La alianza que corrió del cargo a la presidenta de Brasil. La debilidad de Dilma –sus raíces- y la inconsistencia de la acusación. ¿Fue un golpe? El ajuste que viene. La venia argentina.
| Suspendieron a la presidenta Dilma Rousseff |
| El Gobierno no respaldó a Dilma y habló de respetar “el proceso institucional” |
Hace rato que la – suspendida – presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, perdió el poder. Lo que se consumó en la madrugada de este jueves es sólo la pérdida del gobierno.
La pérdida del poder es lo que explica que, con argumentos tan débiles como el “maquillaje” de cuentas fiscales, una variopinta coalición opositora que incluye a partidos políticos, medios de comunicación, jueces, sectores del poder económico y hasta alguna embajada extranjera haya logrado iniciarle un proceso de Juicio Político a la mandataria.
Cómo lo perdió, es otra historia. El descubrimiento de una gran red de sobornos, sobreprecios, retornos y lavado de dinero alrededor de la empresa estatal de petróleo, Petrobras, es la punta del iceberg. No hay – al menos no todavía – pruebas que vinculen a Dilma con ese caso, pero era la presidenta y quedó inevitablemente enlazada al caso.
Esa red, argumenta el oficialismo, es la que le permitió a Lula Da Silva primero y a Dilma después gobernar y financiar los gastos de la política – los legales y los otros – sin depender del aporte de los privados, siempre dispuestos a apoyar a aquellos políticos que cumplan con sus exigencias una vez llegados al poder.
Pero manejar dinero negro es tentador. Siempre es fácil guardarse algo en el camino y asegurarse un beneficio de prosperidad ante las inclemencias de la vida política, y ese pecado de avaricia (en el sentido original de amor hacia el oro) fue el talón de Aquiles del Partido de los Trabajadores (PT) que hábilmente aprovecharon sus enemigos.
El resto lo hizo la crisis económica, la falta de muñeca política de Dilma, su débil esquema de alianzas, la dependencia de los grandes medios y una elección ganada en un balotaje ajustado que dividió al país en dos social, política y geográficamente y dejó a los perdedores con sed de revancha inmediata.
Otra discusión aparte es sobre la legalidad y legitimidad del proceso de destitución. Desde el oficialismo, la propia presidenta ha tomado la bandera de considerar el proceso como un golpe de estado, un “putch suave”, un golpe institucional. El argumento se sostiene en la debilidad de la acusación, así como en los vicios de los acusadores, gran parte de ellos sí involucrados en delitos de corrupción. Esa calificación de golpe le niega no solo legitimidad sino también legalidad a este Juicio Político.
Del otro lado está la posición que suscriben, por ejemplo, el gobierno argentino y la Corte Suprema de Brasil, que consideran que los legisladores fueron legal y legítimamente elegidos más allá de las objeciones que pueden pesar sobre gran parte de ellos y que, en condición de tales, tienen derecho a avanzar con el Juicio y son soberanos a la hora de votar y construir mayorías parlamentarias. Para este sector, la calificación de golpe no cuaja porque no hay violencia de por medio.
La historia determinará cuánto de legal y cuánto de legítimo hubo en esta decisión. Por lo pronto, el vicepresidente, Michel Temer, con índices de desaprobación más altos que la suspendida Rouseff, acaba de asumir interinamente el gobierno y ya anunció medidas destinadas a ajustar el gasto fiscal, aunque prometió mantener los planes sociales.
En su último discurso, la presidenta suspendida dejó una advertencia al respecto: sin legitimidad política, la única manera en que Temer puede aplicar un ajuste es con represión. Elecciones anticipadas pueden ser el camino de salida para una crisis que tiene principio, pero aún no tiene fin.
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