Brasil: La bancarrota de una de las principales empresas de telecomunicaciones
Gustavo Gindre
La historia de la operadora de telecomunicaciones Oi es ilustrativa de un país que favorece a una élite y coloca en riesgo directo a millones de brasileños.
La Oi requiere ser salvada de sus accionistas y la única forma que esto puede ocurrir es si el gobierno decreta una intervención en la que es la mayor empresa de telecomunicaciones del país.
Mientras sus accionistas controladores se beneficiaban de dividendos y de una serie de operaciones dudosas, la empresa acumuló deudas por 64 mil millones de Reales, llegó a valer menos de mil millones en la Bolsa de Valores, tiene hoy una estructura sobredimensionada y, lo fundamental, no consigue invertir.
En 2014, mientras el grupo América Móvil (Embratel +Claro+NET) invirtió cerca de 13 mil millones de Reales para su operación en Brasil, la Oi, dueña de una infraestructura mucho mayor, invirtió míseros R$ 1,08 mil millones.
Esta semana la empresa decretó la recuperación judicial (concurso de acreedores) de $R 65,4 mil millones, un monto que ingresa a la historia de Brasil como el mayor en este tipo de negociaciones. Porque la Oi, simplemente, no puede quebrar, pues más de 3.000 municipios en Brasil disponen sólo de la infraestructura de telecomunicaciones de la operadora, no existiendo competidores.
En general son los municipios más pobres, incapaces de atraer a las otras operadoras que, por cuenta de la legislación, no están obligadas a explotar tales mercados. Incluso la Oi (concesionaria de la telefonía fija en 26 Estados, excepto San Pablo y un grupo de 87 municipios alrededor del Triángulo Minero) tiene la obligación de proporcionar su infraestructura en esas ciudades, la gran mayoría del norte, nordeste y centro oeste.
Para entender por qué el futuro de la Oi depende del apartamiento de su dirección, es preciso retroceder en el tiempo y contar un poco la historia de la empresa, que comenzó con el proceso de privatización, durante el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC).
En 1981, en el famoso Juicio Final Modificado (JFM, Modified Final Judgment) /1/ los Estados Unidos optaron por desmembrar el entonces monopolio privado de las telecomunicaciones por la AT&T, creando varias operadoras regionales (las baby bells) que, en un primer momento, continuaron monopolistas y después serían obligadas a enfrentar la competencia.
Fue en 1996, después de un lardo debate, cuando los EE.UU. aprobaron la Telecommunications Act, una legislación de signo neoliberal que cerró el modelo creado en 1981.
Independientemente de la solución presentada, el cambio en la legislación estadounidense partía del supuesto de que los objetivos de 1981 no habían sido alcanzados.
Las “baby bells” eran empresas frágiles, pasibles de ser capturadas por el capital extranjero y la competencia no actuó como se esperaba.
Luego, en 1997, Brasil aprobó su Ley General de Telecomunicaciones (LGT, Nº 9472/1997), que sólo se focalizó en la telefonía fija (cuando ya era evidente que la Internet era el futuro), sino que copió el modelo fracasado del JFM.
El motivo, sin embargo, poco tuvo que ver con una supuesta simpatía por el modelo del JFM, que sirvió solamente como un barniz para las reales intenciones de la opción.
Se trataba de dividir a Telebras en el mayor número posible de operadoras para garantizar que más empresas fuesen agraciadas y así pudiesen contribuir a la caja 2 de la reelección de FHC.
La licitación de la privatización fue, en realidad, un poderoso instrumento de la caja 2, alimentado por las empresas compradoras de las porciones de la Telebras.
La Telemar fue adquirida por un grupo llamado por el entonces ministro de las Comunicaciones, Mendonça de Barros, de “rajatablas”. Formaban parte el grupo Andrade Gutierrez y la familia Jereissati, vinculada al senador cearense Tasso Jereissati. Ya Brasil Telecom (que después fue comprada por la Oi) tenía entre sus accionistas al impoluto Opportunity, de Daniel Dantas.
Lo curioso es que, durante muchos años, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la Caja de Previsión de los funcionarios del Banco do Brasil (PREVI) fueron los mayores accionistas de la Oi, pero abrían la mano al derecho de administrar la empresa en favor de Andrade Gutierrez y del Grupo La Fonte (familia Jereissati). O sea, los mayores accionistas todavía eran estatales, pero la gestión y las ganancias era privadas.
Poco después de la privatización la empresa comenzó a sufrir los efectos del conflicto entre sus intereses y las acciones de sus controladores. Las operadoras de telefonía celular, que más tarde irían a integrar la Oi, fueron inicialmente compradas por los controladores de la empresa y luego revendida a la propia Oi. La empresa fue obligada a comprar un urgente paquete, incluso con el valor definido por sus compradores.
Años después, en operaciones inversas, cuando vendió activos a sus controladores, la Oi fue cuestionada por los accionistas minoritarios, que llevaron el caso a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). Según estos accionistas la empresa y consecuentemente, ellos también, estaban siendo perjudicados para favorecer a sus controladores.
En 2008, luego de una larga batalla contra sus accionistas minoritarios en torno a la reestructuración de la empresa, los controladores de la Oi se atrevieron a un nuevo movimiento.
Por medio de un intenso lobby junto al gobierno de Lula, consiguieron la firma del Decreto Presidencial Nº 6654 que alteró el Plan General de Concesiones (PGO), permitiendo que la Oi comprara Brasil Telecom y se tornara en concesionaria de telefonía fija en 26 Estados del país (Exceptuando a San Pablo, donde operaba la Telefónica, hoy Vivo).
La operación fue triplemente lesiva para la empresa. De un lado, la Oi heredó una serie de esqueletos en el armario dejados por Brasil Telecom y la gestión de Opportunity. De otro lado, la deuda de la empresa se duplicó.
Pero, principalmente, la Oi asumió obligaciones de la universalización de la telefonía fija en 26 Estados de Brasil, pasando a competir con gigantes trasnacionales que, o no tenían obligación alguna, o en el caso de la Vivo, eran concesionarios sólo de San Pablo, el más lucrativo mercado brasileño.
El hecho de ser una empresa que operaba sólo en Brasil, sumada a la asimetría de obligaciones en relación con sus competidores internacionales fue fatal para el futuro de la Oi. Pero no para sus controladores que ganaban con la operación.
En consecuencia, la Oi se vio envuelta en un embrollo internacional. La Telefónica de España presionaba a Portugal Telecom para comprar la participación de esta en la Vivo. Y los portugueses decían que sólo venderían si fuesen capaces de encontrar una nueva inversión en Brasil.
El grupo Ongoing, entonces el mayor accionista de la Portugal Telecom, usó al entonces primer ministro de Portugal, José Sócrates, para presionar al gobierno brasileño y permitir que la Portugal Telecom pudiese entrar en el capital de la Oi.
Para que ello se concretara era necesario que PREVI y BNDES disminuyeran sus participaciones en la Oi. Y así fue hecho en condiciones que hasta hoy no están totalmente claras y que, probablemente, representaron un perjuicio para las carteras de inversión del BNDES y de la PREVI.
Finalmente, los accionistas de la Portugal Telecom pasaron a tener cerca del 25% de la Oi. Y buena parte de los aproximadamente 8 mil millones de Reales, que la Oi debería haber ganado con la entrada de los portugueses, terminaron siendo apropiados por Andrade Gutierrez y La Fonte.
En 2013, vino el golpe de misericordia en la Oi, con la fusión con la Portugal Telecom. El proceso no sólo hizo explotar la deuda de la Oi sino que al final se descubrió un negociado con el Banco Espírito Santo, de Portugal, por más de mil millones de euros. Con el fracaso de la operación la Portugal Telecom tuvo que ser vendida a un grupo francés, pero el dinero, nuevamente, fue a para a manos de los controladores.
Desde entonces, la empresa comenzó un vía crucis de disminución de las inversiones y venta de activos. La Oi vendió el portal de Internet IG, a la empresa de telemarkenting Contax, sus cables submarinos y todas sus antenas de telefonía celular (que ahora ella tiene que arrendar). Incluso así la deuda siguió aumentando.
Como si no fuese suficiente, la historia de la Oi pasó a ser contada también en las páginas policiales de los diarios. Octávio Azevedo, ex presidente de Andrade Gutiérrez y también ex presidente del consejo de administración de la Oi, fue encarcelado por la Operación Lava Jato.
El mismo destino tuvo André Estevez, del BTG Pactual, accionista de la Oi, consultor de la empresa en la fusión con la Portugal Telecom y comprador de los cables submarinos de la Oi.
En Portugal, José Sócrates fue a parar en prisión domiciliaria y Zeinal Bava, ex presidente de la Portugal Telecom y de la Oi, lucha para no ir a la cárcel. La Operación Lava Jato asimismo incendió a directores de la Andrade Gutiérrez, en cabildeo junto a políticos, por la elección y veto de directores de la Anatel.
¿Otro cambalache por delante?
La historia traumática de la Oi culminó con el pedido de reestructuración judicial y una deuda de más de 64 mil millones de Reales. Pero hasta incluso ese proceso puede esconder una nueva tentativa de beneficiar a los controladores de la Oi (ahora, en su mayoría, originarios de la Portugal Telecom).
Poco antes de pedir la convocatoria judicial, la Oi echó a su CEO, Bayard Gontijo. Él venía negociando con los acreedores la transformación de parte sustancial de la deuda en cerca del 95% del capital de la Oi.
En trueque de sanear la empresa, la medida implicaría dejar a los antiguos accionistas con apenas 5% del paquete accionario. Los accionistas controladores rechazaron ser diluidos y optaron por la reestructuración judicial. Y aquí comienza un nuevo problema.
La opción por una reestructuración judicial – incluso frente a una deuda enorme y una infraestructura transformada en chatarra – demuestra que los controladores se sienten seguros para rechazar la propuesta de transformación de la deuda en participación accionaria. Tal seguridad sólo puede ser provistas por un personaje: el gobierno brasileño.
Cabe destacar que los controladores de la Oi no son los únicos en presionar al gobierno por una solución ventajosa. También Bradesco, Itaú y Santander tienen grandes exposiciones a la deuda de la Oi y quieren evitar un quebranto. Y el gobierno dispone de una bolsa de bondades para ayudar a la operadora.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) tiene más de 10 mil millones de Reales en multas aplicadas a la Oi y no pagadas. La idea es transformar esas deudas en compromisos de inversión. Los plazos y las condiciones de esa inversión todavía pueden ser negociadas y, en la práctica, se vuelven en un compromiso “para inglés ver” (escrito en el agua NdT).
La Oi tiene deudas con bancos estatales por más de R$ 15 mil millones, siendo aproximadamente R$ 7 mil millones con el BNDES. Nuevamente aquí el gobierno tiene condiciones de prolongar los plazos y hasta incluso establecer ventajosos descuentos en relación a los valores originales.
Sin embargo, eso solamente no sería suficiente. Es necesario cambiar la legislación del sector y de los contratos de concesión. El primer cambio sería la extinción de la obligatoriedad de revertir a Unión en 2025, de los bienes adjudicados cuando la privatización y que son esenciales para la prestación de la telefonía fija.
Se trata de una fortuna de 7,5 mil inmuebles que dejarían de ser devueltos a la Unión y podrían ser vendidos. O sea, bienes públicos usados para fines privados.
Y, principalmente, algún tipo de cambio que termine con las normas de la universalización de la telefonía fija, poniendo fin a la obligación de la Oi de proveer servicios en 26 Estados brasileños. El problema es que, si no fuese más obligada a presar ese servicio, tampoco sus competidores irán a aventurarse en los rincones más remotos del país, lo que puede provocar un apagón de telecomunicaciones en buen parte del territorio brasileño. Este es el tronco del dilema que el gobierno viene enfrentando en su innegable “buena voluntad” para con los controladores de la Oi.
Es muy poco probable que el gobierno golpista de Michel Temer se arriesgue por ese camino, pero la historia de la Oi demuestra que la condición fundamental para la continuidad de la empresa es el apartamiento inmediato de los controladores de la concesionaria.
En caso contrario, cualquier solución tiende a ser lesiva para los intereses de los accionistas minoritarios, de una parte de los acreedores (en especial el Estado Federal), de la propia empresa y, fundamentalmente, de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Una propuesta paliativa actualmente sólo retrasaría la crisis terminal de la empresa. La intervención del Estado debe añadir la resolución del modelo regulatorio actual, que confiere a la Oi de prácticamente todas las obligaciones de universalización de la telefonía fija.
Sin una solución para esa asimetría (al mismo tiempo sin provocar un apagón) la empresa no tendrá chances de sobrevivir. Por último, es obvio que, si los organismos reguladores y el gobierno hubiesen cumplido con sus obligaciones, jamás habríamos llegado a esta situación.
La historia de la Oi es una de las mejores ilustraciones de cómo el Estado brasileño es utilizado como instrumento de acumulación de capital por nuestra elite.
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Nota: 1. Modified Final Judgment, fallo del juez Harold H. Greene por el que se intentó poner fin al monopolio de las telecomunicaciones por parte de la AT&T.
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