En diálogo con Diario Inédito, el médico Legista y del Trabajo Carlos Rinaldi, uno de los profesionales con mayor experiencia en el tema de ART, dijo que “ninguno de los contenidos del decreto tiende a preservar la salud, recuperarla si se pierde y rehabilitar si es necesario lo más rápido posible y lo mejor posible”. Pidió que los diputados “no aprueben este proyecto”.
El Decreto 54/2017 que modificó la ley que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) desató la polémica y llenó de preocupación a distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente a los trabajadores, que son los principales afectados por la medida dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, Diario Inédito consultó al Dr. Carlos Rinaldi, médico legista y del trabajo, y uno de los profesionales con mayor experiencia en el tema, ya que fue responsable médico de una importante ART en los comienzos mismos del sistema y lleva 32 años como perito de oficio en el Fuero Laboral.
“Creo que se está cometiendo un grave error en este nuevo intento por disminuir los juicios. Dicho error se comete por dos razones: o por ignorancia, o con intencionalidad. Quiero pensar que se debe a desconocimiento, porque de ser con intención, se trataría de una acción sumamente perversa”, expresó el Dr. Rinaldi, quien fue Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Legal y Toxicología de la Asociación Médica Argentina, recibió el premio José Belbey de dicha Asociación y el premio José Ingenieros de la Academia Nacional de Ciencias, entre otros logros y cargos.
Diario Inédito: ¿En qué consiste ese error?
Carlos Rinaldi: En no considerar que el bien jurídico a proteger es la salud de los trabajadores, no la salud de las empresas ni de las ART ni de nadie más que de los trabajadores. Ninguno de los contenidos del decreto tiende a preservar la salud, recuperarla si se pierde y rehabilitar si es necesario lo más rápido posible y lo mejor posible. No olvidemos que en materia de salud, en la Argentina no hay controles, y si el Estado no controla, el único que lo hace es el juicio. En vez de atacar las causas del incremento de los juicios, se pretende complicarlos y abaratarlos. Es lo mismo que si lejos de arreglar los frenos del auto, se abarata el costo del chapista, así a la compañía de seguros le resulta menos oneroso.
DI: ¿Por qué no se consultó a los que saben y tienen experiencia y no solamente a quienes hicieron lobby y son parte interesada?
CR: Quiera Dios que sea por ignorancia. En el tema concreto de las Comisiones Médicas, advierto que he concurrido a gran cantidad de ellas en distintos puntos del país. Al comienzo, allá por 1996, actuaban realmente como tales, compuestas por tres o cinco miembros que estaban presentes en el momento del examen médico. Con el tiempo fue decayendo el número de los médicos hasta que en la actualidad es un solo médico que examina al trabajador y, en el caso de la Comisión Médica Central, muchas veces se expide sin examinarlo. La obligatoriedad de recurrir a las Comisiones antes que a la Justicia es volver a 1996. Y del bien jurídico a proteger ni se habla.
A modo de ejemplo, el Dr. Rinaldi explica una situación que sucede frecuentemente en estos casos: “Un trabajador se lesiona la rodilla y va a la ART con la rodilla hinchada y sin poder movilizarla. La aseguradora le encuentra una afección degenerativa y le rechaza el siniestro. El trabajador, luego de 10 días, consigue turno en su obra social, donde le dicen que se trata de un accidente de trabajo y debe ser atendido por la ART. Entonces recurre a la Comisión Médica Central que lo cita, lo examina y dictamina -con suerte- en un mes. El trabajador estuvo sin atención médica adecuada durante 60 días, con las consecuencias que ello implica. ¿En qué mejora esto el DNU en cuestión? En nada”.
“Otra situación que se plantea con frecuencia son las cuestiones de puro derecho. ¿Quién las va a dirimir? ¿Las comisiones médicas? ¿Los médicos forenses? Necesariamente tienen que ser los jueces. Y ya que mencionamos a los médicos forenses debemos recordar que ellos no están para cuestiones laborales sino para cuestiones penales y excepcionales casos civiles. Otra vez se va a llenar de causas el Cuerpo Médico Forense y se demorarán los dictámenes, por lo que el DNU complica aún más la evolución del juicio”, plantea el experto. “La intención, claramente, no es proteger la salud de los trabajadores sino abaratar los juicios”, enfatiza.
“Los ejemplos abundan y podrían llevarnos varias horas”, dice el Dr. Rinaldi. “Pero dada mi experiencia de 32 años como perito y mi actuación dentro del sistema, puedo afirmar que la forma de disminuir los juicios no es bajar su costo sino atacar las causas de los mismos. Ése es el error”, asegura.
“Si absolutamente todos cumpliesen a rajatablas con la ley, puedo asegurar que no serían tantos los juicios. Mientras tanto, los trabajadores van a seguir enfermándose y accidentándose, y el sistema va a continuar empeorando su situación”, denuncia el ex Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Legal y Toxicología.
DI: ¿Por qué no se empieza por hacer cumplir la ley?
CR: Leandro Alem dijo que “en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe”, y lo que se debe hacer es proteger la salud de los trabajadores. Es por ello que confío en que este decreto no prospere. No va a pasar mucho tiempo hasta que algún juez dictamine su inconstitucionalidad, aunque no soy abogado ni legislador. Creo con todo respeto por ellos, que no corresponde que los diputados de corte progresista aprueben este proyecto.
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