Por Redacción EES
Por Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).
Acorralados por el ajuste y la flexibilización laboral, los dirigentes sindicales tienen cada vez menos margen de negociación. Pese al meneado objetivo de preservar los puestos de trabajo, naufragan en debates estériles por las inversiones y el sostenimiento de las ganancias empresarias. Casi todos corren de atrás la agenda impuesta por los empresarios y el macrismo, mientras los despidos continúan.
Mientras el sector empresario busca cambiar de raíz las condiciones de trabajo para aumentar la productividad y la rentabilidad, determinadas por los costos laborales y la reducción de personal; los sindicalistas de las dos cuencas petroleras más importantes terminaron encajonados en las ambiciones empresariales y personales.
Tanto Guillermo Pereyra como Manuel Arévalo desde Neuquén; así como Jorge Avila, José Llugdar y Claudio Vidal desde la Cuenca del Golfo San Jorge fueron cediendo, en diferentes ritmos y plazos, condiciones salariales y laborales con el argumento de que se trata de la única posibilidad de mantener las fuentes de trabajo frente a la crisis internacional del precio del crudo.
Aunque el barril en su versión WTI ya no cotiza en 30 dólares–mínimo que tocó en febrero de 2016–y en lo que va de enero aumentó 73% llegando a los 52 dólares por barril (incluso superando los 39 dólares de febrero de 2009), la impronta de las operadoras ganó en potencia de presión desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, focalizándose en el aumento de la productividad por la vía del ajuste y la flexibilización.
Fecha clave
El 24 de enero parece ser la fecha clave prevista para el anuncio de todos los nuevos acuerdos flexibilizadores en el mundo petrolero, ahí se estamparán las firmas los gobernantes nacionales, provinciales, empresarios y sindicalistas.
Se incluirá el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para los no convencionales de Vaca Muerta y los reacomodamientos con pérdidas salariales y nuevas condiciones laborales para los yacimientos convencionales con la prioridad de aplicación en las cuencas del Golfo San Jorge y Neuquina (especialmente en los yacimientos convencionales Cerro Dragón, Los Perales y Loma La Lata), pero incluyendo a todos los demás yacimientos del país.
Ese día puede quedar inscripto en la historia del movimiento obrero petrolero como el de la concesión definitiva de los dirigentes sindicales, así como ha quedado en la historia la imborrable jornada en que el Congreso de la Nación votó la privatización de YPF el 24 de septiembre de 1992. En la historia siempre hay lugar para más y peores experiencias.
Rol trastocado
El sindicalismo sufre una notable tergiversación de su rol, más allá de que algunos dirigentes son funcionarios en sus provincias y otros legisladores nacionales o provinciales; porque a la hora de negociar con la parte empresaria se sumergen en debates sobre las inversiones y la consolidación de las ganancias pero pierden de vista los intereses primordiales de sus representados..
Indudablemente, los sectores laboral y empresario están estrechamente relacionados en el mundo actual, pero cada vez se hace mas real el axioma que sostiene que “cuando aumentan las ganancias quedan en manos del empresariado y cuando se generan pérdidas son distribuidas entre los trabajadores”.
Bajo ese concepto medular del capitalismo, los sindicalistas petroleros se han convertido en incentivadores de las inversiones para conseguir que se sostengan los puestos de trabajo. Algunos han avanzado todavía más, y miran el margen de ganancias para que los empresarios se sientan mejor interpretados.
Esa estrategia que han desarrollado los máximos líderes sindicales, como Jorge Avila en Chubut y Guillermo Pereyra en Neuquén, se hace extensible con frecuencia a otros dirigentes de gestiones anteriores o actuales del gremio de Jerárquicos. Su lógica lineal los lleva a buscar cómo contribuir a que los empresarios sigan teniendo suculentas ganancias para que una parte sea reinvertida y así se mantengan las fuentes laborales o se generen nuevas.
Esa lógica no involucra a los trabajadores cuando las rentabilidades aumentan sideralmente, tal como aconteció con los precios internacionales del crudo por encima de los 100 dólares, cuando fueron mantenidos completamente por fuera de cualquier tipo de reparto de tamañas rentas extraordinarias.
Buscadores de inversiones
Los dos máximos referentes petroleros del sindicalismo petrolero actual se han expresado en varias ocasiones sobre la necesidad de encontrar los caminos para que las operadoras puedan concretar sus inversiones.
El neuquino Pereyra fue impunemente categórico al referirse al tema: “Cuando se firme este acuerdo, el 24 de enero, será ahí donde las empresas van a decir cuántos equipos suben, Pan American, Total y las empresas asociadas. Hay que crear las condiciones para invertir”.
Sin sonrojarse y haciendo referencia al reciente anuncio flexibilizador para Vaca Muerta, reconoció que se originó “a raíz de una conversación que tuve en Olivos con Macri por la caída de puestos de trabajo. Hablamos sobre cómo poder recuperar el trabajo y esto es lo que hemos logrado: un acuerdo para que vengan inversiones”.
En la misma sintonía, tras la firma con YPF del acuerdo que redujo un 30% el salario de sus representados, el chubutense Avila admitió que “la actividad va a caer más sino logramos al 31 de enero encontrar un camino. No es quién tiene la razón sino ver cómo hacemos para subsistir todos, tanto las pymes, empresariados de afuera, y los trabajadores… no firmamos más nada si acá no hay un plan de inversión. Que nos digan cuál es el plan de inversión”.
Acompañándolo en el pensamiento, el diputado provincial y actual secretario gremial del sindicato, Carlos Gómez, reveló: “En Chubut no se dejó bajar ningún equipo y la única alternativa que hay para que continúen es tratar de consensuar la solución con las grandes empresas contratistas. Hay que evitar los despidos pero también hay que ayudar a que las empresas puedan facturar servicios”.
El sindicalista de los Jerárquicos petroleros, José Llugdar se sumó al coro de planificadores de las cuentas de las operadoras y en la misma línea de pensamiento expresó: “Queremos ver cuál es la inversión de las empresas, ver los presupuestos de 2017 para arreglar el año y si hay precio de gas cuál será la proyección e inversión para nuestra gente”.
Tanto Pereyra como Avila o Llugdar saben muy bien que las operadoras no son sociedades de beneficencia ni mucho menos empresas estatales de bien público; es por eso que aumentan las inversiones si les cierran los números de la rentabilidad, sin importarle demasiado las consecuencias sobre los trabajadores o los Estados donde realizan sus actividades.
Negociar entre las partes es un eslabón esencial, pero la discusión de los planes de inversión es responsabilidad de los gobernantes de cada una de las provincias productoras –inclusive tendría que intervenir el Gobierno nacional elaborando un plan que abarque a todo el país-; y luego deberían entrar en juego los sindicalistas para discutir con las empresas las condiciones laborales y salariales de sus representados. Esto no es lo que sucede porque todo se ha tergiversado.
La devaluada propiedad de las provincias
Esa misma lógica que nubló objetivos al sindicalismo dejó por fuera a los verdaderos dueños de los recursos hidrocarburíferos: los Estados provinciales. Por contrapartida, el dato de que los recursos son propiedad del Estado y que los mismos son concesionados transitoriamente a compañías privadas para su explotación aparece en un plano lejano de las argumentaciones sindicales; o directamente permanece soterrado.
Desde la privatización de YPF y la provincialización de los recursos con la Ley Corta, muchos gobernadores de las principales provincias productoras sólo se han preocupado por ver cómo se garantizaban los ingresos por regalías –a veces incluyendo pequeños porcentajes extraordinarios- para hacer funcionar las cuentas públicas, e inclusive a veces las personales o partidarias.
Así se firmó una enorme cantidad de renegociaciones petroleras anticipadas, de hasta 40 años, que supuestamente iban a generar inversiones y puestos de trabajo hasta el final de los plazos acordados. La cruda realidad de la maximización de renta empresaria se encargó de tirar por la borda esos anuncios y destrozar cada una de las promesas.
Ni qué hablar de la ausencia o incumbencia desequilibrada por parte del Estado Nacional. Desde que se deshizo de la propiedad federal de los recursos petroleros y gasíferos, Nación parece “no tener nada que ver” con el tema, lo cual es imposible porque la energía es un bien nacional y necesita de planes y protecciones que abarquen a todas las provincias.
Hoy en día, los recursos son de las provincias, pero las decisiones se han trasladado de manera exclusiva a la Casa Rosada, casi sin injerencia de los gobernadores (tal como lo demuestran la eliminación del barril criollo o los reembolsos de los puertos patagónicos); aunque la Administración Nacional está interviniendo con el firme objetivo de que no se generen nuevos impuestos, se aplique el ajuste y se flexibilicen las condiciones laborales para aumentar las productividad obrera.
Entregando conquistas por empleos
La aplicación del desconcepto de buscar inversiones para que haya ganancias destinadas al empresariado encorsetó a la dirigencia sindical petrolera en la Patagonia, quienes a su ritmo y con sus particularidades fueron aceptando casi todas las apetencias de las operadoras y la gestión nacional macrista.
Primero fue la aplicación del ajuste a través de las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios forzados. Luego sería el tiempo de las suspensiones con reducción salarial, mientras continuaban los despidos “por goteo”.
Pero con todo eso no alcanzó, y las empresas petroleras se propusieron recortar las conquistas obreras de los últimos 10 años, sin importar si aumentan los riesgos en el trabajo, para que se incremente la productividad.
Así se llegó a la firma de la famosa Resolución 365, que blanqueó el objetivo de fondo: la imposición de una flexibilización laboral que reduzca considerablemente los costos salariales.
En menos de 30 días se sucedieron los dos cambios más importantes. Es de esperar que para el 24 de enero, o a lo sumo el 31, se revelen nuevos alcances para la Cuenca del Golfo San Jorge y la Neuquina.
Antes de finalizar 2016, Avila y Llugdar firmaron con YPF un acuerdo parecido al que ya había firmado Pereyra en Neuquén, donde se incluyó un 30% de recorte salarial y el compromiso empresario de no concretar despidos, aunque a los pocos días llegaron nuevos telegramas a las casas de los operarios de las contratistas DLS, SP y SAI.
El propio Avila reconoció: “No es lo mejor pero es una alternativa en la que podemos tener a los trabajadores contenidos, con un salario y con obra social… no estamos entregando nada, decimos que a los seis meses vuelve todo a la normalidad si es que se logra reestructurar todo”. “Ganarán un poco menos, pero todos mantienen la relación laboral”, agregó Gómez.
Así se llegó al reciente anuncio de Macri sobre el nuevo convenio laboral para Vaca Muerta y los no convencionales, defendido por Pereyra, quien negó que se haya avanzado en la flexibilización y argumentó que “brinda mejores condiciones de trabajo para la gente, esto representa la humanización del trabajo; no todo es plata… lógicamente que (el trabajador) va a ganar menos, pero va a poder disfrutar de su familia”.
Desde Chubut, Avila cuestionó lo acordado por Pereyra, aduciendo que “Se entregaron varias conquistas de los trabajadores y los demás sindicatos quedamos perjudicados”, tras admitir que buscarán extender la reducción salarial acordada con YPF al conjunto de la cuenca.
Anticipándose a lo que podría convertirse en un acuerdo especial para la explotación flexibilizada del yacimiento Cerro Dragón, sentenció: “ojala podamos encontrar un equilibro que nos beneficie a todos y dejarnos de chicaneadas… Hay que ser precavidos a la hora de tomar decisiones, estamos dispuestos a hacer un acuerdo pero de forma temporal. El sindicato está dispuesto a sentarse a hablar de productividad pero también necesitamos un plan de inversiones”.
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