La fragmentación social, un desafío para la política
Alrededor de 17 millones de habitantes de la Argentina se declaran laboralmente activos. Pero el número potencial es bastante mayor: si avanzara la tasa de actividad (porcentaje de la población adulta que trabaja o está en la búsqueda de un empleo) podrían ser entre 21 y 22 millones las personas en esa condición. Los ocupados, desocupados e inactivos (estos últimos son quienes, por diferentes razones -algunas sociales-, no tienen ni buscan empleo) pertenecen a alguno de "tres mundos" diferentes: el formal, el informal y el de una economía vinculada con la pobreza, donde entran en juego los planes de ingresos de fuente estatal y algunas formas de organización social. Así describe el subsecretario de Políticas, Estudios y Estadísticas Laborales, José Anchorena, el escenario laboral fragmentado de nuestro país.
Alrededor de 17 millones de habitantes de la Argentina se declaran laboralmente activos. Pero el número potencial es bastante mayor: si avanzara la tasa de actividad (porcentaje de la población adulta que trabaja o está en la búsqueda de un empleo) podrían ser entre 21 y 22 millones las personas en esa condición. Los ocupados, desocupados e inactivos (estos últimos son quienes, por diferentes razones -algunas sociales-, no tienen ni buscan empleo) pertenecen a alguno de "tres mundos" diferentes: el formal, el informal y el de una economía vinculada con la pobreza, donde entran en juego los planes de ingresos de fuente estatal y algunas formas de organización social. Así describe el subsecretario de Políticas, Estudios y Estadísticas Laborales, José Anchorena, el escenario laboral fragmentado de nuestro país.
En el tercero de los grupos, dice el
funcionario del Ministerio de Trabajo, hay muchas personas que se declaran
inactivas, sobre todo mujeres, y esto es un fenómeno que él ve vinculado a la
realidad social. "Que la tasa de participación laboral femenina esté
estancada es un indicador de subdesarrollo", analiza, en diálogo con la
nacion, respecto del detenimiento -ocurrido hace al menos una década y media-
del avance del índice de actividad entre las mujeres. Un reciente informe del
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la
Universidad de La Plata muestra que, si se mira a la población femenina de
entre 25 y 54 años, la participación está estancada en alrededor de 66% desde
2002, un nivel aún muy lejano al de países europeos o al de los Estados Unidos.
Anchorena dice que el proclamado objetivo
oficial de la pobreza cero requiere de políticas que ayuden a generar más
empleo y de estrategias tendientes a la inclusión y contención para quienes
están en el tercer grupo de los antes mencionados.
En el Gobierno señalan haber encontrado muchas
fallas o desvíos en la implementación de programas que, desde sus diseños o al
menos desde el relato bajo el cual se los dio a conocer en la gestión anterior,
se proponían ser parte de un plan de inclusión, y que en la práctica terminaron
siendo un eslabón de un círculo sin salida a la vista. Un caso es el del plan
de cooperativas Argentina Trabaja, que depende del Ministerio de Desarrollo Social:
el diagnóstico indica que la informalidad en la conformación de cooperativas y
el uso del plan para reemplazar (a bajo costo) fuentes laborales en varios
municipios fueron prácticas constantes.
Ese programa quedó desde diciembre a cargo de
Matías Kelly, un referente en temas de la economía social y la sustentabilidad,
que dirigió la filial argentina de la asociación Ashoka -que promueve
emprendimientos sociales- y Sistema B, la organización que agrupa a las
empresas que se proponen generar impacto económico, social y ambiental.
El objetivo ahora será, según fuentes
gubernamentales, orientar el plan al cumplimiento de metas de salida de las
personas hacia el empleo genuino, y hacer que, mientras se mantengan dentro,
hagan tareas que les permitan desarrollar capacidades.
Mientras tanto, en el área de estudios del
Ministerio de Trabajo que dirige Anchorena se proyecta crear un comité de
expertos en estadísticas laborales. Entre otros, fueron o serán convocados
Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA), Javier Lindenboim
(Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA), Guillermo
Cruces y Leonardo Gasparini (Cedlas), Luis Beccaria y Roxana Maurizio
(Universidad de General Sarmiento), y Jorge Colina (del Idesa).
En el plano de lo coyuntural, la cartera
laboral releva mes a mes, y desde 1996, la marcha del empleo en el sector
formal con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que hoy llega a unas
2800 empresas de 10 o más trabajadores. Abarca a 8 centros urbanos y se
pretende extenderla. Los últimos datos muestran una caída del empleo de 0,4%
mensual en diciembre y un leve repunte de 0,2% en enero, que no marcaría un
cambio de tendencia. El índice, en rigor, está estancado o tiene una leve
dirección a la baja desde hace varios meses.
Los investigadores que dependen de Trabajo le
dieron continuidad a esa encuesta y a otros relevamientos, a la par del
deterioro que sufría la credibilidad del Indec tras la intervención política.
El último informe sobre estadística laboral que dio el instituto, derivado de
la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2015, consignó un
desempleo de 5,9% de la población activa y repitió datos curiosos que se venían
difundiendo, como el del pleno empleo en Resistencia, Chaco.
Claro que tanto esa ciudad como otras del norte del país obtienen esos
resultados con tasas de actividad muy bajas, es decir que muy pocas personas
trabajan o buscan trabajar. También fue una tasa de actividad considerada baja
lo que le permitió al desacreditado Indec mostrar en los últimos tiempos una
desocupación estable o con leve tendencia a la baja en el dato promedio de todo
el país (el desempleo es un porcentaje de la población activa). Si se consideran como causas
de inactividad el desaliento que provoca la falta de demanda laboral y los
factores atados a la pobreza, la conclusión es que los índices
"positivos" esconden realidades muy negativas.
Notas relacionadas
El salario y el empleo es el modelo
Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003
La decisión del Gobierno Nacional desde 2003 fue jerarquizar al empleo colocándolo
en el centro de las políticas públicas, situando al trabajo como articulador entre la
esfera económica y la social, como fuente de dignidad de las personas, como
factor básico de ciudadanía. El eje de la política pública se orientó a la creación de
empleo decente, es decir, productivo y protegido, con los beneficios que prevé la
normativa laboral. De este modo, el trabajo fue considerado el núcleo central para
la inclusión social, para la mejora de los ingresos, y el acceso a derechos.
Para ello, no sólo fue necesaria la puesta en marcha de un conjunto de acciones y programas, sino también la recuperación y resignificación del rol del Estado definiendo y articulando las políticas económicas, laborales y sociales.
Mássa
Notas relacionadas
El salario y el empleo es el modelo
Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003
Para ello, no sólo fue necesaria la puesta en marcha de un conjunto de acciones y programas, sino también la recuperación y resignificación del rol del Estado definiendo y articulando las políticas económicas, laborales y sociales.
Mássa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario