más le dan, más le piden: flexibilización laboral y salarios por productividad

La madre de todas las batallas

Por Martín Ogando. 

En la madrugada del jueves la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de presupuesto 2017, con 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones. El proceso no estuvo exento de arduas negociaciones, en las que los gobernadores se garantizaron concesiones importantes en forma de fondos frescos y obra pública. El Ejecutivo se encamina a un importante triunfo: aprobar un presupuesto con amplio apoyo, no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras. De yapa se llevó de Diputados la media sanción de la ley que regula la Participación Pública Privada (PPP), que ahora vuelve al Senado.

El 20 de octubre pasado, en la sede del Ministerio de Trabajo, se subscribió un acta acuerdo entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, -que conduce hace 32 años Guillermo Pereyra-, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). No fue un acta más. Por el contrario, varios se animaron a calificarla de histórica, y no es para menos. Por primera vez los futuros acuerdos salariales estarán atados a cláusulas de productividad. En el acta se incluyeron además otras medidas orientadas a flexibilizar las condiciones de trabajo y favorecer la “eficiencia” del sector.

Dos fotos, dos temporalidades, dos objetivos

La aprobación del presupuesto remite a los objetivos de corto plazo del gobierno: cerrar el año con los menores sobresaltos posibles, lograr una módica reactivación económica y ganar las elecciones del año que viene. Macri ganó por escaso margen y debe revalidar su triunfo. De ello depende la propia viabilidad de su proyecto político. Tanto su accionar político como su programa económico están condicionados por esta prioridad . En este sentido, el 2016 es apenas la punta del iceberg, un primer ensayo. El verdadero carácter del gobierno Cambiemos terminará de emerger si logra plebiscitar su gestión en las legislativas del año que viene.

La segunda foto, la un sindicato petrolero presto a resignar derechos y aceptar mayor flexibilidad laboral, es un buen adelanto de los objetivos estratégicos de este gobierno. Disciplinar de manera duradera a la clase trabajadora, bajar el “costo laboral”, para de esa manera hacer más “competitiva” la economía argentina. Esto es lo que se viene como gran debate y como gran prueba de fuerzas en los próximos años. Allí radica una de las grandes transformación que el capital buscará operar en esta nueva fase de ofensiva contra el trabajo.

Convenios colectivos vs. inversión (y lucro vs. vida)

Con los actuales precios del barril la extracción del petróleo “no convencional” del yacimiento de Vaca Muerta demanda una drástica reducción de los costos operativos. De lo contrario la inversiones no aparecerán, dicen. Lo que hoy realizan 15 operarios, podría ser hecho por siete, afirman. Y así sigue la larga cadena de lamentos empresarios, sobre el excesivo poder de los sindicatos, el alto ausentismo y la conflictividad. Bob Dudley, presidente ejecutivo de la British Petroleum, dijo en septiembre que le gustaría ver en Argentina mejoras en la infraestructura para reducir costos de producción y más flexibilidad laboral. Los pedidos son claros.

Y el gobierno está dispuesto a cumplir. El propio Mauricio Macri se animó a señalar que con la rigidez de los actuales convenios colectivos es muy difícil que lleguen inversiones, y no se privó de citar al general Perón para instalar el aumento de la productividad como elemento central de la agenda económica. La ofensiva contra los convenios, el planteo de una nueva reforma laboral y la cuestión de la productividad, se viene expresando como agenda de propaganda en coloquios empresarios, editoriales periodísticas y declaraciones de funcionarios. También en el Plan Productivo Argentino, que el gobierno presentó a la Unión Industrial Argentina (UIA) en septiembre pasado, aunque con el discurso genérico y edulcorado que demanda el protocolo. Este persistente trabajo de instalación pública del “problema de la competitividad” tiene efectos y peligrosidad concreta. No debe ser subestimado.

Sin embargo, la cosa no queda ahí. Hay otra iniciativa muy significativa en este terreno. Se trata de la avanzada contra el fuero laboral y la supuesta “industria del juicio” que correctamente ha denunciado entre otras la Asociación de Abogados Laboralistas. El insólito reclamo de una justicia laboral “más equitativa”, y no tan propensa a darle “siempre la razón a una parte” (los trabajadores), ataca el núcleo mismo del principio protector y buscan allanar el camino para una nueva reforma laboral. El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo es un ariete central de esta ofensiva que, bajo el eufemismo de reducir la litigiosidad, lo que persigue es ya no sólo reducir el costo salarial, sino el de la propia vida del trabajador.

Remover las trabas a la productividad – Capítulo 33 y 1/3

“Remover las trabas a productividad” era en 1955 el leitmotiv de la “revolución libertadora”, de Aramburu y Rojas. “Modernizar” y “racionalizar” la economía y, una vez más, aumentar la productividad del trabajo, eran banderas centrales de la dictadura de Onganía, particularmente del plan económico del ministro Krieger Vassena lanzado en 1967. En la década del noventa, la productividad por obrero en la industria creció drásticamente, mientras aumentaban la desocupación, precarización y flexibilización laboral. En la última década los salarios crecieron más que la productividad del trabajo.

La productividad es un trauma histórico de la burguesía en nuestro país. Y es un trauma porque nunca ha logrado doblegar de manera definitiva las resistencias de un movimiento obrero con historia de lucha y capacidad organizativa. Los noventa, mucho más que todas las dictaduras pasadas, fueron el momento de mayor concreción para estas aspiraciones empresariales. Pero, aunque dejaron huellas imborrables, no duraron para siempre.

A partir de la crisis del llamado Estado de bienestar y con el fin de “pacto keynesiano”, la clase trabajadora ha sufrido décadas de retrocesos y ha perdido derechos en todo el mundo. Nuestro país recorrió también este camino, pero con modulaciones particulares. En Argentina el trabajo sigue teniendo “demasiados” derechos y protecciones, y sobre todo más fuerza y capacidad de resistencia de lo que el capital está dispuesto a tolerar.

Cruzar ese límite, remover las trabas a la productividad del siglo XXI, supone vencer resistencias y disciplinar duramente a las clases trabajadoras y populares. No es poca cosa. Es una muralla frente a la que muchos gobierno claudicaron o fracasaron, incluso dictaduras. La clase que vive del trabajo es hoy muy distinta que la de hace 50 años, pero sigue siendo arisca frente a la pérdida de derechos. Macri nos avisa que dará esa batalla. ¿Se animará? ¡Quién sabe! Pero conviene prepararse.

@MartinOgando