4/11/2016

papeles de panamá

 España, Argentina y Uruguay




Attac España 

Rolando Astarita 

Busqueda, Uruguay 

10/04/2016
Los papeles de Panamá exigen tomar medidas eficaces contra el fraude y elusión fiscal
ATTAC celebra la filtración de documentos y datos del despacho jurídico panameño “Mossack Fonseca”. El conocimiento de estas informaciones contribuirá a que la ciudadanía cobre mayor conciencia sobre el papel nocivo de los paraísos fiscales en la elusión y evasión de impuestos, así como en la peligrosa acumulación de capital en manos de unos pocos.
Los denominados “papeles de Panamá” demuestran la existencia de una evasión fiscal masiva y muy organizada. Una constatación tan patente debería llevar a nuestros gobiernos a un cambio de rumbo fiscal encaminado a recuperar una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es el momento de enmendar las injustas rebajas de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, que se iniciaron en la década de los 80 de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Demostrada la falsedad de que el dinero ahorrado por los ricos por pagar menos impuestos se invierte, activa la economía y crea empleo, la realidad innegable es que los ricos hoy pagan muchos menos impuestos, la economía no se activa, aumenta el paro y empleo precario y no se ve la salida de la crisis en la que el mundo está inmerso.
Los paraísos fiscales son el enemigo a abatir si se aspira a que la mayoría ciudadana tenga una vida digna. Nuestros gobiernos y entidades internacionales no lo entienden así, como demuestra que haya paraísos fiscales en Europa como Suiza, las islas británicas del canal de la Mancha, Luxemburgo, Liechstentain, Gibraltar, Andorra, Austria, Holanda y la City de Londres, entre otros. Paraísos que, además, ocultan capitales sucios del tráfico de armas, drogas, trata de personas y financiación de organizaciones terroristas.
Multinacionales y grandes fortunas ocultan billones evadiendo o eludiendo legítimos ingresos fiscales y debilitando financieramente a los Estados. Sin embargo no se toman medidas para acabar de una vez con el secreto bancario que provoca que las haciendas públicas dejen de recaudar anualmente 130.000 millones de euros, según cálculos muy prudentes del economista Gabriel Zucman, aunque otras estimaciones triplican esa cifra.
La gran banca es uno de los grandes culpables, si no el principal, de este inaceptable atraco a las arcas públicas. La filtración pone en evidencia el papel crucial que juegan los grandes bancos para organizar y facilitar la elusión y evasión de impuestos que ofrecen a sus principales clientes, tanto grandes fortunas como corporaciones transnacionales.
Las revelaciones de los papeles de Panamá han de mover al futuro gobierno a impulsar una fiscalidad realmente progresiva, recuperar un sistema de impuestos mucho más justo y suficiente y acabar con la trampa del recurso sistemático a la emisión de deuda pública para sustituir la escasa recaudación tributaria. Los partidos políticos que formen gobierno se han de comprometer públicamente a promulgar una ley tributaria efectiva que tenga para acabar con la evasión y elusión fiscales.
Además, las revelaciones de los papeles de Panamá o de otras que pudieran surgir han de impulsar la presión ciudadana contra los paraísos fiscales hasta poner a los gobiernos contra las cuerdas si permiten que grandes fortunas y corporaciones escondan sus capitales y beneficios para no pagar impuestos. ATTAC exige la creación en España de una comisión parlamentaria que investigue con la Agencia Tributaria los delitos fiscales cometidos según la información de los papeles de Panamá y los ponga en conocimiento de la Fiscalía. A su vez, ATTAC llama a la ciudadanía a hacer propia la reivindicación de la supresión de los paraísos fiscales por su nocividad para construir una sociedad democrática que garantice los derechos y recursos básicos para la vida digna de todos y todas.
ATTAC España, 7 de Abril de 2016
Panamá Papers y los argumentos de Macri
Rolando Astarita
La filtración de los archivos de Mossak Fonseca, publicada por el diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), ha sacudido a la opinión pública. En Argentina se supo que  el presidente Macri integró el directorio de Fleg Trading empresa offshore registrada en Bahamas entre 1998 y 2008. Luego se conoció que también integró el directorio de Kagemusha, otra offshore, formada en Panamá en 1981. También son propietarios de empresas offshore Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Macri, intendente de Vicente López; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación; y Daniel Angelici, considerado operador en la Justicia, todos de Cambiemos (datos de Perfil).

La defensa de Macri, fue decir que no fue accionista ni cobró dividendos de esas firmas, que habrían sido formadas por el padre con el objeto de participar en otras sociedades como inversora en Brasil. “Está todo perfecto”, dijo. En lo que sigue presento algunos elementos para que el lector pueda evaluar hasta qué punto no está todo perfecto.

Paraísos fiscales y capital financiero

Mossak Fonseca es una firma panameña de abogados que vende empresas offshore, o compañías fantasma. Mossak Fonseca las ha vendido en Zurich, Londres, Miami, Hong Kong y otros 35 lugares alrededor del mundo. Los clientes pueden comprar una empresa por cifras irrisorias, por ejemplo, 1000 dólares. En realidad, compran una cascara vacía, porque lo que es interesa es evadir impuestos (o pagar menos impuestos), lavar dinero producto de fraudes, sobornos y otros crímenes, u ocultar conflictos de interés. (http://www.taxjustice.net/). Mossack Fonseca, o el estudio de abogado que se encargue de organizar la empresa offshore, puede incluso proveer un director fingido. Una vez que se ha pagado al estudio de abogados, se establece el marco organizativo y operativo,  se lo registra en la jurisdicción local y se establecen comisiones anuales para mantener la empresa.

La creación de estas empresas offshore o fantasmas se ha convertido en rutina para corporaciones, fondos de inversion y millonarios. Según Tax Justice Net (del que extraemos la mayor parte de los datos de esta nota) en 2012 habría entre 21 y 32 billones de dólares en activos financieros en offshore, en su mayoría sin pagar impuestos, y en condiciones secretas.

Las empresas fantasma, se ubican entonces en los llamados paraísos fiscales (tax haven) donde por lo general hay ventajas impositivas para los inversores extranjeros, además de libertad completa de movimientos de capitales, de entrada y salida. Pero no se trata solo de impuestos. Otro aspecto fundamental es que esos paraísos permiten escapar, o al menos debilitar, las leyes y regulaciones de otras jurisdicciones. Por ejemplo, eludir las reglamentaciones que obligan a dar a conocer la actividad de la empresa, sus dueños, el capital propio, etcétera. Por esta razón el secretismo tiene un primerísimo lugar en esta operatoria, junto a los bajos o nulos impuestos. En algunos paraísos fiscales se privilegia el aspecto impositivo, en otros el secretismo, y en otros una combinación de ambos. Existen más de 70 paraísos fiscales en el mundo, entre ellos Andorra, Barbado, Liechtenstein, Bahamas, Luxemburgo, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles. También hay países adelantados, como Suiza y Hong Kong. Por su parte, EEUU hospeda grandes sumas de activos poseídos por extranjeros en condiciones de fuerte secreto; y el estado de Delaware es un conocido paraíso fiscal. Gran Bretaña dirige una red global de Overseas Territories and Crown Dependencies que incluye algunos de los paraísos fiscales más grandes del mundo, como las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y Jersey. Ni EEUU, ni Gran Bretaña, ni otras potencias, hacen mucho por acabar con este sistema.

Los estudios como Mossak Fonseca operan siempre en combinación con bancos y otros estudios de abogados, a fin de dar apoyo a estructuras trasnacionales complejas, que son necesarias para clientes “políticamente expuestos” y gente adinerada que desea mantener ocultas sus actividades criminales; o para los que necesitan mover el dinero a lo largo del mundo a fin de que se pierda el rastro de su origen. En el caso de Mossak Fonseca, las subsidiarias de más de 500 bancos registraron cerca de 15.600 empresas fantasma con el estudio de abogados0. El HSBC y sus subsidiarias tienen más de 2.300 de esas empresas, y UBS más de 1100; Credit Suisse 1105 y Société Générale 979. No se puede entender el entramado de movimiento de dinero de origen ilícito, o la evasion de impuestos a gran escala al margen del sistema financiero internacional y los grandes bancos.

El escándalo de la filtración Mossak Fonseca

En total, Mossak Fonseca creó 240.000 empresas fantasma. Entre sus clientes: 29 millonarios (esto es, poseen miles de millones de dólares) de la lista de los 500 más ricos de la revista Fortune. También figuran doce jefes de Estado actuales o pasados (Putin, Macri, Poroshenko que es el presidente de Ucrania, Xi Jinping, de China, y ex jefes de Estado de Georgia, Irak, Jordan, Qatar, Arabia Saudita, Sudan y Emiratos Árabes); además de unos 200 políticos, incluyendo un número importante de ministros. Por ejemplo, un cuarto de los miembros del gabinete de Islandia tienen empresas offshore; importantes dirigentes chavistas también aparecen en la lista; y ya mencionamos a los representantes criollos.  Recordemos también que incluso antes de que estallara este escándalo, Mossak Fonseca había sido investigada en Brasil por la “Operación Lava Jato”. Los fiscales la llamaron “gran lavadora de dinero” y presentaron cargos. También en Alemania, a comienzos de 2015, Mossak Fonseca había sido vinculada a operaciones de fraude fiscal realizadas por el Commerzbank (uno de los bancos más grandes del país). Pero Mossak Fonseca es apenas la punta del iceberg. Como vimos, el sistema mueve cifras siderales.

“Hay que pagar impuestos con alegría”

“Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias”, declaró Macri apenas cuatro días después de haber asumido la presidencia. Y agregó: “voy a ser implacable con los que no cumplan”. Pero las empresas fantasma no se crean solo para guardar o lavar dinero sucio, sino también para eludir impuestos. Es que las grandes compañías, y otras personas acaudaladas, sean de países adelantados o atrasados, evaden impuestos utilizando los paraísos fiscales. En este punto no se distinguen las “burguesías nacionales” de las “burguesías cipayas y agentes del capital financiero internacional”. Todas están en el mismo negocio. La estrategia Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) está en el centro del problema: consiste en girar artificialmente beneficios a paraísos fiscales, a fin de eludir el pago de impuestos. Es una actividad legal, por supuesto, por medio de la cual se evaden (las multinacionales en primer lugar) miles de millones de dólares.

Las investigaciones realizadas por Tax Justice Net muestran que desde 2013, y estimando conservadoramente, las pérdidas anuales de ingresos representan entre el 4 y el 10% del impuesto total al ingreso de las corporaciones globales; esto es entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales. El World Investment Report, 2015, de la UNCTAD, encontró que solo una forma de giro de beneficios ocasionó pérdidas anuales a los países en desarrollo por cerca de 100.000 millones de dólares. Investigadores del FMI encontraron que las pérdidas para los países en desarrollo serían el doble de esto, y que las pérdidas globales estarían en 600.000 millones de dólares. La Unión Europea calcula la pérdida en 660.000 millones de dólares, lo que representa el 27% de las ganancias brutas de las multinacionales de EEUU, o aproximadamente el 0,9% del PBI mundial. Y el giro de beneficios ha crecido rápidamente después de la crisis 2007-9. Actualmente representan el 25-30% del total de los beneficios, contra el 5-10% en los 1990.

A la vista de estos datos, ¿quién puede creer que los Macri adquirieron empresas offshore para “pagar con alegría los impuestos”? ¿Nos están tomando el pelo? La operatoria de estos estudios de abogados, la red de empresas que son cáscaras vacías, la densa trama de bancos y otras instituciones financieras, y su vinculación con fracciones de las burguesías de todos los países (incluidos los empresarios nacionales y populares al estilo Lázaro Baez) constituyen la expresión más pura de la lógica del capital, esto es, del capital que busca valorizarse saltando cualquier barrera, y a cualquier costo. En otros términos, “está todo perfecto” para los que manejan millones, eluden impuestos por otros muchos millones y le mienten al pueblo diciendo que no hay otra forma de cubrir los déficits fiscales que recortando los presupuestos en salud y educación, o hambreando y despidiendo gente. “Está todo perfecto”… en las cuentas de algún paraíso fiscal.
Uruguay es un socio clave en el mundo de las offshore
Búsqueda
La filtración de más de 11 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca (MF) —que fueron investigados por más de 100 medios en todo el mundo, entre ellos Búsqueda— reveló secretos del mundo de las compañías offshore y mostró hasta qué punto Uruguay es un socio clave en el esquema internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y asesores financieros, utilizan empresarios, políticos, personalidades y estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera del país (lea el informe especial completo aquí).

Según los documentos filtrados —que obtuvo el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla inglés)— Uruguay es uno de los principales socios de MF en la creación de sociedades offshore. Búsqueda pudo comprobar que numerosos estudios y firmas uruguayas trabajan con la firma panameña como intermediarios, vendiendo las sociedades anónimas que esta crea a sus clientes. A su vez, algunos políticos, empresarios, futbolistas y personas del mundo financiero tienen a su nombre —o son accionistas de— sociedades anónimas creadas fuera del Uruguay.

MF, una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de otros 35 puntos alrededor del globo, entre ellos Uruguay. Es una de las principales creadoras de sociedades offshore en el mundo.

La noción de que siempre la creación de sociedades en “paraísos fiscales” tiene finalidades de evasión o lavado de activos es equivocada. Tener una compañía offshore no es ilegal y, para algunas transacciones de negocios internacionales, puede ser una opción lógica. También hay quienes recurren a este tipo de estructuras para construir “pantallas” que les permitan evadir u ocultar dinero al fisco, disimular la procedencia o el destino de dinero “sucio” o esconder a los verdaderos dueños de una sociedad.

El martes 5, tanto la Dirección General Impositiva (DGI) como la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo dijeron a “El País” que permanecen “alertas” ante la nueva información, pero estimaron que en Uruguay el impacto será “menor” que en otros países porque no rige el principio de “renta mundial” y, por lo tanto, no habría evasión fiscal por parte de los involucrados.

El subdirector general de Rentas, Álvaro Romano, declaró a ese periódico que “en lo que tiene que ver con sociedades anónimas uruguayas esto (los “Panama Papers”) no es muy relevante. En Uruguay rige el principio de la fuente territorial, es decir, que las rentas que quedan sujetas a imposición son las que se generan dentro del territorio nacional”. Agregó que, “por lo pronto, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas —que pagan las empresas— no tiene relevancia, a diferencia de España u otros países donde existe el criterio de ‘renta mundial’”.

Romano señaló que sí podría existir “alguna trascendencia” en cuanto al Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF), porque una ley impuso gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones generados en el exterior desde el 1º de enero de 2011. Según esa norma (Nº 18.718), desde entonces se aplica un 12% de IRPF sobre los intereses generados por depósitos que residentes uruguayos puedan tener en bancos fuera del país. Lo mismo rige sobre los dividendos que eventualmente reciban quienes posean acciones en compañías internacionales. Antes del 1º de enero de 2011 no existía obligación de informar sobre depósitos o acciones; tampoco los intereses o dividendos estaban gravados por impuesto alguno en Uruguay.

Un experto en esta materia consultado por Búsqueda explicó que si alguien tiene un depósito fuera del Uruguay, paga ahora lo mismo sobre los intereses que si tuviera el dinero colocado en el Banco de la República. Advirtió, no obstante, que la recaudación de la DGI por este concepto ronda apenas los U$S 10 millones anuales.

En sus declaraciones a “El País”, Romano dijo que “la creación de sociedades panameñas no es una actividad ilícita”.

“Habría que analizar caso a caso la información que salga a luz. A priori, estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que todo esto sea algo extremadamente relevante como sí lo puede ser para otros países”, añadió el número dos de la DGI.

A su vez, Carlos Díaz, secretario nacional Antilavado, dijo en el mismo diario que “es legal” que “los estudios trabajen en la creación de este tipo de sociedades. El tema pasa por el cumplimiento de todas las normas; deben saber el origen de los fondos que manejan y los beneficiarios finales”.

“Se puede trabajar con sociedades offshore en la medida en que se cumpla la normativa. No hay ilegalidad”, insistió Díaz.

Díaz también fue consultado por Búsqueda. “Los negocios son los negocios”, dijo en una entrevista que se publica en esta edición (página 48). “Mientras algo no sea ilegal se va a seguir haciendo. Creo que la culpa no es ni de los estudios ni de las personas, sino que, en todo caso, de acuerdo a como vienen las cosas en el mundo, lo que hay que hacer es cambiar algunos aspectos de la legislación. Ya hemos hecho cambios sustanciales. En la discusión previa a la eliminación de lo anónimo en las acciones al portador, se decía que eso implicaba prácticamente la destrucción económica del país. Y eso no pasó. Y no creo que pase nada malo si se transparenta todo el sistema. Uruguay no tiene la capacidad de lobby internacional como para poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI o la OCDE y, a su vez, tiene una economía demasiado abierta que le impediría cerrarse; sería un suicidio para el país. Un país chico, con tres millones y pico de habitantes, no puede jugar el partido de ser el discordante con un mundo que cambió a gran velocidad. Aparecer en una lista gris o negra del GAFI es un problema grande; por eso tiene que tomar opciones. Pero yo no veo el problema por el lado de los estudios uruguayos; en todo caso habrá que controlarlos. Lo que insisto es en que esto no debe ser algo oscuro. Los estudios tienen la obligación de identificar al beneficiario final. Si lo hacen está todo bien. Si no, entran en una zona gris o negra. Eso es lo que se va a empezar a controlar: quién está atrás de esos negocios”.

Uruguay en el “top ten”

Según se desprende de las estadísticas que elaboró el ICIJ a partir de los documentos, Uruguay está entre los 10 países con más compañías offshore creadas a través de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que cubren los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).

Además, Uruguay también se ubica entre los 10 países donde MF tiene más clientes: 298. Son bancos, firmas financieras y estudios de abogados que trabajan como intermediarios de la panameña.

Según un relevamiento realizado por Búsqueda, entre las personas más relevantes que aparecen en los documentos con vínculos al Uruguay, varios empresarios, políticos y personalidades de distintos rubros adquirieron o son accionistas de compañías offshore creadas por MF. La lista no es exhaustiva y no implica que no haya otras personas en los millones de documentos internos de MF.

Búsqueda contactó a varios de los mencionados para conocer los motivos de su vinculación con las sociedades offshore. En algunos casos, dijeron que fueron constituidas para las actividades de servicios que realizan en el exterior, o bien para inversiones financieras a resguardo de la inestabilidad de instituciones bancarias y como un respaldo familiar, o bien para administrar inmuebles en el extranjero. En todos los casos, manifestaron que se trata de activos cuyo origen es legal.

Entre los uruguayos que figuran como beneficiarios de compañías offshore está la empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, con una sociedad registrada en Panamá. También el ex catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de la República, José Luis Shaw, y Alfredo Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.

Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanicó, y su hijo Fernando Deicas, tienen una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por su sigla en inglés). Fernando Deicas dijo a Búsqueda que la familia utiliza dicha sociedad para “manejar inversiones financieras en el extranjero” y aclaró: “Esto es totalmente limpio, pagamos todos los impuestos que corresponden, tanto en el Uruguay como en el exterior”. Indicó que eligieron esa figura “por comodidad y seguridad” para ese tipo de inversiones.

El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las BVI. Consultado por Búsqueda, explicó que una la constituyó para adquirir junto con su esposa un inmueble en Washington para su hija. Agregó que ahora está en liquidación porque la propiedad se vendió. “No estamos eludiendo ni evadiendo ningún impuesto; hasta hoy se puede tener un inmueble en el exterior sin que esté gravado en Uruguay”, precisó. “Era práctica habitual en materia legal elegir sociedades de fácil manejo, de fácil contabilidad, que tienen poco gasto de mantenimiento, sobre todo para bienes personales. Esas son las ventajas que le vimos”, añadió. En otro caso explicó que la sociedad es de un cliente del estudio y él actuó como asesor externo.

Pedro Konrad, ex corredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, también es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.

A su vez, el agente bursátil Víctor Paullier Pereira, el ingeniero y empresario Nicolás Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la senadora Verónica Alonso, son beneficiarios de sociedades anónimas registradas en esa jurisdicción.

Gerwer dijo a Búsqueda que la sociedad fue creada hace “aproximadamente cuatro años” junto con varios socios para comprar unas propiedades en Miami. Señaló que tiene el 10% en esa sociedad y aclaró que la empresa “no tiene activos ni mueve fondos”.

Jodal, por su parte, expresó que sus sociedades están declaradas, pagan impuestos y que “no hay nada que ocultar”. Una de ellas, creada recientemente, funciona como una unidad de negocio que se usa para crear otras compañías.

También los empresarios Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo Cardoso y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panamá. Como Jodal, manifestaron que fue una actividad legal y que “no hay nada que ocultar”.

Por otra parte, varios uruguayos aparecen en los registros de MF como accionistas de sociedades offshore. Entre ellos, el contador Julio Szafrán, que se encargó de administrar el holding de empresas panameñas del empresario Francisco Casal, tiene acciones en una sociedad en Seychelles. El empresario Pablo Montaldo, ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresaria Cecilia Pombo, tienen acciones en sociedades alojadas en las BVI. Pombo precisó que su sociedad está “sin uso” y “en proceso de cierre”.

Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, también son accionistas de compañías registradas en las BVI. A su vez, tienen acciones en sociedades de las BVI el empresario Máximo Fernández, propietario de la industria pesquera Fripur —que entró en concurso en 2014—, Martín Secco, presidente ejecutivo de los frigoríficos en Uruguay del grupo Marfrig, y uno de los directores de la automotora Julio César Lestido, Javier Luis Lestido.

Germán Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino, y Nicolás Juan, socio de Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades registradas en las Bahamas. Juan dijo a Búsqueda que una de las sociedades en las que figura fue adquirida por su estudio y entregada a un cliente final. En otra participó como director y aseguró que “paga sus impuestos todos los años”.

Konrad también figura como accionista en varias offshore en las Bahamas y las BVI. El rematador rural Romualdo Rodríguez tiene acciones en una sociedad allí. También Ricardo Zerbino, ministro de Economía del primer gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, el ex director del Banco Hipotecario en la primera administración del Frente Amplio, Elbio Scarone, y el corredor Paullier tienen acciones en sociedades en BVI.

A su vez poseen acciones en sociedades panameñas el empresario inmobiliario Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss, y el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat.

Consultado por Búsqueda, Dovat explicó que esa sociedad fue comprada por el estudio del que formaba parte junto con Daniel Carriquiry, hoy al frente de Costa Oriental. Actualmente es el único propietario de la sociedad, informó. “Adquiero esa sociedad —que era prácticamente de registro— y manejo desde allí actividades internacionales personales. En el sentido de que represento, a través de la sociedad, los intereses personales pero que corresponden a Zonamérica”, señaló.

A través de ella, especificó, factura servicios internacionales que realiza en el exterior. Insistió con que “es totalmente legal en el Uruguay la actividad tal cual está establecida en la ley”.

Figuran además como accionistas de compañías en Panamá el empresario textil Moisés Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y también el contador Kaplan.

Los corredores de Bolsa Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano  y Federico Rebagliatti, así como el consultor económico Michele Santo, tienen acciones en sociedades registradas en las BVI.

También funcionarios del actual gobierno y políticos aparecen en los registros de MF. El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el poder general de esa offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.

Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay ni en la región. Otros documentos muestran el interés de Brechner de abrir una cuenta bancaria fuera del Mercosur. El jerarca aseguró que hizo las averiguaciones pero finalmente no la abrió.

Familiares del ex ministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen acciones en una sociedad en BVI. A su vez, el ex senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad panameña. Consultado, Gallinal dijo que la compañía “nunca tuvo actividad ni movió fondos” y aclaró que está en trámite para su disolución desde “hace meses”. Gallinal explicó que la sociedad fue creada para una posible inversión inmobiliaria en Punta del Este, que no se concretó.

El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en Seychelles. En 2010, el estudio Rozemblum habría tramitado ante MF un cambio en el directorio de la empresa para que Novick fuera sustituido por otro uruguayo. El estudio consultó a MF si podía fechar el cambio dos años antes, en 2008, y no en la fecha real. Consultado por Búsqueda, Novick se mostró sorprendido por la aparición de su nombre en los documentos y aseguró que “no es cierto” y que la sociedad “nunca existió”. Además dijo desconocer la existencia del estudio Rozemblum.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a la empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a través de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberry y su entonces socio Diego Viana tenían un poder general de la sociedad. Luego de que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los “Panama Papers”, Bordaberry emitió un comunicado el martes 5 afirmando que “nunca” fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”, ni utilizó una “sociedad de ese tipo”. Aclaró que antes de candidatearse a cargos electivos trabajó como abogado en un estudio que tuvo como cliente a una sociedad panameña que había otorgado, “como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados” del estudio. Añadió que solicitó a “un especialista un informe independiente de auditoría” sobre el tema y que una vez finalizado lo dará a conocer.

Fútbol

El mundo del fútbol uruguayo tampoco está ajeno a las estructuras offshore. El ex dirigente Eugenio Figueredo tenía varias compañías constituidas por MF, a través de los servicios del estudio J.P. Damiani & Asociados, al igual que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis (ver nota en páginas 6 y 7).

También las sociedades anónimas del contratista de fútbol Francisco Casal que fueron investigadas por la DGI por presunta evasión de impuestos, fueron adquiridas a la firma MF. Según un correo de febrero de 2008, el estudio Rozemblum y Asociados solicitó con “urgencia” a la filial de MF en Uruguay que emitiera poderes generales a nombre de Casal de cinco sociedades anónimas.

Los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de 2012. La compañía fue creada para “prestación de servicios en el exterior a clubes deportivos y futbolistas” y la “apertura de cuentas bancarias”.

El futbolista Diego Forlán también está en los registros de MF. Forlán ya había aparecido en una pasada investigación de ICIJ, “Swissleaks”, conectado a la sociedad Rosario Trading Company SA. En 2006 él, su madre y su hermano fueron nombrados directores de la sociedad. En 2014, de acuerdo a los documentos, Forlán continúa como director y tesorero de la sociedad. Al menos hasta enero de 2016, la sociedad permanecía activa.

También el crack del fútbol Lionel Messi, que está acusado por la Justicia española de evasión de impuestos, recurrió a Uruguay para adquirir sociedades de la panameña MF. Los “Panama Papers” revelaron que junto con su padre, Jorge Horacio Messi, es dueño de una sociedad panameña offshore llamada Mega Star Enterprises INC, constituida a través de los servicios del estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres. La compra de esa sociedad ocurrió un día después de que el fisco español le imputara al futbolista un fraude de 4,1 millones de euros. Según explica el diario español “El Confidencial” —que participó en la investigación— esa compañía ha escapado hasta ahora de las inspecciones de las autoridades españolas, ya que no está dentro de las siete sociedades identificadas por la Justicia.

Luego de que el domingo 3 medios que investigaron los “Panama Papers” publicaran la información sobre la sociedad uruguaya de Messi, el ex senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, dijo a radio Carve que su estudio solo puso en contacto a Jorge Messi con MF para constituir una sociedad offshore. “Lo único que hicimos fue el contacto (…). Nosotros no tenemos nada que ver”, afirmó.

Sin embargo, en una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu envió a MF el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir la compañía de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador) afirma bajo juramento que su estudio mantiene “una relación de negocios con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete MF &; Co” y que practicaron todas las medidas para conocer al cliente. Además, informa a MF que los beneficiarios finales de Mega Star Enterprises Inc. son Jorge y Lionel Messi.

Este no es el único documento que establece el vínculo entre el estudio uruguayo y los Messi. Hay varios correos del estudio de Abreu dirigidos a la firma panameña para hacer trámites en nombre de ellos. Incluso en fechas recientes: en diciembre de 2015, el estudio uruguayo escribió a Mossack Fonseca informando que las acciones de la empresa pasarían a ser nominativas, y solicitó que asignara el 100% de las acciones a Jorge Messi. “Agradecería me enviaran los documentos que deben ser firmados por nuestro cliente, así como todo lo necesario para realizar el trámite, de tal manera que su nombre no quede inscripto en el Registro Público de Panamá”, escribió una abogada del estudio de Abreu en un correo.

Estudios

Según los documentos de la firma panameña, los intermediarios uruguayos que más han utilizado sus servicios (con 50 o más sociedades anónimas constituidas por el bufete) son: Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195 inactivas); J.P. Damiani & Asociados  (211 y 157 respectivamente); estudio Víctor Paullier &; Cía (183 y 133); Gonary SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo (33 y 21); María Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24); el estudio Cr. Caterina Gómez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y 18); World Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC Corp. Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas); Ruben  Weiszman &; Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y 63); Bright Side SA (71 y 142); estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y 68); DCA Contadores & Asociados (54 y 19); estudio Lussich Torrendell (23 y 29); estudio Daniel Pérez Blanco (43 y 50); Rodríguez Teodoro y Asociados (72 y 102).

Hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no llegan a la media centena de compañías. Entre los que quedan en el límite están los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16 inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14 y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere Abogados (24 y 25).

ACLARACIÓN: En la versión inicial e impresa figuraba este párrafo: "El contador Conrado Hughes, director de OPP durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, figura como accionista en una sociedad con jurisdicción en las BVI. El ejecutivo, retirado de su actividad profesional, dijo a Búsqueda no recordar esa participación".

En realidad, la persona que figura en los documentos de Mossack Fonseca como accionista de una sociedad offshore es Conrado Hughes Delgado —ex socio del estudio de abogados Hughes &Hughes— y no Conrado Hughes Álvarez, el ex director de OPP, como se informó por error.

También informaba que "Eduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de B’nai B’rith Uruguay, figura como dueño de una compañía en BVI". Eso no es así: Kohn, que es director para América Latina de la B’nai B’rith, no tiene una compañía en BVI.

A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.

No hay comentarios.: