crisis en brasil: si la crisis actual hubiese sido en la década del 40, 50 o 60, ya habría desembocado en un golpe militar

Ajuste fiscal en Brasil: el dilema de Dilma

Oriana Miranda desde Rio de Janeiro

A pesar de haber sido reelecta en la Presidencia de la República de Brasil hace menos de un año, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta multitudinarias protestas en su contra, en medio de una crisis política y económica que no vislumbra pronta solución. La realización de un ajuste fiscal promete calmar las aguas con el empresariado, pero amenaza con distanciarla aún más de la clase trabajadora, que podría no apoyarla en las municipales de 2016.

A las ocho de la noche del jueves 6 de agosto, el silencio habitual de la ciudad de Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, fue interrumpido por el creciente sonido de las cacerolas. Desde sus departamentos avaluados en 500 mil reales – unos 100 millones de pesos chilenos -, decenas de personas se asomaban por las ventanas golpeando panelas al grito de ¡fuera Dilma! Aquellos treinta minutos de estruendo anticipaban lo que acontecería diez días más tarde, cuando cientos de miles de personas en todo el país saldrían a las calles a protestar contra el gobierno.

A mediados de 2013, la aprobación del primer mandato de Dilma Rousseff superaba el 65 por ciento. Sin embargo, las últimas encuestas revelan que menos del diez por ciento de los brasileños aprueba su gestión, mientras que la desaprobación se eleva a casi un 80 por ciento. En las elecciones presidenciales del 26 de octubre pasado, Dilma se impuso por apenas dos millones de votos a su contrincante Aécio Neves, siendo reelecta con un 51 por ciento de las preferencias. Y desde marzo de este año, la oposición ha organizado una serie de marchas que han ido incrementando el tono sus demandas, llegando a exigir una intervención militar y la renuncia de la presidenta.

Para Maurício Santoro, cientista político y profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), no cabe duda de que Brasil atraviesa una enorme crisis política, pero también económica y social. “El Partido de los Trabajadores (PT) viene lidiando con grandes denuncias de corrupción desde hace diez años, las que ya habían provocado el surgimiento de movimientos de oposición durante la década pasada, pero que nunca habían conseguido crecer más allá de pequeños grupos de clase media alta. Ahora se convirtieron en movimientos mayores, capaces de colocar centenas de miles de personas en las calles, tal vez porque esta crisis viene junto con un empeoramiento de la situación económica a nivel mundial, pero que llegó a Brasil con una intensidad mayor que en otros países de América Latina”, explica.

A su juicio, si bien la corrupción es el elemento catalizador de estas protestas, tras ellas existe una agenda política más amplia, que critica las políticas sociales y los valores de la izquierda brasileña.

Según estudios realizados durante las protestas, tres cuartos de los manifestantes pertenecen a la clase media alta, lo que implica que reciben salarios de por lo menos cinco mil reales al mes, equivalentes a un millón de pesos chilenos. “No son ricos, pero ocupan una posición relativamente confortable dentro de la sociedad brasileña y la crisis actual está disputando con sus expectativas, ambiciones y ansiedades”, caracteriza Maurício.

Mientras esta nueva clase media está saliendo a las calles a manifestar su descontento con el gobierno, los grandes grupos económicos están apoyando a la Presidenta, argumentando que en este momento la mantención de la estabilidad política y el cumplimiento de la agenda de ajuste fiscal son lo más importante. Asimismo, si bien en primera instancia los medios de comunicación hegemónicos vieron con buenos ojos estas manifestaciones, durante las últimas semanas han moderado su discurso, criticando las posturas más extremas contra la Mandataria y dejando de anunciar en sus páginas y noticiarios las fechas de las movilizaciones.

Es por ello que Santoro descarta de plano cualquier posibilidad de una intervención militar contra Dilma Rousseff. “Si la crisis actual hubiese sido en la década del 40, 50 o 60, ya habría desembocado en un golpe militar, como hubo varios en la historia brasileña. Pero los militares están absolutamente en silencio, no hay ningún tipo de manifestación, ningún tipo de problema, y los grandes grupos económicos se están manifestando a favor del gobierno. Esos son factores muy importantes, opuestos a lo que ocurrió en crisis anteriores contra Vargas y João Goulart”, afirma.

No obstante, su crítica apunta a que los organizadores de las protestas no están desautorizando estos discursos de odio, los cuales paradójicamente se han convertido en la mejor carta del gobierno: “El mensaje del oficialismo ha sido: usted puede no estar satisfecho con nosotros, pero debe manifestarse contra la posibilidad de un golpe”.

Precisamente, el jueves 20 de agosto se llevaron a cabo nuevas movilizaciones en todo Brasil, esta vez en apoyo a la legalidad democrática. En Rio de Janeiro, 20 mil manifestantes se congregaron en la tradicional Candelária en un acto a favor de los derechos de los trabajadores y en contra del ajuste fiscal. “Esa protesta fue promovida por una izquierda más amplia que fue a apoyar a Dilma, pero también a plantear demandas a su gobierno”, explica Igor Barcellos, coordinador estadual del Levante Popular da Juventude.

Pese a calificar la coyuntura política actual del país como “muy confusa”, el estudiante de historia destaca la existencia de un camino posible para la resolución de la crisis: la realización de una asamblea constituyente de dedicación exclusiva, demanda que se encuentra en la agenda de los movimientos sociales, pero no de los partidos.

“No es un trabajo fácil; sólo puede resultar en la medida en que se vuelva a las calles a disputar aquellas camadas insatisfechas que solo tienen acceso a un punto de vista, que es el de derecha. Es necesario pensar en otra forma de criticar al gobierno y otra forma de hacer política y una constituyente exclusiva y soberana del sistema político es un camino que tal vez no resuelva todos los problemas, pero ciertamente es un norte que va a desembocar en algo bueno”, plantea.

En septiembre del año pasado, el Levante Popular da Juventude y otras quinientas organizaciones realizaron un plebiscito popular en el que participaron ocho millones de brasileños, 98 por ciento de los cuales se manifestó a favor de un proceso constituyente exclusivo y soberano.

En ese sentido, Maurício Santoro coincide en que la crisis política y económica brasileña no vislumbra una pronta solución. “El gran dilema de Dilma es que la agenda que debe implementar para seguir en el cargo va a desgastarla mucho con la base de apoyo del PT, lo que va a tener un resultado negativo para el partido en las elecciones municipales del año que viene, así como en las presidenciales de 2018. En las actuales condiciones, yo no veo una alternativa para Dilma. Creo que lo mejor que puede esperar es hacer un ajuste fiscal relativamente rápido e implementar políticas sociales más vigorosas durante la segunda parte de su mandato para intentar recuperar lo que ha perdido en los últimos años”, finaliza.