Carta para que liberen a Sala
Las organizaciones Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS presentaron ayer un pedido a la canciller Susana Malcorra para que cumpla con el pedido que hizo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU e interceda para liberar a la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, quien hoy cumple 292 días en prisión.
En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó como “bastante liviana” la opinión de los expertos de la ONU y aseguró que hay “desconocimiento de situaciones”.
“Pedimos al Estado argentino que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala”, señalaron las organizaciones.
Según subrayaron, luego de analizar la información de todas las causas judiciales el Grupo de Trabajo “concluyó que ‘la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria’ y que debe ser liberada”.
Las entidades que habían impulsado el reclamo ante la ONU señalaron que “la decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país”.
“Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”, resaltaron en el pedido, que también fue entregado al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
“Liviana y no vinculante”
En este contexto, el gobernador jujeño Gerardo Morales sorprendió al desacreditar el informe de los expertos sobre detenciones arbitrarias de la ONU “porque se sostiene de premisas que son falsas”.
“Hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia”, argumentó Morales.
Asimismo, sostuvo que la resolución aludida “se trata de una opinión que luego se reporta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es vinculante, con lo que no genera ningún tipo de obligación sobre el Estado argentino o sobre el Poder Judicial”.
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