El Gobierno se abrió de gambas. Gremios y los empresarios acordaron que el adicional deberá ser decidido por cada actividad y el pago no será obligatorio. O sea, no acordaron nada.
Por Raúl Dellatorre
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estimó que con el bono extraordinario de fin de año de dos mil pesos, “los trabajadores que se vieron afectados durante el primer semestre, hoy se ven compensados”, lo cual, a su criterio, “permitirá arrancar 2017 con una inflación más controlada y que la paritaria no lleve el arrastre de la inflación anterior”. El Gobierno consideró cubierta, de esta forma, las pérdidas de poder adquisitivo provocadas por la disparada inflacionaria de este año. “Teniendo en cuenta que el promedio de la negociación paritaria salarial fue del 34 por ciento, habilitamos que se negocie con las partes con una base de referencia de 2000 pesos”, explicó Triaca la posición oficial en una entrevista radial. Sin embargo, la “reparación” de la pérdida de poder adquisitivo que debería realizarse en diciembre, con una suma fija por única vez, necesitaría el otorgamiento de una cifra varias veces mayor a la propuesta. Un estudio que acaba de divulgar el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que en el gremio metalúrgico, por ejemplo, el bono a diciembre para “empatar” la pérdida del poder adquisitivo del corriente año debería ser de 14.867,60 pesos, es decir casi siete veces y media el bono propuesto. En el caso de los gastronómicos, un bono con igual fin debería sumar 13.435,71 pesos, y para los empleados de Comercio, a 12.975,08, tomando en cuenta en cada caso el impacto de la disparada inflacionaria a partir de la devaluación de diciembre de 2015, que afectó dos períodos paritarios: 2015/ 2016 y 2016/2017.
El argumento oficial en contra de reabrir las paritarias no es nuevo, aunque ahora lo actualice a partir del argumento del bono de fin de año. Ya el 8 de agosto, el ministro sentenciaba que “no hay motivos para reabrir paritarias”, ante los reclamos sindicales y la demostración del desfasaje de los acuerdos salariales con respecto a la evolución de la inflación. “No vamos a reabrir las paritarias, ya fueron negociadas”, ratificó el presidente Mauricio Macri el 5 de septiembre, cuando ya la CGT se había unificado y volvía a la carga con la misma demanda.
Ni para indigentes
Esta postura del nuevo triunvirato de conducción cegetista derivó en el primer encuentro con el gobierno la semana pasada, y con la reunión tripartita de esta semana, ya con la forma de Mesa de Diálogo. De la primera surgió la propuesta, unilateral del gobierno, del bono de mil pesos para las jubilaciones mínimas, beneficiarios de planes sociales y familias que reciben la Asignación Universal por hijos. De la segunda, la propuesta de un bono para los trabajadores del sector privado a discutir entre empleadores y empleados, sobre la base de 2000 pesos.
Ayer, el Indec informó el valor actualizado (al mes de septiembre) de la canasta básica de alimentos para una familia tipo (cuatro integrantes), es decir, la línea de indigencia, que llegó a 5287,67 pesos mensuales (ver página 7 en esta edición). Al mes de diciembre, incluso con el supuesto fuerte de que no haya variación de la canasta hasta ese mes, ese valor representará unos 170,60 pesos por día. Lo cual significa que el bono extraordinario de 1000 pesos no alcanza para cubrir seis días de consumo de un presupuesto de indigencia.
Para los asalariados, tampoco queda saldada la pérdida de poder adquisitivo con el bono extr
aordinario de fin de año, incluso si todos los empleadores concedieron en darlo (ya que no es obligatorio, y muchos sectores ya anticiparon su negativa a cumplir con el mismo). El estudio realizado por CEPA, en base a los convenios colectivos de 13 sectores diferentes en dos períodos paritarios (2015/16 y 2016/17) arroja importantes conclusiones en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo frente a la aceleración inflacionaria verificada desde fines de 2015. Es decir, desde que se desató el proceso devaluatorio con la llegada de Cambiemos al gobierno.
La pérdida promedio en el primer período para esos 13 gremios fue del 7,02 por ciento, considerando diferentes meses base (entre abril y julio de 2015, según la fecha de puesta en vigencia del convenio de cada uno), tomando en cuenta los índices de precios de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor pérdida correspondió al gremio petrolero, del orden del 13 por ciento, explicada por un aumento de salarios del 27,8 por ciento (julio 2015 a julio 2016), contra una inflación del 46,9 por ciento. Es interesante ver, según destaca CEPA, que se haberse mantenido el ritmo de inflación registrado de enero a octubre de 2015, la paritaria de los petroleros hubiera arrojado un aumento del poder adquisitivo del 1,36 por ciento.
De dicho estudio surge que también Camioneros, Encargados de Edificios y Estatales de UPCN registraron caídas del poder adquisitivo superiores al 10 por ciento. Gremios que también habrían tenido mejoras reales si no se hubiera acelerado la inflación. Gastronómicos y sanidad, que firmaron en junio de 2015, sufrieron pérdidas de poder adquisitivo del 8 al 9 por ciento a junio de este año. Los gremios que firmaron acuerdo en abril y mayo (metalúrgicos, papeleros, comercio, construcción, gráficos y alimentación) tuvieron caídas de poder de compra menores (3 al 5 por ciento), dada la menor cantidad de meses de alta inflación. Bancarios, con acuerdo vigente de enero a diciembre, le empató a la inflación.
Para el período 2016/17, se observa que los aumentos negociados por esos mismos 13 gremios oscilan entre el 30 por ciento (papeleros y petroleros) y el 39 por ciento (comercio y construcción). La inflación proyectada (IPC de la Ciudad hasta agosto, luego la estimada según el informe de Metas de Inflación del Banco Central) varía entre el 40,25 por ciento (para bancarios, porque arranca en enero de 2016 el período negociado) y el 21,29 por ciento (petroleros y camioneros, que van a partir de julio). Bajo esa hipótesis optimista de baja de inflación, once de los trece gremios estarían recuperando parte del poder adquisitivo perdido en el período anterior, pero en la suma de ambos períodos paritarios sólo tres ganan (menos del 2 por ciento) y diez sectores pierden poder adquisitivo (hasta un máximo de casi 7 por ciento).
El bono del empate
El trabajo del CEPA realiza luego un análisis detallado de los seis convenios más destacados por su inserción en la estructura económica y tamaño para estudiar la evolución del poder adquisitivo de los salariados registrados y encuadrados en convenios colectivos. Tomando en cada caso el sueldo de la categoría más representativa de la actividad, resultaría que, para recuperar el poder adquisitivo neto perdido entre ambos períodos, en cada uno el bono a recibir en diciembre debería ser:
- Metalúrgicos, de 14.867,60 pesos.
- Comercio, 12.975,08 pesos.
- Construcción, 8962,81 pesos.
- Gráficos, 10.416,49 pesos.
- Gastronómicos, 13.435,71 pesos.
- Administración pública (UPCN), 6335,71 pesos.
Es decir, entre 3 y 7 veces y media el valor del bono que el gobierno sugiere como “referencia” y “para cerrar” la discusión salarial por este año. Aun sin considerar otras formas de pérdida de poder adquisitivo, como caída en horas extras, suspensiones, y hasta los despidos que afectaron a algunas de estas actividades, la propuesta oficial no hace más que consolidar el recorte de ingresos para los trabajadores para este año, bajo la promesa de que, con menor inflación, el año próximo será menos cruento.
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