Las primeras declaraciones de Dujovne dejaron entrever la posibilidad de volver a aplicar una reducción a los aportes y contribuciones, bajo la justificación de que esto provocará un aumento del empleo y una reducción de la informalidad.
A contramano del discurso del gobierno, este trabajo muestra que las consecuencias más probables son otras: no solo resulta esperable que se termine perjudicando al mercado laboral, sino que además implicará desfinanciar al sistema previsional a costa de aumentar la rentabilidad empresaria.
Si las intenciones del gobierno son honestas y lo que busca es generar empleo de calidad, para eso no hay recetas mágicas, lo cual no implica que no existan maneras de lograrlo. Los datos empíricos a nivel global muestran que, como primer requisito, las políticas macroeconómicas deben estar enfocadas a asegurar una tasa mínima de crecimiento, con el fin de sostener el nivel de empleo (esto es lo que se conoce como la “Ley de Okun”). Si la economía se contrae, lo más probable es que el desempleo termine aumentando, tal como sucedió en 2016.
A nivel sectorial, cada rama del entramado productivo tiene sus especificidades, con lo cual, cualquier estrategia que busque impulsar el empleo debe reconocer estar particularidades e implementar instrumentos específicos en función de ello. Desde ya que cualquier política macroeconómica que atente contra el crecimiento de la economía o del entramado productivo (como una fuerte devaluación o una apertura comercial irrestricta), difícilmente logre aumentar el empleo o reducir la informalidad.
Y menos aún si eso va acompañado de medidas de carácter generalizado, como una rebaja de aportes y contribuciones. Es así que los viejos debates regresan disfrazados de “nuevos”, abstrayéndose de experiencias históricas que en Argentina son relativamente recientes y demostraron que políticas de estas características suelen pecar de un optimismo que poco contacto tiene con la realidad de un mercado de trabajo tan heterogéneo como el argentino, en el que hay diversas problemáticas multicausales en torno a la informalidad y la precariedad laboral. 13 Ahora bien, si este tipo de políticas ya fueron probadas en nuestro país y su resultado fue un rotundo fracaso, la pregunta que resuena es por qué se quiere volver a insistir con lo mismo.
Sumado a eso, tampoco parece tener sentido que el gobierno quiera llevar a cabo una nueva reducción de impuestos y al mismo tiempo siga sosteniendo que uno de sus principales objetivos en materia económica es la reducción del déficit fiscal. Sin ir más lejos, a principios de 2016 dijo e hizo exactamente lo mismo y, de no ser por un blanqueo, el déficit fiscal hubiese sido mayor al que se observó durante el último año de gobierno del kirchnerismo.
Estas aparentes contradicciones desaparecen al advertir que el verdadero objetivo de este gobierno es la reducción del gasto público. Y la lógica política que utiliza para lograr este acometido requiere primero construir un consenso que allane y facilite el ajuste del gasto. Ese consenso se logra por medio de la rebaja de impuestos, medida que además de beneficiar directamente a los sectores de mayores ingresos provoca un incremento automático del déficit fiscal, “obligando” luego al gobierno a ajustar el gasto para tratar de reducirlo. Bajo esta lógica, la rebaja de los aportes y contribuciones adquiere una relevancia fundamental en la agenda del gobierno.
Esto queda claro cuando se observa que casi el 40% del gasto del Sector Público Nacional está destinado al pago de jubilaciones y pensiones, las cuales son financiadas en su mayoría por los aportes y contribuciones (68% aproximadamente). Tal cual sucedió durante los años 90, las medidas que supuestamente apuntan a reducir la informalidad en la economía, tenderían en realidad al desfinanciamiento del sistema previsional otorgando al gobierno un argumento para avanzar en el recorte de prestaciones y sobre los incipientes fundamentos de un Estado de Bienestar que se comenzó a desarrollar en la década pasada en torno a la seguridad social.
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