Panorama social de América Latina 2015
En esta edición de 2015 del Panorama Social de América Latina se analizan las tendencias de la pobreza según las mediciones propias de la CEPAL. Asimismo, se revisan los cambios registrados en la distribución del ingreso y en algunas otras dimensiones de la desigualdad. Con el objeto de contribuir al avance de las políticas públicas para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica, además de examinarse las últimas tendencias del gasto social y los desafíos que presenta la transición demográfica, se profundiza el análisis de las persistentes brechas que se manifiestan en el mercado laboral, de los desafíos en materia de políticas y programas de inclusión laboral y productiva, y de la institucionalidad para el desarrollo social en América Latina.
Como es habitual, se presentan en el capítulo I las cifras actualizadas sobre pobreza e indigencia en América Latina. Estas indican que en 2014 la tasa de pobreza como promedio regional se situó en el 28,2% y la tasa de indigencia alcanzó al 11,8% del total de la población, por lo que ambas mantuvieron su nivel respecto de 2013. El número de personas pobres creció en 2014, alcanzando a 168 millones, de las cuales 70 millones se encontraban en situación de indigencia. Se proyecta un aumento en 2015 tanto de la tasa de pobreza como de la tasa de indigencia. De confirmarse estas proyecciones, 175 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza por ingresos en 2015, 75 millones de las cuales estarían en situación de indigencia.
Por otro lado, en el promedio de los países que cuentan con información reciente, se registró una leve disminución de la desigualdad por ingresos entre 2013 y 2014. Al comparar las últimas cifras disponibles con las de inicios de la década de 2010, se constata una reducción más significativa. La desigualdad también se manifiesta en otras áreas, como los logros educativos. A pesar del expresivo aumento verificado en la conclusión de la educación primaria y de la secundaria en los últimos años, se observa que, en 2013, mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos (quintil V) había concluido la secundaria, en el quintil de menores ingresos (quintil I), esta tasa solo alcanzaba al 34%. Al inicio del período analizado, esa brecha era aun más elevada.
En el capítulo II se revisa la evolución reciente y de largo plazo del gasto social a partir de la información oficial que brindan los países, y se da cuenta de que ha seguido creciendo, aunque a un ritmo cada vez menor. En el período 2013-2014, representaba un 19,5% del PIB regional, pero se prevé un posible estancamiento frente a las magras proyecciones económicas a corto plazo. Además, se analizan brevemente la distribución funcional del gasto social, su evolución de mediano y largo plazo y los cambios de su composición.
También se revisan las restricciones del financiamiento fiscal, básicamente la estructura y evolución de los ingresos tributarios y el impacto del fin del superciclo de los productos básicos, así como la necesidad de sostener los actuales niveles y prioridades del gasto público social y las posibles medidas que permitirían lograrlo.
En el capítulo III se estudian algunas de las brechas estructurales que persisten en el mercado de trabajo de la región (en términos de acceso, de ingresos, de derechos y de protección social), a pesar del comportamiento favorable verificado en los últimos años y de que ha tenido un papel fundamental en el proceso de reducción de la pobreza y de la desigualdad registrado en la región. A continuación, se presentan las políticas y programas de inclusión laboral y productiva, que tienen el objetivo de ampliar el acceso a las oportunidades económicas y al empleo de calidad de las personas que se encuentran en situación de indigencia, pobreza o vulnerabilidad a la pobreza. Se revisan 58 programas de inclusión laboral y generación de ingresos que están en marcha actualmente en 21 países de la región, recopilados en la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL, que se orientan a mejorar tanto la oferta como la demanda de trabajo mediante la capacitación técnica y profesional, la nivelación de estudios, el apoyo al trabajo independiente, la generación directa e indirecta de empleo y los servicios de intermediación laboral. Se resalta la necesidad de incorporar la dimensión de género a esos programas. Por último, se discuten algunas lecciones aprendidas a partir de estudios realizados sobre estos programas, se destacan los alcances y limitaciones de dichas medidas desde un enfoque de derechos y de promoción del trabajo decente, y se proponen una serie de recomendaciones.
En el capítulo IV se analiza la institucionalidad vinculada al desarrollo social existente en la región a partir de las instancias gubernamentales que tienen como mandato central la elaboración e implementación de estrategias de desarrollo e inclusión social y la superación de la pobreza. Para ello, se presenta una propuesta con diferentes dimensiones analíticas, a partir de las cuales se intenta avanzar en el estudio de la institucionalidad social: el marco jurídico-normativo, las características organizacionales y modalidades de articulación, las herramientas técnicooperativas ligadas a la implementación de las políticas y, finalmente, las características y montos de los recursos destinados a las políticas de desarrollo social. En particular, se analizan los elementos institucionales relacionados con la protección social no contributiva y las políticas de cuidado y se discuten los desafíos que supone garantizar el ejercicio de los derechos sociales universales, atender las problemáticas y necesidades de diversos segmentos de la población y cumplir con los compromisos asumidos por los países en esas áreas.
Finalmente, el capítulo V contiene un exhaustivo análisis de las rápidas transformaciones demográficas ocurridas en América Latina y el Caribe, que plantean oportunidades y retos para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la igualdad. Tales oportunidades y retos tienen impactos diferenciados de acuerdo con el avance demográfico de los distintos países de la región. El análisis indica que, en un conjunto importante de países, el contexto favorable del bono demográfico seguirá vigente por un período relativamente largo, en el que tendrán la posibilidad de reforzar o poner en práctica las políticas públicas necesarias para hacer realidad las oportunidades. Otro conjunto de países, más avanzados en la transición demográfica, ya han entrado en procesos de envejecimiento acelerado y encaran exigencias crecientes para garantizar el financiamiento sostenible de los sistemas de protección social.
La atención a los efectos de los cambios demográficos involucra una amplia gama de políticas, entre las que destacan las dirigidas a ampliar las oportunidades de educación y empleo de los jóvenes, las de seguridad social y pensiones y las de salud, así como la creación de un sistema público de cuidado y la adecuación de las políticas fiscales para lograr un equilibrio intergeneracional de las transferencias. En estas políticas debe incorporarse el enfoque de derechos y las perspectivas de género y de ciclo de vida, de manera apropiada a los contextos nacionales y con un horizonte de largo plazo, desafíos que también se abordan en los capítulos precedentes.
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