El gobierno solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. No existen y en ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva, se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica y condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por ingreso de dólares insustentable en el tiempo.
Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.
Esto es, lo que buscan es una ganancia rápida, con la posibilidad cierta de dolarizarla y fugarla de la Argentina, y solo por eso invierten y capitalizan sus empresas y actividades sabiendo que pueden venderlas por la celeridad de recuperación del capital
No es una burguesía que invierta en mediano y largo plazo, y que busque y lidere consolidar un proceso de acumulación y producción. Al contrario, su lógica es la de pan para hoy (en realidad grandes ganancias para ellos) y hambre para mañana, por eso no tienen un plan, y menos un proyecto para todos, lo que si tienen es un desproporcionado acervo en términos del resto del país y lo que buscan es generar (para ellos) mayores retribuciones que en el resto del mundo.
En ese marco se entienden las medidas y hasta las políticas adoptadas, que suelen ser (y lo son) contradictorias, pero que tienen siempre el trasfondo de beneficiarlos. De allí la híper devaluación ni bien asumieron el gobierno, la quita y reducción de las retenciones, la “libertad” de fijar precios en mercados cautivos o semi cautivos, y la renta segura por la tasa de corte de las Letras del BCRA (LEBAC).
El valor del dólar que “sinceraron” en no menos de un 40% en su comienzo, logra cierta estabilidad a partir de abril de 2016 por el endeudamiento logrado tras el pago a los fondos buitres, y por la liquidación de la cosecha gruesa, esencialmente la soja, que incluso tenían retenidas durante la gestión del gobierno anterior esperando la devaluación y la quita y/o reducción de las retenciones, como pasó.
Paralelamente, sumándose como causa complementaria, lo que hizo desarmar posiciones en divisas del capital financiero en el país fueron las altas tasas pagadas por las LEBAC (Letras del BCRA), pero las mismas ya tienen su límite, por un lado, el total del dinero esterilizado (comprados por el BCRA) al 20 de mayo 2016 representa el 95% de la base monetaria (que es la cantidad de dinero creada y puesta en circulación por el BCRA), esto es, las LEBAC - totalizaban $ 521.824 millones, cuando la Base Monetaria a esa fecha era de $ 582.521 millones. Y por otra parte, las LEBAC (que pagó el martes 24 de mayo 2016 a una tasa de 35,25% anual para el plazo de 35 días), no puede pagar menos tasa (lo que repercute negativamente sobre el crédito) porque en el mercado a futuro del ROFEX (Mercado de venta de granos de Rosario) está acordado el valor del dólar en torno a los $ 17.- al 30/12/2016, cuando el valor tipo vendedor del día 27 de mayo 2016 era de $ 14,20, eso da una tasa de incremento de casi el 20% para un poco más de siete meses, que anualizada se acerca al 35%. Por lo tanto, la tasa de las LEBAC solo desciende si hace lo propio el valor futuro del dólar.
Por ende, la forma que tienen de retribuir al capital financiero, y a los sectores más ricos del país, no es incentivando la producción (salvo los sectores favorecidos) sino generado un mecanismo basado en el endeudamiento permanente y creciente, que obviamente no es por siempre, de allí que una vez pasada la venta de la cosecha gruesa (abril a agosto), la suba generalizada de los precios y el mayor endeudamiento para pagarle a los fondos buitres con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, queda al descubierto la incapacidad en el tiempo del repago de la deuda, fruto que la devaluación y quita y reducción de las retenciones no implica mayores exportaciones, y si mayor apropiación de ganancias, pero esa ampliación de los márgenes de ganancias se deriva a capitales especulativos y a la fuga del circuito económico local, dado que nadie invierte en un país que se achica y genera desempleo como hizo y hace el gobierno de Macri.
Si a ese contexto le sumamos el hecho que los sectores beneficiados perciben y determinan la existencia del atraso cambiario, hará que más temprano que tarde (una vez pasado los meses de liquidación de la cosecha y ante nuevos y mayores pagos de los servicios de la deuda externa y de los LEBAC y otros mecanismos de endeudamiento interno en pesos), recomiencen nuevamente la compra de divisas. Y es por eso que el macrismo necesita generar nuevos negocios especulativos y allí aparece la pomposa “reparación histórica” para los jubilados y pensionados.
Así como dijeron que iban a aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y lo hicieron pero nominalmente, y sin cambiar las escalas con lo que los asalariados alcanzados por el gravamen pagan mucho más, del mismo modo presentan el cambio en el régimen previsional.
Programa de Reparación Histórica
Macri en una carta pública afirma: “…Para saldar esta gran deuda, vamos a utilizar el dinero que va a ingresar del impuesto que van a pagar los que más tienen y que en estos años evadieron los impuestos, y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses”.
Primero el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) da a conocer que desde el mes de marzo 2016 el haber mínimo mensual es de $ 4.959.- que la remuneración media de todos los beneficiados es de $ 8.135.-, todos valores muy lejos de lo que implica una canasta básica de supervivencia, por un lado, atenuado porque el haber previsional máximo es de $ 36.330.- por mes.
Lo que plantea el proyecto de ley del PE para un conjunto de beneficiados que estiman en unas 2.250.000 personas, que estarían cobrando menos de lo que realmente deberían cobrar, ajustarles la remuneración e incluso pagarle en forma retroactiva en determinados casos, y los dividen en tres:
a) Los que tienen sentencia firme que serían alrededor de 70.000 casos, a quienes se les pagaría el fallo judicial, la mitad al contado con la aceptación de la propuesta y la otra mitad en 3 –tres- años, con pagos trimestrales, ajustables por el índice de movilidad (Que habría que ver lo que dice textualmente el proyecto de ley, dado que no sería el actual, y podría ser reemplazado por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE, que en todo este tiempo fue mucho menor).
b) Un segundo grupo son los que tienen su juicio en trámite (hay unos 380.000 expedientes), también se les pagará el 50% al contado y el resto en 3 –tres- años, ajustables. En estos casos, el monto reclamado tendrá una quita o tope porque se les reconocerá hasta 4 –cuatro- años del total de años reclamados (esto podría implicar una quita sobre el reclamo, que depende de su antigüedad). También hacia delante, los haberes serán ajustados
c) Finalmente, el plan apunta a quienes no hicieron un reclamo judicial (pero la ANSeS entiende que cobran menos de lo que deberían percibir), serían 1.800.000 beneficiados que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que sí lo hicieron. No se les reconocerá el retroactivo porque no hicieron el reclamo, pero se les reajustará hacia delante el haber si renuncian a realizar el reclamo judicial.
El Gobierno calcula que en promedio el reajuste de los haberes de los que acepten la oferta oficial sería del 45%. Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes y deberán seguir con los juicios o iniciar uno nuevo. El proyecto de ley contemplaría la retención del impuesto a las Ganancias, pero el descuento sobre la oferta retroactiva se calculará por los valores devengados de cada año.
Para poder pagar el 50% al contado en este año para los casos a) y b) y seguir manteniendo el sistema, el gobierno debe disponer como mínimo de $ 300.000 millones para el corriente año 2016 (Para tener una comparación esa suma es el 56% de los $ 535.697 millones abonados durante el año 2015 por las prestaciones de seguridad previsional nacional). A los que además, según ponderaciones del titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, se le debe sumar los gastos que demandaría la política de reparación de los haberes previsionales propuesta que significarían unos $ 85.000 millones (a valores de mayo 2016) por año, que tardarán no menos de dos años en instrumentar la totalidad de las aceptaciones, más los tres años de financiamiento.
El dinero para hacer frente a esos pagos saldrá de los rendimientos anuales líquidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, más las partidas asignadas en el Presupuesto para el pago de sentencias, pero como no va a alcanzar para pagar el monto de ajuste total, se autorizará al Fondo a vender las acciones que tiene en su poder, y allí reside una de las claves del sistema propuesto.
En efecto, cuando Maurizio Macri sostiene que se financiará con el impuesto que le cobren a los que “blanqueen” los recursos que tienen en el exterior, está por verse cuanto será el capital en “negro” declarado, y que tasas de recargo finalmente abonaran, pero seguramente lo recaudado será en este año 2016 ( y en el mejor de los casos) menos del 10% de los $300.000 millones iniciales para poner en funcionamiento el sistema, y después no alcanzará al 30% de los $ 85.000 millones con los precios de mayo de 2016 que infieren las autoridades de la ANSeS que se gastará por año, y ante ese nuevo fracaso y para cumplir con la que ya será ley de “reparación histórica” de los jubilados y pensionados, se empleará la venta de las acciones que tiene el FGS.
El fondo de la trama
Con un dólar cuya híper devaluación fue absorbida por el crecimiento de los precios internos, demostrando que los empresarios formadores de los mismos lo escuchan a Macri como oír llover, y no dejan sus negocios y sus altas rentas por más que Macri se los pida, por lo que no tienen motivaciones de mayor poder adquisitivo para reconocer tenencias de activos no declarados en el exterior y traerlos al país.
Macri no puede volver a devaluar porque la crisis interna que ello provocaría y los grados de marginalidad y de pobreza harían cierta la frase de Durán Barba: “´Tengo tres amigos que llegaron al gobierno e hicieron ajustes (Gonzalo Sánchez de Losada, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad). Los tres están o estuvieron presos o prófugos”.
Con lo que en ese marco el gobierno ofrece un blanqueo que va a tratar que sea lo más amplio posible, y que por trascendidos periodísticos implicaría la existencia de una tabla que de acuerdo al monto declarado contribuirá al fisco con una tasa fija por todo concepto por los impuestos no pagados:
a) Para la mayoría de las transacciones será del 10%, si abona durante el corriente año 2016
b) Habrá una tasa del 5% para cifras menores de 80.000 (o 100.000) dólares.
c) Habrá una tasa del 4% para fondos declarados, pero que se giraron al exterior.
El gobierno estima que de esa manera se declararían U$S 20.000 millones, si la mayor parte abona el 10%, eso implica unos U$s 1.850 o U$s 1.900 millones de gravamen, al tipo de cambio oficial actual serían unos $ 27.000 millones, que es menos del 10% de lo que deben destinar para pagar los no menos de $ 300.000 millones para el primer año del sistema de reparación previsional del macrismo.
Por ende, además del negocio de “blanquear” la plata, le ofrecen la de venderles las acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la nacionalización de las AFJP. Entre otras con acciones en poder de la ANSES figuran empresas del grupo Techint (Siderar); de Aluar; el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín; Molinos Río de la Plata; las empresas distribuidora de gas; de energía eléctrica; Endesa; Cresud; Central Puerto SA; IRSA; Ledesma SA; Alpargatas SA; Solvay; Quickfood; Consultatio; Holcim; y Mirgor. Y los bancos Macro (con el 24,6% del paquete accionario), BBVA Francés, Banco Patagonia, Galicia, e Hipotecario, el volumen de acciones en poder del organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) superaría hoy los 90.000 millones, que indefectiblemente será utilizados para ese fin.
En síntesis, el gobierno solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado. No existen y en ese marco no pueden existir proyectos de inversión productiva, se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica y condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares, pero insustentable en el tiempo.
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*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).
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