La Cámara de Diputados aprobó en comisión el proyecto impulsado por Cambiemos, que contó con apoyo del Frente Renovador, para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal cuyo objetivo central es acortar el mandato de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuyo cargo, según indica la reforma constitucional de 1994, es vitalicio e independiente del poder ejecutivo.
Inspirado en su relato sobre la herencia recibida, el gobierno de Mauricio Macri fijó entre los propósitos centrales de su gestión, el deshacerse de todos los funcionarios con cierto aire populista. Para ello cuenta con el sostén de medios como Clarín y La Nación que no cesan en su empeño de tildar de “kirchnerista” a todo aquel que no comparta sus objetivos, no falle según sus intereses, ni abra las puertas a sus amanuenses. Se respiran efluvios bastante similares a los de la autodenominada revolución libertadora, luego del derrocamiento de Perón, que intentó barrer todo vestigio, no de peronismo, sino de participación de la clase trabajadora en las decisiones esenciales.
En ese contexto, la embestida contra la Procuradora Alejandra Gils Carbó ha dejado en claro que los muchachos que jugaban de republicanos y se rasgaban las vestiduras por la falta de respeto hacia las instituciones, en la práctica no son más que una yunta de patoteros con perfumes caros.
Se ha dicho que la Procuradora dirigió la institución según las apetencias del gobierno anterior, que protegió aliados, que no investigó o que persiguió a quienes sí querían hacerlo. Puede haber algo de cierto en todo lo que se dijo. Pero el gobierno no hizo nada por promover los mecanismos legales para que Gils Carbó rindiera cuentas. La decisión fue otra, trabajar en un proyecto de ley que tenía nombre y apellido desde su nacimiento. Ese proyecto acaba de ser aprobado en comisión en la Cámara de Diputados. El punto esencial es echar a Gils Carbó y, de convertirse en ley, se aplicaría retroactivamente con miras a que deje el cargo durante 2017.
Pero eso no es todo.
Desde 1994 nuestra Constitución establece que la Procuración es un órgano autónomo e independiente. Hasta ese entonces, los fiscales respondían a los requerimientos del Poder Ejecutivo Nacional (recordemos las instrucciones que el entonces Presidente Raúl Alfonsín impartió a los fiscales para desalentar los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura).
El proyecto que el macrismo logró aprobar junto a sus aliados viola esa autonomía e independencia e impone a la Procuración el deber de contar con la aprobación de la comisión bicameral parlamentaria para decisiones como traslado de fiscales, creación de procuradurías especiales, designación de sus titulares e, incluso, revisar las designaciones ya efectuadas. De aprobarse este proyecto, la Procuración sería un apéndice de fuerzas políticas con representación parlamentaria, lo que significará que será promovido quien tenga mejores contactos políticos en lugar de una experiencia determinada y los actuales titulares podrán ser removidos por decisión parlamentaria, lo que implicará la intervención directa sobre procesos penales en trámite y se prestará a negociaciones turbias entre legisladores, sobre todo en el manejo de cargos y presupuesto.
Una de las consecuencias inevitables de este diseño es desalentar investigaciones que puedan afectar a aliados políticos o empresarios cercanos. La tan declamada lucha contra la corrupción con la que tanto el oficialismo agita banderas, no es más que un relato espurio con el que ocultar sus políticas elitistas. A partir de este proyecto, investigaciones como la de las coimas en el Senado de la Nación serán inviables.
El proyecto establece opciones caprichosas, como la de privilegiar a los fiscales con mayor antigüedad, con el inocultable objetivo de ralear a los funcionarios designados durante los últimos años.
"El proyecto, aprobado horas antes de la multitudinaria marcha que llevó la consigna “ni una menos, con vida nos queremos”, omitió la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El Ministro Germán Garavano respondió a las críticas diciendo que podía seguir estando, con lo que quedó a la vista el grado de importancia que el oficialismo asigna a la temática. Y, en todo caso, su continuidad será discrecional del titular de la Procuración, o, mejor dicho, de los miembros de la comisión bicameral."
Recordemos también el antecedente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que antes tenía independencia y actuaba en casos de corrupción de funcionarios públicos, y luego, para evitar investigaciones que pusieron en jaque a miembros del partido de gobierno, sus funciones fueron acotadas, y se le descendió de jerarquía.
Otro tanto sucede con la unidad que atiende los juicios de lesa humanidad que se realizan en distintos puntos del país, dado que el proyecto obstaculiza el traslado de los fiscales, lo que inevitablemente repercutirá en forma negativa sobre esos procesos.
Se prevé la creación de una unidad para investigar actos de terrorismo, una palabra que siempre ha sido difusa y bajo la cual se pueden contener actos de la oposición política. No olvidemos la sintonía del oficialismo con sectores chilenos que propician mantener y seguir aplicando la ley antiterrorista del pinochetismo, por la cual se ha juzgado y se sigue juzgando a dirigentes políticos, sociales y mapuches.
Lo último va de la mano con la pretensión de que la Procuración fije su política con el Consejo de Seguridad Interior, al que deberá rendirle cuentas y cuya secretaría depende del Poder Ejecutivo. Este lazo obstaculizará, además, las funciones de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, dado que el Consejo de Seguridad está integrado por fuerzas de seguridad, que deberían ser investigadas por esa Procuraduría.
En este marco, cabe preguntarse qué sucederá con el control de armas y el abanico de crímenes –entre los que cabe resaltar el narcotráfico- en los que miembros de las fuerzas de seguridad intervienen; qué sucederá con la situación de las cárceles, el gatillo fácil, la presencia de esas fuerzas en los barrios pobres donde ejercen un preocupante control social. Las objeciones son tantas que hasta fiscales cuya lejanía del gobierno anterior ha sido evidente, manifestaron su descontento. Nadie querrá ser investido con un traje de cadenas.
El trabajo que viene realizando la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) de la Procuración, también se verá afectado por el atropello a la independencia y la autonomía funcional. ATAJO, uno de los grandes aciertos de la gestión de Gils Carbó, será seguramente uno de los objetivos del macrismo, si se tiene en cuenta su política de debilitar y quitar derechos a la clase trabajadora, dado que mantener el asesoramiento y la contención a los barrios más pobres de la CABA y el conurbano bonaerense sería un gesto imperdonable de populismo.
Que el macrismo y sus aliados no quieren a Gils Carbó es una verdad de Perogrullo. Que la patota de los timbrazos armados y los globos amarillos se quiera llevar puesta a la Constitución y, con ella, a la independencia y autonomía de uno de los órganos esenciales para obtener un poco de justicia -sobre todo para los sectores más castigados-, es otra verdad, que debemos evitar se transforme en triste realidad. A esta altura, comparado con este proyecto, las torpezas y prepotencias del gobierno anterior en estos asuntos quedarán en la historia como un simple juego de niños.
*Abogado. DDHH
Buenos Aires, 22 de octubre de 2016
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