con la eliminación de puestos de trabajo y malversando el fondo indemnizatorio previsto en cada tarifa y cada contrato”.

“Política liberal de los ‘90”

Al denunciar la falta de planes de inversión de las petroleras, el sindicato reconoció que las compañías del sector, junto al Gobierno nacional, han planteado un acta de 34 puntos para modificar el convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Chubut, y catalogó a sus responsables como estrechamente vinculados a la “política liberal de los años ‘90”.

El gremio petrolero reveló que sus paritarios están siendo extorsionados por las empresas y los funcionarios nacionales, y afirmó que los 34 puntos propuestos por las operadoras apuntan a la “flexibilización laboral, reducción salarial, quita de los derechos adquiridos, eliminación del actual convenio colectivo de trabajo y eliminar las obligaciones empresariales con la preservación del medio ambiente”.

Apoyándose en la gestión del gobernador Mario Das Neves y como una alternativa al avance empresario, el sindicalismo chubutense propuso que el Gobierno provincial inicie una revisión de todas las concesiones petroleras otorgadas a las compañías YPF, PAE, Sipetrol y Tecpetrol.

“Cada operadora tiene compromisos de inversión que cumplir y la que no realice los esfuerzos que exija el Gobierno provincial, deberá seguir el camino de Sinopec”, sostuvieron haciendo referencia a la rescisión de contratos en los yacimientos provinciales.

Tras asegurar que la prioridad de la administración macrista y las empresas está puesta en el desarrollo de Vaca Muerta y que Chubut no es tenida en cuenta en la toma de las decisiones en materia de política energética, el sindicato aseveró que “Chubut únicamente sirve para hacerse cargo del alto costo social que genera la desinversión de cada operadora petrolera y de las quiebras y concursos de acreedores de nuestras Pymes regionales”.

Sobre la base de estas argumentaciones y denuncias, el sindicato petrolero chubutense se declaró en estado de alerta y movilización; facultando al secretario general a rechazar el proyecto de flexibilización laboral; exigiendo que cada operadora informe su plan de inversión y los gastos operativos, como así también la vuelta al trabajo de los equipos perforadores paralizados desde la instrumentación de la Resolución 365; apoyando la revisión de los contratos de concesión y contemplando la posibilidad de revertir las áreas.

En medio de las negociaciones y las presiones ente las partes, alejándose de lo firmando en Vaca Muerta, la cuerda vuelve a tensarse y no se debería descartar que el sindicalismo petrolero de Chubut desencadene un alto nivel de conflictividad en la cuenca.

Quizás impulsado por el incipiente movimiento de los sindicalistas de la CGT nacional, quienes comienzan a evaluar la posibilidad de un paro nacional para fines de marzo, y arrinconado por el avance del empresariado y la CEOcracia macrista, Avila encontró una rendija por la cual negociar en condiciones de mayor firmeza, mientras sus bases lo presionan para frenar la sangría y evitar que el aumento de la productividad se concrete a través de la flexibilización laboral.