Macri también presiona a jueces y fiscales de la era K para que renuncien
Por: Redacción | Para Letra P
El ministro de Justicia, Germán Garavano, apuntó a “los que tuvieron un protagonismo excesivo con el proceso binario que se vivió en los últimos años”. Y les pidió que “den un paso al costado”.
El Gobierno amplió este lunes la embestida sobre los funcionarios vinculados con el kirchnerismo que persisten o persistían en sus cargos. Ahora, la ofensiva del presidente Mauricio Macri incluye a jueces y fiscales que, a su juicio, estuvieron comprometidos con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
El encargado de hacer pública la intención oficialista de desplazar a funcionarios judiciales que identifica con el ciclo político que terminó el 10 de diciembre fue el ministro de Justicia, Germán Garavano: pidió que “den un paso al costado” los jueces y fiscales “que tuvieron un protagonismo excesivo con el proceso binario que se vivió en los últimos años”.
En un brindis con periodistas, el funcionario, además, anunció que el jefe de Estado emitirá dos nuevos decretos de necesidad y urgencia: uno para frenar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación tras una extensa discusión parlamentaria y establece el cambio del actual sistema inquisitivo al modelo acusatorio, con la investigación en manos de los fiscales y preminencia de la oralidad; el otro, para sacar de la órbita del Ministerio Público la oficina que realiza escuchas telefónicas a pedido de la Justicia, que pasará al ámbito de la Corte Suprema.
Todo tiene que ver con todo. Esa última medida está inscripta en la estrategia que viene desplegando el Gobierno para ahogar a la jefa de los fiscales,Alejandra Gils Carbó. Ante la resistencia de la procuradora, que no cede a la presión política para sacarla de su cargo, la Casa Rosada busca, por lo menos, recortarle poder.
Gils Carbó es el último blanco grande que le queda por derribar a Macri de los tres funcionarios ligados al kirchnerismo cuyos mandatos trascendían el mandato de Cristina.
Al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el jefe de Estado logró rápidamente torcerle el brazo: renunció y permitió que la nueva administración lo reemplazara -por decreto, todavía sin acuerdo del Senado- con el economista del PRO Federico Sturzenegger.
Desplazar al presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, le costó bastante más: en este caso, Macri debió disponer la intervención del organismo, también por decreto, lo que generó una áspera controversia –la ley que creó el organismo establece que los mandatos se intercalan con los presidenciales- y le valió severas críticas incluso de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
PoKer. Según publicó este fin de semana el diario Perfil, la embestida de Macri sobre funcionarios del Poder Judicial a los que el PRO les imputa haber sido funcionales al kirchnerismo tiene cuatro objetivos principales: los juecesNorberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral y los camaristas Eduardo Freilery Jorge Ballesteros.
Pero la advertencia del ministro Garavano fue amplia, genérica. Habló de “jueces y fiscales”, entre los que habría que ubicar en primera plana a los militantes de La Cámpora que llegaron a los tribunales después de ocupar importantes posiciones en el Poder Ejecutivo, como, por citar un par de ejemplo, el ex subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, hoy fiscal federal Franco Picardi, y el ex subsecretario de Asuntos Registrales, hoy juez federal 3 de La Plata Ernesto Kreplak.
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